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El Lenín que quiere EE. UU.



Ecuador era la pieza del sur del continente americano que faltaba para que Estados Unidos (EE. UU.) alcanzara el control de los países con costas al Pacífico, de importancia geopolítica fundamental en un contexto de tensas disputas económicas con China y la preocupación por el incremento de las inversiones de este país en la región, reiterada en distintos documentos estratégicos de EE. UU.[1]

El gobierno de Lenín Moreno se viene posicionando como aliado del país del norte en la región a partir de un acercamiento que se materializa, fundamentalmente, en el plano económico y de seguridad. Según Todd Chapman, embajador de EE. UU. en Ecuador, “estamos en un momento propicio para avanzar en temas políticos, económicos, militares y de seguridad (…) Ecuador está abierto a avanzar” en algunos temas de interés nacional que por mucho tiempo estuvieron pendientes por razones ideológicas[2] (es decir, discrepancias con el Gobierno de Rafael Correa).

Los intereses comerciales y las inversiones de EE. UU.

EE. UU. es el principal socio comercial de Ecuador, tanto en lo que se refiere a la balanza comercial petrolera como en la no petrolera. En 2017 alrededor del 32% de las exportaciones tuvieron a EE. UU. como destino, mientras que el 20% de las importaciones fueron de origen estadounidense. Según cifras del Banco Central del Ecuador, las exportaciones mayoritarias son de combustibles primarios (56,6% del total de exportaciones) y productos alimentarios primarios (20,2%); mientras que las importaciones se componen principalmente por combustibles elaborados (43,7%), productos químicos y farmacéuticos semielaborados (10,5%) y maquinaria industrial (5,4%).[3]

En el período 2004-2006, se empezó a negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) que no prosperó por el fuerte rechazo popular, y fue retirado de la agenda del Gobierno de Rafael Correa.
En abril de este año, una misión de la Oficina de Comercio de EE. UU. llegó a Ecuador para mantener conversaciones con el objetivo de coadyuvar en la presentación de una propuesta formal de Ecuador para negociar un acuerdo comercial. Durante la visita del vicepresidente estadounidense Mike Pence, en junio, se ratificó el interés por el acuerdo[4] y a mediados de noviembre se establecieron diálogos entre los representantes de ambas naciones en el marco del Consejo de Comercio e Inversiones –principal foro de diálogo entre Ecuador y Estados Unidos– para avanzar en las negociaciones y trabajar en iniciativas que permitan ampliar el flujo de comercio bilateral e inversiones.[5]

Como candidato, Lenín Moreno ya demostraba interés en estrechar las relaciones comerciales con el país norteamericano, por ello en 2016 participó de un encuentro con miembros del Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) que agrupa a representantes de empresas como Schlumberger, ExxonMobil, Chevron, Goldman Sachs, Boeing, Cargill, General Motors, Barrick Gold, Bloomberg, entre otras gigantes.[6] En esta ocasión, expuso las oportunidades para los negocios en el país andino ratificando que, de alcanzar la presidencia, profundizaría las relaciones comerciales e inversiones con EE. UU., perjudicadas en el Gobierno anterior.[7]

Como “lo prometido es deuda”, en mayo de este año se realizó la primera conferencia de AS/COA en Quito -después de 10 años que no se celebraba- en la que Moreno habló sobre la transformación en su país y los enfoques principales de su Gobierno, incluyendo la apertura de la economía ecuatoriana al mundo y a socios principales como los EE. UU.[8] En setiembre volvió a participar de un evento privado de AS/COA en Nueva York.[9]

Los beneficios a las transnacionales por sobre el Estado y sus ciudadanos es evidente en el caso del juicio contra Chevron (miembro de AS/COA), una de las banderas de soberanía del Gobierno de la Revolución Ciudadana. En 2011 la petrolera fue condenada por la justicia de Ecuador a pagar 9.500 millones de dólares por daños ambientales, principalmente a las fuentes de agua, en la región de Lago Agrio (noreste del país). El 7 de setiembre el Tribunal Arbitral de La Haya emitió un fallo a favor de Chevron, determinando que la sentencia en su contra “fue obtenida a través de fraude, sobornos y corrupción”.[10] Según el exministro coordinador de Talento Humano, Andrés Aráuz, el fallo fue posible gracias a cambios en la Ley de Fomento Productivo que fue pedido por la trasnacional al ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, y al embajador de EE. UU. en Ecuador, Todd Chapman, durante encuentro en Nueva York en julio.[11]

En este escenario, vale recordar que Ecuador es miembro de la OPEP y en 2016 se han descubierto nuevas reservas de petróleo que representan 750 millones adicionales de barriles en el bloque denominado ITT, ubicado a 10 kilómetros al sureste de la capital, en una zona de enorme biodiversidad de la Amazonia ecuatoriana.

Las claves geopolíticas del acercamiento a EE. UU.

El secuestro y asesinato de los periodistas ecuatorianos Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra en la frontera norte del país en abril, a manos de un grupo colombiano, fue utilizado como excusa para impulsar cambios en la política exterior de Rafael Correa. En este marco, se han reanudado las operaciones militares de la Agencia Antidrogas (DEA), el FBI y otras agencias estadounidenses, siendo Ecuador un país de tránsito e incluso refinamiento de cocaína de pasta base proveniente de Colombia, pero donde no existen cultivos significativos.[12] El objetivo es que Ecuador tenga la capacidad necesaria para enfrentar al narcotráfico con la ayuda, cooperación y colaboración de EE. UU.[13] Es decir, que se ajuste de lleno a los lineamientos de la guerra contra las drogas (una guerra a todas luces fallida) librada desde finales de los ’80 por el país del Norte.

En efecto, en medio de la escalada de tensión en la frontera colombo-ecuatoriana, Ecuador y EE. UU. firmaron un acuerdo para la lucha conjunta contra el crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas que incluyó un memorando de entendimiento con la DEA y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), además de establecer la creación de la Unidad Investigativa Criminal Transnacional (TCIU) dentro de la Policía Nacional.[14] Como parte del programa de Asistencia Antiterrorista del Departamento de Estado, en mayo se realizó la donación de equipos para la extracción de información por un valor de 87.000 dólares. [15]

Esta creciente presencia estadounidense se materializó en la apertura de una Oficina de Cooperación de Seguridad (OCS), que pertenece a la Agencia de Asistencia de Seguridad de Defensa de EE. UU. con la función de promover programas formales como Ventas y Financiamiento militar al extranjero, Educación y Capacitación Militar Internacional, Asistencia Humanitaria, Ejercicios Conjuntos, Intercambios de Expertos y Actividades de preparación para desastres.[16] Al anunciar la creación de la OCS, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, anticipó la creación del Consejo de Inteligencia Estratégica (CIES) en reemplazo de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), creada en 2009 por Rafael Correa.[17] Como corolario, Lenín Moreno reestructuró por decreto el sector de seguridad.[18]

Otro hecho fundamental es que Ecuador volvió a participar en el Ejercicio Multinacional de Maniobras Militares (UNITAS), organizado por EE. UU., así como en otros ejercicios similares realizados en la región, como Rimpac, en Hawai, y Panamax, en Panamá. Asimismo, bajo la bandera de las “labores humanitarias” el Operativo del buque hospital USNS Comfort ancló en Esmeraldas, en la costa ecuatoriana, en octubre. Como parte de la iniciativa Enduring Promise del Comando Sur de los EE. UU., la misión de 11 semanas ha trabajado con socios gubernamentales y de salud en Ecuador, Perú, Colombia y Honduras. El equipo médico embarcado brindó atención a bordo y en tierra, “ayudando a aliviar la presión sobre los sistemas médicos nacionales, en parte debido a un aumento en los migrantes transfronterizos”[19] (léase: venezolanos llegados a Ecuador).

Durante visita al país andino, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, instó al Gobierno de Lenin Moreno a tomar acciones para aislar a Venezuela con el fin de que ese país “recupere la libertad”. En este contexto es fundamental recordar que los flujos migratorios han sido objeto de tensión entre Quito y Caracas, resultando en la expulsión de la embajadora venezolana en Ecuador.[20] Según la Embajada estadounidense, EE. UU. proporcionará 8,6 millones de dólares en fondos para que organizaciones internacionales y ONG contribuyan a los esfuerzos del Gobierno ecuatoriano por satisfacer las necesidades humanitarias de los migrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad.[21]

¿Del acercamiento a la subordinación?

Un cable filtrado por Wikileaks revela los detalles de la reunión entre el embajador estadounidense y el entonces vicepresidente Lenín Moreno, detallando que “Moreno nos impresionó como socio útil y potencial defensor de muchos de nuestros programas de asistencia para el desarrollo”.[22] Julian Assange (fundador de Wikileaks) ha sido criminalizado y declarado una amenaza para la seguridad de EE. UU. desde el Gobierno de Obama[23] -ratificado por Trump-[24] y es una herencia incómoda del Gobierno de Correa que, desafiando la presión de las potencias mundiales, otorgó en 2012 asilo al ciberactivista en la Embajada de Ecuador en Londres.

Moreno ha manifestado en diversas ocasiones su desacuerdo en mantener el asilo. Como medidas de presión, se le exigió a Assange que firmara un documento donde se comprometía a no hacer pronunciamientos sobre asuntos de política interna de otros países y se le impuso un protocolo de “reglas de convivencia” -atentando a sus derechos básicos y libertad de expresión, incluyendo la restricción a llamadas telefónicas y acceso a internet-. Una carta abierta enviada en octubre por congresistas estadounidenses al presidente ecuatoriano condicionaba el avance de asuntos cruciales –desde la cooperación económica hasta la asistencia antinarcóticos y el posible regreso de una misión de USAID al país– a la resolución de la situación de Assange.[25] Hace pocos días Moreno declaró que “está hecho el camino” para que Assange decida abandonar la Embajada.[26] El rumbo que ha tomado este caso muestra la trayectoria del Gobierno de Lenín: de un acercamiento inicial, ha pasado a un apego prácticamente total a los posicionamientos políticos, económicos y de seguridad de EE. UU.