Por Jorge Elbaum
La ayuda humanitaria
propuesta por Estados Unidos para morigerar la crisis económica y social y
social que vive Caracas ha sido precedida por un programa orientado a
disciplinar a la República Bolivariana, y a toda la región, con el objeto de
evitar caminos soberanos alternativos al neoliberalismo.
Más allá de las controversias
acerca de la existencia o no de responsabilidades de gestión y/o ineficiencia
de las políticas del chavismo en la situación interna de Venezuela, la fingida
ayuda humanitaria desplegada por la fuerza militar del Comando Sur del
Pentágono no responde a los protocolos demandados por los organismos de
cooperación internacional para ser catalogados como una contribución destinada
a paliar el sufrimiento de los venezolanos.
El domingo 10 de febrero, el
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señaló en un informe público que
dicha ayuda carece
de todo carácter humanitario dado que no está gestionada por organismos
específicos dedicados a ese tipo de cooperación. Además, está gestionada
por fuerzas militares que amenazan con invadir un territorio soberano, agregó.
Tanto la Asamblea de las
Naciones Unidas como su Consejo de Seguridad –los pilares de la arquitectura
institucional global— han rechazado, por mayoría, la intervención en los
asuntos internos de Venezuela. Sin embargo, los países que fueron derrotados en
las votaciones de ambas organizaciones multilaterales, entre ellos EEUU y una
parte de los integrantes de la Comunidad Económica Europea, continuaron la
ofensiva injerencista desconociendo los acuerdos internacionales y el principio
de no injerencia suscrito en la carta fundacional de la ONU.
En ese marco, el Presidente
Donald Trump abandonó el anunciado aislacionismo prometido en su campaña
electoral y anunció que no descarta la intervención militar o la colaboración
con las fuerzas militares de los países limítrofes de Venezuela, dispuestas a
contribuir a la liquidación de la resistencia chavista.
En la última semana, el
primer mandatario colombiano Iván Duque viajó a Washington para someterse a los
planes resueltos por el Departamento de Estado. En forma paralela, el ex
embajador de Estados Unidos asignado en Caracas, William Brownfield, subrayó
que “quizá la mejor solución sería acelerar el colapso de la economía”, o sea
aislar y producir una crisis terminal a la población caribeña. Por su parte, el
canciller ruso Serguei Lavrov acusó a Trump de disimular una intervención
militar en Venezuela a través de la llegada de ayuda humanitaria. Subrayó en
total coincidencia con Brownfield, que se busca “camuflar provocaciones (…) con
el envío de ayuda humanitaria, como medio para desestabilizar la situación en
Venezuela y obtener el pretexto para una intervención militar directa”.
El posicionamiento de Rusia
coincide con el de China y el de dos tercios de los países adscritos a la ONU.
En ese marco, el portavoz del secretario general de la ONU, Stephan Dujarric,
aseguró que el organismo reconoce la legitimidad del Presidente constitucional
de Venezuela, Nicolás Maduro, como única autoridad de la nación. A través de su
vocero, Antonio Guterres rechazó las demandas de Estados Unidos para validar al
diputado de la Asamblea Nacional, en desacato, Juan Guaidó.
Humanismo del garrote
La Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR), una de las voces más representativas de la catalogación de
emergencias internacionales, consigna 7 situaciones de gravedad humanitaria en
el mundo durante 2018: Irak, Nigeria, República Democrática del Congo, Siria,
Sudán del Sur, Yemen y Myanmar (en relación a los rohingyas). En todos esos
escenarios se han denunciado masacres, desplazamientos de población y crímenes
de lesa humanidad.
En tres de ellos (Irak, Siria
y Yemen) las acusaciones de matanzas a población civil involucran a las fuerzas
militares de Estados Unidos ya sea por bombardeos de su fuerza aérea y/o por
asesoramiento, financiamiento o provisión de armamento a los grupos implicados
en los respectivos crímenes masivos. En el caso específico de Siria han
impulsado las operaciones de los grupos fundamentalistas islámicos (del ISIS),
repitiendo el modelo de apoyo a Al Qaeda, en Afganistán, en su guerra contra la
ex Unión Soviética en los años ’80.
La última emergencia
internacional consignada por ACNUR se desarrolla en la actualidad muy cerca de
la frontera de Estados Unidos y abarca al 50 % de la población de Haití, que
sufre una situación de violencia interna, hambrunas y posibles pandemias
capaces de extenderse peligrosamente a su vecina República Dominicana. En los
últimos días las oficinas de las Naciones Unidas instaladas en su capital
contabilizan 52 muertos y casi 300 heridos, en el marco de una confrontación
social que incluye el pedido de renuncia de su primer mandatario dictatorial,
Jovenel Mouse, curiosamente avalado por el Departamento de Estado, quien llegó
en el marco de un fenomenal fraude electoral digitado desde Washington.
Las denominadas guerras
democratizadoras impulsadas por Washington desde 1945 han impuesto dictaduras,
como en Corea del Sur, o generado millones de muertos como en Vietnam,
Afganistán, Irak, Somalia o Libia. La pretendida ayuda humanitaria es la fase
actual de un proceso de larga duración que se inició en 2002 con el golpe de
Estado al entonces presidente Chávez.
La ofensiva se complementó
con una campaña mediática orientada a socavar las decisiones soberanas del
gobierno venezolano, proceso que incluyó la protección a empresarios
denunciados por Caracas que hallaron refugio en Miami. La campaña de
desestabilización se completó con la aceptación por parte de los organismos de
control de Washington de una gigantesca fuga de capitales canalizados por las
entidades bancarias offshore,
que administran capitales estadounidenses y británicos asentados en islas del
Caribe y en el estado de Delaware. Las etapas posteriores incluyeron un
progresivo bloqueo, que impidió la importación de medicinas y alimentos y un
intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro mediante la
utilización de drones explosivos.
Las máscaras se derriten
La fase actual de la
promocionada ayuda humanitaria abarca el intento de duplicidad del Poder
Ejecutivo venezolano con el reconocimiento del auto erigido presidente Juan
Guaidó. En las cercanías de las oficinas de los congresistas estadounidenses
circulan humoradas respecto de la crisis humanitaria que implicaría, para los
empresarios norteamericanos, desaprovechar negocios respecto de la mayor
reserva certificada de petróleo de mundo, la tercera de gas, la tercera de oro,
la quinta de hierro y la hipótesis de contar con los yacimientos de coltán más
importantes a nivel global, mineral vital para la elaboración de las futuras
baterías de los dispositivos electrónicos necesarios para la cuarta revolución
industrial.
Las bromas esparcidas en los
despachos del Capitolio se hicieron más ácidas cuando se difundió que el jefe
de la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el
demócrata Eliot Lance Engel, descartó la autorización de su bancada, que posee
la mayoría de los escaños, para una intervención militar en Venezuela, como la
que sugirió reiteradamente el presidente Donald Trump.
Las humoradas se vieron
justificadas por la intervención de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez,
quien recientemente se refirió al rol de las corporaciones transnacionales
monopólicas, y sobre todo las petroleras y aquellas que producen aparatología
bélica, para inficionar el sistema político estadounidense y lograr
intervenciones militares e invasiones dirigidas a lograr ventajas estratégicas
en el acceso a materias primas y control logístico territorial. Ocasio-Cortez
también apeló al humor para desenmascarar el mecanismo por el cual
parlamentarios y miembros del poder ejecutivo buscan ventajas basadas en la
corrupción corporativa y empresarial. Frente a un comité de expertos en ética,
convocados en una audiencia de la comisión de vigilancia del Congreso, pareció
explicar las motivaciones últimas de la injerencia sobre Venezuela.
A fines del siglo XX Hugo
Chávez inauguró una etapa enfrentada al neoliberalismo que tuvo ecos,
continuadores y socios en varios países de América Latina . Ese
proceso se condensó en 2005, en la ciudad argentina de Mar del Plata, con el
“No al ALCA”, que significó un límite preciso a la manipulación de Washington
en la región. La irrupción del supremacista Trump profundizó la guerra de baja
intensidad basada en sanciones financieras, la pretendida dualización y la
restricción a recuperar reservas de oro y divisas depositados en Gran Bretaña y
Estados Unidos.
Según un pormenorizado
análisis reciente divulgado por el CELAG, el aislamiento humanitario –mejor denominado asfixia
programada— supuso la pérdida de 350.000 millones de dólares en producción de
bienes y servicios entre 2013 y 2017. “Desde que Nicolás Maduro asumió la
Presidencia en 2013, el sector público venezolano dejó de recibir, en términos
netos, flujos que en el quinquenio 2008-2012 habían supuesto más de 95.000
millones de dólares, es decir, unos 19.000 millones de dólares anuales”.
El bloqueo económico y la
amenaza de la guerra civil para generar el colapso, la imposición de un
imaginario justificador de la existencia de un poder dual y la invasión
estadounidense que se anuncia entre los opositores con fecha precisa el 23 de
febrero, disimulada en el caballo de Troya de la supuesta ayuda humanitaria: todo para
terminar, de forma ejemplarizante en la región, con el virus de la Revolución
Bolivariana.
Años atrás, un importante
funcionario de la cancillería argentina participó en Washington de la
presentación del libro de Henry Kissinger Orden mundial: Reflexiones sobre el carácter de las naciones,
por entonces un best
seller mundial. Luego de las acotaciones elogiosas de dos
comentaristas y la pausada alocución del autor, se autorizó una ronda de
preguntas a los presentes. El funcionario diplomático argentino inquirió,
respetuosamente, al autor: “¿Cuál es la razón, señor Kissinger, por la cual
usted se refiere a América Latina en forma tangencial y exigua en su texto?” El
ex jefe del Departamento de Estado apeló a una risa disimulada y respondió:
“Porque América Latina no es un problema de política exterior de los Estados
Unidos. Es una cuestión doméstica de nuestro país”. A confesión de parte,
relevo de pruebas.
*Sociólogo, doctor en
Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE)