Por Arantxa Tirado
¿Qué es una crisis humanitaria?
Es
una situación de emergencia “en la que existe una excepcional y generalizada
amenaza a la vida humana, la salud o la subsistencia”.[1]
La crisis humanitaria se
suele desencadenar por la ocurrencia dos fenómenos:
·
un
desastre natural
·
un
conflicto bélico
La combinación de estos
fenómenos y de problemas preexistentes en contextos con presencia de
·
Pobreza
y desigualdad social
·
Mala
gobernabilidad y fragilidad estatal
·
Precariedad
alimentaria
·
Violaciones
de derechos humanos,
tienen como resultado el
desplazamiento forzado de seres humanos, enfermedades y una crisis alimentaria.[2]
Por tanto, el desplazamiento
forzado, las enfermedades y la crisis alimentaria calificarían como crisis
humanitaria si se dan junto a esos fenómenos (desastre natural o conflicto
bélico) en el contexto complejo descrito.
Hay
una variante de la crisis humanitaria denominada “emergencia política compleja”.
Ésta es la forma en la que muchas crisis humanitarias se han dado después del
fin de la Guerra Fría. Según la Escuela de Paz de la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB), las emergencias políticas complejas: “se diferencian de las
crisis por ser más prolongadas en el tiempo, tener un origen fundamentalmente
político y un importante impacto destructivo y desestructurador en todas las
esferas de la vida”.[3]
¿Qué
organismos de las Organización de Naciones Unidas (ONU) atienden una crisis
humanitaria?
La
ONU cuenta con una Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA,
por sus siglas en inglés),[4] dependiente
del Secretaría de la ONU y encargada de coordinar las respuestas de emergencia.
La OCHA, a su vez, gestiona el Fondo Central de Respuestas de Emergencia (CERF)
para atender a los afectados por las emergencias derivadas de las crisis
humanitarias. Recibe donaciones voluntarias.
Además de estos organismos,
hay cuatro más que participan en prestar ayuda humanitaria:
·
El
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
·
El
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
·
El
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
·
El
Programa Mundial de Alimentos (PMA)[5]
La
doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P) para justificar el
intervencionismo
La
doctrina de la Responsabilidad de Proteger, también conocida como R2P, por sus
siglas en inglés, fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2005 tras
varias guerras traumáticas (Bosnia, Kosovo, Ruanda).[6] Consiste
en el derecho que se arroga la comunidad internacional para intervenir en los
asuntos de terceros cuando está en peligro la integridad de determinadas
poblaciones por riesgo de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y
crímenes en contra de la humanidad. La intervención suele ser en forma de
medidas drásticas (que incluyen intervenciones militares), justificadas bajo el
argumento de impedir un sufrimiento mayor de la población.
Según algunas especialistas,
la base legal para la aplicación del uso de la fuerza en una intervención
humanitaria requiere:
1. Que exista evidencia
convincente, aceptada por el conjunto de la comunidad internacional, de la
existencia de una crisis humanitaria angustiante, a gran escala, que haga
imprescindible la intervención inmediata y urgente;
2. Que sea objetivamente
claro que no hay otra alternativa viable al uso de la fuerza para salvar vidas;
3.
Que
el uso de la fuerza sea necesario y proporcional al objetivo del alivio del
sufrimiento humanitario, así como debe ser estrictamente limitado en el mínimo
tiempo para el alcance de este objetivo.[7]
Sus defensores sostienen que
este tipo de “intervención humanitaria” tiene sustento legal y sólo se usa de
manera excepcional. Sin embargo, no deja de generar controversia puesto que,
como tal, esta doctrina no está incorporada formalmente en el Derecho Internacional
y tampoco es vinculante, al haber sido adoptada por la Asamblea General. Su
aplicación, de hecho, puede acabar invalidando el papel que el Consejo de
Seguridad de la ONU tiene en la autorización del uso de la fuerza, así como
contravenir la misma Carta de la ONU en su artículo 2.
Sin
embargo, cada vez hay más ejemplos de aplicación de la R2P como pantalla que no
logra tapar el intervencionismo de las potencias en terceros países. De hecho,
tanto la R2P como el concepto “intervención humanitaria” están enfocados en el
derecho de las potencias a la injerencia.[8] Dos
de los casos más recientes han sido los de Libia y Siria.
En 2011, el Consejo de
Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1973 para intervenir en Libia
amparándose en la R2P. Bajo la excusa de proteger a la población libia de
supuestos ataques del Gobierno de Mohammad Gaddafi, se autorizó una zona de
exclusión aérea y el bombardeo de la OTAN. El resultado fue más de 50.000
muertos y cientos de miles de desplazados por esta “intervención humanitaria”,
cuyos estragos todavía se viven en el Mediterráneo. La ingobernabilidad y el
caos caracterizan a la Libia actual, que es considerada un Estado fallido.
También en el caso sirio se
ha esgrimido la defensa de la R2P para justificar bombardeos sobre población
civil, algo altamente paradójico desde un punto de vista “humanitario”. El uso
de la ley para la intervención también se observó en la autorización que hizo
el Consejo de Seguridad de la ONU (resolución 2328 de 2016) a la llegada de una
misión de monitoreo a Aleppo, para supervisar supuestos ataques a civiles por
parte del Gobierno de Bashar Al Assad. Actualmente, el conflicto sirio se está
resolviendo a favor de las fuerzas gubernamentales, gracias al apoyo militar y
político de la Federación de Rusia.
La
supuesta crisis humanitaria en Venezuela
En
los últimos tiempos se viene manufacturando la existencia de una crisis
humanitaria en Venezuela que irradiaría a terceros países en la región
(elemento clave para buscar su participación en las tareas de intervención y
dar lugar a una guerra por delegación o proxy war).[9]El
tema del éxodo de venezolanos hacia países como Brasil, Ecuador o Colombia,
presentándolo como una “crisis de refugiados” que, además, traían enfermedades,
ha sido la pieza neurálgica en esta construcción. Para presionar en el sentido
de la existencia de esta problemática, EE. UU. decidió dedicar una parte de los
9 millones, destinados originalmente a la asistencia a la sociedad civil
venezolana en el año fiscal 2019, a atender a los venezolanos en Colombia.
Esta
asistencia a los venezolanos ha sido calificada de insuficiente por analistas
del propio establishment estadounidense,
que presionan para que los venezolanos que llegan a territorio estadounidense
reciban un Estatus de Protección Temporal por parte del Departamento de
Homeland Security.[10] Se
trataría de equiparar su situación a la de cualquier ciudadano que huye de un
conflicto armado o un desastre natural, estableciendo la matriz de que se
encuentran en situaciones similares.
La
oposición venezolana, respaldada por otros gobiernos de la región y por el
Secretario General de la OEA, ha pedido abrir un “canal humanitario” para hacer
llegar la ayuda humanitaria que EE. UU. quiere trasladar a territorio
venezolano desde territorio colombiano. Una ayuda de la que la Cruz Roja se ha
encargado de deslindarse.[11]
La falsedad de la existencia
de una “crisis humanitaria” en Venezuela, que haría necesaria la intervención
de EE. UU. y otros países para atajar esta problemática, se pretende convertir
en una verdad por la fuerza de la repetición y la difusión de imágenes
impactantes (y a veces manipuladas, como el uso de fotos de niños yemeníes
haciéndolos pasar por venezolanos) en las redes sociales. Estamos asistiendo a
una novedosa forma de golpe de Estado virtual que necesita legitimarse por
redes y medios de comunicación. La argumentación y los ejemplos usados para
sustentar una supuesta “crisis humanitaria”, de mayor o menor nivel de
elaboración o veracidad, no esconden que, tras esta matriz prefabricada,
encontramos las “armas de destrucción masiva” que permitieron a EE. UU. mentir
e invadir Irak. Con la diferencia de que en 2003 la mayoría de la opinión
pública mundial tenía claro que aquélla era una guerra por petróleo.
Años de bombardeo mediático
contra Venezuela impiden que en la actualidad haya esa claridad antibélica por
parte de la opinión pública e, incluso, por parte de cierta izquierda mundial.
De ahí la importancia de aclarar términos y alertar sobre qué hay detrás del
uso a la ligera de conceptos que se están utilizando a conciencia para validar
nuevamente la injerencia política y, eventualmente, militar, de EE. UU. en un
país de América Latina. Los antecedentes de Libia y de Siria permiten
visualizar cuál puede ser el futuro para Venezuela de no detener esta escalada
bélica en forma de “intervención humanitaria”.
[7] https://www.opendemocracy.net/mary-kaldor-christine-chinkin/doctrine-of-humanitarian-intervention-and-how-it-exposes-absence-of-an
[8] https://www.opendemocracy.net/mary-kaldor-christine-chinkin/doctrine-of-humanitarian-intervention-and-how-it-exposes-absence-of-an
[10] https://venezuelablog.org/latin-america-advisor-qa-tps-gaps-u-s-response-venezuelas-displacement-crisis/
[11]https://www.excelsior.com.mx/global/cruz-roja-no-participara-en-ayuda-humanitaria-para-venezuela/1294470