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Sanciones a PDVSA: el lobby petrolero estadounidense


Por Aníbal García Fernández, Silvina Romano y Tamara Lajtman

Luego de las sanciones del Tesoro estadounidense a PDVSA, proliferaron noticias y opiniones sobre el impacto negativo que tendrán no solo para el sector petrolero de EE.UU., sino para la economía estadounidense. Se abre un panorama en el que las petroleras de EE.UU. tienen cada vez mayor interés en resolver la situación.

Sanciones económicas de EE.UU. a PDVSA


El 28 de enero de 2019, el Departamento del Tesoro emitió nuevas sanciones congelando los activos de PDVSA y su filial en EE.UU. CITGO[1]. Esto implica:
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i.        Bloquear el acceso al gobierno venezolano por 7.000 millones de dólares en activos de PDVSA y 11.000 millones en ventas.
ii.        Propiedades e intereses de PDVSA sujetas a la jurisdicción estadounidense están bloqueadas y tanto ciudadanos como extranjeros en territorio estadounidense tienen prohibido realizar transacciones con la empresa y funcionarios venezolanos  sancionados anteriormente.
iii.        Se prohibieron las ventas de diluyentes desde EE.UU. a Venezuela. Los diluyentes son necesarios para diluir el crudo pesado venezolano y poder refinarlo, procesarlo y crear gasolinas.

Una de las cláusulas importantes estipula que las empresas estadounidenses Chevron, Schlumberger Limited, Baker Hughes, Weatherford International continúen operaciones a través de las sociedades conjuntas que tienen cada una con PDVSA. La autorización culmina el 29 de abril de 2019[2]. ¿Por qué esta salvedad? Porque estas empresas tienen importantes negocios en Venezuela.

El impacto de las sanciones en EE.UU.


En informe del Congreso de EE.UU. del 21 de enero, se afirma que el “conflicto largamente anticipado” entre los inversionistas que mantienen bonos venezolanos en incumplimiento y el Gobierno puede estar llegando a un “punto crítico” y las sanciones estadounidenses complican el proceso. “La Administración de Trump ha considerado varias opciones de sanciones en el sector petrolero de Venezuela como un medio potencial para aplicar presión económica al gobierno de Maduro. En general, el impacto económico de las sanciones dependerá de la sincronización (por ejemplo, inmediata versus gradual) de cada opción; además de si dichas sanciones son unilaterales (es decir, solo en los EE. UU.) o multilaterales (es decir, en la cooperación de los EE. UU. con otros países)”. El mayor impacto sería la prohibición de las exportaciones de petróleo de Venezuela a EE.UU.[3]

Los EE.UU. serán impactados negativamente por las sanciones al petróleo venezolano. Los precios aumentaron un 3 % el martes 29 de enero, luego del anuncio de las sanciones a la Estatal PDVSA. No solo tendrá impacto en la industria petrolera a nivel global, sino que exprimirá las refinarías estadounidenses que dependen del crudo pesado y barato proveniente de Venezuela. El problema es que a pesar de que EE.UU. es el mayor productor de petróleo, todavía depende del petróleo de los países de la OPEP. El gas shale debe ser mezclado con petróleo pesado que hasta ahora proviene de Venezuela[4]. Las refinerías de Texas y Louisiana sufrirán duras consecuencias, luchando entre ellas para conseguir  suministros[5]: “Venezuela es muy importante para los mercados de petróleo, no tanto en cuanto al volumen sino a la calidad del crudo. Las sanciones harán que las refinerías de la costa del Golfo sean las grandes perdedoras”[6].  CITGO importa a EE.UU. 56,173 barriles de petróleo diarios que abastecen la costa Oeste. Es la sexta refinería más grande en  EE.UU[7]. Debe recordarse además que en julio de 2017, la American Fuel & Petrochemical Manufacturers advertía que las sanciones al sector energético venezolano dañarían no solo los negocios sino a los consumidores estadounidenses.[8]

El plazo de las últimas sanciones es para el 29 de marzo de 2019[9], cuando bloquearán a las empresas estadounidenses en territorio venezolano. El gobierno de EE.UU. está apostando a una rápida transición en Venezuela y así las empresas petroleras estadounidenses podrían continuar y ser las encargadas de apropiarse y “levantar” la producción venezolana en los próximos años.

En caso de no lograr el “cambio de régimen”, las empresas estadounidenses tendrán que decidir sobre sus activos en Venezuela. Como se aprecia en la tabla, algunas empresas decidieron salir y vender, otras demandar. En caso de demanda el proceso será largo. Bloquear totalmente las importaciones de crudo venezolano conducirá a que las refinerías de la costa Oeste busquen más petróleo canadiense y mexicano para refinar, alternativa que es más costosa.
Como parte de las sanciones económicas impuestas por EE.UU. está la prohibición de mantener relaciones económicas con los sancionados directamente, el Gobierno y/o empresas propiedad del Gobierno venezolano. Un ejemplo es el de Monómeros Colombo Venezolanos. Esta empresa es propiedad en un 86,2 % de Pequiven, filial a su vez de PDVSA, que podría verse afectada. Monómeros es una de las cinco empresas principales en su ramo a nivel regional en El Caribe, tuvo ingresos en 2017 por 1.200 millones de dólares y representa el 46 % del mercado de abonos plaguicidas y químicos de uso agropecuario en Colombia.[10]

Mientras tanto, en vistas del bloqueo planteado por EE.UU., expertos aseguran que el petróleo que Venezuela exporta a EE.UU. será dirigido a otros países y vendido a precio más bajo, por ejemplo China e India[11]. A esto se suma la preocupación por la participación de Rusia en la industria petrolera venezolana, lo que supondría un grave riesgo para la seguridad energética estadounidense. En 2016, PDVSA obtuvo un préstamo de 1.500 millones de dólares por parte de Rosneft (compañía petrolera estatal rusa), utilizando el 49.9 % de sus acciones en CITGO como garantía para el préstamo.[12]