La compañía telefónica francesa, hoy rebautizada como Orange, ha sido
condenada por haber llevado a cabo un plan de bajas que devastó a su plantilla,
formada por más de 100.000 personas.
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Por Pablo Elorduy
Por Pablo Elorduy
El Salto
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| Didier Lombard condenado a un año de prisión por su política de acoso en France Télécom |
La
justicia francesa ha condenado a un año de prisión y 15.000 euros de multa a
Didier Lombard, director ejecutivo, Louis-Pierre Wenes, delegado y Olivier
Barberot, director de recursos humanos. Los tres diseñaron la estrategia de
France Télécom para reducir plantilla, una estrategia acreditada como “acoso
laboral” por el tribunal de Porte de Clichy, en París. También se impone una
multa de 75.000 a la empresa, hoy rebautizada como Orange, por este caso de acoso
sistemático a sus trabajadores que quedó marcado por una oleada de suicidios:
60 asalariados de France Télécom se quitaron la vida en el periodo que
transcurrió entre 2001 y 2008, un tiempo en el que Lombard, Wenes y Barberot
ejecutaron su plan de reducción de 45.000 puestos de trabajo —conseguido, en
parte mediante 22.000 despidos—. Puestos de trabajo de los cuales nueve de cada
diez estaban ocupados por funcionarios.
Otras
cuatro personas han sido condenadas a penas menores, de cuatro meses de cárcel,
por su complicidad en un juicio que ha requerido 46 sesiones. Las
indemnizaciones ascienden a cinco millones de euros. El tribunal ha emitido su
sentencia después de escuchar las historias de 39 personas afectadas, 19 de las
cuales se suicidaron en un lapso de tiempo que en Francia ha quedado definido
por la expresión “Por la puerta o por la ventana”, en una expresión atribuida
al CEO de France Télécom. La defensa de Lombard ha anunciado que recurrirá la
decisión judicial, en lo que considera una sentencia basada en “un análisis
político y una política demagógica”.
El
juzgado considera acreditado que el director ejecutivo, el de recursos humanos
y el delegado, pusieron en marcha un sistema para trasladar la presión a todos
los eslabones de la compañía, que hoy todavía conserva un 23% de su titularidad
pública. La táctica del llamado plan NExT consistió en aislar a los
trabajadores de sus compañeros y en promover la movilidad entre centros de
trabajo para torpedear las posibilidades de organización contra el plan de
bajas. El plan consistió en la configuración de un clima irrespirable en el día
a día. Como ha explicado uno de los abogados de la acusación, citado por el
diario Liberation, se trató “de un gran accidente laboral
organizado por la patronal”.
Además
de la repercusión sobre los trabajadores afectados, los sindicatos, que se
personaron como acusación particular, se felicitan porque la sentencia debe
permitir preguntarse cómo fue posible que un mecanismo de acoso de tal calibre
se saltase todos los controles y la política de prevención de riesgos asociados
al trabajo.
Familias
como la de Jean Perrin serán indemnizadas con cantidades en torno a los 60.000
euros por la pérdida de sus allegados. Los 60 suicidios, como escribió Alain
Damasio, cuyo relato de las sesiones del juicio publicó El Salto el pasado mes de julio,“ son siempre un acto de múltiples
factores, incluso cuando el suicida deja una carta acusando a la política de
France Télécom sin ningún equívoco”. A pesar de esa multicausalidad, la
sentencia da la razón a las 19 familias que han decidido presentarse en el
juicio para pedir reparación moral.
Como
recoge La Petite Bao, órgano de expresión del sindicato
Solidaires, personado en la causa, uno de los abogados de los sindicatos,
Jean-Paul Tessonnière, explicó en una de las sesiones cómo “el derecho penal
tiene una función represiva y expresiva. Debe expresar las principales prohibiciones
de una sociedad. La pregunta que debe hacerse es simple, casi infantil: ¿estaba
prohibido? Se espera de este juicio que indique que lo que sucedió en France
Télécom debe clasificarse entre estas prohibiciones primordiales”. A pesar de
lo que ha declarado la defensa de Lombard, el caso no ha juzgado por qué la
dirección se impuso esa meta de reducción de plantilla. No se trataba de una
compañía en mala situación financiera o en una crisis de modelo.
“Las
fiscales piden la pena máxima: un año de prisión. De la que de todas formas
nunca verán el color de las paredes [de la cárcel], si el cargo se mantiene. Y…
15.000 euros de multa. ¿El coste de una jornada de abogado? Una gota en el
océano de dinero que ganaron por echar a 22.000 personas y matar a 60 —ah
claro, de forma indirecta, “involuntaria” y “con múltiples factores”—. Eso hace
barata la vida humana, ¿no?. Pero dejemos el cinismo fácil. Este proceso es y
quedará como histórico. Deja y dejará huella.”, escribió Alain Damasio en su
relato; “lo que cuenta es que los dirigentes empresariales sabrán desde ahora
que ya no tendrán las manos libres para masacrar vidas trabajadoras. No tan
libres en todo caso”. La sentencia ha confirmado que, al menos en Francia, la
masacre de vidas trabajadoras no es tan libre como les parecía a Lombard, Wenes
y Barberot.