Chile
Por Raúl Zibechi –
Francisco Claramunt
El pulso por el futuro
Raúl Zibechi
“Volvimos a
ser pueblo”: un sencillo cartel pintado sobre papel, colocado por una comunidad
de vecinos sobre la avenida Grecia, es un grito de protesta contra el
neoliberalismo que convirtió a las gentes en apenas consumidoras. Pero también
conforma todo un programa político y una ética de vida, en apenas cuatro
palabras.
No muy lejos
de allí, la céntrica Plaza de la Dignidad, nombre con el que la revuelta
chilena ha rebautizado a la Plaza Italia, parece zona de guerra. Los comercios
están cerrados en varias cuadras a la redonda, engalanados con pintadas
multicolores que denuncian la represión e incitan a la revuelta contra las más
diversas opresiones. Los y las jóvenes no la quieren abandonar. Sostienen que
el día que la protesta abandone la calle estará todo perdido. Una lógica
implacable, pero difícil de sostener después de 50 días de movilizaciones.
La mayoría de
las pintadas en muros de los alrededores, y en muros de todo Chile, cientos de
miles, denuncian la violencia de Carabineros. “Nos violan y nos matan”, “No más
abuso”, “Pacos asesinos”, “Paco culiao”, y así indefinidamente. Sobre una
lágrima de sangre que resbala por una pared se puede leer: “Vivir en Chile
cuesta un ojo de la cara”.
Los medios de
la derecha destacan que los muros rayados, que se pueden ver hasta
en los más remotos rincones de la ciudad, ensucian Santiago. Como suele
suceder, conceden mayor importancia a las pérdidas materiales que a los ojos de
los 230 manifestantes cegados por los balines de los carabineros y que a las
vidas de las casi tres decenas de asesinados por las fuerzas represivas desde
mediados de octubre.
Además de los
dedicados a Carabineros, abundan también los muros feministas, donde se ataca
frontalmente la violencia machista y el patriarcado. Pintadas en tonos violetas
y lilas que se entremezclan con las jaculatorias contra la represión. Pero la
palma a la creatividad en las protestas se la lleva la performance “Un violador
en tu camino”, creada por Las Tesis, un colectivo interdisciplinario de mujeres
de Valparaíso. Ha sido reproducida millones de veces en las redes y replicada
en casi todas las capitales latinoamericanas y europeas.
Incluso los
medios del sistema (desde Radiotelevisión Española y Cnn hasta el argentino
Clarín) debieron dar cuenta de esa intervención callejera, una denuncia a ritmo
de rap que pone en la mira tanto al gobierno como a los jueces y la policía. El
seguimiento masivo que ha despertado muestra tanto la indignación mundial con
la salvaje represión en Chile como la creciente influencia del feminismo en las
protestas, con voces y estilos propios.
Las estatuas
son un tema aparte. Se dice que son más de treinta las figuras de militares y
conquistadores que fueron grafiteadas, desde Arica, en la frontera con Perú,
hasta el sur mapuche. En la Plaza de la Dignidad, la figura ecuestre del
general Baquedano ha sido pintada y tapada parcialmente. La historiografía de
arriba lo considera un héroe de la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia,
cuando el país vecino perdió su salida al mar.
En Arica, los
manifestantes destruyeron una escultura en piedra de Cristóbal Colón, que
llevaba más de un siglo en el lugar. En La Serena, rodó la estatua del
colonizador y militar Francisco de Aguirre y en su lugar los vecinos colocaron
la escultura de una mujer diaguita. En Temuco removieron el busto de Pedro de
Valdivia y su cabeza fue colgada en la mano del guerrero mapuche Caupolicán.
Pedro de
Valdivia está en la mira de los manifestantes. El militar, que acompañó a
Francisco Pizarro en la guerra de conquista y exterminio en Perú, fundó, con el
mismo método, algunas de las principales ciudades de Chile, desde Santiago y La
Serena hasta Concepción y Valdivia. Es una de las figuras más odiadas por la
población. Su estatua estuvo a punto de ser derribada en la céntrica Plaza de
Armas.
Pero el hecho
más simbólico sucedió en Concepción, 500 quilómetros al sur de Santiago.
Cientos de jóvenes se concentraron en la Plaza de la Independencia, donde
derribaron su estatua el mismo día, 14 de noviembre, que se conmemoraba el primer
aniversario del homicidio de Camilo Catrillanca, comunero mapuche muerto a
manos de Carabineros. El crimen suscitó una amplia reacción popular en 30
ciudades del país. En algunos barrios de Santiago hubo cortes de calles y
caceroleos durante más de 15 días. Un año después, la mapuche es la bandera más
ondeada en las protestas chilenas.
Trawün mapuche en Santiago
El último
sábado de noviembre, la Coordinación de Naciones Originarias, nacida durante el
estallido, convocó a un trawün (encuentro, en mapudungun), en el centro
ceremonial de Lo Prado, en la periferia de la ciudad. Acudieron mapuches de
diversos barrios de Santiago (Puente Alto, Ñuñoa, Pintana, entre otros), donde
ya han realizado varios trawün locales. El encuentro se inicia con una
ceremonia dirigida por tres longkos (autoridades comunitarias), seguida con
cánticos y rezos de unas sesenta personas bajo un sol vertical. Luego de que la
Pachamama les concediera permiso, se iniciaron las discusiones en dos grupos
para abordar cómo deben posicionarse en los debates sobre una reforma de la
Constitución.
Las mujeres,
engalanadas con trajes tradicionales, participaron tanto o más que los varones,
ataviados con vinchas azules. Rápidamente se constataron dos posiciones. Una
proponía participar en las elecciones para la Convención Constituyente a
celebrarse en abril (véase recuadro). Como los partidos que firmaron el pacto
denegaron la posibilidad de que los pueblos originarios tengan un distrito
electoral especial, el debate se trasladó para discutir los caminos a seguir.
Esta posición ha venido creciendo desde el estallido, aunque nació hace casi
dos décadas, y recibe el nombre de plurinacionalidad. Ya que los
mapuches no quieren ser elegidos en los partidos existentes, algunos
participantes (varias de ellas mujeres) propusieron la formación de un partido
electoral mapuche. Esta corriente de pensamiento tiene mayor arraigo en las
ciudades, particularmente en Santiago, donde viven cientos de miles de
mapuches. Su núcleo está en las y los universitarios que emigraron del sur y
hoy están establecidos en la ciudad. Emite un discurso coherente y potente, y
argumenta que hay poco tiempo para tomar este camino, ya que la convocatoria
para elegir constituyentes se concreta en abril.
La otra
corriente defiende la autodeterminación y la autonomía, posiciones
tradicionales de las comunidades mapuches del sur, las más afectadas por la
represión del Estado chileno, por la militarización de sus territorios y por el
despojo a manos de las empresas forestales. Esas son también las comunidades
que encabezan la recuperación de tierras y las que mantienen viva la llama de
la nación y la identidad tradicional mapuche. Durante el trawün, una mujer de
mediana edad recordaba que “ya tenemos nuestro propio gobierno y nuestro parlamento,
no necesitamos de los políticos”. Y un joven vehemente se preguntaba:
“¿Realmente queremos tener un escaño dentro de la política winka [blanca]?”.
Asambleas, barrios y clases
El colectivo
Caracol, que trabaja en educación popular en los espacios y territorios de las
periferias, sostiene en sus análisis semanales que el “acuerdo de paz” firmado
a las tres de la madrugada del 24 de noviembre por todo el arco político –menos
el Partido Comunista– le otorgó “una sobrevida” al gobierno de Piñera (colectivo
Caracol, 25-XI-19).
El propio
nombre del pacto delata a sus inspiradores. Si se trata de paz, dice Caracol,
es porque hubo una guerra, que es lo que viene diciendo Piñera desde el primer
día del estallido. La convocatoria a una convención constituyente acordada en
contra de una asamblea constituyente como la que defienden los movimientos
impone varios filtros.
“Esta
Convención no estará compuesta por ciudadanos ni representantes de los
movimientos sociales y populares, sino por quienes designen los partidos
políticos existentes”, estima Caracol. Agravio al que deben sumarse los dos
tercios requeridos para que se apruebe cualquier propuesta, lo que supone un
veto mayor para las propuestas de la calle. “Han demostrado que los cabildos
abiertos que se han desarrollado por todo Chile no les interesan, porque no les
interesa la deliberación popular”, sigue el colectivo Caracol.
Daniel Fauré,
fundador de la organización, analizó en diálogo con Brecha que
la decisión del gobierno de convocar a una constituyente se tomó cuando
contempló la confluencia entre la protesta callejera y el paro nacional, la
unidad de acción entre trabajadores sindicalizados, pobladores y jóvenes
rebeldes. “Es el boicot a las asambleas territoriales, cabildos abiertos y
trawün”, señaló.
Llegados a
este punto, debemos recordar que la dictadura de 17 años de Augusto Pinochet se
abocó a una profunda reconstrucción urbana con fines políticos. Cuando Salvador
Allende llegó al gobierno, en noviembre de 1970, casi la mitad de la ciudad de
Santiago estaba conformada por campamentos, espacios tomados y
autoconstruidos por los sectores populares, que de ese modo se configuraron
como sujeto político, bajo el nombre de pobladores, y fueron
centrales en el proceso de cambios cegado por la dictadura.
En la
actualidad, y según un mapeo de Caracol, existen en Santiago unas 110 asambleas
territoriales, organizadas en dos grandes coordinaciones: la Asamblea de
Asambleas Populares y Autoconvocadas, en la zona periférica, y la Coordinadora
Metropolitana de Asambleas Territoriales, en la zona central. Estas asambleas
contrastan, y a veces compiten, con las más institucionalizadas juntas de
vecinos. Aunque hubo un trabajo territorial previo importante, la mayoría de
estas organizaciones se formó durante el estallido. Realizan actividades
culturales recreativas, organizan debates entre vecinos, ollas comunes, asisten
a los heridos y detenidos en las marchas y promueven caceroleos contra la
represión. Muchos de sus integrantes participan en las infaltables barricadas
nocturnas.
Pero al igual
que en los tiempos del dictador, tampoco el Chile pospinochetista puede aceptar
el activismo de los pobladores. La clase dominante chilena no puede concebir
que los rotos salgan de sus barrios, que hablen y ocupen
espacios. Un relato de Caracol sobre un enfrentamiento ocurrido a fines de
noviembre, cuando un grupo de pobladores fue a manifestarse a un shopping del
sector más exclusivo de Santiago, lo dice todo: “Bastó que un grupo de personas
de la clase popular se aparecieran en el patio de su templo del consumo en La
Dehesa para que la clase alta saltara despavorida llamándolos a volver
a sus poblaciones de mierda, rotos conchadesumadre” (colectivo Caracol,
25-XI-19).
Si es cierto
que la revuelta de octubre de 2019 cierra el ciclo iniciado el 11 de setiembre
de 1973 con el golpe de Estado de Pinochet, también debe ser cierto que se abre
un nuevo ciclo, del que aún no sabemos sus características principales. Por lo
que se puede ver en las calles de Santiago, este ciclo tendrá dos protagonistas
centrales: el Estado policial –brazo armado de las clases dominantes– y los
sectores populares, afincados en sus poblaciones y en el Wall Mapu o territorio
mapuche. El pulso entre ambos configurará el futuro de Chile.
El pacto de los partidos por una nueva Constitución. Atado y bien atado
Francisco Claramunt
“Es hora de
reencontrarnos”, proclamó exultante en la sede del Congreso el senador Felipe
Harboe, cuando en la madrugada del 15 de noviembre los representantes de los
principales partidos políticos pusieron por fin su firma al Acuerdo por la Paz
Social y Nueva Constitución. Harboe, ex subsecretario del Interior durante los
gobiernos de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, agradeció “a todos quienes
contribuyeron para llegar a este acuerdo”: léase, a los partidos de la derecha
en el gobierno, a los de la ex Concertación, a algunos sectores del Frente
Amplio, a los principales medios de comunicación de Chile y a las cámaras
empresariales, como la Confederación de la Producción y del Comercio, cuyos
voceros se apresuraron al día siguiente a celebrar “la buena política” de la
que hicieron gala los firmantes del pacto y a llamar al retorno de la “paz
social” (Emol, 15-XI-19).
El acuerdo
establece, en primer lugar, un plebiscito en abril del próximo año. Los
chilenos deberán responder entonces si quieren o no una nueva Constitución, y,
en caso de que así sea, qué tipo de órgano debería redactarla. Las opciones
para esto último serán dos: una “convención mixta constitucional”, compuesta en
un 50 por ciento por ciudadanos electos ad hoc y en un 50 por ciento por
parlamentarios, o una “convención constitucional” en la que todos los miembros
serían electos específicamente para ese rol.
Sea cual sea
la opción que gane, los constituyentes serán elegidos “con el mismo sistema
electoral que rige en las elecciones de diputados”. Además, la Convención
Constituyente deberá aprobar las normas con un quórum de dos tercios de sus
miembros en ejercicio. Funcionará por nueve meses, con posibilidad de una
prórroga de otros tres meses. Luego, lo que haya aprobado se someterá a un
referéndum ratificatorio y, finalmente, deberá contar con el visto bueno del
Congreso.
A pesar de la
algarabía que mostraron los mercados al día siguiente de anunciado el acuerdo,
siempre hay algún detallista que queda disconforme. “Al verdadero protagonista,
que es la gente, nadie le ha preguntado nada”, ha dicho a la prensa el
secretario general del Partido Comunista, Guillermo Teillier. Ni su partido ni
el Progresista, ni varios de los que integran el Frente Amplio, respaldan lo
acordado en el Congreso el 15 de noviembre.
Tampoco lo
hace la llamada Unidad Social –integrada por más de un centenar de
organizaciones sociales y en gran medida protagonista de las movilizaciones que
tienen lugar desde el 18 de octubre–, que considera que el acuerdo “se hizo
entre cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales” y “a medida de
los partidos políticos”. Entre los integrantes de la Unidad Social están la
Central Única de Trabajadores, las principales federaciones estudiantiles de
Chile, la Coordinadora Feminista 8M, la Coordinadora No+Afp, así como
organizaciones de los pueblos originales, medioambientales y de pobladores.
Los
movimientos rechazan el cuórum elevado “que perpetúa el veto de las minorías”,
el mínimo de 18 años de edad para participar del proceso constituyente, la
falta de mecanismos de participación plurinacional y de paridad de género, y
consideran que los mecanismos de representación y elección establecidos por el
pacto son “funcionales a los partidos responsables de la actual crisis política
y social”. En su lugar, han llamado a continuar con asambleas populares,
cabildos y trawün a lo largo del país como parte de un proceso que desemboque
en una asamblea nacional constituyente “convocada y electa por el pueblo, sin
intervención del Congreso ni del ejecutivo de turno”.