Por Manuel E.
Yepe
A la cabeza de una marcha de protesta contra el presidente de Haití
la pasada semana, un manifestante llevaba una gran cruz de madera con las
banderas de Canadá, Francia y Estados Unidos, las tres naciones que los
manifestantes identifican como puntales del apoyo al régimen del Presidente
Jovenel Moise, en reconocimiento por su papel en el golpe de 2004.
Casi totalmente ignorada por los medios convencionales de prensa,
la población haitiana critica constantemente al gobierno de Canadá por este
posicionamiento tan poco objetivo en torno a la realidad política de su país.
En repetidas ocasiones, desde que el gobierno de Jean-Bertrand Aristide fue
derrocado en 2004, los manifestantes han portado carteles con reproches a la
política canadiense o se han congregado frente a la Embajada de Canadá en
Puerto Príncipe. Los periódicos Haiti Progrès y Haiti Liberté de la nación
caribeña describen a Canadá como “fuerza de ocupación”, una “partidaria del
golpe” o simplemente como nación “imperialista”.
Durante meses de protestas populares, Canadá se sigue mostrando
hostil a los manifestantes, que representan a la mayoría de una población
empobrecida. Recientemente una investigación del Tribunal Superior de Cuentas
de Haití sobre corrupción y disputas administrativas ha reavivado el movimiento
popular que lucha por el derrocamiento de su presidente “apoyado por Canadá”.
En el año que cursa ha habido numerosas protestas -incluso una
huelga general de una semana, en febrero- exigiendo rendición de cuentas de
funcionario públicos. Se alega que la razón principal por la que Moise se
mantiene en el poder es porque tiene el apoyo que del “Grupo Central de Amigos
de Haití” (Core
Group of Friends of Haiti), compuesto por los embajadores de
Canadá, EEUU, Francia, Brasil, y Alemania, así como por representantes de
España, la Unión Europea y la desprestigiada OEA.
El “Core
Group” había emitido una breve declaración de apoyo a Moise en la
que pedía “un amplio debate nacional, sin condiciones previas”, que era la
posición que funcionarios canadienses habían expresado reiteradamente en
semanas recientes. La oposición había rechazado tal negociación con Moise
argumentando que ello equivaldría a abandonar las protestas para negociar con
un presidente corrupto e ilegítimo que pocos haitianos respaldaban.
Otra indicación de la orientación política del Core group,
ha sido su declaración del 30 de mayo que “condenaba los actos de degradación
cometidos contra el Senado”, refiriéndose a que, temprano ese día, un grupo de
senadores de la oposición sacaron algunos muebles y los colocaron en el césped
del Parlamento con el propósito de bloquear la ratificación del primer ministro
interino.
El embajador de Canadá, André Frenette, por su parte, tuiteó que
“Canadá condena los actos de vandalismo en el Senado… porque van en contra de
los principios democráticos”.
Pero se hizo notar que Frenette y el Core Group no habían
tuiteado ni publicado declaración alguna contra el reciente asesinato del
periodista Pétion Rospide, quien había estado informando sobre la corrupción y
la violencia policial. Tampoco se refirieron al resultado de la comisión que declaró
al Presidente Moise responsable del robo de fondos públicos asi como tampoco al
reciente informe de la ONU que confirmaba la participación del gobierno del
país en una terrible masacre que tuvo lugar en el barrio La Saline de Puerto
Príncipe a mediados de noviembre.
Las recientes declaraciones de gobierno de Canadá y del “Core Grup”
ignoran completamente los argumentos sobre la ilegitimidad electoral de Moise y
minimizan la magnitud de la corrupción y de la violencia contra los
manifestantes.
Peor aún, se argumenta que funcionarios canadienses promovían y
muchas veces aplaudían a las fuerzas policiales responsables de muchos abusos.
Para deleite de la élite clasista más concientizada del país, Ottawabía tomado
la delantera en el fortalecimiento del brazo represivo del Estado haitiano
luego de la expulsión del expresidente Aristide.
Un oficial de la RPMC dirige el componente policial de la Misión de
las Naciones Unidas para la Justicia en Haití (MINUJUSTH), integrado por 1.200
personas.
A finales de mayo, el embajador de Canadá ante la ONU, Marc-André
Blanchard, encabezó una delegación del Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas en Haití. A su regreso a Nueva York propuso crear una misión “robusta”
para continuar el trabajo del MINUJUSTH tras su conclusión prevista para
octubre. Funcionarios canadienses lideran la campaña para extender la ocupación
de 15 años de las Naciones Unidas que relevó a las tropas estadounidenses,
francesas y canadienses que derrocaron al gobierno de Aristide y, entre otros
horrores, fueron responsables de la introducción del cólera en Haití, que ha
matado a más de un millón de personas del sufrido país caribeño.