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Otro gobernador depuesto en Puerto Rico según continúan las protestas


Por Andrea Lobo

Cinco días después de la investidura de Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico, la Corte Suprema del territorio estadounidense sentenció unánimemente el miércoles por la mañana que su toma de protesta fue “inconstitucional” y ordenó dejar el cargo antes de las 5 p.m.
Anunciando una nueva ola de huelgas, las calles alrededor de la mansión del gobernador, llamada la “Fortaleza”, ya estaban llenas de manifestantes en la noche, celebrando la salida de Pierluisi mientras exigían la expulsión de la nueva gobernadora y la tercera en la isla en una semana, Wanda Vázquez.

La corte falló a favor de una denuncia emitida por el Senado puertorriqueño que calificaba de inconstitucional la disposición en una ley de 2005 de que un secretario de Estado nominado, como Pierluisi, no necesita la confirmación de la Asamblea Legislativa local para reemplazar a un gobernador.
El viernes, el exgobernador, Ricardo Rosselló, había renunciado ante tres semanas de manifestaciones masivas desencadenadas por la publicación de mensajes de texto filtrados que expusieron tráfico de influencias y burlas sobre cerrar utilidades públicas, el asesinato de políticos de oposición y las víctimas mortales del huracán.
Antes de renunciar oficialmente, Rosselló nominó a Pierluisi como su secretario de Estado, el sucesor a la Gobernación (el puesto estaba vacante por la renuncia del previo secretario en el escándalo que derribó a Rosselló). Solo la Cámara de Representantes había confirmado a Pierluisi el viernes, pero Pierluisi aún así asumió el poder, generando el desafío legal del Senado.
El Senado y la Corte Suprema no están anulando la estipulación de 2005 catorce años después de su aprobación debido a inquietudes sobre derechos democráticos, sino como una conspiración políticamente calculada para instalar a un representante distinto de Wall Street, cuyos especuladores están exigiendo que la crisis política se utilice para imponer recortes sociales incluso mayores.
Como lo indicó la manifestación de miles el viernes en la noche fuera de la residencia del gobernador, con cantos y carteles llamando a la renuncia inmediata de Pierluisi, su Gobierno hubiera generado un levantamiento social incluso mayor debido a la oposición contra su historial derechista.
Como comisionado residente (el miembro sin voto de Puerto Rico en el Congreso estadounidense) entre 2009 y 2017, Pierluisi respaldó la creación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF), un aparato colonial privando a Puerto Rico de cualquier grado de autogobierno para implementar medidas brutales de austeridad a instancias de los acreedores de la isla en Wall Street. Después de dejar el cargo, volvió a un bufete de abogados privado cuyo principal cliente era la JSF.
El Los Angeles Times reportó que poco después del anuncio del fallo el miércoles, ya había manifestantes fuera de la mansión del gobernador gritando con un parlante, “¡Pierluisi fuera! ¡Hay que respetar la Constitución de Puerto Rico!”.
Las protestas han puesto en el centro de sus demandas la expulsión de la JSF. Ante el temor de alimentar la creciente explosión social, Washington, que en última instancia manipula las instituciones puertorriqueñas, se ha inclinado a favor de otra facción del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), al cual pertenecen Rosselló y Pierluisi.
En otra interpretación legal tramada, Pierluisi entregó el poder el miércoles a Wanda Vázquez Garced, la secretaria de Justicia, quien es la siguiente en la línea sucesoria según la ley de 2005 ahora considerada parcialmente inconstitucional por la Corte Suprema. La Constitución, por el contrario, estipula que la Asamblea Legislativa es responsable de seleccionar un reemplazo para el gobernador si no hay un secretario de Estado confirmado.
Después de semanas expresando renuncia a ser gobernadora, Vásquez aceptó el cargo el miércoles, publicando un comunicado poco después del fallo de la corte. “Dado a que la posición de la Secretaría de Estado está vacante, asumiré la posición e la Gobernación de Puerto Rico, según establece nuestra Carta Magna”, afirma.
La oposición popular contra Vázquez, sin embargo, es aún más intensa que contra Pierluisi. No bien anunció Rosselló su renuncia el 25 de julio, los trabajadores y jóvenes puertorriqueños en las calles adoptaron un nuevo canto: “¡Qué llueva, qué llueva, Wanda va pa’ afuera!”.
Entre varias acusaciones directas de corrupción en su contra, Vásquez es identificada ante todo por encubrir la corrupción bajo Rosselló y la desatención oficial de su departamento respecto a la desaparición de vagones enteros de ayuda para las víctimas del huracán María de 2017.
Reconociendo la oposición explosiva contra Vázquez, la Casa Blanca dio órdenes de reemplazarla con Jenniffer González, una simpatizante de Trump, comisionada residente desde 2017 y presidenta del Partido Republicano en Puerto Rico desde 2015. “Varias fuentes de El Nuevo D í a dijeron que uno de los escenarios más probables es que Vázquez, nombre como secretaria de Estado a González”, señaló el diario puertorriqueño.
Añadió: “Las fuentes indican que bajo ese escenario, durante los próximos días, Vázquez renunciaría y dejaría el campo abierto para que González tome la gobernación. La movida, indican las fuentes ya habría sido acordada con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez”. Al consultarle sobre esto, González simplemente dijo al diario “Yo voy a respaldar al que sea que escojan”.
Tan temprano como el 26 de julio, el New York Times sugirió su instalación como una posible solución a la crisis política, escribiendo un comentario intitulado “Ella es el único vínculo de Puerto Rico con Washington. Podría ser su futura gobernadora”.
La clase gobernante estadounidense ha perseguido estas maniobras antidemocráticas detrás de las espaldas del pueblo puertorriqueño e incluso utilizó la crisis política para suspender $8 mil millones en ayuda federal a la isla, reconociendo que puede contar con la colaboración de la supuesta ala “progresista” del Partido Demócrata y sus socios en Puerto Rico.
Más allá de sus lágrimas de cocodrilo por la negligencia criminal de la Casa Blanca hacia la devastación del huracán María y sobre los indignantes mensajes de Rosselló, políticos como Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, junto a los sindicatos, se han dedicado a encadenar las protestas y la ira masiva detrás de apelaciones inútiles a las instituciones coloniales en Puerto Rico.
La intervención forzosa de cientos de miles de trabajadores en la palestra política de la isla ha expuesto estas fuerzas, que se presentan como amigos y defensores de la clase obrera y los oprimidos, como herramientas indispensables de la oligarquía financiera estadounidense para proteger su gobierno colonial y burgués e intensificar sus ataques contra los derechos sociales y democráticos de los trabajadores.
Sus esfuerzos engañosos se han vuelto cada vez más autocondenatorios conforme se recrudece la crisis política. Carme Yulín Cruz, copresidenta nacional de la campaña presidencial de Sanders para 2020 y la alcaldesa de San Juan, tuiteó el miércoles: “A las 5:00 pm juramente Wanda Vazquez ese es el orden que corresponde. Falta ver a quien nombra Secretario(a) de Estado. No, Wanda tampoco es la persona, pero ese fue el poder que el pueblo le dio al PNP. Ese poder se lo vamos a quitar con votos, votos y más votos en el 2020”.
Cruz, quien está explotando la notoriedad obtenida por criticar la respuesta del Gobierno de Trump tras el huracán María para postularse como gobernadora el próximo año, culpa a quienes votaron por el PNP por la crisis social que está alimentando las protestas, mientras legitima la sucesión de derechistas del PNP siendo instalados extralegalmente. Al mismo tiempo, prácticamente confiesa estar al tanto y encubrir la conspiración para instalar a Jenniffer González como secretaria de Estado/gobernadora, una líder republicana así como vicepresidenta del mismo PNP.