Por Andrea Lobo
Cinco días después de la investidura de Pedro
Pierluisi como gobernador de Puerto Rico, la Corte Suprema del territorio
estadounidense sentenció unánimemente el miércoles por la mañana que su toma de
protesta fue “inconstitucional” y ordenó dejar el cargo antes de las 5 p.m.
Anunciando una nueva ola de huelgas, las calles
alrededor de la mansión del gobernador, llamada la “Fortaleza”, ya estaban
llenas de manifestantes en la noche, celebrando la salida de Pierluisi mientras
exigían la expulsión de la nueva gobernadora y la tercera en la isla en una
semana, Wanda Vázquez.
La
corte falló a favor de una denuncia emitida por el Senado puertorriqueño que
calificaba de inconstitucional la disposición en una ley de 2005 de que un
secretario de Estado nominado, como Pierluisi, no necesita la confirmación de
la Asamblea Legislativa local para reemplazar a un gobernador.
El viernes, el exgobernador, Ricardo Rosselló, había renunciado
ante tres semanas de manifestaciones masivas desencadenadas por la publicación
de mensajes de texto filtrados que expusieron tráfico de influencias y burlas
sobre cerrar utilidades públicas, el asesinato de políticos de oposición y las
víctimas mortales del huracán.
Antes de renunciar oficialmente, Rosselló nominó a Pierluisi como
su secretario de Estado, el sucesor a la Gobernación (el puesto estaba vacante
por la renuncia del previo secretario en el escándalo que derribó a Rosselló).
Solo la Cámara de Representantes había confirmado a Pierluisi el viernes, pero
Pierluisi aún así asumió el poder, generando el desafío legal del Senado.
El Senado y la Corte Suprema no están anulando la estipulación de
2005 catorce años después de su aprobación debido a inquietudes sobre derechos
democráticos, sino como una conspiración políticamente calculada para instalar
a un representante distinto de Wall Street, cuyos especuladores están exigiendo
que la crisis política se utilice para imponer recortes sociales incluso
mayores.
Como lo indicó la manifestación de miles el viernes en la noche
fuera de la residencia del gobernador, con cantos y carteles llamando a la
renuncia inmediata de Pierluisi, su Gobierno hubiera generado un levantamiento
social incluso mayor debido a la oposición contra su historial derechista.
Como comisionado residente (el miembro sin voto de Puerto Rico en
el Congreso estadounidense) entre 2009 y 2017, Pierluisi respaldó la creación
de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF), un aparato
colonial privando a Puerto Rico de cualquier grado de autogobierno para implementar
medidas brutales de austeridad a instancias de los acreedores de la isla en
Wall Street. Después de dejar el cargo, volvió a un bufete de abogados privado
cuyo principal cliente era la JSF.
El Los Angeles Times reportó que poco después
del anuncio del fallo el miércoles, ya había manifestantes fuera de la mansión
del gobernador gritando con un parlante, “¡Pierluisi fuera! ¡Hay que respetar
la Constitución de Puerto Rico!”.
Las protestas han puesto en el centro de sus demandas la expulsión
de la JSF. Ante el temor de alimentar la creciente explosión social,
Washington, que en última instancia manipula las instituciones puertorriqueñas,
se ha inclinado a favor de otra facción del oficialista Partido Nuevo
Progresista (PNP), al cual pertenecen Rosselló y Pierluisi.
En otra interpretación legal tramada, Pierluisi entregó el poder el
miércoles a Wanda Vázquez Garced, la secretaria de Justicia, quien es la
siguiente en la línea sucesoria según la ley de 2005 ahora considerada
parcialmente inconstitucional por la Corte Suprema. La Constitución, por el
contrario, estipula que la Asamblea Legislativa es responsable de seleccionar
un reemplazo para el gobernador si no hay un secretario de Estado confirmado.
Después de semanas expresando renuncia a ser gobernadora, Vásquez
aceptó el cargo el miércoles, publicando un comunicado poco después del fallo
de la corte. “Dado a que la posición de la Secretaría de Estado está vacante,
asumiré la posición e la Gobernación de Puerto Rico, según establece nuestra
Carta Magna”, afirma.
La oposición popular contra Vázquez, sin embargo, es aún más
intensa que contra Pierluisi. No bien anunció Rosselló su renuncia el 25 de
julio, los trabajadores y jóvenes puertorriqueños en las calles adoptaron un
nuevo canto: “¡Qué llueva, qué llueva, Wanda va pa’ afuera!”.
Entre varias acusaciones directas de corrupción en su contra,
Vásquez es identificada ante todo por encubrir la corrupción bajo Rosselló y la
desatención oficial de su departamento respecto a la desaparición de vagones
enteros de ayuda para las víctimas del huracán María de 2017.
Reconociendo la oposición explosiva
contra Vázquez, la Casa Blanca dio órdenes de reemplazarla con Jenniffer
González, una simpatizante de Trump, comisionada residente desde 2017 y
presidenta del Partido Republicano en Puerto Rico desde 2015. “Varias fuentes
de El Nuevo D í a dijeron que uno de
los escenarios más probables es que Vázquez, nombre como secretaria de Estado a
González”, señaló el diario puertorriqueño.
Añadió: “Las fuentes indican que bajo ese escenario, durante los
próximos días, Vázquez renunciaría y dejaría el campo abierto para que González
tome la gobernación. La movida, indican las fuentes ya habría sido acordada con
el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y con el presidente de la
Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez”. Al consultarle sobre esto,
González simplemente dijo al diario “Yo voy a respaldar al que sea que
escojan”.
Tan temprano como el 26 de julio,
el New York Times sugirió
su instalación como una posible solución a la crisis política, escribiendo un
comentario intitulado “Ella es el único vínculo de Puerto Rico con Washington.
Podría ser su futura gobernadora”.
La clase gobernante estadounidense ha perseguido estas maniobras
antidemocráticas detrás de las espaldas del pueblo puertorriqueño e incluso
utilizó la crisis política para suspender $8 mil millones en ayuda federal a la
isla, reconociendo que puede contar con la colaboración de la supuesta ala
“progresista” del Partido Demócrata y sus socios en Puerto Rico.
Más allá de sus lágrimas de cocodrilo por la negligencia criminal
de la Casa Blanca hacia la devastación del huracán María y sobre los
indignantes mensajes de Rosselló, políticos como Alexandria Ocasio-Cortez y
Bernie Sanders, junto a los sindicatos, se han dedicado a encadenar las
protestas y la ira masiva detrás de apelaciones inútiles a las instituciones
coloniales en Puerto Rico.
La
intervención forzosa de cientos de miles de trabajadores en la palestra
política de la isla ha expuesto estas fuerzas, que se presentan como amigos y
defensores de la clase obrera y los oprimidos, como herramientas indispensables
de la oligarquía financiera estadounidense para proteger su gobierno colonial y
burgués e intensificar sus ataques contra los derechos sociales y democráticos
de los trabajadores.
Sus esfuerzos engañosos se han vuelto cada vez más
autocondenatorios conforme se recrudece la crisis política. Carme Yulín Cruz,
copresidenta nacional de la campaña presidencial de Sanders para 2020 y la
alcaldesa de San Juan, tuiteó el miércoles: “A las 5:00 pm juramente Wanda
Vazquez ese es el orden que corresponde. Falta ver a quien nombra Secretario(a)
de Estado. No, Wanda tampoco es la persona, pero ese fue el poder que el pueblo
le dio al PNP. Ese poder se lo vamos a quitar con votos, votos y más votos en
el 2020”.
Cruz, quien está explotando la notoriedad obtenida por criticar la
respuesta del Gobierno de Trump tras el huracán María para postularse como
gobernadora el próximo año, culpa a quienes votaron por el PNP por la crisis
social que está alimentando las protestas, mientras legitima la sucesión de
derechistas del PNP siendo instalados extralegalmente. Al mismo tiempo,
prácticamente confiesa estar al tanto y encubrir la conspiración para instalar
a Jenniffer González como secretaria de Estado/gobernadora, una líder
republicana así como vicepresidenta del mismo PNP.