Por Elias
Nosrati, Michael Marmot
"Enviaré
a un hombre a prisión por pedir comida cuando tenga hambre", fue la
confesión de un juez del Reino Unido antes de condenar a una persona sin hogar
a 4 meses de cárcel por mendicidad persistente. Este no es un incidente
aislado. En toda Europa, un número creciente de personas vulnerables son blanco
de las autoridades públicas por el llamado comportamiento antisocial, en el que
se incluyen un aparentemente irreprimible pero inexplicable impulso a dormir en
pavimentos en lugar de en camas, o de dedicarse a exhibir en público objetos
propios de la pobreza.
Tal comportamiento y
su tratamiento punitivo por parte del Estado es el síntoma de una dinámica
política de mayor alcance. En la Europa posterior a la recesión, un aspecto de esta dinámica ha recibido mucha atención, a saber, la austeridad fiscal, cuyos efectos
nocivos para la salud han sido bien establecidos. Tal conclusión es parte de
una literatura científica emergente que examina cómo el nivel macro de las
fuerzas políticas y económicas ejercen efectos poderosos sobre salud de la
población.
Pero junto con
la reducción del bienestar, también deberíamos considerar el efecto sobre la
salud de la población de legislaciones y políticas disciplinarias mediante las
cuales se limita y controla la inestabilidad que fue provocada por el declive
económico. La política social punitiva combina el desmantelamiento del Estado
del bienestar con la expansión del Estado penal y su correlatos
institucionales. Está asociada con la regulación de la pobreza y de la
fragmentación social en los remolinos de los choques políticos o económicos,
como las recesiones, el declive industrial o la profundización de las
desigualdades. La política social punitiva también refleja las oscilantes
preocupaciones del Estado, que van desde ofrecer apoyo social a los pobres
hasta suprimir su incómoda pero visible presencia en la esfera
pública.
Un modelo de
este patrón se ve en la reciente historia estadounidense, en donde el
crecimiento de las brechas en los ingresos de los de arriba y los de abajo del
orden socioeconómico ha sido acompañada por una disminución de las prestaciones
sociales para la mayor parte de quienes los necesitan. De 1970 a 1996, las
prestaciones para las familias pobres con niños cayeron más del 40% en términos
reales en la mayoría de los estados. Por ejemplo, la media mensual del pago de
las prestaciones sociales para madres solteras procedente de la Ayuda para las
Familias con Hijos Dependientes (AFDC) , medido en dólares constantes, cayeron
en picado de 221 dólares en 1970 a 119 dólares en 1995 lo que equivale a una
disminución neta de más del 50% en poder adquisitivo. Desde la reforma del
Estado del bienestar de 1996 realizada durante el mandato del ex presidente de
Estados Unidos, Bill Clinton, análoga a las actuales transformaciones del
Estado de bienestar británico, las transferencias sociales han caído al menos
otro 20%, hasta el punto de que, a partir de julio de 2016, las prestaciones de
la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas para una familia de tres sin
ningún otro ingreso estaban por debajo de la mitad de la línea de pobreza
oficial en todos los estados de EE UU. En la mayoría de los estados, las
prestaciones fueron inferiores a la línea de pobreza del 30%.
Al mismo
tiempo, desde principios de la década de 1970, en Estados Unidos se han
disparado los encarcelamientos hasta alcanzar un pico de casi ocho reclusos por
cada 1000 residentes, con un número absoluto de más de 2,3 millones de personas
tras las rejas en su máximo en 2006, con una cantidad actual que queda muy
cerca de dicha cifra, lo que equivale a un aumento de siete veces en cerca de
cuatro décadas. La población correccional total, que incluye aquellas personas
en libertad provisional y libertad condicional, en gran parte extraídas de
poblaciones socioeconómicamente pobres y no blancas, ha llegado a alcanzar casi
las 7 millones de personas en Estados Unidos.
Este
crecimiento punitivo no es una función lineal del crimen ya que las tasas de
encarcelamiento son más de tres veces más altas en lugares en donde se
concentra la pobreza que en comunidades con tasas de criminalidad semejantes.
En 1972, el porcentaje de hombres afroamericanos menores de 40 años con no más
de 12 años completados de educación que estaban tras las rejas era
aproximadamente del 4%. En 2010, este número se había más que cuadruplicado
para alcanzar casi 18%. Para los estadounidenses de origen europeo con a lo
sumo un diploma de escuela secundaria, la tasa de encarcelamiento, durante el
mismo período, aumentó de alrededor el 1% a aproximadamente el 4%. Si
observamos solo a aquellos que nunca completaron su educación secundaria, la cifra
aumentó del 12% al 35% para los
afroamericanos y del 2% a alrededor del 13% para los europeos. Por el
contrario, para personas con al menos algo de educación universitaria, las
tasas de encarcelamiento se mantuvieron prácticamente sin cambios en ambos grupos,
alrededor del 2% y del 0,5%, respectivamente. La comparación de cohortes de
nacimiento de individuos nacidos durante 1945-1949, por un lado, con los
nacidos durante
1975-1979, por otro, revela que las probabilidades de encarcelamiento estimadas
durante el curso de la vida para aquellos sin un diploma de estudios
secundarios, ha aumentado del 4% a algo menos del 30% para los estadounidenses
de origen europeos y de alrededor del 15% a más del 60% para los
afroamericanos.
¿Cómo se
relacionan estos cambios con las desigualdades en salud y bienestar? La
Revisión Marmot de 2010 ofreció seis recomendaciones de políticas para el Reino
Unido: dar a cada niño el mejor comienzo en la vida; permitir a las personas
maximizar su capacidades y tener control sobre sus vidas; crear un ambiente de
trabajo justo para todos; asegurar niveles de vida saludables para todos; crear
y desarrollar comunidades saludables y sostenible; y fortalecer el papel y el
impacto de la prevención de las enfermedades. Pero la política social punitiva
funciona en contra cada una de estas recomendaciones intensificando las
consecuencias que tiene el declive económico para las desigualdades en salud.
En Estados
Unidos, los exreclusos están sumidos en un contexto de salarios bajos, trabajos
precarios, si no de sencillamente desempleo crónico, y tienen tasas de
mortalidad cerca de 13 veces mayores que las de la población comparable,
especialmente debido al suicidio, exposición a violencia en el vecindario y el
desarrollo de enfermedades relacionado contra el estrés. Para una madre soltera
que lucha por ganar lo mínimo para sobrevivir mientras su compañero completa su
sentencia tras las rejas, el desahucio da como resultado una una nueva forma de
descenso social, ya que podría conducir a una incapacidad para asegurar una
vivienda digna para su familia, a un nuevo descenso social y a un aumento del
riesgo de acabar viviendo en la calle sin techo. De estos impactos del
encarcelamiento se deduce que, en el origen, la política social punitiva es un
determinante de los efectos de experiencias adversas durante la infancia: sus
graves efectos transgeneracionales quedan ilustrados por cómo los niños con un
padre encarcelado tienen una mayor probabilidad, entre otros factores, de
abandonar la escuela, quedarse sin hogar y sufrir una variedad de problemas de
salud. El hecho de que el riesgo acumulado de experimentar el encarcelamiento
parental a la edad de 14 años entre los niños afroamericanos conduzca a que el
abandono de la escuela secundaria supere el 50% informa de la magnitud de este
fenómeno social, político y de salud pública. Desahucio, movilidad residencial
descendente y una resultante inestabilidad en las relaciones sociales agravan
las exposiciones durante la infancia a acontecimientos adversos que activamente
modelan las trayectorias vitales y la susceptibilidad a las enfermedades.
Además, así
como la austeridad tiene efectos regionalmente diferenciados en Europa,
paisajes urbanos concretos se han atrofiado bajo el peso del sistema de
justicia penal en EE UU, el cual ha extirpado de su barrios a hombres en lo
mejor de su vida, deja familias desgarradas, rompe las redes sociales, y atrapa
a comunidades locales en ciclos viciosos de declive económico, violencia,
malestar ciudadano y nuevos tratamientos punitivos por parte del estado. En tal
clima, las intervenciones de salud pública, allí donde no se han cancelado
debido a recortes en el Estado de bienestar, no podrán eliminar las
desigualdades en salud a menos que aborden y reparen sus determinantes desde la
raíz. En otras palabras, ¿por qué tratar personas y enviarlos de vuelta a vivir
en condiciones que les hicieron enfermar?
¿Es todo esto
una peculiaridad estadounidense? Ciertamente, la reducción de las políticas de
bienestar no lo es: a raíz de una estricta austeridad fiscal, durante la post
recesión en Europa, la salud de la población ha sufrido un golpe. El cinturón
de ajuste presupuestario ha erosionado los sistemas de salud, ha precipitado
brotes de enfermedades infecciosas e hizo que los patrones sociales de salud y
enfermedad fueran más pronunciados. Tampoco es la expansión penal una
singularidad estadounidense. Aunque en ningún sitio se acerca a las cifras
absolutas de Estados Unidos —y a pesar de las penas no privativas de la
libertad— las cárceles europeas están al límite de su capacidad: solo algo
menos del 30% de las administraciones penitenciarias experimentan hacinamiento
y, desde 2009, la densidad penitenciaria europea se ha mantenido cercana al
100%. En Inglaterra y Gales, el sistema penitenciario ha estado superpoblado
todos los años desde 1994 y la población carcelaria ha aumentado un 82% en las
últimas tres décadas. En toda Europa, las presiones políticas sobre el estado
del bienestar han estado acompañadas por el tratamiento punitivo de aquellos
encadenados a los peldaños inferiores del orden socioeconómico; en particular,
los migrantes poscoloniales y sus descendientes, cuya presencia
desproporcionada en las cárceles europeas se hace eco de la de los
afroamericanos al otro lado del Atlántico.
Para los
investigadores y los responsables de políticas en salud pública, y para otros,
es urgente que adoptemos un enfoque multidimensional en la comprensión de las
desigualdades y los determinantes causales en su raíz. Las causas de
las causas de la mala salud no operan aisladas unas de otras y tienden
a formarse mutuamente en la intersección de poderosas fuerzas políticas y
económicas. Para revertir los efectos duraderos de la política social punitiva,
por lo tanto, es insuficiente actuar sobre un único determinante de salud,
incluso si ese determinante de salud está causando daños importantes por sí
mismo. Por ejemplo, poner fin a la hipercarcelación es poco probable que ayude
a los más vulnerables de la sociedad a menos que la prisión se vea en conjunto
con otras importantes instituciones sociales, incluidas las escuelas, los
mercados laborales y los sistemas de salud y de asistencia social. Además, uno
no puede ayudar sin percatarse de que el intervencionismo retributivo del
estado dirigido a la parte inferior de la estructura de clases está en marcado
contraste con su proteccionismo benefactor hacia los de arriba, el cual se
caracteriza por un abanico de generosos beneficios integrados en un régimen de
impuestos hábilmente adaptado. En resumen, ofrecer bienestar a los ricos
mientras se castiga a los pobres no es un medio de lograr la equidad en salud.
Otras lecturas
Desmond M. Evicted: poverty and profit in the
American City. New York: Penguin, 2016
Faricy L. Welfare for the wealthy: parties, social
spending, and inequality in the United States. New York, NY: Cambridge University
Press, 2016
Geremek B. Poverty: a history. Oxford: Blackwell, 1997
Stuckler D, Basu S. The body economic: eight
experiments in economic recovery, from Iceland to Greece. London: Penguin, 2013
Travis J, Western B, Redburn FS. The growth of
incarceration in the United States: exploring causes and consequences.
Washington, DC: The National Academies Press, 2014
Wacquant L. Punishing the poor: the neoliberal
government of social insecurity. Durham, NC:
Duke University Press, 2009. Trad: Castigar a los pobres. El gobierno
neoliberal de la inseguridad social. Gedisa, 2010 <https://issuu.com/hansmejiaguerrero/docs/wacquant._castgar_a_los_pobres>;
Western B. Homeward: life in the year after prison.
New York, NY: Russell Sage Foundation,