Entre la tarde del 8 de marzo y la
madrugada del 10, Venezuela fue víctima de un nuevo ataque de sabotaje, el
mayor en su historia republicana, a la central hidroeléctrica del Guri,
que dejó sin electricidad a por lo menos un 80% de la población, con el objetivo
de socavar todo intento por parte del Gobierno venezolano de lograr la
estabilización de la economía y frenar el cuadro insurreccional que
Estados Unidos y sus delfines como Juan Guaidó intentan culminar exitosamente
en el país.
1. La preparación del shock. Previo al sabotaje que estremeció
al conjunto del Sistema Eléctrico Nacional, dejando sin luz a gran parte del
país durante los últimos dos días, varios movimientos y pronunciamientos
anunciaban que recurrirían a una acción de fuerza bruta.
El retorno falsamente
épico de Guaidó duró menos de lo esperado en cartelera, ante la llegada
del “presidente interino” no hubo deserciones críticas en la FANB que
mezcladas con una revuelta social generalizada lo instalara en Miraflores para
ejercer el poder. Ese round de recuperación (su gloriosa llegada a Maiquetía),
tras la derrota del 23 de febrero, día en que dio por sentado el ingreso de la
“ayuda humanitaria”, no surtió efecto más allá del frenesí temporal de los
medios. En consecuencia, Guaidó volvió al incómodo punto de partida de hace dos
meses. Desgastado por la derrota del 23 de febrero y sin acciones concretas de
mando presidencial que lo catapulten a lo interno, la orquestación de las
siguientes operaciones correría a totalidad por cuenta de Estados Unidos.
Un excitado como de costumbre
Marco Rubio, anunciaba horas antes del apagón que los “Venezolanos vivirán
la más severa escasez de alimentos y gasolina”, dejando ver que tenía
conocimiento de que algún tipo de shock se suscitaría en las próximas horas.
Por su parte, el gobierno ruso emitió un comunicado alertando que “Estados
Unidos está elaborando un plan de respaldo que trata de introducir en Venezuela
grupos armados ilegales entrenados con el fin de llevar a cabo sabotajes y
actividades subversivas”. La guerra sucia en curso fue alertada por ambos
bandos del conflicto geopolítico sobre Venezuela.
La profecía autocumplida de
Rubio se hizo realidad en un apagón generalizado que tuvo un impacto ampliado
en la red bancaria, de telecomunicaciones y de servicios públicos vitales del
país (hospitales, provisión de agua, transporte, etc.), obstaculizando de forma
prolongada su funcionamiento y paralizando las actividades rutinarias de la
población. En resumen, un ataque encubierto al centro de gravitación del
sistema eléctrico venezolano, planificado para agudizar el malestar social y
económico, reflotar la narrativa de “crisis humanitaria” y “Estado
fallido”, con la cual esperan reactivar el alicaído liderazgo de Guaidó.
Pero esta tendencia de apelar
a las opciones antipolíticas y de guerra no convencional cuando los recursos
políticos no dan resultados, no es nueva ni reciente (basta recordar los
ataques eléctricos continuados cuando las revoluciones de color de 2014 y 2017
entraron en reflujo). A su modo Bloomberg lo insinuó en su último reportaje. El
desgaste de Guaidó, su incapacidad para encabezar un proceso de transición más
o menos serio, despeja el terreno para que los ataques como los del Guri, la
violencia armada, irregular, la guerra de sabotaje al estilo Contra
nicaragüense, se conviertan en alternativas “legítimas” y
“urgentes” para confrontar al chavismo. De esas formas de guerra tiene
amplio conocimiento el delegado de Trump hacia Venezuela, Elliott Abrams,
el papá de la guerra mercenaria contra Nicaragua en los 80.
2. Embargo y sanciones: las
armas de destrucción masiva. A las vulnerabilidades históricas de un sistema eléctrico
dependiente de los ingresos de la renta petrolera, se ha sumado una feroz
política de sanciones financieras que ha mermado la capacidad de inversión
pública en ramas estratégicas del Estado. Se contabilizan en 30 mil millones de
dólares el dinero venezolano embargado por Estados Unidos, que utilizando como
herramienta el “gobierno paralelo” de Guaidó, ha dejado al país sin
recursos líquidos con los que atender las dificultades que estimulan las
sanciones. Mientras tanto, Guaidó usa el dinero embargado, según él, para
cancelar opacamente algunos intereses de la deuda externa.
El sistema eléctrico nacional
ha estado bajo ataque por una mezcla explosiva entre desinversión potenciada
por el bloqueo financiero, pérdida de personal técnico especializado por la
depreciación del salario y operaciones de sabotaje sistemático, las últimas
puestas siempre en vigor cuando la ofensiva política la recupera el chavismo.
Razón tenía Chris Floyd, autor del libro The Empire Burlesque en designar las sanciones
financieras como un “holocausto”: el empleo de esta arma de destrucción masiva
en países como Irak, Irán y Siria, da cuenta de que el daño a la
infraestructura crítica es similar a una intensa campaña de bombardeos con
misiles crucero.
En tal sentido, el apagón es
una extensión del embargo contra Venezuela, de la política estadounidense de
restringir importaciones, bloquear cuentas y obstaculizar el acceso a dinero
líquido en el mercado financiero internacional y en su propio mercado
petrolero, prohibiendo el pago de las exportaciones a Venezuela. El apagón
también es una metáfora del estado de sitio en el cual se mantiene al país y
cómo el bloqueo financiero, que obstaculiza el uso de dinero para recuperar un
ya debilitado sistema eléctrico nacional que sostiene la actividad petrolera y
económica del país, es el sustituto de las armas bélicas.
3. La modalidad del golpe
cibernético y crimen de lesa humanidad. En un primer momento, y así lo haría saber Guaidó con
su llamado a un “paro nacional” el pasado martes frente a algunos
sindicatos de la administración pública, una acción de fuerza vendría a
precipitar esa parálisis anunciada. La modalidad de fabricar una situación de
colapso, como cuando la plataforma de pagos de Credicard, en
2016, anuló su sistema para interrumpir todas las actividades
comerciales y económicas del país, esta vez fue ejecutada ampliando su radio de
afectación.
Y es que la carga de estrés y
descontento que se busca inducir en la población, a modo de combustible para
estimular una situación de anarquía generalizada que de alguna manera pudiera
ser canalizada en protestas violentas a favor de Guaidó, indica que la estrategia
de caos (mediante sabotaje cibernético y artesanal focalizado hacia
infraestructuras críticas que hacen funcionar al país) es utilizada como
herramienta de shock masivo con el objetivo de desgastar a la población. La
operación no es sólo de guerra eléctrica, pues sus consecuencias cubren todas
las actividades rutinarias de la sociedad venezolana, a la cual se le
obstaculiza el acceso a los alimentos, al servicio hospitalario y a las
comunicaciones básicas. Los focos violentos que buscaron prender se extinguieron
rápido ante un clima de agotamiento colectivo que esperaba la llegada de la
electricidad.
Un crimen de lesa humanidad
visto a la luz del Estatuto de Roma y de la legislación internacional, en tanto
se busca la destrucción física de un grupo poblacional utilizando como armas de
guerra los elementos básicos de su subsistencia.
Marco Rubio y Mike Pompeo
reaccionaron de forma jocosa ante el apagón, imprimiéndole una carga de
humillación y sadismo que refleja con exactitud las motivaciones y la estrategia
de fondo del golpe contra Venezuela: a medida que el “plan Guaidó” falla en sus
objetivos de alcanzar la fractura de la FANB que deponga a Maduro, la
población civil (sin discriminación ideológica) asciende a víctima de primer
orden de las continuas agresiones militares encubiertas que encabeza Estados
Unidos.
Este golpe cibernético contra
el sistema eléctrico nacional implica una agresión militar de facto, una
extensión de la ocurrida en la frontera colombo-venezolana el 23 de febrero.
4. No es un fin en sí mismo:
condiciones para la guerra irregular. Desde la llegada de Guaidó su proyección
en medios se ha vuelto marginal. Esta premeditada reducción de su visibilidad,
contrasta con el peso cada vez mayor que tiene en cuanto a la orientación del
cambio de régimen el Comando Sur, John Bolton, Marco Rubio y Mike Pompeo. En
tal sentido, los efectos nocivos del apagón encajan a la perfección con la
narrativa de “crisis humanitaria”, bajo la cual el Comando Sur y la ultra
derecha venezolana, desde 2016, movilizan la “urgencia” de activar un
dispositivo de “intervención humanitaria” que neutralice la prohibición
del Congreso estadounidense, del Consejo de Seguridad de la ONU y del consenso
pragmático por la no intervención que se ha gestado en Latinoamérica.
Sin embargo, el apagón como
tal no es un fin en sí mismo. En un nivel operativo, pareciera más bien, sobre
todo por el blackout que generó la interrupción del sistema eléctrico, que se
trata de una maniobra para agudizar las vulnerabilidades del país y medir la
capacidad de respuesta militar de los sistemas defensivos de la República de
cara a una acción militar irregular y mercenaria, que aprovecharía el contexto
de bloqueo informativo para encubrir incursiones armadas, su mapa operacional y
a los responsables directos en el terreno.
Por ende, a nivel del teatro
de operaciones de la guerra contra Venezuela, el apagón se traduce en la
generación de un panorama difuso y de confusión que favorecería la ejecución de
operaciones de bandera falsa, incursiones paramilitares y otras acciones
violentas que precipiten un estado de conmoción generalizado, que pueda ser
presentado como el hecho desencadenante de una intervención militar preventiva,
sea para “estabilizar al país por la crisis humanitaria” o para “salvar a los
venezolanos de una situación de Estado fallido” en “crisis humanitaria”. En ese
marco narrativo, Julio Borges, Antonio Ledezma, Juan Guaidó y el gabinete de la
guerra contra Venezuela en Washington, se dan la mano y trabajan en conjunto
amparados bajo la doctrina del caos controlado de factura estadounidense.
Con el apagón buscan darle
concreción física a la “crisis humanitaria”, ya no sólo a nivel
propagandístico, sino aprovechando las bajas humanas y complicaciones de
distinto orden que ha generado la operación de sabotaje.
5. Características de la
agresión. Esta
vez no hubo un ataque a subestaciones o a líneas de transmisión eléctrica, como
se había ensayado en distintas ocasiones con anterioridad, según manuales de
sabotaje de la CIA contra la Nicaragua sandinista de los 80, ya
desclasificados.
Cabe acotar que el software
usado (llamado Scada) en el Sistema de Control Automatizado (SCA) que
operativiza el funcionamiento de los motores es el creado por la empresa ABB,
que desde hace años no trabaja en el país. Esta empresa ABB, que en Venezuela
trabajó como Consorcio Trilateral ABB (ABB Venezuela, ABB Canadá, ABB Suiza),
diseñó un proyecto de modernización del Guri a finales de la década
pasada, durante el gobierno de Hugo Chávez, en el que describe a profundidad
tanto el sistema atacado como la organización básica del Guri.
El analista geopolítico
Vladimir Adrianza Salas, en entrevista con Telesur, relaciona el ataque con el
consorcio. Explicó que el embalse del Guri “requiere un sistema de control que
técnicamente se llama ‘sistema scada’, el cual no es otra cosa que un sistema
de supervisión, control y requisición de datos que permite, desde la
perspectiva informática, controlar todos los elementos de generación de
energía. Si saboteas esto, saboteas el funcionamiento. Pero para sabotear esto
necesitas dos cosas: o debes tener acceso desde afuera o debes tener
complicidad interna para modificar los procesos”.
Precedentes de este tipo se
encuentran en países atacados o presionados directamente por Estados Unidos,
como Irak y el Líbano, donde los apagones han sido sistemáticos y de forma
consecutiva, uno tras otro durante decenas de horas. Las “réplicas” en la interrupción
del suministro de energía responderían a estas secuencias de ofensivas que ya
han sido experimentadas en otros contextos de guerra asimétrica e irregular.
La creación de ejércitos de
hackers y de materiales de ciberguerra por parte de la CIA y la NSA ha sido
documentado por esta tribuna: reseñamos un documental en el que explicaba
el origen del virus Stuxnet, por el que se debe señalar los pasillos de estas
agencias de inteligencia estadounidenses. Aquel instrumento de ciberataque tuvo
como objetivo tanto el sabotaje en las instalaciones de investigación nuclear
en Irán como el fin de instalar un cuadro circunstancial que pudiera concluir
en un ataque a la red nacional automatizada iraní de electricidad (sistema
análogo al del Guri), en caso de guerra declarada entre Washington y la
República Islámica.
El presidente Nicolás Maduro,
en horas de la tarde noche del 9 de marzo, aseguró que este el más grande
ataque contra Venezuela en los últimos 200 años republicanos, luego de que se
extendiera, de manera intermitente, el ataque al sistema eléctrico nacional a
las 60 horas.
6. Frenar las tendencias de
recuperación. El
apagón ocurre en medio de tendencias en la recuperación a distinta escalas, a
nivel económico, una baja de los precios en alimentos sensibles ha reducido la
crispación de principios de año, mientras que a nivel financiero la
reestructuración del mercado cambiario ha logrado contener una de las variables
de la inflación inducida: el aumento del precio de las divisas en el mercado
negro. Estas tendencias han favorecido a la estabilidad política del país, en
medio de agresiones no convencionales y amenazas de intervención militar,
quitándole a Guaidó no sólo poder de convocatoria, sino capacidad de maniobra
para capitalizar el malestar generalizado provocado por las sanciones.
Así, el apagón busca frenar
estas tendencias de recuperación social, política y económica, agravando
mediante un boicot generalizado los medios de pago, el acceso a los alimentos y
a los hospitales y el desenvolvimiento normal de la sociedad venezolana. De
igual forma, la agresividad del ataque tiene como objetivo debilitar la
producción petrolera e industrial del país.
7. La conciencia del país
(recordar 2002-2003) y el pulseo de la intervención. Así como en 2002, la población
venezolana ha vivido una prueba de fuego generalizada. Una operación de
sabotaje dirigida a precipitar un caos generalizado, que ponga en riesgo la
salud y la alimentación de la gente, la actividad económica del país, sus
telecomunicaciones y nuestras rutinas más básicas, nos retrotrae al paisaje del
sabotaje petrolero de los años 2002-2003, donde la oposición de ese momento,
los mismos que gestionan una intervención junto a Estados Unidos y Colombia,
ejecutaron un estado de sitio paralizando la industria petrolera.
La reacción de la población,
atacada psicológicamente durante los últimos años con el fin de estimularla a
una guerra civil que posibilite una intervención, ha sido adversa al cálculo
del sabotaje. Se ha impuesto la calma, el empleo de reverberos en los edificios
y barrios para cocinar, la movilización de los recursos físicos del país para
atender las emergencias más apremiantes; pero sobre todo la vocación
generalizada del país de no caer en una provocación que busca desembocar en una
confrontación civil y armada. La violencia fue derrotada como en 2002-2003, ese
paisaje que marca nuestra historia contemporánea hoy ofrece la lección de que
tras una prueba de fuego superada, donde la brutalidad del golpe es de impacto
masivo, la cohesión del pueblo se reafirma.
Al cierre de esta
publicación, Juan Guaidó intenta canalizar el impacto del apagón para “declarar
una emergencia extraordinaria” en la Asamblea Nacional, porque según él “llegó
el momento de dar el paso”, coqueteando con la idea de usar la Constitución
para legitimar una intervención. Justamente en esa orientación a modo
de cierre del ciclo del sabotaje, puede verse que el fin del apagón
intenta fabricar las condiciones de anarquía, caos y ausencia de servicios
vitales, para presionar por una “intervención humanitaria” en suelo
venezolano, con el beneplácito de la Asamblea Nacional y la “coalición de
países” latinoamericanos, prestos a una acción de fuerza, que está armando John
Bolton.
Esa presión, sin embargo, es
específica y escalonada. Ante la llegada de la misión técnica de la Alta
Comisionada de DDHH, el apagón buscará ser canalizado hacia un engorde del
expediente de la “crisis humanitaria” en Venezuela, que bien agenciado y
promovido en los medios, pueda resultar en un cambio de posturas a nivel de la
región, de la misma ONU, del Congreso estadounidense, sobre la “urgencia” de
una acción de “socorro humanitario” solicitada por el “gobierno paralelo”.
Una maniobra que baja el
telón para Guaidó, quien preso de un plan mal concebido y dependiente de la
cadena de mando del gabinete de la guerra contra Venezuela en Washington,
debe ser sacrificado en función de abrirle a la guerra. Imagen lo
suficientemente convincente del sacrificio, es que un política use una palanca
del poder del Estado, en este caso la Asamblea Nacional, para legitimar una
intervención militar extranjera. Un suicidio acompañado por sectores de la
ultra caraqueña, hijos directos de los primeros colonizadores españoles, que
claman por que se active la Responsabilidad de Proteger (R2P) que destruyó
Libia, Kosovo, Irak, y otras regiones que Estados Unidos ha saqueado para
mantener su estatus de potencia.
Pero el apagón debe ser otra
lección, y debe obligarnos a mirar en los códigos sociales y hábitos colectivos
y de solidaridad que emergieron en 2002-2003, nuestras armas como
comunidad histórica y espiritual a disposición para mantener el hilo de
vida de la historia patria.