El efecto de las
sanciones
Por Mark Weisbrot
Mientras
que los estadounidenses han protestado y se han rebelado legítimamente en
contra de la declaración de emergencia nacional del presidente Trump para construir
su preciado muro, lo que privaría al Congreso de ejercer su autoridad
constitucional sobre el gasto; el presidente ha usado días atrás otra falsa
declaración de emergencia nacional que ha pasado ampliamente desapercibida.
Cada
orden ejecutiva anunciada por Trump en la que se imponen sanciones económicas a
Venezuela incluye una frase que declara que Venezuela está causando una
“emergencia nacional” a Estados Unidos y que representa “una amenaza inusual y
extraordinaria para la seguridad nacional” de Estados Unidos.
El
hecho de que estas absurdas afirmaciones hayan pasado desapercibidas en los
principales medios de comunicación muestra cuán débil es el Estado de derecho
en Estados Unidos en lo referido a la política exterior, tal y como han
señalado expertos legales. Esto es especialmente cierto para aquellas medidas
de agresión perpetradas por nuestro gobierno y que tienen como consecuencia la
muerte de personas en otros países.
Y
no hay que equivocarse al respecto: las sanciones de Estados Unidos a Venezuela
están matando personas y han estado matando personas ya por algún tiempo, como
ha señalado el economista de la oposición Francisco Rodríguez, el principal
experto en el mundo en economía venezolana.
No
existen estimaciones de la cantidad de muertos ocasionados por las sanciones,
pero dada la experiencia en países con situaciones similares, es probable que
haya miles o decenas de miles hasta el momento. Y empeorará rápidamente si las
recientes sanciones persisten.
¿Cómo
es que las sanciones matan gente? En general, lo hacen dañando la economía.
Esto incluye pérdidas de empleo e ingresos de quienes ya enfrentan una
situación desesperada; pero sobre todo, incluye la disminución del acceso a
bienes esenciales para salvar vidas, como medicamentos, suministros médicos y
atención médica.
Por
ejemplo, en la década de 1990 en Irak, la cantidad de niños que murieron a
causa de las sanciones se contaron por los cientos de miles.
Pero
el pueblo venezolano ha sido incluso más vulnerable a las sanciones económicas
de Estados Unidos que el iraquí. Venezuela depende de las exportaciones de
petróleo para casi todos los dólares que la economía necesita para importar
artículos de primera necesidad, como medicamentos y alimentos. Esto significa
que todo lo que reduce la producción de petróleo está afectando principalmente
al común de la población, pues reduce los dólares que el sector privado y el
gobierno emplean para importar bienes que cubran las necesidades básicas de las
personas, así como para el transporte, piezas de repuesto y la mayoría de los
artículos que la economía requiere para funcionar.
Las
sanciones de Trump de agosto de 2017 impusieron un embargo financiero que ha
cortado casi todo el acceso de Venezuela a la obtención de préstamos. Esto tuvo
un enorme impacto en la producción de petróleo, que ya había estado
disminuyendo. La tasa de declive se aceleró rápidamente; durante el año
posterior a las sanciones, caería en 700,000 barriles por día, aproximadamente
tres veces más rápido que en los 20 meses anteriores. Esta aceleración en la
pérdida de producción de petróleo posterior a las sanciones equivale a la
pérdida de más de $6 mil millones. A modo de comparación, cuando la economía
venezolana estaba creciendo, Venezuela gastaba alrededor de $2 mil millones por
año solo en medicamentos. Se ha estimado que el total de las importaciones de
bienes para 2018 fue de $11.7 mil millones.
Cuando
se impusieron estas sanciones, Venezuela ya sufría una profunda recesión y
tenía problemas en la balanza de pagos, los que requerían una reestructuración
de la deuda. Para reestructurar la deuda, el gobierno tiene que ser capaz de
emitir nuevos bonos, pero las sanciones de Estados Unidos hicieron esto
imposible.
Las
sanciones de Trump –tanto las sanciones de agosto de 2017 como el nuevo embargo
de petróleo– hacen que también sea casi imposible para el Gobierno tomar
medidas que pongan fin a la hiperinflación, la que actualmente se estima en 1.6
millones por ciento anual. Para estabilizar la hiperinflación se debe restaurar
la fe en la moneda nacional. Esto podría hacerse a través de la creación de un
nuevo sistema de tasa de cambio y otras medidas que requerirían el acceso al
sistema financiero internacional basado en el dólar. Sin embargo, las sanciones
lo impiden.
Las
sanciones impuestas por el Gobierno de Obama en marzo de 2015 (para las que
igualmente se declaró una “emergencia nacional”) tuvieron también un impacto
muy grave. Esto es bastante conocido dentro de las instituciones financieras,
pero por lo general no se informa en los principales medios de comunicación,
los que abordan estas sanciones tal y como las anuncia el Gobierno de EEUU,
como “sanciones impuestas a individuos”. Pero cuando los individuos son
funcionarios gubernamentales de alto rango, por ejemplo, el ministro de
Economía y Finanzas, las sanciones causan enormes problemas, ya que estos
funcionarios son aislados de las transacciones necesarias en la mayor parte del
sistema financiero mundial.
Las
instituciones financieras se alejaron cada vez más de Venezuela después de
marzo de 2015, ya que vieron los riesgos de otorgar préstamos a un Gobierno que
Estados Unidos estaba cada vez más decidido a derribar y, a medida que la
economía empeoraba, parecía más probable que tuviera éxito. El sector privado
venezolano se vio privado del acceso vital al crédito, lo que contribuyó a la
caída sin precedentes –en realidad, casi increíble– del 80 por ciento de las
importaciones en los últimos seis años, lo que ha devastado esta economía
dependiente de las importaciones.
El
23 de enero, el Gobierno de Trump anunció que estaba reconociendo a Juan
Guaidó, actualmente jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, como “presidente
interino” del país. Al hacerlo (junto con los países aliados políticamente),
Washington impuso básicamente un embargo comercial contra Venezuela. Esto es
así ya que cualquier ingreso proveniente de las ventas de petróleo de cerca de
las tres cuartas partes de los mercados de exportación de Venezuela (Estados
Unidos y sus aliados) ya no se destinará al Gobierno, sino al “presidente
interino”. Se establecieron algunas excepciones temporales para las compañías
petroleras estadounidenses, pero este embargo es lo suficientemente amplio como
para multiplicar rápidamente el daño económico, el sufrimiento y la muerte que
han causado las sanciones anteriores.
En
una declaración sobre las recientes sanciones emitida por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se señaló que
“precipitar una crisis económica y humanitaria en Venezuela no es una base para
la solución pacífica de las controversias”.
Siguiendo
las declaraciones y acciones del equipo de Trump (incluido el asesor de
seguridad nacional, John Bolton, el senador Marco Rubio y el criminal de guerra
de los años ochenta y ahora enviado especial a Venezuela, Elliott Abrams) se
desprende que no están interesados en una resolución pacífica a la crisis
venezolana. No son de los que se preocupan por la cantidad de personas que
morirán en el camino que lleve al derrocamiento del Gobierno.
La
verdadera pregunta es por qué reconocidos progresistas de la talla de la
presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi, apoyan
esta operación ilegal y cruel. ¿Acaso es posible que no sepan lo que están
haciendo Trump y sus sanciones?
*
Codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for
Economic and Policy Research, CEPR) en Washington D.C. y presidente de la
organización Just Foreign Policy. También es autor del libro Fracaso. Lo que
los ‘expertos’ no entendieron de la economía global (2016, Akal, Madrid).