El bloqueo económico y otras medidas
coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela atentan contra los derechos
humanos de la población nacional, concluye un estudio realizado por Sures, una
asociación civil de defensa de tales derechos desde una óptica alternativa.
El informe, elaborado
por María Lucrecia Hernández y Ana Gabriela Salazar, precisa que
desde el año 2014 hasta marzo de 2019 Venezuela ha sido objeto de 35 medidas
coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido,
la Unión Europea, Suiza, el denominado Grupo de Lima y Panamá, las cuales
“vulneran directamente los derechos humanos de las personas que habitan en su
territorio, entre otras, porque obstaculizan e impiden al Estado garantizarlos
y protegerlos, al tiempo que afectan negativamente el desarrollo económico y
social”.
El impacto más grave se da
contra los derechos a la vida, la integridad personal y la alimentación del
pueblo venezolano. Según Sures, las llamadas sanciones y el bloqueo financiero
contravienen, entre otras las siguientes normativas internacionales:
-Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
-Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos
-Convención sobre Derechos
del Niño de la Organización de las Naciones UnidaS
-Convención Americana de
Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
Intensidad creciente
El informe señala que las
sanciones y el bloqueo económico se han venido incrementando, ampliando e intensificando
desde el año 2017, particularmente desde la convocatoria, elección e
instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.
El documento recuerda que
este proceso se inicia con la aprobación por el Congreso de los
Estados Unidos, en diciembre de 2014, durante la administración de Barack
Obama de la Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil.
“La importancia de este
instrumento jurídico es que dicta la línea de acción para la política del
Gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela, que también ha marcado la hoja
de ruta para que otros Estados, bajo su influencia y dominación, hayan adoptado
en los últimos años una serie de medidas coercitivas unilaterales en su
contra”, precisa.
Para los especialistas de
Sures, “esta ley incluye un conjunto de sanciones dirigidas al
bloqueo económico, financiero y comercial de Venezuela, pero adicionalmente
prevé expresamente ‘trabajar’ con los Estados miembros de la Organización de
Estados Americanos y la Unión Europea, para asegurar la injerencia en los
asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es, se trata de
una ley que de forma explícita y expresa reconoce que contraviene los
principios fundamentales del Derecho Internacional Público, de la Carta de la
Organización de Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de Estados
Americanos”.
EEUU lleva la batuta
El análisis realizado por la
asociación civil puntualiza que 63% de las medidas coercitivas unilaterales han
sido impuestas por el Gobierno de Estados Unidos; totalizando 22 sanciones
desde el año 2014. En segundo lugar, la Unión Europea ha aplicado 4 sanciones,
lo que representa 11%.
“Las sanciones contra
Venezuela provienen fundamentalmente de países del Norte, que históricamente
han sostenido relaciones de dominación, coloniaje y explotación sobre los
países del Sur. Por ello, su actuación necesariamente debe analizarse desde la
perspectiva y contextos de los conflictos Norte-Sur, así como de las luchas de
los pueblos por su emancipación y liberación frente a todas las formas de
imperialismo”, reflexionan las autoras del informe.
En el texto se subraya la
lacerante ironía de unas medidas que dicen estar orientadas a aliviar el
sufrimiento del pueblo venezolano, pero que lo han agravado al prohibir
“taxativamente a las ciudadanas y ciudadanos norteamericanos y demás personas
en territorio estadounidenses (empresas privadas, organizaciones de la sociedad
civil, instituciones de beneficencia, entre otras) realizar cualquier tipo de
transacción o negocio con alguna persona o entidad del Estado venezolano, al
tiempo que prevé amplias sanciones a quien así lo hiciere”.
Para Sures, esta situación
establece expresamente un bloqueo económico, financiero y comercial contra
Venezuela, muy parecido al que ha impuesto sobre el pueblo cubano durante
décadas a través la Ley Helms-Burton, que ha sido ampliamente rechazada
por la Asamblea General de la ONU.
Ataque incesante
El informe hace un recuento
histórico de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales, destacando
que a partir de 2017 se produce una intensificación de los actos de
injerencia en los asuntos internos de Venezuela. “Solo durante ese año, la
Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado emite seis
sanciones desde febrero hasta noviembre del 2017. Adicionalmente, en el mes de
agosto del 2017, el presidente Donald Trump decreta una nueva orden ejecutiva,
en la cual se vuelve a amenazar militarmente a Venezuela al declararla
‘una inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional y la política
exterior de Estados Unidos’. Estas sanciones, sumadas a otras medidas impuestas
por el Departamento del Tesoro, se encontraban dirigidas explícitamente a
rechazar, desconocer e impedir la elección, instalación y funcionamiento de la
Asamblea Nacional Constituyente”.
Entre las acciones de
sabotaje más significativas, señalan la del 19 de marzo del 2018, mediante la
cual se prohíbe cualquier transacción mediante el uso de la criptomoneda
digital petro, creada por el Estado venezolano para superar la crisis económica
derivada de la disminución del precio de los hidrocarburos, así como el bloqueo
económico, financiero y comercial. Igualmente se han aplicado medidas
específicas contra el Banco Central y Petróleos de Venezuela, así como respecto
a las transacciones con el oro proveniente de Venezuela.
Contra la autodeterminación
“Deseamos llamar la atención
respecto a que las sanciones impuestas en los últimos meses por el Gobierno de
EEUU tienen como objetivo desconocer y vulnerar la convocatoria, elección,
instalación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, como
también las elecciones presidenciales del 2018, en abierta violación del
derecho del pueblo venezolano a su libre determinación. Así, observamos que a
partir del primero de mayo del 2017, con la convocatoria a la Asamblea Nacional
Constituyente, durante la campaña para la elección de las y los constituyentes
en el mes de julio, hasta su instalación y puesta en funcionamiento, se emite
una mayor cantidad de medidas unilaterales coercitivas contra Venezuela, muchas
de ellas con menciones explícitas en contra de este proceso de participación
ciudadana. Igualmente, desde la convocatoria a las elecciones presidenciales
hasta su ejecución se impusieron cinco medidas coercitivas contra Venezuela”,
reza el informe.
Canadá y la UE a la zaga de
EEUU
“El Gobierno de Canadá
también ha secundado al de EEUU en la aplicación de medidas unilaterales
coercitivas en contra de Venezuela, así como en los actos de injerencia en sus
asuntos internos. Hasta la fecha ha dictado y aplicado tres medidas de carácter
general. En primer lugar, un Reglamento de Medidas Económicas Especiales, en el
cual se establece un conjunto de medidas económicas contra la República y las
personas a quienes el Gobierno canadiense considere de forma absolutamente
discrecional y subjetiva como ‘responsables’ de la situación nacional. Este
Reglamento es la expresión concreta de la alianza entre Canadá y Estados Unidos
contra Venezuela, el 5 de septiembre de 2017. Se trata, a grandes rasgos, de
una norma jurídica que replica en mayor o menor medida las que habían sido
previamente dictadas por EEUU, que incluye otras prohibiciones y restricciones
en materia de transacciones y servicios financieros”, puntualiza Sures.
“Por otra parte, la Unión
Europea también ha adoptado una serie de sanciones a partir del mes de
noviembre del 2017, en perfecta articulación y siguiendo las orientaciones del
Gobierno de EEUU (…) Posteriormente, en enero del 2018, la Unión Europea
sanciona a las máximas autoridades de una serie de órganos y entes del Estado
venezolano, incluyendo muchos de elección popular, entre otros, del Consejo
Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la
República, así como de los cuerpos de seguridad ciudadana y el ministerio del
Poder Popular con competencia en materia de Interior y Justicia”.
Imitadores
en el vecindario
“Hasta el mes de marzo de
2019, Panamá es el único país latinoamericano que ha impuesto medidas
unilaterales coercitivas contra Venezuela, salvo las aplicadas de manera
colectiva por el denominado Grupo de Lima. El 27 de marzo del 2018, la Comisión
Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, del
Ministerio de Economía y Finanzas, de la República de Panamá, dicta una
resolución en la cual se congelan activos y se prohíben transacciones con
empresas venezolanas. Además, incluye una lista de integrantes del Gobierno
venezolano, algunos de elección popular, considerados como de alto riesgo por
motivos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se trata de
sanciones que son análogas y siguen las orientaciones de la política de EEUU
contra Venezuela y que persiguen contribuir al bloqueo económico, financiero y
comercial”, añade el estudio.
“En el mes de enero de 2019
los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía,
autoagrupados en lo que denominaron Grupo de Lima, hacen un comunicado
imponiendo medidas contra altos funcionarios del Estado de restricción de
ingreso a los territorios de esos países; restricciones de comercialización con
personas naturales y jurídicas y de ser el caso de congelación de sus fondos y
otros activos o recursos económicos. Igualmente señalan la suspensión de la
cooperación militar, así como evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones
militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria”.
Daño a la población
El informe se apoya en la
doctrina internacional para sostener que las medidas coercitivas
unilaterales son acciones económicas y políticas impuestas por un Estado o
grupos de Estados para coaccionar a otro Estado a fin de obtener de este la
subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos y provocar algún cambio
concreto en su política. En tal sentido, está demostrado que más allá de
obstaculizar las funciones públicas de representantes del Estado, privan a la
población de los productos básicos que son importados al país, entre estos,
alimentos y medicamentos de primera necesidad.
“Por tanto, en la Comunidad
Internacional se estima prima facie que todas las medidas coercitivas
unilaterales aplicadas contra un Estado amenazan y vulneran los derechos humanos
de quienes habitan en su territorio”, recalca.
El trabajo de Sures cita el
Informe de la ONU, presentado por Idriss Jazairy, relator especial sobre las
Medidas Coercitivas Unilaterales del Consejo de Derechos Humanos, en el cual se
concluye que “la ilegalidad intrínseca de las medidas nacionales, incluidas las
sanciones, que se intenta aplicar con alcance extraterritorial, en ausencia de
un vínculo jurisdiccional válido reconocido por el derecho internacional”.
Medicinas y alimentos en el
foco
“Es importante resaltar que
Venezuela importa la mayoría de los medicamentos que requiere para garantizar
la vida y salud de sus habitantes. El 34% se compra a EEUU, 7% a España y 5% a
Italia. Solo de estos países que han aplicado medidas coercitivas unilaterales
a Venezuela se importaba un total del 46% de las medicinas que necesita el
pueblo venezolano. Lo mismo ocurre con los alimentos, el 33% de las
importaciones proviene de EEUU y 12% de Canadá. Esto es, el 45% de las
importaciones de alimentos tenía como origen Estados que han mantenido una
política de mayor confrontación y han aplicado la mayor cantidad de sanciones
económicas contra Venezuela. Como resulta evidente, el bloqueo económico,
financiero y comercial impuesto por EEUU contra Venezuela genera un impacto de
grandes dimensiones en la economía de nuestro país, en su desarrollo social y,
sobre todo, en posibilidad del Estado de importar bienes de primera necesidad
para el pueblo (…). Recordemos, además, que EEUU domina las rutas comerciales
de las principales navieras, lo que le ha permitido dificultar la llegada de
bienes esenciales para nuestra población, no solo aquellos que provienen de
EEUU, sino de cualquier otro país proveedor bajo su esfera de influencia. Si a
ello se suma la prohibición para importar bienes y servicios directamente
necesarios para las actividades económicas del país, entre ellos insumos
industriales y servicios financieros, es indudable que las sanciones impuestas
por EEUU tienen un impacto negativo directo sobre el disfrute y ejercicio pleno
de los derechos humanos y, más aún, limitan sustancialmente la capacidad del
Estado venezolano para cumplir con la obligación de garantizarlos y
protegerlos”, concluye el informe.
Sujetos a castigo
Otra conclusión de
Sures es que tanto los Estados que han ejecutado medidas coercitivas
unilaterales, como las funcionarias y funcionarios de estos Estados que adoptan
dichas decisiones, deben estar sujetos a responsabilidad internacional por la
amenaza y violación de los derechos humanos de las personas que habitan en
nuestro país, así como por la contravención de los valores, principios y normas
fundamentales del Derecho Internacional Público. “Por ello, los órganos
competentes de la ONU y de la OEA deberían iniciar de oficio procedimientos dirigidos
a proteger los derechos humanos de quienes habitan en Venezuela, establecer las
responsabilidades a que hubiere lugar y garantizar la reparación integral de
las violaciones a los derechos humanos”, recomienda el informe.