Gilberto
López y Rivas
La
Jornada
Sin duda,
se vive un momento histórico del México contemporáneo,
porque por primera vez en muchas décadas se respetó la voluntad popular
expresada en las urnas; no se impuso un fraude de Estado, ni la caída del
sistema, ni el cínico “haiga sido como haiga sido” de Felipe Calderón; esta es
una conquista trascendente del pueblo mexicano que, sin disminuir ni
subestimar, es necesario analizar desde el pensamiento crítico y la lucha de
los pueblos originarios en defensa de los territorios, la madre tierra y la
vida.
Esta transición no se debe a una súbita vocación
democrática del régimen priísta, sino a tres factores interrelacionados que
impidieron la imposición del tradicional fraude de Estado: 1) La extraordinaria
participación ciudadana de más de 60 por ciento del padrón electoral. 2) La
fractura de la clase política de los principales partidos, el PRI y el PAN, que
fueron a la elección separados, y con conflictos internos que se profundizaron
durante la campaña. 3) El voto de castigo de millones de electores que se
pronunciaron por un cambio.
No obstante, destaca la capacidad del Estado para
reconstituirse: el triunfo de la masiva intervención de la ciudadanía se
trastocó rápidamente en una “victoria de las instituciones” y el “sistema
democrático”. Atrás quedó la violencia desplegada a lo largo y durante el
proceso electoral, y muy pronto fueron olvidados los 132 candidatos asesinados.
El reconocimiento del candidato oficialista la
noche de la elección, y la tersa secuencia de eventos que culmina con el
mensaje de Enrique Peña Nieto y el discurso conciliador del candidato ganador,
hace pensar en una concertación a partir de la cual no habrá castigo por los
crímenes de Estado y lesa humanidad del gobierno saliente, ni litigio penal
sobre el visible saqueo del erario y la evidente complicidad de los tres
niveles de gobierno con el crimen organizado.
Asimismo, es significativo que en su primer
discurso como candidato ganador, López Obrador mande un mensaje a las
corporaciones capitalistas para tranquilizarlas de que no tomará medidas
“radicales”, “se respetarán los contratos”, “no habrá expropiaciones” y, en ese
contexto, hay que entender su lema preferido: “Por el bien de todos, primero
los pobres”, sobre el que cabe preguntar: ¿Quiénes son “todos”?
También, se reiteró la idea rectora-casi-única de
toda la campaña de que la corrupción es la matriz de todos los males del país,
negando AMLO que ésta sea inherente al capitalismo, cuya piedra angular es la
expropiación del trabajo de la clase trabajadora y la desposesión de
territorios-recursos-naturales-estratégicos por sus corporaciones. El
presidente electo niega que la ley del
valor-explotación-plusvalía-lucha-de-clases aplique para México, insistiendo en
el factor de la corrupción. (https://www.facebook.com/morena.socialista
/videos/632778547067850/.)
Esta peculiar perspectiva de López Obrador, que
corrige a los “clásicos” del marxismo, es muy importante para el rumbo que siga
la resistencia de los pueblos originarios frente al proceso de recolonización
de los territorios por las trasnacionales capitalistas, la cual es visibilizada
por el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y su vocera, Marichuy, durante toda
la campaña. Mineras, corredor transístmico, refinerías, proyectos carreteros,
trenes balas y una luna de miel con el empresariado, son malas señales para los
pueblos originarios.
Por su parte, dirigentes de organizaciones
indígenas en torno a AMLO presentaron un documento programático que, con la fraseología
del zapatismo, incluso con el uso del “mandar obedeciendo”, propone, en suma, y
como principal propuesta, un retorno al indigenismo ya superado desde el
diálogo de San Andrés, ahora bajo la conducción de una burocracia indígena que
conformaría una nueva secretaría de Estado.
Marichuy declaró que lo realmente significativo
vendrá ahora y que lo trascendente es organizarse si se desea llevar al país
hacia un cambio verdadero; se trata de resistir a las corporaciones
capitalistas y a los gobiernos que las protejan, actuando desde donde se esté,
en barrios, colonias, ciudades o pueblos indígenas.
El límite de la democracia representativa es que la
participación ciudadana se concentra en un sólo día, a partir del cual, los
asuntos públicos son monopolio de una clase de políticos profesionales que se
desentiende del electorado. El EZLN y el CIG, en cambio, proponen una
democracia de nuevo tipo, la democracia autonomista que se fundamenta en una
construcción de poder y ciudadanía desde abajo; como forma de vida cotidiana,
de control y ejercicio del poder desde el deber ser, esto es, con base en
términos éticos. No es un medio o procedimiento de reproducción de estamentos
burocráticos, sino un pacto social y político, un constituyente de todos los
días que opera unitariamente en todas las esferas y órdenes de la vida.
Por esta democracia, la lucha seguirá, hombro con
hombro con los pueblos, abajo y a la izquierda.
Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=243849