Por Ana Cristina Bracho
Estados
Unidos, ese país que ocupa casi toda la parte norte de nuestro continente, al
que consideró el Libertador como destinado por la Providencia a plagar la
América de miserias en nombre de la libertad, y que aparece todo el día en la
televisión, en la ropa y en la redes como una tranquila calle de árboles
frondosos y casas blancas, donde hombres y mujeres pueden progresar por medio
del trabajo, pasar vacaciones en los casinos de Las Vegas y todos pueden
llegar para ser bienvenidos a su nueva vida por la Estatua de la Libertad, que
desde Nueva York recuerda que ese es un país de inmigrantes, una tierra de
oportunidades.
Estas ideas que citamos las
tenemos todas presentes porque forman parte del compendio que poco a poco se
fue perfeccionando, y que nos llega a través del colonialismo cultural. Aquel
que nos viene dominando como continente más por la televisión que por las armas
de guerra. ¿Quién fija estas ideas en nuestro subconsciente? Para James Petras,
la respuesta es muy sencilla. Este es el trabajo
de Hollywood, CNN y Disneylandia que -según su apreciación- han
sido mucho más eficientes que El Vaticano o la Biblia en sus estrategias de
imperialismo cultural.
¿Cómo influyen en la mente de
los latinoamericanos, que desde esta periferia llegamos cansados de la
crisis económica, los precarios servicios públicos, las grandes contradicciones
de nuestros tiempos a sentarnos ante un televisor? En la opinión del autor
precitado, estas van a modelar individuos con fantasías escapistas de la
miseria cotidiana. De modo que la solución a sus problemas -ese sueño del buen
vivir- no se alcanza construyendo un país sino llegando a esa tierra prometida.
Este es, sin duda, uno de los
motores que generan que miles de latinoamericanos busquen inmigrar a los
Estados Unidos, incluso ignorando las prácticas que han caracterizado los
servicios administrativos y policiales que se dedican al tema en dicho país, o
cómo son sus políticas que mantienen empobrecidas a sus tierras natales.
Según datos ofrecidos en 2016 por la BBC
de Londres, en Estados Unidos, para 2016, vivían 55 millones de
hispanos, que forman el 17% de la población total, los cuales eran
predominantemente mexicanos. Seguidos por los puertorriqueños, salvadoreños,
cubanos, dominicanos y guatemaltecos. Quedando un último renglón denominado
"otros" que alcanzaba el 14.2% de esta población, donde se
encontrarían los venezolanos.
Al respecto, mucho se ha
venido hablando de lo que es la política de tolerancia cero que ha venido
impulsando el gobierno de Trump como una manera de continuar los planes contra
la inmigración que desarrollaron las administraciones Clinton, Bush y Obama. Por
lo cual, nosotros queremos dejar el asunto general de lado para centrarnos en
ver la situación venezolana.
Los
venezolanos en Estados Unidos
Según los datos del último
censo poblacional publicado oficialmente en Estados Unidos, los
venezolanos están en el décimo tercer lugar de la población hispana en los
Estados Unidos conformada por un número de alrededor 321 mil personas. Sin
que existan datos más actualizados que permitan observar si la comunidad
venezolana ha crecido significativamente o no.
La prensa intenta sostenerlo
y toma datos parciales que han sido publicados. Este es el caso del Diario Las
Américas, rotativo miamero propiedad de Nelson Mezerhane, que
sostiene: "Durante los tres primeros trimestres del año fiscal
2017, un total de 845 mil 951 personas -provenientes de 180 países- han
obtenido la residencia permanente legal en Estados Unidos, 8 mil 855 de éstos
son venezolanos, representando 1,04% de ellos, y 14,8% de los 59 mil 466 suramericanos
que también recibieron el beneficio migratorio".
Sin embargo, no siendo este
un indicativo suficiente -porque existen muchas otras condiciones en las que un
extranjero puede encontrarse en los Estados Unidos de América- concluye:
"El número de venezolanos en Estados Unidos ha ido creciendo, sin
embargo, el promedio de residencias otorgadas se ha mantenido sin cambios
drásticos".
Un
escenario cada vez más limitado para inmigrar
¿Cuál es entonces su estatus
legal en aquel país? En toda evidencia existe un número de personas que se han
sometido al régimen del asilo político en las formas que éste existe en ese
sistema, pero también existen individuos que forman parte de las comunidades en
situación irregular o ilegal en contra de la cual la Administración Trump ha
prometido no tener clemencia.
Eso nos lleva a evidenciar
que en este período, caracterizado por declaraciones directas de
"apoyo" a la población venezolana desde las
vocerías norteamericanas, no han significado el cese de las deportaciones
de venezolanos. Las cuales, por el contrario, fueron noticia en abril de este
año.
Así lo narraba en febrero de
2018 una nota
publicada por El
Nacional pero redactada por la BBC de Londres: "Entre
octubre de 2016 y septiembre de 2017, casi 28 mil venezolanos pidieron asilo en
Estados Unidos, 392% más que en 2015. Pero una nueva medida del gobierno de
Trump quiere disuadirlos de seguir haciéndolo".
La causa del temor de la
población venezolana en Estados Unidos estaría centrada, según esa
nota en la decisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de
Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), el cual comunicó en su portal
web que, a partir del 29 de enero de este año, fijaría entrevistas primero para
los solicitantes de asilo que llegaron recientemente al país en lugar de los
más antiguos. Lo cual sería una reacción de la administración
estadounidense a un sostenido aumento de las solicitudes de asilo realizadas
por venezolanos que constituirían, por los tiempos que tarda el trámite,
una forma de habitar y trabajar legalmente en los Estados Unidos sin haber
obtenido la carta de residencia que autoriza dichas actividades.
¿Por qué los deportan? Puede
causar sorpresa para algunos la discordancia entre el discurso y los hechos y
allí, nuevamente, vamos a observar que se intentará decir que no es que los
venezolanos no son bienvenidos en esta nación, sino que es su propio error -por
torpeza o mala asesoría- la que hace que un sistema "tan elevado"
como el norteamericano no pueda admitirlos.
Así lo sostiene, al menos para El Nuevo
Herald, la abogada de inmigración y presidenta de la
Asociación Venezolana-Americana de Abogados, Adriana Kostencki, quien dijo que
"estas equivocaciones a menudo conducen al fracaso de sus proyectos, a
vivir bajo la sombra de ser ilegal o hasta a la deportación". Para
ella, los venezolanos se equivocan porque no consultan abogados sobre cómo
obtener las visas, creen que los negocios que fueron exitosos en Venezuela lo
serán en Estados Unidos, o que otro venezolano les puede asegurar que
conseguirán un trabajo que les otorgue los ingresos necesarios para permanecer
en Estados Unidos.
Las
sanciones son contra los venezolanos|
Pero nuevamente podemos
observar que, por muchas justificaciones casuísticas que podamos conseguir,
existe también una política gubernamental dirigida a reducir la entrada y
permanencia de venezolanos en Estados Unidos. Así, observamos que a finales de
2017 se produjo un cambio en
el trato que las autoridades migratorias dan a los venezolanos, pues
"desde el 18 de octubre oficiales de inmigración pueden someter a una
exhaustiva averiguación a los venezolanos que ingresen a los Estados Unidos con
visa B1 y B2. También pueden pedir claves de acceso de celulares y laptops para
investigar los contenidos de las redes sociales del propietario".
Recordemos de qué va esto. El
domingo 24 de septiembre de 2017, Donald Trump dictó una Orden Ejecutiva que
imponía más sanciones a Caracas. Este fue el resumen
que de dicho instrumento realizó el portal web de la Radio Alba
Ciudad: "La restricción es dirigida contra empleados públicos y sus
familiares directos, específicamente vinculados con los ministerios para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz; y Relaciones Exteriores, así como del
Servicio Administrativo de Identificación, Migración e Inmigración (Saime),
Cuerpo de Servicios Científicos, Penales y de Investigación Criminal (Cicpc) y
el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
"La orden ejecutiva
también va dirigida contra los ciudadanos venezolanos que soliciten visa por
negocios o turismo. En el caso de venezolanos que ya poseen visa, el gobierno
de Estados Unidos los someterá a medidas adicionales al momento de ingresar a
ese país, 'para asegurar que la información del viajero permanezca vigente',
indica la orden ejecutiva.
"Según el informe esta
nueva sanción obedece a que el gobierno de Venezuela 'no coopera para verificar
si sus ciudadanos plantean amenazas de seguridad nacional o de seguridad
pública, no comparte adecuadamente la información relacionada con la seguridad
pública y el terrorismo', así como tampoco brinda colaboración 'con respecto a
recibir a sus nacionales sujetos a órdenes finales de expulsión de los Estados
Unidos'".
Ahora podemos entender mejor
la nota que denuncia los poderes cada vez mayores que tienen las autoridades
norteamericanas para hacer
controles exhaustivos de los venezolanos que ingresan a su
territorio. Donde, especialmente, buscan detectar que hayan hecho contacto
con personas que se encuentran en los Estados Unidos pidiendo ayuda o
informando que su intención es permanecer en el país, pese a contar tan sólo
con una visa de turismo. O darnos cuenta de que la empatía declarada por
los portavoces norteamericanos no significa en ningún caso una bienvenida
masiva a los venezolanos en su país.
Porque quienes decidan ir
a los Estados Unidos siguen teniendo la obligación de cumplir los
requisitos de entrada y permanencia. Ya sea por las vías ordinarias o por
la vía del asilo, donde tienen que cumplir los requisitos, pues existen casos
de personas a las cuales se les ha deportado por mentir, falsear o solicitarlo
sin que existan elementos individualizables suficientes. Esto en un contexto en
el que los venezolanos ahora forman parte de los inmigrantes sobre los cuáles
las autoridades norteamericanas han fijado mayores requisitos y poder de
supervisión.
El
asilo: la utopía que no existe
Partamos por recordar que en
el Derecho Internacional, el asilo es
una institución jurídica típica que está prevista en el derecho
de los tratados y sujeta a los regímenes que en específico tenga cada país. Esta
figura contiene una práctica mediante la cual un Estado garantiza la
protección, el amparo y la asistencia de aquellas personas que han huido de su
país de origen por diversas razones, normalmente relacionadas con la violación
de uno o varios de sus derechos fundamentales.
Siendo, por lo general, una
potestad facultativa del Estado brindarlo o no, y el resultado de un análisis
de cada caso en particular, lo que generará que un país decida concederlo a una
persona. En el presente, si bien es importante recordar que hay un marco
internacional, de Derecho Humanitario, que lo regula, también debemos
considerar que los Estados Unidos no ha suscrito estos tratados.
Por ello, es una falacia que
ha tenido algún éxito en Venezuela el razonamiento de que, como existen
evidentes diferencias entre Washington y Caracas, así como un lenguaje cada vez
más fuerte de las administraciones norteamericanas contra el Gobierno
Bolivariano, basta con presentar un documento de identidad venezolano para que
Estados Unidos les conceda algún tipo de protección.
Ya para el 2016, Glenn
Morales, entrevistado
por El Estímulo, explicaba: "Los venezolanos encontraron la
figura del asilo como un medio para emigrar -a Estados Unidos- y estar
legales", afirmó el abogado Glenn Morales. Es especialista en derecho
procesal migratorio con Estado Unidos. A su oficina generalmente llegan los
venezolanos que intentaron sin éxito formar parte del "sueño
americano". Indicó que desde 2012, y especialmente desde este año, se han
multiplicado los casos de personas que han sido detenidas en los distintos
aeropuertos estadounidenses y luego deportadas a Maiquetía.
Esto ocurre debido a que las
autoridades migratorias están colocando barreras para impedir que las personas
utilicen el derecho de asilo con la finalidad de cumplir su propósito de
emigrar sin reunir las condiciones mínimas requeridas. El rotativo Nuevo Herald de
Miami reportó el 12 de agosto que 22 venezolanos permanecían detenidos en un
centro especial del aeropuerto de esa ciudad. En muchos casos, por haber
admitido que tenían miedo de vivir en su propio país, ya fuese como producto de
la criminalidad o por la crispación política.
Ante la cifra creciente de
solicitudes de asilo, las autoridades estadounidenses comenzaron a exigir más y
mejores explicaciones. Los estándares para el otorgamiento de este beneficio,
indicó el abogado, han cambiado con respecto a la década anterior. "Que te
rayen las paredes de tu casa u oficina, y que te hagan llamadas amenazantes ya
no es prueba. Antes sí lo era. Ahora piden recortes de prensa, informes
forenses y copias de los expedientes en los tribunales", señaló.
Las
deportaciones ocurren
Con este marco jurídico de
por medio, nadie puede sorprenderse de que las deportaciones ocurran, o que
incluso tengan una tendencia al alza en 2018. Así lo sostienen hasta los
rotativos más favorables a los intereses norteamericanos.
El 24 de abril de 2018, informaba
el Nuevo
Herald, que la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) ha
deportado a 150 venezolanos en el año fiscal 2018, entre ellos 9 este mes,
cuando el vicepresidente Mike Pence estaba en Lima, Perú, para la Cumbre de las
Américas, donde prometió hacer "todo lo que esté a nuestro alcance para
apoyar a los que huyen de la tiranía".
En un intento de justificación
a este hecho, El
Nacional citaba
nuevamente a Kostencki quien sostiene que "muchos
venezolanos no tienen residencia permanente, ni visa, por lo que el temor que
tienen es regresar al país". Sin hacer referencia alguna a los
cambios de las políticas migratorias que afectan a los venezolanos, donde, como
lo vimos la limitación no opera sólo contra funcionarios sino que puede
alcanzar a cualquiera que en redes sociales o en su celular comente que su
objetivo es permanecer en Estados Unidos.
Lo que nos lleva a evidenciar
que para muchos connacionales la vida en los Estados Unidos, cuando logran
sortear estas dificultades para permanecer en dicho territorio, no es lo que
esperaban. Pues muchos permanecen en un estado de pobreza material e
inseguridad jurídica propio de estar en una condición migratoria irregular.
Los números reales de los
venezolanos deportados no han sido actualizados en un medio oficial que hayamos
podido consultar, pero sí podemos incluir en este reporte que, en una nota de
junio de este año publicada
por el Chicago
Tribune, unos inmigrantes venezolanos denuncian estas
prácticas de deportaciones de personas que se encuentran en Estados Unidos, y
refieren las deportaciones en caliente que se realizan en los aeropuertos donde
no se les permite la entrada formal a venezolanos y venezolanas que arriban al
país.
En un país donde el mito
de las oportunidades ha estado reservado a una migración deseada de
profesionales de alto perfil, personas caucásicas, y se ha hecho una constante
la segregación de poblaciones africanas o asiáticas; que, desde el año 2013,
admite abiertamente que espía a sus propios ciudadanos; y que, en general, ha
desarrollado desde 2017 una política que ordena la captura y deportación
inmediata de inmigrantes ilegales, incluso si éstos no tienen antecedentes
penales, no puede sorprendernos de que esta sea la situación de los inmigrantes
venezolanos.
Aquello que empezamos
recordando como la naturaleza del imperialismo cultural que modela a los
ciudadanos de las periferias para que permanezcan pasivos contra las acciones
que desarticulan sus países o saquean su economía, temiendo las propuestas de
reacción en contra del sistema, está más presente que nunca, pues muchos
sueñan que un día podrán pisar los Estados Unidos, donde serán
bienvenidos como ciudadanos plenos y llegarán a ser propietarios de alguna de
esas casas blancas, con porche y garaje, de las cuales son muy pocos los
dueños, incluso nativos de los Estados Unidos de América.