Todos los ojos y oídos están puestos al
servicio del entretenimiento global del balompié. Pero hay algunas cosas que
están sucediendo tras bastidores y a las que debemos prestar atención por
tratarse de asuntos políticos que competen a todo el mundo.
Inmigración
encarcelada made in USA
Aunque no ha pasado por
debajo de la mesa el hecho de que, según el Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos, 1 mil 995 menores de edad inmigrantes han sido
enviados a centros de detención entre el 19 de abril y el 31 de mayo de este
año, separados de sus padres para ser procesados y encarcelados en cinco
estados, sí parece ser el hecho de que esta es una política continuada de Barack
Obama y su gobierno.
Según la agencia Reuters, se
realizaron 1 mil 800 separaciones entre niños y padres inmigrantes entre
octubre de 2016 y febrero de 2018. Una cifra ascendente que fue enjuiciada por
demócratas y republicanos estadounidenses.
Pero, al menos a los
demócratas, les salió el tiro por la culata luego de que un periodista ubicara
que durante la era Obama también había sucedido tal caso.
Además, aproximadamente 2.8
millones de personas fueron deportadas en su gobierno, de las cuales el 40%
fueron regresadas a su país de origen sin tener antecedentes penales ni
judiciales con la ley o algún ente de control estadounidense.
En 2016, la Administracion
Obama realizó, a través del Servicio de Migración y Aduanas, una campaña a
nivel nacional de redadas para ejecutar órdenes de deportación a un estimado de
100 mil familias con madres y niños.
El escándalo trascendió de
tal manera que Trump firmó una orden ejecutiva en
la que prohíbe la separación de niños inmigrantes de sus padres.
Macri y los Panamá Papers reloaded
En la primera parte de los
Panamá Papers, se reveló que Mauricio Macri y otros miembros de su familia eran
directores de Fleg Trading. Su padre era el dueño. Las leyes contra el
lavado de dinero exigían que Mossack Fonseca conociera dicha información.
Los correos electrónicos
entre la oficina central de Mossack Fonseca en Panamá y su sucursal en Uruguay
en septiembre y octubre de 2016 develan que los
empleados de la firma discutieron un plan para antedatar documentos con el fin
de ocultar el hecho de que el bufete "no sabía" que la compañía de la
familia presidencial argentina se había establecido en Bahamas.
Según esos mismos e-mails,
los empleados de Mossack Fonseca discutieron la posibilidad de que el contador
de la familia Macri elaborara un documento escrito a mano (era 2016) fechado
años antes, que confirmara el propietario. Cuenta el contador que descartó la
idea pues la consideró "muy arriesgada", debido a que la carta
"podría ser refutada fácilmente por un calígrafo experto", pues
obviamente reconocería que el documento habría sido escrito más recientemente
que la supuesta fecha inscrita.
Los referidos archivos
también muestran que Mossack Fonseca no conocía las conexiones de la familia
Macri con BF Corporation, otra empresa off-shore ficticia.
Según informes provenientes
de medios argentinos, BF Corporation era propiedad de dos hermanos de Macri.
Esos informes han señalado que los fiscales alemanes alertaron a las
autoridades argentinas en 2016 sobre transacciones sospechosas que
involucraban a BF Corporation, basadas, en parte, en las revelaciones de la
investigación de los Panamá Papers.
Se escuchó más del fracaso en
el primer partido de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA, que
de las actividades corruptas de Macri. Nada es casualidad.
Guerra comercial en ascenso
En un toma y dame entre
potencias económicas, Estados Unidos y China se embarcan en una guerra
comercial. La Administración Trump impuso anunció la imposición de aranceles
del 25% a una lista de productos chinos por valor de 50 mil millones de
dólares, acusando a Pekín de robo de propiedad intelectual.
Los aranceles afectan a 1 mil
102 categorías de productos y se harán afectivos a partir del 6
de julio.
Y, de hecho, la Casa Blanca
amenazó de antemano a China con que impondrá más aranceles si China
responde imponiendo restricciones comerciales.
Por ello el gobierno de Xi
Jinping habla netamente de guerra comercial, mientras que la mayoría de los
analistas y periodistas estadounidenses dicen que se acerca una.
En detalle, los aranceles
estadounidenses se focalizan en sectores industriales que se
relacionan con el plan de Pekín "Made in China 2025", que pretende
desarrollar la producción de alta tecnología en el área aeroespacial,
automotriz, de tecnología de información y robótica.
Por ello, China puede
responder con medidas más allá de las impositivas. Jake Parker, vicepresidente
para operaciones con China del Consejo Comercial EEUU-China, analizó que las
opciones podrían incluir la demora o denegación de licencias que necesitan las
empresas estadounidenses, lo cual abre un nuevo frente que es el tecnológico.
Mientras tanto, lo hizo en
igual escala: la Comisión de Aduanas comunicó la
imposición de aranceles adicionales del 25%, por el valor de 50 mil
millones de dólares sobre 659 productos estadounidenses. Entre los productos
que se verán afectados por esta nueva medida, se encuentran insumos agrículos
como vehículos y productos asociados, dos de los sectores más sensibles para
Estados Unidos.
Asciende la guerra comercial
entre estos dos gigantes de la economía global. En ese contexto, se prevé una
crisis comercial de extraordinarias consecuencias para
el resto del planeta que también vive de sus prodcutos sancionados.
Vendrán nuevos capítulos de este suceso en tiempo real.
La emergencia humanitaria de Yemen
Las fuerzas de coalición
lideradas por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y apoyadas por Estados
Unidos, Francia y el Reino Unido, lanzaron el 14 de junio la
Operación Tormenta Decisiva contra la ciudad de Al Hudaida para controlar la
terminal portuaria más importante en manos de los hutíes.
Entre el 85% y 90% de
suministros como alimentos y medicamentos a Yemen llegan a través de esa
ciudad, que alberga a unos 600 mil habitantes y se encuentra a 150 kilómetros
de Saná, la capital yemení en manos también de los hutíes. La importancia
estratégica de este punto es, entonces, evidente.
Según la ONU, 22.2
millones de yemeníes sufren las consecuencias del bloqueo marítimo que mantiene
la coalición pro-saudí en el contexto de su ofensiva, ya que dependen de los
suministros importados, vitales para su sobrevivencia.
De esos 22.2 millones de yemeníes,
8.4 millones de personas se encuentran en grave situación alimentaria y al
borde de la hambruna. Esto es un poco menos de la mitad de la población total
afectada por el conflicto con Arabia Saudí.
Según la UNICEF, 1 niño
yemení muere cada 10 minutos por enfermedades curables y el colapso de los
servicios públicos, dando un total de 144 menores fallecidos por día a
consecuencia de este desastre humanitario.
El bloqueo ha derivado en una
epidemia de cólera y graves afectaciones al acceso al agua para las 18,8
millones de personas que viven en las zonas asediadas por la coalición
internacional respaldada por Estados Unidos.
El punto crítico de esta
guerra está llegando a su clímax, y de eso muy pocos hablan.
Privatizan el agua en México
El presidente mexicano
Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el
estatuto de las vedas acuíferas existentes sobre una gran cantidad de
cuencas existentes en ese país.
De salida prontamente y con
las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el mandatario anunció
la firma de 10 decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre
300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. En ese 40% de las
cuencas escurre 55% de las aguas superficiales del país.
Con la aprobación de dichos
decretos se elimina la "prohibición que había para la entrega de
permisos de extracción de agua" en esas cuencas, con el pretexto de que
servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la
naturaleza para los próximos 50 años.
Pero algunos defienden la
decisión y silencian el objetivo, que es dejar vía libre a la
privatización, cada vez mayor, de las reservas acuíferas de
México. Abre la puerta para que el 55% del agua se utilice para fines
lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos
operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las
distintas empresas extractivas del país (minería, hidrocarburos, turística,
inmobiliaria).
De hecho, así lo denunció la coalición Agua para
Todos: "Estos decretos van a permitir a la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas
mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de
los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y
los sectores populares urbanos".
En todo caso, se denuncia
que los trasvases de agua de una cuenca a otra son uno de los casos más
evidentes de despojos de bienes comunes. Se despoja el agua de las comunidades
indígenas o agrarias que han cuidado y protegido este bien común durante
décadas y hasta siglos para que, de pronto, mediante agresivos proyectos de
"desarrollo", se les expropie ese bien para llevarlo a grandes áreas
urbanas.
Ya ha sucedido anteriormente
con varios megaproyectos hidráulicos: el sistema Cutzamala del estado de
México a la Ciudad de México; Monterrey VI que prevé trasvase del agua del río
Pánuco a Monterrey; o la presa y acueducto El Zapotillo,
que trasvasa aguas del río Verde de Los Altos de Jalisco al complejo
industrial de El Bajío de Guanajuato.
La privatización del agua en
México es un hecho silenciado, pero produce crispaciones a más de uno en medio
del bullicio consecuencia del Mundial en Rusia.