Por John
Freddy Gómez y Camila Andrea Galindo
El pasado 21
de noviembre el pueblo colombiano salió masivamente a las calles, en
proporciones nunca antes vistas, en aproximadamente la totalidad de las
ciudades del país desde la Guajira hasta Leticia, desde Buenaventura hasta
Cúcuta en contra del denominado paquetazo de Iván Duque, la OCDE, BM y FMI.
En Colombia se
vive un proceso de disputa entre las clases subalternas y el gobierno nacional,
en el cual el gobierno quiere imponer, incluso a sangre y fuego, sus políticas
y visión de sociedad, en la que: 1) La sociedad es subordinada a las relaciones
del mercado neoliberal; 2) El pueblo debe mantener una dinámica estoica,
aletargada y diligente; 3) Se prioriza el capital y los privilegios de clase
por encima de la vida y la dignidad; 4) Se cercena la diferencia y se aniquila
al diferente; 5) Se conserva el maniqueísmo, el odio y la exclusión como fuente
de poder; y, 6) se debe callar ante el sonido aturdidor de una Colombia que se
desmorona.
Estas
dinámicas que en Colombia y en gran parte de Nuestra América han sobrevivido
desde la colonia, que se han reproducido desde la independencia y que se han
intensificado en la etapa neoliberal debido a la relación directa con el
imperio estadounidense, han conllevado a que nuestro continente sea uno de los
más desiguales del mundo y que Colombia se posicione como el segundo país más
desigual en todo el continente americano y se encuentre entre los 10 países más
desiguales del planeta. (Monterrosa, 2017)
Esta
desigualdad se concreta como una violencia directa contra el pueblo colombiano
y se sustenta ante el aumento indiscriminado de la explotación, despojo,
opresión y exclusión que se materializa por medio de una clase capitalista con
características feudales y violentas, la cual se ha enquistado históricamente
en las estructuras del Estado colombiano. Estado que según algunas
instituciones es la democracia más antigua de América Latina, siendo para estas
instituciones democrático el genocidio como práctica social,
la exclusión de la política del 99% del pueblo colombiano, la desigualdad como
gestión gubernamental, y la desidia y el odio como piedra angular del
relacionamiento social y económico.
Teniendo en
cuenta esta breve introducción de las relaciones reinantes en Nuestra América y
en nuestro país Colombia, hemos observado en los últimos meses un grito de
¡Basta ya! frente a tanto odio, a la exclusión política y social, a la política
de guerra, a un sistema que beneficia al 1% de la sociedad, al racismo, al
patriarcado, al sexismo, y al ecocidio como modelo de desarrollo, entre otras
características funestas impuestas por medio de la violencia en nuestro
territorio.
Bajo el
Gobierno de Iván Duque, y su regente Álvaro Uribe Vélez, se ha atestiguado el
aumento exponencial de la violencia en el país con aproximadamente 746 líderes
y lideresas sociales asesinadas entre el año 2009 y junio del presente año, con
un aumento, solo en 2019, del 75% de la violencia contra las lideresas y
líderes sociales en el país. (La opinión, 2019) Estos asesinatos y
amedrentamientos son resultado de la puesta en marcha de una política
gubernamental de guerra y en contra de la consolidación de la implementación de
los Acuerdos de Paz.
La violación
de los derechos humanos es una constante presente por parte del gobierno
colombiano. Se vive en una constante zozobra debido a que la persecución a la
oposición política es un pilar de la gestión del gobierno, al igual que la
criminalización de la protesta aún cuanto es un derecho fundamental pero que se
ha pretendido limitar por medio de su regulación legal, lo que se anuda a un
contexto en el que se deslegitima todo proceso social, político y comunitario,
y se pretenden invisibilizar, por medio del control de los medios masivos de
comunicación y su relación directa de clase.
Un ejemplo de
la violación permanente de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario es el caso denunciado ante el Congreso de la República en
desarrollo de la moción de censura que se pretendía contra el exministro de
Defensa Guillermo Botero, en donde se evidenció el asesinato de entre 8 y 18
niños y niñas en un bombardeo por parte del Ejército en la zona rural de San
Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá. Niños y niñas que fueron
presentados como bajas en combate lo que trajo a la memoria
del pueblo colombiano los casos de ejecuciones extrajudiciales del período
2002-2008 mal llamados Falsos Positivos. Un caso que sigue siendo
rechazado después de conocer que según los relatos de los habitantes de la zona
los menores que quedaron con vida fueron perseguidos y acribillados vilmente
por las fuerzas militares. (Unidad Investigativa, 2019) Este bombardeo contó
con el visto bueno del entonces Ministro de Defensa y del presidente Iván
Duque.
Ante esta
deplorable operación militar, el pueblo colombiano manifestó su total
inconformidad que se evidenció en una presión pública por la cual el Ministro
de Defensa presentó su renuncia, siendo homenajeado, reconocido y honrado por
parte del Presidente Duque ante sus buenos oficios para el país, una total
ironía. Este es uno de los cientos de casos donde se evidencia que el gobierno
tiene un papel directo e indirecto en la violencia que asola el país.
Así mismo, las
políticas económicas del gobierno de Iván Duque han desembocado en el
empobrecimiento de las clases subalternas donde se privilegia los intereses de
las élites económicas por encima de las necesidades de un país con grandes
brechas sociales y con latentes necesidades de un gasto público que represente
un mayor bienestar y satisfacción plena de los derechos económicos, sociales,
culturales, políticos y ambientales en el país (Gómez & Galindo, 2019).
Y, como si no
fuera poco, con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la Ley de
Financiamiento, el gobierno en manos de sus ministerios y en comunión con los
tanques de pensamiento del gran capital colombiano como FEDESARROLLO y ANIF,
entre otros, han delineado las nuevas reformas laborales, pensionales y de
administración del erario público que van en detrimento de los derechos y
dignidad del pueblo colombiano.
En la
propuesta de reforma laboral entre otras características encontramos la
flexibilización y desregulación del mundo del trabajo con la incorporación del
trabajo por horas, la reducción de un 25% del salario a los menores de 28 años;
y, la eliminación de las horas extras, de los recargos nocturnos y festivos, y
de los intereses de las cesantías.
Así mismo, la
reforma pensional pretende el aumento de la cotización y la edad para
pensionarse, la eliminación del régimen de prima media pública y el traslado de
las cargas de cotización desde el empleador hacia el empleado, entre otras
dinámicas totalmente regresivas que solo benefician al gran capital y al
capital financiero, y sumen al pueblo colombiano a una mayor tasa de
sobreexplotación del trabajo (Semanario Voz, 2019).
Otra política
totalmente onerosa es la consolidación del Holding Financiero, que traslada la
discrecionalidad de la administración de las empresas estatales desde el Estado
a un órgano autónomo y determinado por las necesidades privadas que conlleva el
tránsito hacia la privatización de estos con el fin de impulsar las
Asociaciones Público-Privadas que no es más que la entrega de los dineros
público al gran capital.
Ante esta
arremetida de reformas neoliberales en el país, el incremento de la violencia,
la criminalización y la estigmatización de los procesos sociales y, el
incumplimiento permanente a los acuerdos con estudiantes, campesinos e
indígenas se consolidó el Paro Nacional del pasado 21 de noviembre con el fin
de exigir el cumplimiento pleno de los acuerdos económicos, la implementación
de los Acuerdos de Paz, el rechazo ante cualquier reforma económica regresiva y
la construcción de una economía enfocada en el bienestar de la sociedad, entre
otras demandas totalmente legítimas y que han desembocado en una movilización
permanente, crítica y que ha puesto en el foco los enemigos del pueblo
colombiano como es el gobierno de Iván Duque, y las Instituciones Financieras
Internacionales como son el FMI, el BM y la OCDE.
El pasado 21
de noviembre el pueblo colombiano salió masivamente a las calles, en
proporciones nunca antes vistas, en aproximadamente la totalidad de las
ciudades del país desde la Guajira hasta Leticia, desde Buenaventura hasta
Cúcuta en contra del denominado paquetazo de Iván Duque, la OCDE, BM y FMI.
Esta masiva
movilización no solo puso de manifiesto el hastío por las políticas
neoliberales del gobierno de ultraderecha que vive Colombia; sino que fracturó
el poder de las élites colombianas al superar el miedo con la esperanza, al
gritar a toda voz el anhelo de una sociedad en paz y con justicia social, al
fijar como objetivo de transformación a esa estructura económica que determina
la violación generalizada de los derechos en el país; es sin lugar a dudas el
despertar de una sociedad que ha sido reprimida históricamente, una fuerza
incontenible por la dignidad.
Este despertar
y comunión entre las clases subalternas en el país supero la movilización del
21 de noviembre y ha planteado la continuidad con movilizaciones pacíficas,
cacerolazos, plantones, dinámicas culturales, entre otras actividades que han
quebrado el silencio, y han puesto al gobierno y sus élites económicas en
actitud defensiva con la militarización de las ciudades y toques de queda, en
donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, y se ha llevado a cabo
una intensificación de la violencia por medio del control de la protesta y su
estigmatización por parte de los medios masivos de comunicación, la difusión
del miedo con el fin de vender seguridad estatal, entre otras dinámicas
hostiles y represivas que fermentan cada vez más la lucha popular.
El Gobierno de
Iván Duque mantiene su postura indolente con el pueblo colombiano, mientras
crece la indignación y movilización en el país pretende acabar con esta por
medio de la violencia, una dinámica histórica en nuestra nación, y no por la
vía del diálogo, aun cuando así lo haya manifestado en sus alocuciones
presidenciales. Las redes de solidaridad, la visibilización de las
problemáticas del país y la caracterización de los responsables aumentan minuto
a minuto, la fiesta democrática se da en las calles y la politización que
menguaba en algunos sectores en el país está mermando a pasos agigantados.
Lo de Colombia
y gran parte de Nuestra América es un tiempo de esperanza, de amor y
solidaridad en el que nos encontramos con el otro y otra para desde la
diferencia construir una sociedad digna, justa, equitativa y en paz.
Referencias
Gómez , J.,
& Galindo, C. (4 de Noviembre de 2018). La ley de financiamiento: La ley
del Embudo en Colombia. Obtenido de CADTM: http://www.cadtm.org/La-ley-de-financiamiento-La-ley-del-Embudo-en-Colombia
Gómez, J., & Galindo, C. (17 de Febrero de 2019). El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Una hoja de ruta austeritaria de desarrollo en Colombia. Obtenido de CADTM: http://www.cadtm.org/El-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2018-2022-Una-hoja-de-ruta-austeritaria-de
La opinión. (3 de Noviembre de 2019). Violencia contra líderes sociales aumentó en 75% en 2019. Obtenido de La opinión: https://www.laopinion.com.co/colombia/violencia-contra-lideres-sociales-aumento-en-75-en-2019-186481#OP
Monterrosa, H. (16 de Noviembre de 2017). Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Obtenido de La República: https://www.larepublica.co/economia/segun-el-banco-mundial-colombia-es-el-segundo-pais-mas-desigual-de-america-latina-2570469
Semanario Voz. (9 de Noviembre de 2019). Paro nacional contra el paquetazo de Duque. Obtenido de Semanario Voz: https://semanariovoz.com/paro-nacional-paquetazo-duque/
Unidad Investigativa. (10 de Noviembre de 2019). Secretos del bombardeo que mató a 8 niños y cobró la cabeza de Botero. Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/asi-fue-el-bombardeo-en-el-que-murieron-8-ninos-en-caqueta-432146
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