Una
publicación esta semana en la revista Journal of the American Medical
Association (JAMA) detalla la caída en la esperanza de vida en Estados
Unidos entre 2015 y 2017, una racha sin precedentes en tiempos modernos.
El profesor de la Universidad Estatal de Virginia,
el Dr. Steven H. Woolf, y la estudiante de la Escuela de Medicina Eastern
Virginia, Heidi Schoomaker, analizaron la expectativa de vida entre 1959 y 2016
y las tasas de mortalidad por causas especificadas entre 1999 y 2017. Los datos
muestran que la caída en la esperanza de vida no es una anomalía estadística,
sino el resultado de las décadas de asalto contra la clase obrera.
El reporte retrata a un país sumido en una profunda
crisis social. Los precios récord de las acciones celebrados por Trump son, de
hecho, una medida de la intensificada explotación económica que ha engendrado
una caída en la expectativa de vida de los trabajadores.
El
cierre de miles de fábricas y minas, el sinfín de cierres y achicamientos de
tiendas, los recortes de salarios, pensiones, beneficios médicos para cumplir
las demandas de los inversores de Wall Street han literalmente matado a cientos
de miles de trabajadores por todo Estados Unidos.
La esperanza de vida aumentó cada año entre 1959 y 2010,
estancándose sin aumentar hasta que comenzó su descenso en 2014, alcanzando el
tope de 78,9 años. Para 2017, había caído a 78,6 años.
No es una coincidencia que 2010 sea el
año en que Obamacare fue promulgado, un ataque contra la salud vendido como una reforma
progresista. La caída en la esperanza de vida desde entonces expone el carácter
regresivo de Obamacare, uno de los tantos legados reaccionarios del Gobierno de
Obama.
Obamacare formó parte de la marcha deliberada de la clase
gobernante a reducir la expectativa de vida de los trabajadores. En lo que
concierne a los estrategas del capitalismo estadounidense, entre más se
prolongue la vida de los trabajadores mayores y retirados que ya no les generan
ganancias a las corporaciones, sino que requieren cuidado médico subsidiado por
el Gobierno, tanto más dinero se desvía lejos de los cofres de los ricos y la
máquina bélica.
Un ensayo de Anthony H. Cordesman publicada en 2013 por el Centro
de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por su sigla en inglés) en
Washington presenta francamente la longevidad del estadounidense promedio como
una inmensa crisis para el imperialismo estadounidense. “EE. UU. no enfrenta
ninguna amenaza extranjera tan grande como su fracaso para lidiar con… el
aumento en el costo de gastos federales en garantías”, escribió Cordesman,
señalando que la crisis de deuda está siendo impulsada “casi exclusivamente por
el aumento en el gasto federal en los principales programas de salud, seguro
social y el costo de los intereses netos sobre la deuda”.
Mientras tanto, las condiciones para los ricos nunca han sido
mejores, como lo refleja el ensanchamiento de la brecha en la esperanza de vida
entre ricos y pobres. El uno por ciento más rico de hombres vive en promedio 14
años más que el uno por ciento más pobre, y la brecha es de 10 años para las
mujeres.
A pesar de gastar más per cápita en salud que los otros principales
países capitalistas, Estados Unidos se ha visto relegado en términos de
expectativa de vida y mortandad. EE. UU. comenzó a quedarse atrás respecto a
los otros países desarrollados a partir de los años ochenta. Para 1988, había
caído por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos.
El primer giro a principios de los años ochenta corresponde con el
inicio de la contrarrevolución social bajo la Administración de Ronald Reagan,
que involucró el cierre forzado de sindicatos, el rompimiento de huelgas,
recortes salariales y cierres de planta a escala nacional, combinado con
recortes en educación, salud y otros programas sociales. Esto fue iniciado con
el rompimiento de la huelga de controladores aéreos de PATCO en 1981, con la
complicidad de la confederación sindical AFL-CIO. Las políticas sociales de
Reagan fueron rápidamente adoptadas por los demócratas y continuadas bajo Clinton
y Obama.
El segundo punto de inflexión mayor fue el derrumbe de Wall Street
de 2008, seguido por el rescate bancario de billones de dólares, por un lado, y
una brutal austeridad contra la clase obrera, por el otro. La década
subsecuente ha visto el estallido de la crisis de opiáceos que ha asolado a
comunidades enteras por todo el país.
Según el reporte de JAMA, la caída en la esperanza de vida es el
resultado de casi tres décadas de mayor mortalidad entre adultos en edad
laboral, de 25 a 64 años. Este es principalmente el resultado de los aumentos
en las sobredosis de drogas, abuso de alcohol, suicidio y una serie de
enfermedades que afectan los órganos.
Entre 1999 y 2017, la mortalidad por sobredosis en años laborales
óptimos aumentó un impactante 386,5 por ciento, de 6,7 muertes a 32,5 muertes
por 100.000 habitantes. El aumento en la mortalidad fue mayor entre los más
jóvenes, de 25 a 34 años, aumentando 531,4 por ciento.
El reporte descubrió que, entre 2010 y 2017, la tasa de mortalidad
en edad laboral aumentó de 328,5 a 348,2 por 100.000, resultando en 33.307
muertes que no hubieran ocurrido si la tasa se hubiera mantenido constante.
El aumento en la mortalidad ha impactado a los trabajadores de todo
grupo racial y étnico, con el número más alto de exceso de muertes entre
trabajadores blancos, una sombría refutación del concepto de “privilegio
blanco”. Por medio de tales concepciones raciales, la clase gobernante busca
promover divisiones raciales y nacionales incluso cuando la realidad de la vida
social confirma que los trabajadores de toda raza y nacionalidad comparten los
mismos intereses fundamentales.
Woolf y Schoomaker hallaron que el mayor aumento relativo en la
mortalidad en edad laboral ocurrió en Nueva Inglaterra y el valle de Ohio, dos
áreas particularmente golpeadas por la desindustrialización y la crisis de
opiáceos. Aproximadamente una tercera parte del exceso de muertes desde 2010 se
produjo tan solo en cuatro estados —Ohio, Pennsylvania, Indiana y Kentucky—.
Ocho de los 10 estados con mayor exceso de muertes se encuentran en el centro
del país y los Apalaches.
“Lo que vemos claramente es lo que ocurre
en esos estados”, le dijo el Dr. Woolf al New York Times. “El comienzo de la historia de
esta tendencia sanitaria coincide con el inicio de estos cambios económicos, la
pérdida en trabajados manufactureros y el cierre de plantas siderúrgicas y de
autopartes”.
Este análisis de JAMA expone la
perpetración de un crimen de escala inmensa. “Cuando la sociedad coloca a
cientos de proletarios en una posición en que inevitablemente enfrentan una
muerte temprana o no natural”, escribió Friedrich Engels en 1845 en La condición de la clase obrera en
Inglaterra, “pero permite que estas condiciones perduren, su crimen
es un asesinato tanto como el crimen de un solo individuo”.
La
culpa de empujar a los trabajadores a una muerte temprana recae en la
insaciable demanda del sistema capitalista de aumentar sus ganancias. Los
cómplices principales de este crimen han sido los sindicatos, que han servido
como la fuerza policial industrial de las corporaciones en las plantas,
garantizando el cierre ordenado de las plantas e imponiendo un contrato de
concesiones tras otro.
Como parte de este demente afán de lucro, los trabajadores están
siendo exprimidos más allá de su punto de quiebre. La transformación del
trabajo según el modelo de Amazon y la expansión de la economía casualizada en
la última década han aumentado dramáticamente la explotación de la clase
obrera. Los trabajadores están siendo empujados a recurrir a fuertes
analgésicos que incluyen oxicodona y opiáceos, simplemente para tolerar sus lesiones
y enfermedades producto del sobretrabajo.
La reaparición de la lucha de clases por todo EE. UU. e
internacionalmente demuestra cuál es el camino adelante. Sin embargo, a pesar
de que decenas de miles de trabajadores automotores, maestros y otros trabajadores
han emprendido huelgas en el último año, han sido traicionados por los
sindicatos.
Atender las necesidades de la clase obrera exige una dirección
políticamente consciente con un programa socialista, a partir del cual los
trabajadores tomen control de los bancos y corporaciones y las administren
democráticamente para atender las necesidades sociales y no el lucro privado.