Documentos judiciales estadounidenses así lo revelan
por Patrick Martin
23 junio 2018
Los
documentos judiciales hechos públicos en Virginia y Texas dan una idea de la
brutalidad sistemática que se aplica a los niños inmigrantes tanto en cárceles
públicas como privadas. Los niños son atados, encapuchados y golpeados, o
drogados por la fuerza, como parte del procedimiento cotidiano en lo que solo
se puede llamar el Gulag americano.
Un
informe de Associated Press publicado el jueves dio detalles de los abusos
cometidos contra jóvenes inmigrantes latinos en el Centro Juvenil Shenandoah
Valley, cerca de Staunton, Virginia, el año pasado. Los abogados de las
víctimas adolescentes demandaron a la prisión, una instalación estatal
administrada por un consorcio de siete pueblos y ciudades en el valle de
Shenandoah, y una audiencia judicial está programada para julio.
Según una
media docena de declaraciones juradas, dadas por las víctimas en español y
luego traducidas para su presentación ante el tribunal federal del Distrito
Oeste de Virginia, niños tan jóvenes como 14 años fueron golpeados mientras estaban
esposados, atados a las sillas mientras estaban desnudos y con capucha, y eran
mantenidos durante largos períodos en confinamiento solitario, a veces desnudos
y con frío.
Todas
estas son formas de tortura practicadas en la Bahía de Guantánamo y en las
prisiones de tortura de la CIA en todo el mundo. Estas técnicas han sido
transferidas nuevamente a los Estados Unidos y se han desatado sobre niños
inmigrantes, quienes han sido demonizados por la administración Trump.
La
demanda presentada por el Comité de Abogados de Washington para Asuntos Civiles
y Asuntos Urbanos, una organización sin fines de lucro, declara que los jóvenes
latinos detenidos en Shenandoah “están sujetos a condiciones inconstitucionales
que conmocionan la conciencia, incluida la violencia por parte del personal,
uso abusivo y excesivo de reclusión y restricciones, y la negación de la
atención de salud mental necesaria”. Como resultado de “aplicaciones de la
fuerza maliciosas y sádicas”, los jóvenes han “sufrido lesiones significativas,
tanto físicas como psicológicas”.
Un joven
hondureño enviado a Shenandoah cuando tenía 15 años dijo en su declaración,
“Siempre que me detenían y me ponían en la silla, me esposaban ... [Ellos] me
ataron por todas partes, desde los pies hasta el pecho, no te podías ni mover
... Tienen control total sobre ti. También te ponían una bolsa en la cabeza.
Tiene pequeños agujeros; puedes ver a través de eso. Pero te sientes sofocado
con la bolsa puesta”.
Un joven
de 15 años de México que pasó nueve meses en Shenandoah describió un
tratamiento similar.
“Me
esposaron y me pusieron un tipo de bolsa en la cabeza”, dijo, según su
declaración jurada. “Me sacaron toda la ropa y me pusieron en una silla de
sujeción, donde me ataron de pies y manos a la silla. También me pusieron una
correa a lo largo del pecho. Me dejaron desnudo y atado a la silla durante dos
días y medio, incluso de noche”.
Un joven
guatemalteco de 14 años reportó haber sido encerrado frecuentemente en su
diminuta celda por hasta 23 horas al día, así como largos períodos de sujeción
física. “Cuando no podían hacer que uno de los niños se calmara, los guardias
nos ponían en una silla —una silla de seguridad, no sé cómo se llama— pero
simplemente nos ponían ahí durante todo el día”, dijo en su declaración jurada.
“Esto me pasó a mí, y vi que les pasaba también a otros. Era exagerado”.
Un joven
de 17 años que huyó de México para escapar de un padre maltratador y de la
violencia de un cártel de la droga fue arrestado en la frontera estadounidense
y pasó por varios centros de detención antes de llegar a Shenandoah, una de las
tres instalaciones en los Estados Unidos con contratos de la Oficina de
Reubicación de Refugiados (ORR), parte del Departamento de Salud y Servicios
Humanos, para ofrecer “instalaciones seguras” para inmigrantes jóvenes. El
muchacho llevaba grilletes con frecuencia, generalmente con ataduras de tela, e
informó de al menos un cacheo violento desnudo y varias palizas. Fue llevado
varias veces a intentar suicidarse.
Otras
alegaciones incluyen que los jóvenes latinos recibían peor comida e
instalaciones que presos juveniles locales, en su mayoría blancos, y que las
comidas a menudo estaban frías y no eran adecuadas, cosa que dejaba con hambre
a los niños.
AP
entrevistó a una especialista en desarrollo infantil anónimo que había
trabajado con adolescentes en Shenandoah. “La mayoría de los niños con los que
trabajamos cuando fuimos a visitarlos habían recibido abusos físicos y
verbales. Tuve a un niño al que un guardia le rompió un pie”, dijo. “Se los
ponía en aislamiento durante meses por cosas como recoger un lápiz cuando un
guardia les había dicho que no se movieran. Algunos de ellos empezaron a oír
voces que les decían que hirieran a otros o que se hirieran a sí mismos, y sé
que cuando llegaron a Shenandoah no tenían ningún pensamiento violento”.
Como los
niños retenidos en Shenandoah eran menores no acompañados, y no separados de
sus familias, los medios sugirieron que tenían vínculos con pandillas que de
alguna manera justificaban ese trato brutal. Pero según el informe de AP, un
director de programa en las instalaciones dijo que se había averiguado si los
jóvenes tenían vínculos con pandillas y de hecho sufrían de problemas mentales
como resultado de traumas en sus países de origen.
Los actos
de tortura involucraron a varios guardias de las instalaciones, que estaban
dirigidas por una junta regional pero bajo el control final del gobierno
estatal, encabezada durante este período por el gobernador demócrata Terry
McAuliffe. El nuevo gobernador, el demócrata Ralph Northam, quien asumió el
cargo el 1 de enero, ordenó una investigación estatal sobre las denuncias de
abusos, pero solo después de que el informe de AP se hiciera público el jueves.
Incluso niños más pequeños fueron blanco de abusos
en una instalación de Texas operada bajo contrato para la Oficina de
Reubicación de Refugiados, según un informe publicado por el Centro de Informes
de Investigación y el Texas Tribune el martes. Las denuncias
fueron detalladas en una demanda judicial presentada por el Centro de Derechos
Humanos y Derecho Constitucional.
La
demanda acusa que el Centro de Tratamiento Shiloh en Manvel, Texas suministró
drogas psicotrópicas a niños inmigrantes, quienes en algunos casos fueron
separados de sus padres en la frontera. Ni los niños, algunos de tan solo nueve
años, ni los padres dieron su consentimiento para el tratamiento y, en algunos
casos, los niños fueron drogados a la fuerza mientras luchaban y gritaban.
Un
informe dice: “Algunos niños detenidos en Shiloh informaron de que se les daba
hasta nueve píldoras diferentes por la mañana y seis por la noche, incluidos
medicamentos antipsicóticos, antidepresivos, medicamentos para la enfermedad de
Parkinson y medicamentos para las convulsiones. Les dijeron que permanecerían
detenidos si rechazaban las drogas, decía la demanda. Los niños también dijeron
que después de tomar las drogas, experimentaron efectos secundarios que los
cansaron e incapacitaron para caminar”.
La
demanda acusa, “La ORR rutinariamente suministra medicamentos psicotrópicos
para
niños sin autorización legal ... Cuando los jóvenes se oponen a tomar tales
medicamentos, la ORR los obliga a hacerlo. La ORR no requiere ni pide el
consentimiento de un padre antes de medicar a un niño, ni busca la autoridad
legal para consentir en lugar de los padres. En cambio, la ORR o el personal
del establecimiento firman formularios de ‘consentimiento’ ungiéndose a sí
mismos con ‘autoridad’ para administrar drogas psicotrópicas a niños
confinados”.
Las siete
píldoras nombradas en los archivos judiciales —clonazepam, duloxetina,
guanfacina, Geodon, olanzapina, Latuda y divalproex— son medicamentos
utilizados para controlar la depresión, la ansiedad, el trastorno por déficit
de atención, el trastorno bipolar, los trastornos del estado de ánimo, la
esquizofrenia y las convulsiones. Este tratamiento equivalía a aplicar “camisas
de fuerza químicas” para someter a los niños, en lugar de satisfacer las
necesidades médicas, según la demanda.
Según el
informe de investigación, la ORR pagó $3,4 mil millones a organizaciones
privadas para mantener a niños inmigrantes, y casi la mitad de esto, $1,5 mil
millones, fue a 13 compañías que habían sido acusadas de cientos de violaciones
graves de su responsabilidad de proporcionar atención. Estos incluyen la falta
de obtención de tratamiento médico por accidentes o enfermedades, “contacto
inapropiado” entre niños y personal (aparentemente de naturaleza sexual) y
negligencia.
Estos
informes de tratamiento horrible de niños inocentes no solo exponen el
salvajismo y el sadismo de guardias individuales, administradores y otros
funcionarios, así como la codicia de los jefes corporativos que buscan sumarse
a la orgía de aprovechamiento de los contratos federales para la detención y
abuso de inmigrantes. Lo que se revela sobre todo es el carácter criminal de la
élite política estadounidense, tanto demócratas como republicanos, que
deliberadamente han alentado una atmósfera de brutalidad y terror como su
método preferido para “disuadir” a los inmigrantes de cruzar la frontera entre
Estados Unidos y México. Y no es solo el matón sociópata que hoy está en la
Casa Blanca que tiene la responsabilidad, sino su predecesor demócrata,
responsable de más deportaciones que cualquier otro presidente anterior.
El jefe
del Departamento de Seguridad Nacional de Obama, Jeh Johnson, declaró en 2014
que encarcelar a los refugiados centroamericanos que buscan asilo, y la
separación de padres e hijos, tendría un efecto positivo en la reducción de la
afluencia repentina de refugiados. Fue Terry McAuliffe, el compinche de mucho
tiempo de Hillary Clinton, quien supervisó la tortura de adolescentes
inmigrantes en Shenandoah desde 2014 hasta 2017.
El cambio
de Obama a Trump no ha cambiado fundamentalmente la política de la clase
dominante estadounidense hacia los inmigrantes, que siempre ha sido de carácter
antidemocrático y brutal. Pero en manos de Trump y su asesor fascista Stephen
Miller, la brutalidad se ha vuelto más sistemática y va acompañada de una
campaña destinada a fomentar el racismo y la histeria antiinmigrantes sobre el
supuesto peligro de que Estados Unidos sea “invadido”, como Trump afirmó en su
discurso de la noche del miércoles a una manifestación en Minnesota.
Según un informe publicado en el Wall
Street Journal el jueves, la administración Trump otorgó múltiples
contratos que involucran decenas de millones de dólares a principios de este
año para construir instalaciones de detención para niños. Esto confirma que la
separación masiva de niños de sus padres, que siguió al anuncio de la política
de “tolerancia cero” por parte del Fiscal General Jeff Sessions, no fue un
subproducto inesperado de la nueva política, sino que fue planificada y
deliberada. Es un crimen premeditado, el secuestro por parte del Estado de más
de 2.400 niños, por el que Trump, Sessions, Stephen Miller, Kirstjen Nielsen y
otros altos funcionarios deberían ser procesados y encarcelados.
Lejos de
abandonar esta política, como lo sugirieron los medios de comunicación sobre la
orden ejecutiva emitida por Trump el miércoles, la Casa Blanca se está
preparando para acelerar la detención masiva de inmigrantes, incluidos niños.
Un portavoz del Pentágono dijo el jueves que las bases militares en Texas y
Arkansas han sido revisadas como posibles lugares para albergar hasta a 20.000
niños inmigrantes, el doble del número actualmente bajo custodia.
Fuente: http://www.wsws.org/es/articles/2018/06/23/inmi-j23.html