Muchos periodistas en el mundo creen que las informaciones positivas no
son noticiosas. Incluso un estudio publicado por la BBC (disponible en http://goo.gl/uAEFy1) analiza el sesgo de negatividad, como le llaman al “hambre
colectiva de escuchar y recordar las malas noticias”. Pero esto, que pudiera
ser considerada una deformación profesional, en el caso de la realidad
venezolana se llama directamente distorsión o falseamiento.
Todos los medios del mundo titularon con las sanciones que el gobierno
estadounidense, el canadiense, así como en Consejo de la Unión Europea
aplicaron a Venezuela y su pueblo en el entorno inmediato de las elecciones.
Las sanciones del gobierno supremacista norteamericano de Donald Trump
no generan sorpresa ni angustia en Venezuela; lo que sí le generan a su pueblo
es dolor y sufrimiento.
Los medios suelen reseñar los nombres de las personas sancionadas; en
cambio, no reseñan las decisiones unilaterales de bloqueo de transacciones
financieras, o de sanciones a los países que permitan que las operaciones
bancarias venezolanas sean realizadas en su territorio.
Los titulares de los medios internacionales no suelen reseñar en cambio
que estas sanciones se ven acompañadas incluso del secuestro de depósitos o
que, para poder realizar sus operaciones comerciales, el Gobierno Bolivariano
se ve obligado a realizar complejas operaciones que demoran y encarecen el
resultado de las compra-ventas.
Todo esto redunda en el incremento de las dificultades para adquirir los
alimentos, medicinas, repuestos y otros insumos que tanto necesita el pueblo
venezolano.
Un caso llamativo en esta fiebre sancionadora es el del supuesto
progresista Justine Trudeau, hoy abiertamente expuesto como un traidor
dispuesto a las más tremendas genuflexiones para intentar proteger los negocios
de su país con el socio mayor norteamericano.
Quizás para demostrar su adhesión al “trumpismo”, o para proteger los
negocios del ya casi fenecido Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), Trudeau aplicó más sanciones a Venezuela que los propios Estados
Unidos, sin siquiera explicar o justificar las mismas sino simplemente a través
de una lista de nombres que pareciera tomada de la guía o directorio protocolar
de alguna institución oficial.
Canadá decidió además impedir que las ciudadanas y ciudadanos
venezolanos residentes en ese país pudieran participar de las elecciones
presidenciales del 20 de mayo, aún cuando se realizaran dichos comicios en el
interior de las sedes diplomáticas bolivarianas “para defender la democracia en
Venezuela”.
Si eso no fuera suficientemente absurdo, el país de los grandes lagos
decidió impedir la participación de Venezuela en el Campeonato Mundial Militar
de Voleibol a realizarse en la ciudad de Edmonton. Los cadetes venezolanos se
vieron impedidos de participar, no porque su gobierno decidiera boicotear el
campeonato (cosa que lamentablemente se ha visto a lo largo de la historia en
diversas circunstancias y entre diferentes países), sino porque el anfitrión
les prohíbe el ingreso. Yo no registro referencias previas en ese sentido.
Mientras tanto, la Unión Europea -ya definitivamente a la cola de
Estados Unidos y ya perdida el aura del “modélico” Estado de bienestar de las
socialdemocracias de los años setenta y ochenta- emitió un casi delirante
comunicado (disponible en https://goo.gl/vMjZq6 ) en el que “adopta
conclusiones” según las cuales no hubo nada más antidemocrático que estas
elecciones cuyo resultado ha sido reconocido por todos los actores
involucrados, ni menos conversado que un diálogo gobierno-oposición impulsado a
lo largo de varios años nada menos que por un expresidente europeo, el español
José Luis Rodríguez Zapatero.
Para culminar con el delirio, el repudiado secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA) -el excanciller uruguayo Luis Almagro-
presenta un informe (disponible enhttps://goo.gl/rwejea ) de un supuesto
“comité de expertos independientes” conformado por enemigos declarados contra
el chavismo desde hace ya muchos años (convengamos en que han sido honestos,
jamás han ocultado sus convicciones contrarrevolucionarias) según el cual existen
méritos para llevar al presidente venezolano Nicolás Maduro nada menos que ante
la Corte Penal Internacional.
El informe no es más que una pieza propagandística, sin fuentes
confiables ni testimonios verificables. Pero no importa… lo que se busca es
simplemente la labor de zapa, la gota constante, el daño permanente contra el
chavismo y el gobierno de Nicolás Maduro.
No se propone algo similar respecto al gobernante colombiano responsable
por acción u omisión de la muerte de casi cuatrocientas personas después de
suscritos en La Habana los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). El mismo
gobernante que decidió hacer que su país ingrese a la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN).
Tampoco se sugiere esta alternativa respecto al mandatario de México
donde cerca de noventa candidatos a las elecciones del próximo 1° de julio han
sido asesinados, obligando a la renuncia de otros varios centenares de
aspirantes a diversos cargos de elección pública por temor a correr la misma
suerte; el país donde seis periodistas han sido asesinados solamente en lo que
va del 2018.
Podríamos seguir con diversos ejemplos de gobiernos que seguramente
merecerían más atención de los organismos internacionales que el venezolano,
pero qué va, el señor secretario general no ve, no escucha y no habla, salvo lo
que a su amo le interesa que vea, escuche o diga.
Horas de televisión y radio, kilómetros de bobinas de papel, millones de
kilobytes de información se destinaron a lo largo y ancho del planeta para
tratar de transformar una elección de la que participó todo aquel que quiso,
diciendo y haciendo todo lo que quiso, en un acto antidemocrático.
Es cierto, no fue la elección venezolana con mayor participación. Pero
también es cierto que nunca antes fueron tan difíciles las condiciones del
pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.
Y no es menos cierto que estas duras condiciones son en gran medida
responsabilidad de quienes pretenden sancionar al Gobierno de Venezuela por sus
consecuencias.
¿Dónde están las buenas noticias?
A pesar de que la mediática internacional solamente ha reseñado
sanciones en contra de Venezuela, la inmensa mayoría de los casi 200 países que
integran la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han reconocido el
resultado electoral y respaldan las iniciativas de diálogo como única
alternativa para consolidar la paz y la democracia en este país.
Tanto Rusia y China, así como muchos otros Estados y bloques, como el
poderoso Movimiento de Países No Alineados (MNOAL, que integran 120 países más
15 observadores), están contestes en reconocer el resultado de las elecciones
del pasado 20 de mayo, así como en exigir la no injerencia en los asuntos
internos de Venezuela y en respaldar el llamado a la búsqueda de soluciones
consensuadas llevado a cabo por el Gobierno de Maduro.
A partir del propio domingo 20 de mayo, el Presidente venezolano Nicolás
Maduro, relegitimado por el resultado de las elecciones que se realizaron,
convocó a todos los sectores políticos, sociales, económicos, religiosos, a
entablar un gran diálogo nacional que permita reencausar al país para salir de
la situación de crisis económica en la que se encuentra actualmente, así como
la adopción de una serie de medidas que permitan tender puentes con sectores de
la oposición que han buscado un camino distinto al golpismo aupado desde los
Estados Unidos.
Intensas reuniones se han llevado a cabo desde el pasado lunes 21 de
mayo: con los excandidatos que se presentaron a las elecciones, con
gobernadores y alcaldes (incluidos los de la oposición), con el Nuncio
Apostólico, con la banca privada, en fin, con todo aquel que esté dispuesto a
comprometerse en la búsqueda de la paz y de las soluciones que el pueblo
venezolano necesita y reclama.
Las encuestas previas a las elecciones indicaban que la gente aspiraba a
que el Gobierno Bolivariano tuviera la oportunidad de asumir un nuevo período
de gobierno con el objetivo fundamental de resolver las graves dificultades
económicas que aquejan hoy a las familias venezolanas. Nada hay más democrático
que permitir y coadyuvar a que esto sea posible.