Juan Martorano
Indudablemente la actual situación económica del país, influenciada
por el contexto de medidas coercitivas unilaterales (sanciones) no sólo afecta
a la población y al sector privado de la economía, sino que tiene importantes
implicaciones a nivel político e institucional. Esto nos obliga a un diseño de
un modelo inédito multilateral enmarcado en la gobernanza mundial. La intención
de estas líneas es la de argumentar algunas ideas acerca de los cambios que
deberían implementarse dentro de la Administración Pública. Un primer apartado
tendrá que ver con las posibles transformaciones que debe asumir el responsable
de un cargo de dirección en la Administración Pública dentro del ámbito de
responsabilidad de gestión. Se trata de un nivel micro de reflexión y de
propuestas, pero que espera contribuir cambios sustantivos en la mejora de las
instituciones públicas.
Un segundo
apartado tiene que ver con un informe más macro, de carácter institucional,
presentando propuestas globales de transformación de los diferentes niveles de
la administración pública. Finalmente, un tercer apartado dirigido a formular
algunas reflexiones y propuestas sobre el sector público, entendido éste en
sentido amplio: haciendo hincapié en todas unas estrategias de colaboración y
cooperación entre el sector público y el sector privado.
La profundidad y
amplitud de la actual situación del país, la cual inició con la crisis
económica que inició en el año 2008, y la cual se ha agravado en el marco de un
conjunto de amenazas multidimensionales y multiformes en el contexto del nuevo
dominio del espectro global promovido por el gobierno de Estados Unidos,
indudablemente generó sorpresa y genera incertidumbre en actos públicos y
privados de Venezuela. Indudablemente esta tiene elementos comprensibles e
incomprensibles. Dentro de los elementos incomprensibles en cuanto a la
sorpresa es porque para muchos estudiosos es sabido que en un sistema de
economía de mercado las crisis son cíclicas y después de una época de
crecimiento tan amplia, de al menos 15 años sin duda, los que controlan dicho
sistema nos iban a sumir en una crisis severa. En todo caso, es comprensible la
sorpresa por la naturaleza de la crisis: crisis financiera derivada de la
desregulación, crisis mundial con intrincadas interdependencias explicadas por
el fenómeno de la globalización. Se disfrutó de un crecimiento inexplicable en
el mundo gracias a la promoción de un mundo multicéntrico y pluripolar
promovido por Hugo Chávez, y ahora se padece una situación compleja y difícil
debido a la labor de lobby y de aislamiento internacional promovido por la
corporatocracia mundial personificada en su mayor acto político como lo es en
estos momentos la administración Trump.
Los distintos
operadores que hacen vida dentro del sector público se encuentran desde hace
rato padeciendo complicaciones en la administración de los recursos, ya que
desde el año 2009 han venido concediendo menores recursos, aunque se incrementa
en la inversión social. Este incremento de recursos públicos en la inversión
social está destinado a paliar los efectos de la actual situación y a mantener
los grandes servicios que prestan nuestras instituciones públicas, aunque a
nivel micro, la mayoría de las unidades administrativas y de ámbitos de gestión
disponen de menores recursos que en años anteriores.
Es imprescindible
en estos momentos ser estratégicos, puesto que sin unos sólidos marcos de
definición estratégica en cuanto al diseño de nuestras políticas públicas y de
definición de un modelo de gestión, las decisiones derivadas de la actual
situación se van a tomar a ciegas y no tendrán el impacto esperado por los
administradores.
La actual crisis
económica y la posibilidad de que los recursos económicos continúen cayendo nos
van a obligar a la inmersión de un proceso de toma de decisiones muy denso. Hay
que definir recortes, políticas y servicios que vamos a dejar de percibir, sin
sacrificar lo social, por supuesto. Y es de ahí que para la toma de decisiones
con garantías institucionales y que generen las menores afectaciones externas
de manera negativa es imprescindible poseer una hoja de ruta de carácter
estratégico ya que sin ella nos perderíamos en los entramados decisionales.
Antes de afrontar las decisiones vinculadas a la crisis deberíamos confeccionar
dos documentos estratégicos que nos permitan definir como visualizamos nuestro
ámbito de gestión de cinco a diez años. Un primer documento tipo plan
estratégico que defina la misión, líneas estratégicas y los objetivos más
relevantes de cada una de las unidades administrativas. Un segundo documento
debería definir el modelo de gestión en el futuro dentro del amplio abanico de
posibles alternativas institucionales.
También la crisis
hay que verla como oportunidad para romper las lógicas incrementalistas, es
decir, y el mismo presidente Maduro lo ha expresado en varias de sus
intervenciones, aprender a hacer más con menos recursos.
También la
obligación de ir dejando de lado políticas y servicios que pueden haber
cumplido la función para la que fueron diseñadas, pero que producto de las
circunstancias que actualmente afrontamos, no son las más pertinentes o han
quedado obsoletas en el tiempo. El impulso de cambios dentro de nuestras
organizaciones, y más si son de la Administración Pública a sus diversos
niveles es una tarea verdaderamente complicada y harto difícil, ya que por una
parte hay que afrontar importantes resistencias internas (todas las personas en
el marco organizativo, en la mayoría de los casos tienden a ser conservadoras),
por otra parte hay también toda una constelación de clientelas que van a
defender sus posiciones económicas, intereses y posiciones de poder, además de
poseer importantes niveles de influencia sobre nuestros superiores. De ahí que
la crisis y la merma de recursos pueden verse como una extraordinaria
oportunidad, el argumento para la toma de decisiones muy positivas que redunden
en la mejora de la gestión pública.
Es importante
tener en cuenta que la toma de decisiones responsable no ligada al corto plazo
sino al mediano plazo, se traduce en no tomar decisiones coyunturales sino con
un amplio sentido estratégico.
En un principio,
buena parte de las decisiones pueden ser razonables a corto plazo y a nivel
coyuntural. Pero también es posible que, estas decisiones hoy razonables, sean
muy perniciosas para el futuro próximo de nuestras instituciones. Decisiones
tomadas de forma rápida y bajo mucha presión pueden generar una
desinstitucionalización originadas por unas caóticas marchas atrás y hacia
adelante que van a desubicarnos y nos pueden ubicar incluso hacia la pérdida de
identidad de nuestra Administración Pública. De ahí la importancia de definir
un proceso decisional bifronte: por una parte, analizar lo que es más razonable
para la organización a corto plazo y, por otra parte, estudiar los impactos de
estas decisiones a mediano plazo. Solo con esta mirada estratégica que fija un
ojo en el presente y otro en el futuro, pudiendo lograr un proceso de toma de
decisiones razonable y beneficioso, o al menos no perjudicial para nuestras
instituciones.
Por ahora lo
dejaremos hasta aquí, pero pendientes porque esta historia continua.
Juan Martorano
Abogado, activista por los Derechos Humanos,
militante revolucionario y de la Red Nacional de
Tuiter@s Socialistas
@juanmartorano