Oscar Javier Forero
La
frontera colombo venezolana reúne una serie de características que la separan
de lo tradicional, estas características se afianzan con mayor ahínco en los
cerca de 160 kilómetros de línea limítrofe que comparten el estado Táchira, del
lado venezolano, y el Norte de Santander, del lado colombiano, presentando un
alto flujo comercial, financiero y de innumerables relaciones humanas.
Actualmente hay un proceso de
retroceso de la legalidad que contrasta con el auge de la ilegalidad. Entre
1960 y 2014, las relaciones formales entre ambos países, pasaron de 2 millones
de dólares a 8 mil millones de dólares respectivamente. A la fecha el
intercambio legal, no supera los 700 millones de dólares, mientras la economía
delictiva, impulsada principalmente por el contrabando y el fraude cambiario
moviliza cerca de 7 mil millones de dólares.
La economía delictiva ha
ampliado su rango de acción, a su vez que ha pululado por todo el territorio
nacional, dominando los circuitos de producción, distribución, consumo, así
como las principales rutas de extracción marítima, terrestre e incluso aérea,
aprovechando la hiperdevaluación de la moneda venezolana y las inmensas
asimetrías que esto genera entre la economía nacional y la de los otros 14
Estados/Nación con los que comparte frontera.
A través de los mecanismos de
extracción ya señalados, de nuestro territorio salen, por la vía ilegal, más de
30 mil millones de dólares de acuerdo a cálculos propios. Diariamente, tan solo
por el estado Táchira, se desvían 1,2 millones de litros de gasolina,
generándole pérdidas anuales a PDVSA y al Tesoro Nacional por el orden de los
400 millones de dólares. En el caso del estado Zulia las pérdidas superan los
mil millones de dólares, sólo en combustible.
Sobre este asunto particular
es importante destacar que el Estado colombiano coopera para que la ilegalidad
se mantenga y hasta prospere, no olvidemos que el Gobierno neogranadino es uno
de los principales aliados de los Estados Unidos en la región y ha manifestado
de manera abierta que “trabaja” para el retorno de la “democracia en
Venezuela”. Hasta antes de la crisis fronteriza de 2015, el suministro de
gasolina que realizaba ECOPETROL a la ciudad de Cúcuta no superaba las 13
gandolas diarias, en Arauca el suministro no superaba las 4 gandolas y en la
Guajira ni siquiera se enviaba una sola gota de combustible, mientras tanto
Táchira surtía hasta 117 gandolas/día, Apure 43 gandolas/día y el estado Zulia
cerca de 300 gandolas/día, de ellas, más del 65% se iban de contrabando, es
decir unos 10 millones de litros día
La cooperación para que haya
un descarado desangre sobre nuestros recursos energéticos no va sólo allí, el
estamento jurídico colombiano legaliza lo que llega de manera ilegal a su
territorio, para sólo mencionar un documento, el Decreto 4136 de 2004 reconoce
los más de 60 pasos ilegales o trochas por donde circula el grueso del
contrabando, legitimando la práctica ilegal siempre y cuando se garantice
el pago de tributos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN):
“Artículo 1:
Aplica exclusivamente para los combustibles líquidos del petróleo que se
introduzcan desde la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 5: Centros de acopio (…)
Deberán estar ubicados en sitios aledaños al paso o cruce de frontera de los
municipios de San José de Cúcuta, Los Patios, Puerto Santander y Villa del
Rosario, habilitados como lugares de ingreso por la DIAN”.
De igual forma en la frontera
entre Táchira y Norte de Santander se encuentran, además de las ya mencionadas
trochas, 3 puentes internacionales por donde circulan más de 50 mil personas al
día que movilizan, por medio de lo que se conoce como “bachaqueo” o “pitufeo”
alimentos, combustibles, dinero en efectivo, lubricantes, medicinas, ropa,
calzado, libros y hasta hielo empacado.
Todo este inmenso volumen ha
dado pie para que en la ciudad de Cúcuta, se haya venido creando un robusto
sistema financiero que poco a poco fue dominando y captando casi la totalidad
del flujo de capitales que circulan por la frontera, lo que, sumado a
triangulaciones con tasas reflejadas a través de portales web del dólar
paralelo, derivó en la colocación de una tasa cambiaria diferente a la acordada
por los gobiernos, que básicamente busca depreciar de manera sistemática el
valor del bolívar venezolano con fines no sólo económicos sino políticos.
Ha sido tal el auge del
sistema financiero nortesantandereano, que actualmente existe una especie de
banco central paralelo al BCV venezolano, que trabaja de manera coordinada con
los portales web y viola de manera flagrante la soberanía económica de nuestro
país. Esto, sumado a errores en la política monetaria y cambiara venezolana,
conduce a un sin fin de distorsiones que a la fecha determinan el costo de los
productos no sólo en zonas de frontera sino en la totalidad del territorio
nacional, impulsando buena parte de la hiperinflación que arropa el aparato
económico venezolano.
En el último año la
depreciación de la moneda superó el 5000%, a su vez surgieron nuevos mecanismos
depreciativos, tal vez el más importante ha sido el de contrabandear papel moneda,
una práctica ahora común que arroja jugosos beneficios a quienes lo practican.
Por un billete de 100.000 bolívares, en efectivo, llevado a Colombia, es
posible obtener hasta 500.000 bolívares, por transferencia, depositados en una
cuenta bancaria venezolana. Esta modalidad ha generado una nueva distorsión: El
mercado venezolano fija precios completamente diferentes sobre bienes y
servicios, si se pagan en efectivo o a través de pagos electrónicos.
En las últimas semanas el
Gobierno venezolano activó la “Operación Manos de Papel”, por medio de la cual
busca debilitar las finanzas de los grupos que afectan la estabilidad económica
del país. Los resultados arrojan más de 250 personas detenidas y la congelación
de 1133 cuentas bancarias (especialmente del recién intervenido banco BANESCO),
que reunían 3 billones de bolívares suficientes para cancelar más de un millón
de salarios mínimos mensuales.
Esta acción debe acompañarse
de otro conjunto de medidas que certeramente golpeen a los grupos que delinquen.
Es indudablemente necesario el apoyo del Gobierno colombiano, ciudades como
Cúcuta o Arauca se encuentran fuertemente deterioradas por las propias
distorsiones generadas en la zona fronteriza. Es necesario, aún con todas las
diferencias, cooperar para contrarrestar la enorme influencia que, además de
todo el daño generado, amenaza la soberanía y hasta la presencia de los
Estados.
Mensualmente mueren decenas
de personas producto del enfrentamiento de grupos al margen de la ley que se
disputan la muy apetecida zona. Es tarea de gobiernos, instituciones, pueblo
organizado, trabajadores, comerciantes, empresarios y universidades, a lado y
lado del río Táchira, evitar la mexicanización de la frontera.
Oscar
Javier Forero
Economista