La precariedad de la
economía en México obligó a más de 2.1 millones de niños a trabajar el año
pasado en actividades no permitidas, en condiciones alarmantes.
La tercera
parte de esos infantes tenían menos de 14 años, y cuatro de cada de diez ni
siquiera recibieron un ingreso a cambio de su labor, según datos publicados
este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Tras señalar
que las actividades no permitidas representan un riesgo para la salud y el
desarrollo de los niños –ya sea por las tareas peligrosas o por los horarios
prolongados–, el organismo detalló que 34% de los menores explotados realizaron
trabajo agrícola, 22% laboró en el sector de servicios y 20% en el comercio; el
resto participó en las industrias extractivas y de la construcción.
Aunado a ello,
las cifras oficiales sobre la explotación de niños con fines sexuales varían
entre 16 mil y 70 mil, con una concentración más grave del problema en las
zonas fronterizas, donde hasta 50 mil menores de edad estarían forzados a
prostituirse.
A pesar de la
magnitud del problema, ninguno de los candidatos a la presidencia de la
República ha propuesto hasta ahora planes para erradicar la explotación
infantil.
En su proyecto
de nación, sólo el aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés
Manuel López Obrador, señala el trabajo infantil en la agricultura, según
integrantes de ‘Mesa Social contra la explotación de niñas, niños y
adolescentes’.
En un evento
realizado esta mañana, la investigadora Norma del Río aseveró que atender el
abandono actual de los niños explotados equivaldría a dejar sin presupuesto y
fuera del foco público a la población de las delegaciones Gustavo A. Madero,
Cuauhtémoc, Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan de la Ciudad de México.
“Los niños,
niñas y adolescentes no están en las agendas políticas de los candidatos, no
están en las políticas públicas (…) el futuro que les estamos dando a nuestros
jóvenes es muy oscuro”, deploró a su vez Alfonso Poiré, asesor de la
organización Save The Children México e integrante de la Mesa Social.
Ante la
ausencia de propuestas de los presidenciables, la Mesa Social elaboró su propia
agenda política para erradicar la explotación del trabajo infantil, y urgió los
candidatos a adoptar una serie de medidas y compromisos presupuestales para
lograr ese objetivo en 2024, con un énfasis especial en los niños indígenas y
jornaleros, los más vulnerables de todos.
“Hablamos de
trabajo infantil cuando hay violación a los derechos fundamentales de la
infancia como el recreo, la educación o la salud”, precisó la doctora Mónica
Falcón, quien puso sobre la mesa el tema del abuso de los plaguicidas en los
campos y sus efectos nefastos sobre la salud de los trabajadores agrícolas,
entre ellos los niños.
El Inegi
detalló que, si bien 3.2 millones de niños mexicanos (11% de la población
infantil) trabajaban en 2017, hay fuertes desigualdades a nivel estatal. Por
ejemplo, en Nayarit uno de cada cinco niños laboraba, contra uno de cada 20 en
Querétaro, y en nueve estados más de uno de cada ocho realizó trabajos el año
pasado, particularmente en el entorno rural.
Los datos
actualizados del Módulo de Trabajo Infantil muestran que en 58% de los casos de
trabajo infantil reportados en 2017, el empleador era un familiar del niño,
cuatro de cada diez menores trabajadores estaban fuera del sistema educativo, y
siete de cada diez no tenían ingreso u obtuvieron menos de un salario mínimo
por su trabajo.
Asimismo, 90%
de los niños trabajaron en la informalidad y 1.4 millones realizaron quehaceres
domésticos en condiciones no adecuadas –principalmente en los estados de
Tabasco, Campeche y Baja California Sur–, pues 40% de ellos le dedican más de
14 horas a la semana.
Según Del Río,
el tema del trabajo infantil nace de la precariedad en la que se encuentra la
situación laboral en México, uno de los países con las tasas más bajas de
movilidad social en el planeta, donde la mayoría de los trabajadores no tiene
seguridad social –la mitad no tiene ni contrato– y el 25% ingresa menos de un
salario mínimo.
De acuerdo con
la investigadora, en el trabajo infantil se repiten los esquemas de desigualdad
y discriminación que imperan en el país: 22% de los niños que viven en el
quintil más pobre trabaja, y lo mismo afecta a uno de cada cinco menores
indígenas.
Una de las
propuestas del grupo de expertos que conforman la Mesa Social plantea obligar a
las empresas de transferencias internacionales a reducir de 7% a 3% sus costos
de transacción en el envío de remesas, pues los 31.6 mil millones de dólares
que sumaron en 2017 representan a menudo el principal ingreso de los hogares
beneficiarios y evita el trabajo infantil.
Del Río recordó
que seis millones de niños mexicanos viven en hogares donde falta el padre, la
madre o ambos.
La Mesa Social
urgió el próximo gobierno a reforzar y destinar más recursos a las
“insuficientes” medidas implementadas en los últimos cinco años, como la
Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil (CITI) y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (Sipinna).
“Aún queda
mucho trabajo por realizar en este tema, y sobre todo implica un reto de
subsistencia y seguimiento frente al cambio de gobierno”, plantearon los
expertos al subrayar la necesidad de alinear las leyes estatales con la
legislación federal.
Del
Río deploró que, a raíz de la reforma educativa implementada durante el sexenio
de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal redujo de 561 a 383 millones de
pesos el presupuesto para apoyar a los niños trabajadores, y obligó las escuelas
a concursas para obtener estos fondos destinados a los niños.