Por Geraldina Colotti
El dueño
ordena y los sujetos se ponen en la fila. Después de las sanciones de Trump
dirigidas al oro de Venezuela llegan rápidamente las de Europa. El Consejo de
la UE ha decidido renovar por un año, hasta el 14 de noviembre de 2019, las
restricciones contra el país bolivariano.
Medidas que se remontan al 13
de noviembre de 2017 y se refieren a "un embargo de armas y equipo que
puede usarse para la represión interna", la prohibición de viajar y la
congelación de activos para 18 representantes del gobierno bolivariano
considerados como "responsables de violaciones de derechos humanos".
Debido a las sanciones, el
año pasado se impidió a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, ingresar a
Europa para explicar el funcionamiento del sistema electoral venezolano.
El presidente de Paraguay,
Mario Abdo Benítez, llegó a Italia y expresó "una gran preocupación por lo
que está sucediendo en Venezuela". Benítez, después de recordar "los
muchos venezolanos que huyeron a Paraguay", dijo que "un grupo de
países de América Latina no reconocerá la legitimidad del gobierno de
Maduro" el 10 de enero, cuando el presidente bolivariano tomará posesión
del cargo para un nuevo mandato.
Mientras tanto, una veintena
de ex gobernantes de España y América Latina envió una carta al presidente
electo de México, Manuel López Obrador y al de Brasil, Jair Bolsonaro, en la
cual pidió no invitar a Maduro a sus tomas de posesión.
De viaje a Italia, el
viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Yván Gil, denunció "la
intención de renovar las sanciones ilegales contra el pueblo venezolano y
contra los funcionarios por el simple hecho de respetar y hacer cumplir las
leyes venezolana, la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela". Gil ha emitido estas declaraciones al margen del IV Foro de
Pequeñas y Medianas Empresas, organizado por el Instituto Italo-Latinoamericano
(ILA) también con la participación de Venezuela.
Dijo que lamentaba que
"la Unión Europea persista en su interés o en su voluntad de promover una
solución antidemocrática en Venezuela, simplemente siguiendo las órdenes del
gobierno de Trump", cuyas sanciones, por la misma admisión de la administración
norteamericana, "hacen sufrir a nuestro pueblo al limitar su acceso a los
alimentos, a los medicamentos, e imponen una serie de medidas cuyo único
objetivo es derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro".
El ministro ha invitado
Europa a emprender el camino del diálogo, siempre seguido por Venezuela a
través del ejercicio de la democracia participativa establecida por la
Constitución, "que define claramente los requisitos jurídicos y
constitucionales para ejercer esta democracia".
En primer lugar - dijo Gil -
hay la Asamblea Nacional Constituyente, elegida por más de 8 millones y 300.000
venezolanos hace un año para restaurar la paz en el país y para crear nuevas
instituciones: a pesar de las amenazas y de las sanciones de la UE.
Venezuela - dijo el ministro
- es un país libre, que se independizó hace más de 200 años de un imperio
europeo, el español, y que no se deja chantajear. La vía del diálogo pasa por
el reconocimiento de que Venezuela debe resolver sus conflictos sin injerencias
externas. Y lo está haciendo: "está buscando la solución a sus problemas
económicos a través del Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y
Prosperidad, que comienza a dar resultados".