Apuntes sobre las organizaciones de los trabajadores
y las trabajadoras en Venezuela
Por: Jesús
Alberto Rondón
A
principios de siglo me encontraba cada tanto con un camarada, que después del
saludo, siempre preguntaba ¿Cómo está el movimiento? Era su
natural manera interrogar sobre la situación del movimiento obrero, del cual
veníamos participando de diferentes maneras. Hace unos meses otro camarada
también formuló la necesidad de plantearse en esencia la misma interrogante,
solo que tuvimos la oportunidad de debatir parte de la respuesta. Aunado a lo
anterior, podemos constatar que en la coyuntura socio-económica actual las
consecuencias más terribles las experimentan las familias trabajadoras
venezolanas, y en ella existen algunas respuestas de forma organizada. Entender
cómo se configuran las respuestas colectivas que hoy damos como clase
trabajadora a la situación que experimentamos justifica que hoy nos volvamos a
preguntar ¿Cuál es el estado del movimiento hoy?, dicho de otro modo ¿Cuáles
son los rasgos o características que prevalecen en las organizaciones de los
trabajadores y las trabajadoras en Venezuela? Lo que leerá a continuación es un
aporte para el debate en la construcción de una respuesta compartida, lo que
debería permitir identificar claramente orientaciones, estrategias y tareas
desde nuestros intereses como clase trabajadora.
Asumimos
la idea de movimiento organizado de los trabajadores y las trabajadoras de
manera amplia, así que proponemos superar la visión clásica que lo reduce al
abordaje exclusivamente a las organizaciones sindicales (Iranzo, 25
años en la sociología del trabajo en Venezuela, 2016)y que algunos
estudiosos sobre el tema (López, 2012) han desafiado este enfoque al incorporar
otros mecanismos de participación como la defensa de la salud y la vida
en el trabajo y la gestión directa de las empresas por parte de los asalariados
y asalariadas y el cooperativismo. En esta oportunidad con el objeto de
enriquecer el análisis incorporamos a las cajas de ahorros. Los
rasgos o características que se proponen abordar son las formas de
participación, las capacidades de negociar con los patronos públicos y
privados, las relaciones con el Estado, entre otros.
¿Cuántos
somos y donde estamos los que trabajamos en Venezuela?
Como se
ha afirmado otras oportunidades en materia de estadística en nuestro país
experimentamos un apagón (Rondón, Estadísticas en Venezuela: la caja oscura,
2017), en consecuencia, tener un panorama actualizado de la demografía
venezolana no es posible en este momento. Desde 2016 en Instituto
Nacional de Estadísticas y el Banco
Central de Venezuela no generan información oficial y publica
en relación al tema que nos ocupa [3].Es posible que, en
función del desempeño de algunos indicadores en los aspectos económicos y
sociales en los últimos años se estén produciendo cambios, sin embargo, sin
información oficial o con base científica, una discusión sobre este aspecto es
especulativa y estéril.
Sobre la
base de la información disponible en el INE a la fecha, podemos tener una
aproximación a los principales indicadores relacionados con la fuerza de trabajo,
en este sentido encontramos que para el primer trimestre de 2016 la población
total en Venezuela se estimó en 30.731.774 habitantes[4], de los cuales
14.124.319 formaron parte de la Población Económicamente Activa (PEA). La
población desocupada fue en ese momento de aproximadamente 7,3%.
La
población formal a principios de 2016 se ubicó en 7.899.160 personas, en
contraparte tenemos el sector informal, que represento el 39,7 % de la PEA. El
porcentaje de mujeres trabajadoras en el sector informal es de 35 %, estando el
resto en sector formal. En cuanto a hombres observamos que 57,5 se ocupa en el
sector formal, y los demás en el sector informal. En síntesis, para ese momento
había una mayor prevalencia de trabajadores y trabajadoras en el sector formal
de la economía y en él predominó la ocupación de las mujeres, en contraparte
con el sector informal donde laboran más hombres.
De los
trabajadores y trabajadoras ocupados en el sector formal el 20,9 % lo hace en
el sector público, lo que es el equivalente a 2.741.032 personas, la diferencia
se encuentra en el sector privado, de los cuales 4.912.001 son clasificados
como obreros y empleados.
Para
complementar este panorama breve sobre la clase trabajadora en Venezuela, se
incorporan dos aspectos abordados en la sección de Empleo de la Encuesta
Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2017 (Marotta), que elaboran
anualmente tres universidades nacionales en Venezuela[5]. De acuerdo al
autor de esta sección de la denominada Encovi el 91 % de la PEA está ubicado en
el sector terciario (Comercio y Servicios) de la economía, ratificando un
comportamiento histórico. De igual manera afirma el estudio que solo el 7,6 %
de los encuestados declara tener una afiliación sindical, observándose un
decrecimiento en relación al año anterior donde este porcentaje se ubicó en 9.4
%.
Las
organizaciones sindicales.
Entender
el movimiento sindical en la Venezuela contemporánea implica necesariamente
referirnos brevemente a su historia, en la cual la Confederación de
Trabajadores del Venezuela (CTV) tiene un rol estelar hasta 1998. La CTV estuvo
subordinada en la negociación con los partidos políticos (Acción Democrática y
Copei), siendo evidencia de ello la suscripción por parte de esta, del Pacto de
avenimiento obrero-patronal (1958) vigente por más de cuatro décadas y cuyo
objetivo fue "regularizar las formas de solución a los conflictos
laborales y desestimular la lucha de clases" (López, 2012:122). Con
posterioridad se constituyeron también la Central Unitaria de Trabajadores de
Venezuela (1963), de orientación de comunista; la Confederación de Sindicatos
Autónomos de Venezuela (1964), de orientación socialcristiana; y la
Confederación General de Trabajadores de Venezuela (1971). Estas últimas
centrales en general tuvieron actuaciones marginales y fueron ignoradas sistemáticamente
por los gobiernos de turno. La irrupción de Hugo Chávez en la dinámica
política, entre otras cosas implicó una sistemática critica a la CTV y falta de
reconocimiento en los años siguientes (Ellner, 2003: 163)[6].
En el
marco del proceso constituyente de 1999, diversos sindicatos conformaron el
Frente Constituyente de Trabajadores (FCT), cuya dirigencia tuvo cierta
influencia en la política gubernamental de ese momento y jugo un papel
importante en la redacción del texto constitucional, en relación a los derechos
laborales. Desde los inicios de la revolución bolivariana "los
trabajadores abandonaron masivamente los sindicatos afiliados a la CTV, y
procedieron a conformar nuevos sindicatos bolivarianos, identificados con la
revolución encabezada por Chávez" (López, 2012:143). Luego las
centrales que surgieron al calor de esta revolución buscaron fortalecerse "por
la vía de constituir y registrar numerosos sindicatos que ahora se denominaban
"bolivarianos" (López, 2012:150). En la perspectiva
de Iranzo (2018:110) esta estrategia se denomina paralelismo sindical. Según el
ministerio con competencia en las relaciones laborales en Venezuela (Ministerio
para el Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, 2018), en el periodo
1996-1999 se registraron 4.198 sindicatos, mientras que el periodo 2.000-2.016
se legalizaron 6.333 organizaciones de trabajadores y trabajadoras.
Después
de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
se inició un proceso inédito de elecciones en la CTV, donde las organizaciones
sindicales vinculadas al proceso revolucionario organizadas en la Federación
Bolivariana de Trabajadores (FBT) intentaron sin éxito lograr posiciones en la
directiva de la central. La CTV despilfarro la escasa legitimidad en lo
sucesivo y su dirigencia la inmoló organizativamente en el 2002 al aliarse con
la patronal organizada en la Federación Venezolana de
Cámaras de Comercio y Producción(Fedecámaras) en la promoción de la
huelga de empresarios, cuya duración fue de poco más de tres meses y tuvo como
objeto forzar la renuncia de Hugo Chávez a la jefatura del gobierno.
En el año
2003 se conforma la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), con cierto
reconocimiento gubernamental, en tanto le era útil para contar con un
interlocutor alternativo a la CTV, pero en la realidad las demandas de la nueva
central eran sistemáticamente diferidas por los actores políticos, que en otros
escenarios son patronos. A lo interno de la Unete prevaleció desde su fundación
una tensión que terminó con la salida en 2006 de un sector minoritario, pero
con pleno reconocimiento del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y en
consecuencia del gobierno; representado por la Fuerza Socialista Bolivariana de
Trabajadores (Fsbt). La base de la tensión es como se concibe la relación entre
el movimiento sindical con el partido-gobierno, en la cual se establecieron dos
posiciones: los que promovieron la autonomía (fundamentalmente la Corriente
clasista, unitaria, revolucionaria y autónoma -Ccura-) y los que promovían la
subordinación (Fbt).
Afirma
López sobre esta coyuntura lo siguiente: "La disposición de los
trabajadores de romper con la tradicional hegemonía cetevista no ha sido
recompensada con la constitución de un polo alternativo que sirva como
referencia organizada para la participación laboral en pro del fortalecimiento
y avance de la revolución bolivariana." (2012:152)
La larga
confrontación desarrollada desde los inicios de proceso bolivariano entre los
liderazgos sindicales, por lograr una hegemonía en las organizaciones de los
trabajadores y las trabajadoras, se comienza a resolver con la constitución de
la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (Cbst) en 2008 y se
cristaliza con su relanzamiento en 2011, durante el Primer Encuentro de
Trabajadores del Campo, la Ciudad y el Mar, y en el cual Hugo Chávez
designa la dirigencia. Para este momento la diáspora de sindicatos que había
comenzado en la Unete se acrecentó y terminó por debilitarla
significativamente.
A la
fecha la mayor parte de las organizaciones sindicales esta fundamentalmente
afiliadas a la Cbst. De manera minoritaria existen expresiones como el Frente
Nacional de Lucha de la Clase Obrera (promovido por la Corriente Cruz Villegas,
de Partido Comunista de Venezuela), conformado en 2015; y algunos sectores de
lo que fue la Unete, quienes desde el punto de vista político son afines al
proceso revolucionario. En contraparte y aún más minoritarios encontramos a la
CTV (ahora Alianza Sindical Independiente), el Frente Autónomo en Defensa del
Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS), quienes se asumen en oposición al
gobierno bolivariano (Fadess, 2011).
En la
dirigencia de la Cbst se encuentran fundamentalmente los líderes de los
sindicatos del sector público, que en el proceso de migración desde la CTV,
asumieron afiliarse al proceso revolucionario en Venezuela. Esta dirigencia se
está constituyendo en una nueva casta burocrática que negocia bajo el enfoque
que ya conocen la subordinación a la sociedad política. En los últimos años
parte de la dirigencia de la central ha desfilado como ministro del Poder
Popular para el Proceso Social de Trabajo, entre ellos podemos nombrar
Francisco Torrealba, Oswaldo Vera y a Néstor Ovalles. En la práctica no se
observa que la dirigencia actúe como interlocutores de los intereses y
problemáticas de los trabajadores y las trabajadoras de la base sindicalizada.
En el
marco de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que se
desarrolló en 2017, se contempló la participación sectorial y en el caso de los
trabajadores y trabajadoras se eligieron 79 constituyentes de 545 en total. La
totalidad de los electos o electas forman parte de la Cbst y de ellos la
mayoría son afiliados a la FBT.
En el
contexto actual y particularmente en marco del Programa de Recuperación
Económica, se observa que la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores se
constituye en un actor con una posición de minusvalía, puesto que en la
definición de esta estrategia para superar la crisis actual la preeminencia ha
sido de los interlocutores que representan a los actores económicos que
promueven el capital privado internacional y en menor medida nacionales. Así
pues, estimo que la política económica se acuerda con los empresarios y a los
representantes de los trabajadores y de las trabajadoras se les informa de lo
que se espera de ellos en la estrategia definida. Y en este marco se ubican
discursivamente sus voceros, de ello destaco la declaración del ahora ministro
del proceso social de trabajo (Piñate, 2018) quien reitera que "La
clase obrera da un paso al frente", pero cuando se examinan sus
declaraciones se constata que se le asigna el rol de "peón".
La
dirigencia de los sindicatos que representan a los afiliados y afiliadas que
laboran en la administración pública y que forman parte de la Cbst, se han
caracterizado por una posición de sumisión. Esta posición se justifica en el
hecho de que en un escenario de confrontación serán satanizados y
estigmatizados como contrarrevolucionarios por la sociedad política. La
consecuencia de esta posición ha sido la convalidación por la vía de los hechos
a la precarización de las condiciones de trabajo (entre las cuales la más
afectada es el salario). Para ilustrar lo indicado podemos referirnos a la
posición que se ha asumido en relación al incumplimiento por parte de patrono
público de sus obligaciones previstas en las Convenciones Colectivas vigentes
en la actualidad, esta ha sido extremadamente tímida, solo algunos sindicatos
se han atrevido a manifestar sus exigencias al respecto.
En el
sector privado los sindicatos se han ido distanciando organizativamente de la
Cbst y la relación que podemos observar es circunstancial e instrumental, pues
la base de los trabajadores y las trabajadoras que representa asume la creencia
de la responsabilidad del gobierno en la situación económica que vivimos. Estas
organizaciones habían logrado un avance con el respaldo del gobierno para
lograr la suscripción de contrataciones colectivas con los patronos, lo cual
podemos observar en el Gráfico Nº 1. Debido a la situación económica (donde la
hiperinflación es uno de los aspectos que ha diluido la capacidad adquisitiva
del salario) que experimentamos esos logros se han devaluado
significativamente, y sus demandas de ajustes de las cláusulas erosionadas han
sido ignoradas por la patronal privada.
La
estrategia de las direcciones de las empresas privadas ha sido la bonificación
del salario, es decir otorgar beneficios sin incidencia salarial, mediante
bonos en bolívares o en dólares, así como especies (alimentos). En
consecuencia, las banderas de reivindicación les fueron arrebatadas a la
dirigencia sindical, en tanto las direcciones de las empresas no negocian con
las representaciones sindicales, sino que otorgan de manera unilateral
beneficios como los descritos. Badiola (2017) expone desde su experiencia como
directivo de Cargill, una descripción de la relación que prevalece en el sector
con los sindicatos: "Estas instancias de representación obrera han
cesado su tradicional beligerancia con los patronos. Ya no se centran en la
promoción de huelgas y protestas en procura de reivindicaciones socioeconómicas
"faraónicas", sino que privilegian el mantenimiento de los puestos de
trabajo. Existe, en este sentido, una conciencia acerca del potencial letal que
para la continuidad de las operaciones tiene una contratación colectiva lesiva
a la empresa. Esto constituye un gran avance."
En los
actuales momentos encontramos una serie de manifestaciones espontaneas
fundamentalmente de trabajadores y trabajadoras de la administración pública en
las cuales demandan que el patrono honre los compromisos asumidos en las
Convenciones Colectivas (Aporrea, 2018). Las manifestaciones son promovidas por
liderazgos sindicales que no declaran vincularse con las centrales nombradas y
privilegian las exigencias de la mejora de las condiciones salariales (Aporrea,
2018). Los sectores como salud -enfermeras- y educación universitaria
-profesores- son las más resaltantes, con menores expresiones sectores como energía
-eléctrica y petróleo-, transporte y minas., Las demandas de los manifestantes
espontáneos o promovidas por liderazgos sindicales se ubican en la dimensión
económica fundamentalmente.
En el
gobierno bolivariano conscientes de la importancia de generar unas válvulas de
escape para liberar la tensión en algunos sectores, y con la anuencia de la
Cbst han anunciado tablas salariales para los trabajadores y trabajadoras
petroleros, de la industria del hierro (al sur del país) y los cementeros,
entre otros. Los tabuladores acordados no son del conocimiento público y según
los que laboran en esos sectores no satisfacen sus expectativas.
Una
característica de la conflictividad laboral en este momento está relacionada
con su cobertura mediática, puesto que históricamente el tema laboral ha estado
ausente de la agenda de los medios de comunicación privados. Hoy está muy
presente y se hace énfasis en las protestas de los trabajadores y trabajadora
del sector público y sobre todo de aquellos que sostienen un discurso que
responsabiliza al gobierno actual de las causas se sus condiciones. En los
medios públicos estas expresiones están invisibilizadas.
A la
fecha no se observan niveles significativamente importantes de coordinación
entre liderazgos sindicales que promueven estas protestas, que aun siendo
afecto al proceso bolivariano, sean alternativos a la Cbst, y menos en los que
no lo son o se asumen críticos al proceso, aunque eso no significa que se
vienen desarrollando convocatorias regularmente.
A pesar
de lo anterior no podemos ignorar en este análisis la conformación
recientemente de una instancia de articulación denominada la Intersectorial de
Trabajadores de Venezuela, quienes en su declaración fundacional (08/11/2018)
expresan: "Rechazamos el paquete económico de Maduro porque es
lesivo para la clase trabajadora En estos momentos, cuando la negativa
gubernamental a respetar nuestros derechos constitucionales obliga a la
profundización y generalización del conflicto laboral en Venezuela, hacemos un
llamado a todos los trabajadores del país a profundizar y unir nuestras luchas
hasta alcanzar la restitución plena de nuestros derechos humanos, políticos y
sociales" (Aporrea.tvi, (VIDEO) Aprobada por aclamación y a mano alzada la
proclama de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, 2018).
Por otro
lado, conviene citar las declaraciones del Coordinador del Frente Nacional de
Lucha de la Clase Trabajadora, Pedro Eusse, quien en el último encuentro de
esta instancia denuncio "que el Gobierno ha dictaminado una política
salarial regresiva, que estamos enfrentando y que debemos derrotar porque
golpea los beneficios económicos conquistados por las y los trabajadores a
través de sus convenciones colectivas, tanto en el sector público como en el
privado" e hizo un llamado «a que nos levantemos en lucha
unitaria contra esas decisiones, que forman parte de una concepción que ha
adoptado el Gobierno para pretender salir de la crisis por una vía
procapitalista, por el sendero del reformismo regresivo que va dirigido a fortalecer
el papel del capital, a reducir el papel del Estado y a restarle fuerza al
movimiento de las y los trabajadores" (Tribuna Popular, 2018: 5).
Finalmente
examinamos brevemente otro espacio emergente promovido por la Unidad Popular
Revolucionaria Antiimperialista (UPRA), bajo el lema: "Ante la Agresión
Imperialista, la clase obrera lucha, avanza y se organiza". Participan
sindicatos de empresas privadas y públicas vinculados al movimiento Gayones,
que tiene su fuerte en el Estado Lara. En su declaración destacan que la
situación de los trabajadores y las trabajadoras en Venezuela son producto de
una agresión a la revolución bolivariana y proponen una serie de medidas que
debe implementar el gobierno de Nicolás Maduro (Se desarrolla con éxito 1er
Encuentro Nacional de la Clase Obrera organizado por la UPRA, 2018).
Sectores
sindicales no afectos y afectos al gobierno denuncian un proceso de
criminalización de la protesta (Aporrea.tvi, (VIDEO) Libertad plena para Rodney
Álvarez claman trabajadores frente al Palacio de Justicia, 2018) y del
ejercicio del derecho a la sindicalización. Desde el gobierno bolivariano hay
un desconocimiento de tales afirmaciones, y desde el Ministerio Público no hay
posición oficial. Organizaciones de Derechos Humanos como Provea sistematizan y
reportan casos que según ellos evidencian esa realidad, los cuales se pueden
encontrar en el capítulo denominado Laborales, que se encuentra en sus informes
anuales (Provea, 2018).
La
organización y participación de los trabajadores y trabajadoras en la defensa
de la vida y la salud en el trabajo.
En la
década de los setenta comenzó la movilización organizada de los trabajadores y
trabajadoras por la defensa de la salud y la vida en el trabajo. La
movilización congrego a los que laboraban y a profesionales en materia de salud
y se logró construir una propuesta de ley en materia de salud y seguridad
laboral entre 1977 y 1979. Debido a la unidad de clase del momento se alcanzó
articular con algunos diputados como Emigdio Cañizales (PCV) y José R. Felice
(URD), a pesar de pertenecer a proyectos políticos diferentes; presentaron la
propuesta en el entonces Congreso Nacional. En 1982 ocurre la denominada
tragedia de Tacoa (Rivas, 2015), que ratifica comunicacionalmente la necesidad
de una legislación en el tema. Finalmente, en 1986, luego de un largo y muy
amenazado proceso de discusión legislativa se aprueba la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Para la emisión de la
nobel norma fue determinante la suma a la iniciativa de diputados relacionados
con la base sindical, aunque como se afirmó anteriormente pertenecían a
proyectos políticos distintos; como Acción Democrática (Beltrán Vallejo) y el
Movimiento al Socialista (MAS).
En el
marco del proceso constituyente (1999) se logró incorporar en nuestra carta
magna un precepto constitucional en que aborda la responsabilidad del patrono o
patrona en relación a las condiciones seguras y saludables (Articulo 87, Crbv).
La aprobación de la ley o la nueva constitución no significo un avance en
términos institucionales de manera inmediata. Lo que se convirtió en el próximo
desafío de las movilizaciones. En los albores de la revolución bolivariana
(2002) las organizaciones de la Coordinadora Nacional de Salud de los
Trabajadores (Conasat) logran incidir en la política gubernamental y lograr la
activación del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales
(Inpsasel), como órgano gestor en el ámbito de la salud de los trabajadores en
el país. Gracias a la fortaleza organizativa también se promovió y alcanzo la
reforma Lopcymat en 2005, donde la instauro una visión sistémica e integral
para abordar la responsabilidad del patrono o patrona y donde participación de
los trabajadores y trabajadoras es clave, bien sea directamente o delegada.
Los
delegados y delegadas de prevención son electos por los trabajadores y
trabajadoras (excepto los que ocupan cargos de dirección o tengan un vínculo de
afinidad o consanguinidad con los patronos o sus representantes) en sus
entidades de trabajo mediante elecciones democráticas, directas y secretas. En
tanto cargos de elección popular poseen atribuciones y facultades, de las
cuales conviene resaltar tres: conformar conjuntamente con los representantes
del patrono o patrona los Comités de Salud y Seguridad Laboral, donde se define
la política de salud laboral y se aprueban y evalúan los planes de acción para
abordar los procesos peligrosos; coordinar con la organizaciones sindicales las
acciones para la eliminación de la condiciones inseguras e insalubres y exigir
al empleador o empleadora las mejoras en materia de salud ocupacional así como
la participación conjuntamente con los trabajadores y las trabajadoras en la
elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
A la
fecha el Inpsasel, como ente encargado del registro de los trabajadores y
trabajadoras electos como delegados o delegadas de prevención solo dispone de
cierta información pública (Inpsasel, s.f.). En función de dichos datos,
podemos observar que en el periodo 2008-2015 se han registrado en promedio
34.062 personas por año como delegados o delegadas de prevención. Resulta
llamativo que la proporción de hombres en relación con las mujeres electas como
delegadas de prevención es mayor (tomando en cuenta las mujeres están más
ocupadas en el sector formal de la economía), aunque podemos constatar un
cierre lento de la brecha hacia el 2015. En el siguiente cuadro se detalla las
cifras por año y por sexo.
Cuadro Nº
1. Número de delegados y delegadas de prevención electos en el periodo
2008-2015
Año
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Hombre
|
19.142
|
23.118
|
21.034
|
23.919
|
24.706
|
26.030
|
24.774
|
23.514
|
Mujeres
|
7.312
|
9.998
|
9.605
|
10.779
|
11.540
|
12.611
|
12.184
|
12.230
|
Total
|
26.454
|
33.116
|
30.639
|
34.698
|
36.246
|
38.641
|
36.958
|
35.744
|
Fuente:
Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales
Los
delegados o delegadas de prevención en términos generales son bien valorados
por el colectivo de trabajadores y trabajadoras en las entidades de trabajo.
Incluso en algunas se puede constatar un escenario de competencia o de
conflicto, más que de complementariedad o alianzas con los representantes
sindicales. En tanto los delegados o delegadas de prevención no promueven o
gestionan beneficios de carácter contractual, como los representantes
sindicales; son menos susceptibles de establecer algún tipo de negociación con
el patrón o patrona que comprometan su desempeño.
Aun así,
lo que puede perjudicar esta forma de participación es la inacción de los
delegados o delegadas de prevención, quienes, al no ejercer su labor de
contraloría de la obligación del patrono o patrona de garantizar condiciones
seguras y saludables, hacen mermar la confianza en ellos por parte de sus
compañeros y compañeras y comprometen los avances que en materia de seguridad
laboral se puedan desarrollar. En función de fomentar un mayor desempeño de las
personas que ejercen estos cargos el Inpsasel desarrolla un Programa Nacional
de Formación dirigido exclusivamente a estos representantes.
La
articulación de los trabajadores y las trabajadoras en torno al tema de la
salud y la vida en el trabajo se ubican en tres momentos. El primero en las
organizaciones originarias, donde las expresiones regionales[7] se articularon
en la Coordinadora Nacional de Salud de los Trabajadores, que venían
fortalecidas por más de tres décadas de lucha y que gozaron de una gran
autonomía frente a la nueva institucionalidad (fundamentalmente el Inpsasel),
hasta el punto de tener una gran influencia en la definición de la política
pública en materia de salud de los trabajadores. Un segundo momento a partir de
2007, protagonizado por los Frentes de delegados y delegadas de prevención,
cuya instancia nacional en el Frente Unido Nacional Socialista de Trabajadores
y Trabajadoras por el Derecho a la Vida y la Salud en el Trabajo, que podemos
afirmar que se constituyó en una de las primeras acciones de la burocracia de
influir y subordinar las organizaciones por la defensa de la salud y la vida en
el trabajo. Finalmente encontramos un tercer momento donde desde el Inpsasel
igualmente se promovió la creación de los Consejos de delegados y delegadas de
prevención, como una nueva táctica para controlar las organizaciones. En este
último momento, se profundizó una relación clientelar en relación con estas
organizaciones, es decir en el Inpsasel se tramitaban las demandas de los
delegados y delegadas de prevención a cambio se apoyo nominal. Hoy día
coexisten las tres formas de organización y desde hace ya un buen tiempo se inició
un proceso de unificación que no se ha concretado.
En
relación al aspecto organizativo de los delegados y delegadas de prevención
podemos afirmar que hoy es débil, esta mediatizado por una relación clientelar
con la institucionalidad y en consecuencia en gran parte subordinada a esta,
por lo que su influencia en la política pública de salud y seguridad laboral
que es su ámbito de competencia primario es muy limitado.
Los
Consejos de Trabajadores y Trabajadoras.
En el
proceso de la revolución bolivariana las iniciativas de los Consejos de Fábrica
se constituyen en la primeras iniciativas en la cuales los trabajadores y las
trabajadoras se proponen poner en "practica en práctica la democracia
directa entre los trabajadores", "superar la división social del
trabajo existente entre empleados y obreros, entre sindicalizados y no
sindicalizados, entre trabajadores manuales y trabajadores intelectuales", demostrar
que es posible prescindir de los capitalistas propietarios de los medios de
producción para llevar a cabo la gestión directa de las fábricas . (López,
citando a la Corriente Marxista Revolucionaria,2012:151). Estas iniciativas
se articularon en torno al Frente Revolucionario de Trabajadores de Empresas
Recuperadas y Ocupadas en 2006.
Para el
año 2011 las diversas iniciativas existentes convergen en el Encuentro Nacional
por el Control Obrero, realizado en Ciudad Guayana con las siguientes
consignas "Ni capitalistas ni burócratas, todo el poder para los
trabajadores", y "La emancipación de la clase obrera es obra
de la clase obrera misma". Hasta ahora ha sido el mayor encuentro
sobre el tema en la Venezuela contemporánea, en cuanto a representatividad de
las experiencias vigentes para el momento y se caracterizó por la independencia
y autonomía en las deliberaciones y la toma de decisiones.
Posterior
a la realización de este encuentro se desarrollaron reuniones con el objeto de
hacer seguimiento a las propuestas operativas relacionadas con la organización,
la formación, la movilización y la legislación. En este último aspecto la
orientación central era promover una discusión en la construcción de un marco
jurídico que contemplara lo relacionado a la participación de los trabajadores
y trabajadoras en la gestión de las empresas, por lo cual es fundamental para
ese escenario la aprobación de una Ley de Consejos de Trabajadores.
Paulatinamente los niveles de articulación se fueron debilitando hasta
desaparecer completamente hacía 2016. Vale resaltar que en estas deliberaciones
el Partido Comunista de Venezuela, sometió a consideración de las iniciativas
involucradas una propuesta de Ley de Consejos de Trabajadores.
La
tensión principal de quienes han promovido la gestión de las empresas por parte
de los trabajadores y trabajadoras organizadas ha sido en relación con la
burocracia gubernamental y la dirigencia sindical burocrática. Siempre ha
existido la intención desde la dirigencia política de subordinar cualquier
iniciativa en esta materia.
La
oportunidad de actuar de la alianza burocracia gubernamental y el sindicalismo
burocrático llegó en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual
se presentó y se aprobó sin mayor deliberación una iniciativa legislativa que
se concreto en la Ley de los Consejos Productivos de Trabajadores. Esta
oportunidad tuvo su cimiento en el fracaso de múltiples experiencias (en la
mayoría de cuales la causa está relacionada con los ataques de la burocracia
gubernamental contra la autonomía) y en los pocos niveles de articulación de
las experiencias que existen. En 2016 en el marco del estado de excepción y
emergencia económica, se había publicado un decreto (con un ámbito de acción
reducido) en mi opinión escueto sobre los Consejo Productivos de Trabajadores.
La ley de
los Consejos Productivos de Trabajadores tiene por objeto: "regular la
constitución, organización y funcionamiento de los Consejos Productivos de
Trabajadoras y Trabajadores, para la participación protagónica de la clase
obrera y demás expresiones del Poder Popular en la gestión de la actividad
productiva y distribución de bienes y servicios en las entidades de trabajo
públicas, privadas, mixtas y comunales, a fin de garantizar el desarrollo
productivo de la Nación y su acceso oportuno para el Pueblo, en aras de
fomentar una nueva conciencia y cultura de trabajo.". Es de
particular interés resaltar que en el artículo Nº 6 de la citada norma, se
establece que el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo
será el órgano rector de los Consejos Productivos de Trabajadores.
A
instancias del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social se convocó
el Encuentro Nacional de los Consejos Productivos, en julio de este año. Se
informó que participaron aproximadamente 720 delegados y delegadas de todo el
país. En este evento el ministro Eduardo Piñate afirmó que explicó que "la
jornada tiene como finalidad elaborar mesas técnicas de debate con
representantes de la clase obrera con el objetivo de crear un proceso
productivo diversificado que no dependa de la renta petrolera"
(Morales, 2018). Previamente había declarado Piñate que "se presentará
un proyecto de reglamento de la Ley Constitucional de los Consejos Productivos
de los Trabajadores (CPT) y se desarrollará un debate sobre el modelo de
gestión de las empresas de la Revolución por la clase obrera." (Yañez,
2018).
Algunos
sectores son críticos de esta norma y en ese sentido afirman: "Es
nuestro deber señalar que esta ley tiene un fin propagandístico, al denominar
"consejos" lo que realmente es un ente observador y fiscalizador del
ministerio en las empresas, el legislador busca ganar apoyos de la clase
trabajadora, que desde 2012 cuando fue promulgada la LOTTT, viene luchando por
una ley de consejos de trabajadores que le permita tomar bajo control obrero
los medios de producción." (Perez & Escalante, 2018). En todo
caso la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras tipifica a
los Consejos de Trabajadores, lo que indica que la discusión y la acción no
está cerrada al respecto.
Las Cajas
de Ahorro de los trabajadores y trabajadoras.
Las cajas
de ahorros surgieron como mecanismos de amparo de los trabajadores y
trabajadoras, en una sociedad que se configuraba capitalista. Sus inicios están
relacionados con las sociedades de auxilio mutuo. Hasta 2001 estaban regidas
por la misma norma que regulaba la actividad cooperativa. En Venezuela se
constituyen de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1.999) en "medios de participación y protagonismo del pueblo
en ejercicio de su soberanía" en el ámbito social y económico. En
estas 1.322 organizaciones conformadas en nuestro país, estamos asociados y
asociadas aproximadamente ocho millones de trabajadores y trabajadoras. El 57 %
de las Cajas de Ahorro están ubicadas en el sector público y el resto en
empresas privadas.
En
concordancia con el postulado constitucional aludido, se establece la Ley Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y
Asociaciones de Ahorro similares (2.010), que en su artículo Nº
3 define a las Cajas de Ahorro "como de las asociaciones civiles
sin fines de lucro, creadas, promovidas y dirigidas por sus asociados,
destinadas a fomentar el ahorro, quienes reciben, administran e invierten, los
aportes acordados". Seguidamente se establece en el artículo Nº 4
que estas asociaciones civiles deben ser guiadas por los siguientes principios:
Libre acceso y adhesión voluntaria, participación y protagonismo en lo social y
económico, de carácter social, generador de beneficios colectivos, eficiente y
sin fines de lucro; funcionamiento conforme al principio de control
democrático, que comporta la igualdad de derechos y obligaciones de los
asociados y finalmente mutua cooperación, equidad y solidaridad, para fomentar
y proteger el ahorro de sus asociados (Rondón, Seis desafios para las cajas de
ahorro en Venezuela, 2018).
Las cajas
de ahorro son y se constituyen con parte del patrimonio de la familia
trabajadora, pues por vía contractual los trabajadores y trabajadoras que se
asocian aportan un porcentaje mensual de su salario y el patrono en contraparte
coloca el mismo o un mayor porcentaje.
En el
contexto económico vigente el patrimonio de las Cajas de Ahorros en Venezuela está
siendo devorado por la hiperinflación. Los ahorros de toda la vida de los
trabajadores y las trabajadoras y por ende de sus familias ahora valen muy
poco.
Hace poco
tiempo describí la situación de las cajas de ahorro de la siguiente
manera: "En este escenario de crisis económica la operación de las
Cajas de Ahorro es sumamente limitada, por un lado, porque los instrumentos de
inversión en el ámbito financiero presentan rendimientos ínfimos y por otro
encontramos que las capacidades y las opciones de inversión son reducidas. En
el ámbito financiero las cuentas de ahorros y otros instrumentos (como las
ofertas en el mercado de valores) no superan el catorce por ciento en
rendimientos anuales. Los préstamos que otorgan estas asociaciones a sus
afiliados y afiliadas tienen una tasa de interés que no supera el doce por
ciento. El Gobierno Bolivariano ofertó la participación en la compra de Petros,
que aún no se ha concretado; ahora se está en trámites de hacer colocar un
segmento del patrimonio en la oferta de oro, mediante certificados. Adquirir
inmuebles es prácticamente imposible, dada las pautas previstas en la Ley de
Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones similares. La fracción del
patrimonio de nuestras asociaciones presupuestado para inversión en
instrumentos no financieros es extremamente limitada ante la escasa ofertas de
productos o servicios en el mercado formal y menos en el especulativo, dado los
costos crecientes.
En
contraparte los costos de personal, insumos, servicios, entre otros gastos
siguen muy de cerca a los ingresos. Aun así, la mayoría de las Cajas de Ahorro
siguen solventes, puesto que no reportan perdidas. Se sigue resistiendo,
incluso a costa de hipotecar o liquidar parte de los bienes." (Rondón, Cajas de Ahorro
en Venezuela: ¿Qué hacer?, 2018).
La
participación de los trabajadores y las trabajadoras como asociados y asociadas
a las cajas de ahorro es muy limitada, pues se circunscribe a participar en las
asambleas anuales donde las directivas de estas organizaciones rinden cuentas y
presentan los proyectos (programáticos y financieros anuales). Los espacios de
intercambio son muy escasos. Así pues, los asociados y asociadas se convierten
en clientes en términos reales.
Actualmente
las cajas de ahorro se articulan a nivel nacional en dos organizaciones de
carácter nacional, en primera instancia y con más participación la Federación
Nacional de Cajas de Ahorro de Venezuela (Fecafav) y la Asociación Nacional de
Cajas de Ahorro de Venezuela (Ancahoven). Las actividades promovidas por
Fecafav y Ancahoven se han orientado fundamentalmente a desarrollar espacios
para que las asociaciones construyeran algunos proyectos comunes y compartir
experiencias de desempeño.
Hasta
este año las cajas de ahorro de los trabajadores y trabajadoras en Venezuela
habían estado ausente de la política gubernamental. La Superintendencia de
Cajas de Ahorro a lo largo de la historia ha cumplido un rol
administrativo, más que de orientación o promoción de las cajas de ahorro. A lo
largo de 2018 estas organizaciones han estado en el discurso gubernamental, y
principalmente en el del máximo vocero es el presidente Nicolás Maduro. La
intención más que política gubernamental en que los devaluados patrimonios de
las cajas de ahorro sean invertidos en mecanismos que según declaran debería
protegerlos de la hiperinflación. Así pues, invitan a invertir en certificados
en oro y en la criptomoneda Petro (AVN, Autoridades nacionales se reunieron con
Cajas de Ahorro, 2018). A la fecha no se disponen de datos públicos de cajas de
ahorro que hayan invertido en Petros y según Reuter para mediados de octubre
solo 23 entidades habían adquirido certificados en oro (Reuter, 2018). En conclusión,
la política gubernamental esta orientada a profundizar un enfoque rentista, que
viene prevaleciendo en las cajas de ahorro históricamente. Aun así el conjunto
de cajas de ahorro no parece ver de manera atractiva la oferta gubernamental,
frente a lo cual algunos de la Cbst plantean la reforma la Ley de cajas de
ahorro, fondos de ahorro y asociaciones similares (AVN, Proponen aprobar una
nueva Ley de Cajas de Ahorro, 2018).
El
cooperativismo.
En el
inicio de proceso revolucionario hubo un espacio donde se escucharon diversas
propuestas para superar el modo de producción capitalista. Uno de los sectores
que llegaron a tener un discurso que influyeron en el liderazgo de la
revolución fue el de economía social y solidaria. Los portavoces de este discurso
estaban en Venezuela, pero otros nucleados en torno a la articulación
favorecida por el Foro Social Mundial que en ese momento experimentaba su
clímax. Las experiencias de referencia en el ámbito de la economía social y
solidaria que influyeron de gran manera en Venezuela estaban ubicadas en los
estados Lara (Bastidas, 2017) y Falcón y a nivel latinoamericano en Brasil,
Europa y España.
La
política del gobierno bolivariano fue el impulso de las cooperativas, como
mecanismo alternativo a la empresa mercantil que prevalece en la economía
nacional; para ello se diseñó e implementó la Misión Vuelvan caras cuyo
propósito "fue contribuir a la construcción de un nuevo modelo
económico-social". Acompañado de una reforma legal del marco jurídico
relacionado con el cooperativismo, se implementó un conjunto de sistemas de
formación desde el Estado, en los cuales se promovió la conformación de las
cooperativas, complementado con sistemas de financiamiento expreso para los
proyectos que estas entidades se formularon con la asistencia técnica de los
sistemas de formación. Los indicadores en cuanto a la conformación de
cooperativas brindaron información de una realidad particular, de 1.004
cooperativas conformadas antes del 1999, se pasó a contar con 307.796, de la
cuales al cierre de 2011 estaban inactivas 267.796. Un crecimiento y descenso
súbito. A la fecha no contamos con indicadores oficiales públicos sobre este
aspecto.
Bastidas
y otros (2011:33) consideran que el fracaso de la promoción del gobierno en el
ámbito cooperativo fue: 1.- La ausencia absoluta de claras definiciones
de la Economía Social y el Cooperativismo por el primer mandatario. 2.- El
desconocimiento extremo de la dimensión económico - empresarial de las
cooperativas por los facilitadores de la formación. 3.- El financiamiento de
cooperativas sin formación previa en formulación de proyectos y planes.4.- La
manipulación con fines políticos de la constitución de cooperativas por los
Círculos Bolivarianos, y luego por los militantes del PSUV acompañada del
filtro político-ideológico de pasar por la Misión Vuelvan Caras. 5.- La
imposición inicial a las empresas que quisiesen contratar con empresas públicas
como PDVSA y la CVG de convertirse en cooperativas o constituir cooperativas
para contratarlas.
En el
contexto actual podemos afirmar que luego de la experiencia en la revolución
bolivariana en cuanto a cooperativas, volvimos al escenario previo a 1999.
Incluso recientemente se denuncia que desde el punto de vista impositivo se
beneficia sustancialmente a las empresas mercantiles, y en contraposición se
incrementan las tasas para las asociaciones cooperativas (Uzcátegui, 2015).
A modo de
conclusión:
En este
momento las expresiones organizativas en el movimiento de los trabajadores
tienen una configuración diferenciada, por un lado la mayor parte de las
organizaciones sindicales y los mecanismos de articulación entre ellas están
subordinados al Partido-Gobierno, otras minoritarias están comprometidas con
una agenda contra el gobierno más allá de los intereses de la clase trabajadora,
es decir subordinadas a otra agenda de actores políticos; y en mucha menor
medida algunas críticas al gobierno. Las expresiones de protestas espontaneas u
organizadas tienen una base de demandas fundamentalmente economicista.
Similar
comportamiento encontramos en las organizaciones de defensa de la salud y la
vida, quienes tendencialmente terminan subordinadas a la burocracia
institucional y su incidencia en la política pública en materia de salud y
seguridad laboral hoy es marginal.
Las
iniciativas de gestión directa de las empresas por parte de los trabajadores y
las trabajadoras hoy son cooptadas por el Estado gracias a la legislación, en
este caso el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo
como ente rector, lo que reduce las posibilidades de acciones sin la aprobación
del Partido-Gobierno.
Finalmente,
y en contraparte encontramos a las cajas de ahorro, las cuales en el escenario
actual están en número como históricamente se han mantenido, pero con el
patrimonio de las familias trabajadoras erosionado por la hiperinflación; y
mantienen relativa autonomía en relación al Estado, aunque sus niveles de
articulación son sumamente débiles.
Las
cooperativas después del crecimiento y descenso súbito experimentado a
principios de siglo, vuelve a tener un comportamiento similar a los que estaban
antes de la llegada de Chávez a la presidencia, caracterizado por una silente y
marginal contribución al tejido económico venezolano.
Esta
lectura del momento actual del movimiento de los trabajadores y las
trabajadoras en Venezuela, no permite constatar que la clase trabajadora no ha
sido el sujeto histórico en la revolución. En un primer momento bajo la
conducción de Chávez, el sujeto promovido fue el pueblo con sus organizaciones
comunales y progresivamente fue desplazándose hacia el partido como la forma
organizativa del partido. Bajo la conducción de Maduro el sujeto es el partido
como expresión organizadas del pueblo. Esta situación tiene implicaciones
prácticas, puesto que cuando prevalecen las organizaciones comunales, hay una
indiferencia hacia las organizaciones del movimiento de la clase trabajadora
por parte de la sociedad política, pero cuando se desplaza al partido la
relación cambia y se procura el control y la subordinación de estas expresiones
de los trabajadores y trabajadoras.
Hoy
podemos observar la ausencia de discusiones en el seno de nuestras
organizaciones orientadas a definir nuestro papel en el proceso de cambios. La
agenda que prevalece ayer y hoy es reivindicativa, lo que coloca un sesgo
importante que las orientaciones de las acciones.
Históricamente
como clase trabajadora, somos quienes estamos en su seno quienes tenemos la
capacidad de impulsar, construir y articular organizaciones en función de
nuestros intereses. Nuestras organizaciones, como en otros momentos deben tener
claro quién es el enemigo de clase y las capacidades de lucha. En la Venezuela
contemporánea las organizaciones de la clase trabajadora están desafiadas a
construir capacidades para construirse como sujeto del proceso de cambios,
incidir en la correlación de fuerzas vigentes.
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de Venezuela. Caracas. Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.453 de
la República Bolivariana de Venezuela, 24 de marzo de 2000.
[1] Publicado en https://rondonjesus.blogspot.com/2018/11/el-estado-del-movimiento-apuntes-sobre.html
[2] Agradezco la contribución para este articulo
a Marisol Guedez, Pedro Montilla, José Fonseca, Turki Al Maaz, Adelmo Becerra,
Eduardo Ríos y Roberto López, quienes participan activamente en diferentes
instancias organizativas del movimiento de trabajadores y trabajadoras en
Venezuela; que además de correcciones y contenidos, aportaron preguntas o
cuestionamientos que he intentado incorporar en el texto.
[3] Esta situación no significa que no exista
información, solo que en ámbito público está reservada para la toma de
decisiones de los distintos niveles de gobierno y en ámbito privado las
empresas cuentan con reportes de entidades especializadas (Hinterlaces,
Datanalisis, entre otros) sobre este y otros aspectos igualmente para la toma
de decisiones.
[4] De los cuales 22.520.607 tenían 15 años o más
y de esta cantidad los que están en edades de 15 y 44 años son 9.233.302
[5] Universidad Central de Venezuela, Universidad
Católica Andrés Bello y la Universidad Simón Bolívar.
[6] Podemos referir por ejemplo la falta de
convocatoria a la tripartita, conformada por el gobierno, la representación de
los empresarios y la principal central de trabajadores y trabajadoras para
acordar los salarios, como hasta la fecha se había venido haciendo
[7] Entre las que encontramos Centro de Formación
Laboral y Sindical del estado Lara (Cerforlasin) -1990-, liderada por Pedro
Pascual Abarca; la Asociación De Trabajadores Incapacitados del Estado Aragua
(Atrinca) -1992-; y la Coordinadora de Higiene y seguridad de Aragua -1992-.