Desde
Estados Unidos no sólo se toman decisiones con respecto a la desestabilización
del país por vía de la violencia política, sino también de la economía y, en
específico, contra su industria más importante: PDVSA.
Desde el año pasado algunos
medios radicados en Estados Unidos han venido anunciando que el gobierno de
Donald Trump pretende imponer sanciones a PDVSA de manera más agresiva,
refiriéndose específicamente a la no compra del petróleo venezolano por parte
de ese país.
De hecho, un embargo total sería
uno de esos estacazos que la Casa Blanca cree poder asestar para influenciar la
caída del Gobierno Bolivariano, pues Estados Unidos es uno de los mayores
compradores de crudo venezolano. A este plan se le conoce como la “opción
nuclear”, tal vez debido a las terribles consecuencias inmediatas que podría
acarrear esta medida en la economía y las finanzas de Venezuela, pero sobre
todo en la población del país.
Sin embargo, en vista de que
los operadores políticos estadounidenses también conocen de antemano lo que
podría suceder a nivel social, en vista de que el gobierno de Nicolás Maduro
podría capitalizar en favor de la cohesión nacional un factor de agresión como
lo sería un embargo petrolero, tienen otros ítems en la mesa que piensan
utilizar.
Uno de los medios web que más
acompaña el relato del establishment del Partido Demócrata en Washington D.C.,
McClatchy, reseñó el reciente 24 de agosto, a través de funcionarios anónimos
de la Casa Blanca, que “la administración (trabaja) con sanciones más
quirúrgicas que bloqueen la venta de petróleo y de productos de procesamiento
de petróleo por parte de las compañías estadounidenses a Venezuela, para así
entorpecer la industria petrolera sin impactar directamente en el pueblo
venezolano”.
Esto con el objeto de
“maximizar la presión” en el presidente Nicolás Maduro, según las palabras de
un funcionario citado mas no referido por parte del medio capitalino. Justo en
un momento en el que el gobierno venezolano busca cambiar la situación de
la economía local bajo un conjunto de medidas que resguardan el salario de los
trabajadores y que, asimismo, apunta a reordenar los factores (externos e
internos) que apuntalan la inestabilidad económica.
Los detalles específicos
Según el reporte de
McClatchy, el gobierno de los Estados Unidos busca prohibir la venta por parte
de las compañías estadounidenses a Venezuela de unos 3.5 millones de barriles
de petróleo y otros productos refinados como la nafta pesada, usada por
PDVSA y sus socios en varias empresas conjuntas en la Faja Petrolífera del
Orinoco Hugo Chávez, la mayor región productora de crudo del país. La nafta
sirve para diluir una gran parte de la producción de petróleo extrapesado
y convertirla en grados exportables.
En una nota de Reuters de
julio de 2017, se refiere que las importaciones venezolanas de nafta pesada de
Estados Unidos promediaron 33 mil barriles por día el año pasado, frente a los
25 mil barriles de 2016.
Desde 2006 se importa desde
Estados Unidos a Venezuela petróleo ligero, específicamente para procesar
en su refinería Isla de 335 mil barriles por día en Curazao. Una parte se
mezcla para producir crudos exportables. Después de importar 30 mil barriles
por día el año pasado, las compras se han reducido a 19 mil barriles por día en
2017 debido a retrasos en los pagos, producto del bloqueo financiero a través
de una Orden Ejecutiva firmada por Trump, y el bajo rendimiento productivo
de la instalación.
También, en el año 2017
Venezuela tuvo que importar combustible desde Estados Unidos para compensar la
disminución de la producción local. Compró 48 mil barriles por día de
gasolina, destilados y componentes, nada más en los primeros cuatro meses de
2017. En 2018 los niveles de importación bajaron debido al relanzamiento de la
industria petrolera.
Afectaciones y riesgos
Lo que ha impedido a la
Administración Trump, según McClatchy, tomar nuevas acciones contra el país son
las extremas consecuencias que un embargo podría provocar en la población
venezolana, además de poner en riesgo los negocios de empresarios energéticos
estadounidenses y afectar al consumidor promedio en los Estados Unidos, que ya
de por sí ve cómo se incrementa cada vez la gasolina.
Pero las presiones desde
Miami y otras regiones de ese país bajo el lobby intervencionista a la
Casa Blanca con relación al tema Venezuela han hecho retomar los planes de
sanciones, que presentarían en los próximos tres meses, según la publicación.
Por ello, este paquete de
próximas sanciones avisadas por medios estadounidenses debe verse como una
respuesta inmediata al plan del Presidente de la República, que tomó como
medida fundamental el cambio de patrón de referencia a la economía venezolana
(del petrodólar a la criptodivisa Petro).
Sin embargo, ya se encuentra
en proceso un cuasi embargo por parte de Estados Unidos a Venezuela, puesto que
ha disminuido, desde septiembre de 2017, la venta de petróleo venezolano a
compañías estadounidenses. Según el portal Banca y Negocios, las
exportaciones de petróleo venezolano hacia Estados Unidos entre enero y mayo de
2018 registraron una caída de 48% (equivalente a 58,7 millones de barriles), si
se comparan con el mismo período de 2017, según las cifras del Departamento de
Comercio de Estados Unidos.
Acorde a esa misma
fuente, entre enero y mayo Estados Unidos pagó por la venta de crudo 30%
menos que en el mismo periodo del año anterior, para un total de 3 mil 536.4
millones de dólares a Venezuela (a 60.2 dólares el barril), mientras que en
2017 el costo promedio del barril estaba en 45.1 dólares.
Todo ello equivale a una
pérdida por concepto de venta de crudo venezolano de 8 mil 235.8 millones
dólares, la cifra más baja en los últimos nueve años.
Además, como ya respondimos
en Misión Verdad,
es una falacia que Estados Unidos no necesite el petróleo de otros países.
Por ello empresas como ExxonMobil siguen expandiéndose en el mercado global
energético, con el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos como
principal apoyo de su negocio.
La fabricación de una crisis
Activar un embargo total
contra Venezuela busca que algunos factores económicos produzcan una
conmoción social a nivel nacional, pero este no es el verdadero motivo por el
que el establishment estadounidense no desea aplicar una medida de ese nivel,
aun cuando el Gobierno Bolivariano tenga cómo sortear esa
prohibición hacia otras regiones y actores relacionados, como China (el
mayor importador de energía fósil en el mundo).
Más bien, un
embargo pondría en evidencia a la camarilla que presiona por una medida de
este tipo, sobre todo en el sur de Florida (donde vive la mayor cantidad de
venezolanos “en el exilio” en ese país), y compromete políticamente a Estados
Unidos ante la opinión pública en la región latinocaribeña con relación a
Venezuela.
Por otro lado, más allá de
que bajaría el volumen de divisas para la importación de bienes básicos en
Venezuela (un 90% de las divisas extranjeras habidas entran por medio de la
exportación petrolera), el embargo también afectaría directamente a la
industria petrolera venezolana, pues un tercio del crudo nacional se refina en
instalaciones estadounidenses.
Pero ello preocuparía también
a los empresarios refinadores en la costa del golfo, pues sus instalaciones
están, en su mayoría, adecuadas tecnológica e industrialmente para procesar
petróleo pesado y extrapesado, justamente los tipos de crudo con que
Venezuela cuenta en la Faja del Orinoco.
Así, un embargo de este tipo
tendría una doble repercusión inmediata y a mediano plazo, tanto en Venezuela
como en Estados Unidos: en una potencial aunque improbable “crisis
humanitaria” en estricto sentido aquí, implicaría un alza nada cómoda en los
combustibles, allá.
Las alianzas que el gobierno
de Nicolás Maduro fortalece con China y Rusia podrían enmendar un escenario de
“crisis humanitaria” en caso de embargo petrolero estadounidense, pues los
productos refinados que necesitarían las distintas instalaciones de PDVSA y sus
socios en la Faja Hugo Chávez pueden encontrarse en los mercados
correspondientes a los aliados euroasiáticos.
Hay que tomar en cuenta
que Venezuela contaría con unos 28 mil millones de dólares (a unos 60
dólares por barril), para los 1.3 millones de barriles producidos al día, según
datos de la OPEP para 2017. De ellos, casi unos 12 mil millones de dólares
provienen de firmas estadounidenses, que usualmente pagan en efectivo.
El déficit de tal cantidad de
dinero sería el financiamiento de una “crisis” que el Gobierno Bolivariano ya
está intentado paliar a través de las conocidas medidas de reconversión
económica, pero el Pentágono ya espera que tales consecuencias lleguen a un
punto de ebullición necesario para justificar tanta coordinación a nivel
militar con sus socios en la región, a través de juegos de guerra y la
última gira de James Mattis, secretario de Defensa estadounidense.
El embargo daría combustible
para sobredimensionar, aún más, la propaganda humanitaria
contra Venezuela, a los fines de proyectar como “urgente” una intervención
de estas características.
Pero, finaliza el reporte de
McClatchy, los oficiales del Pentágono y burócratas del establishment también
presionan por que componentes militares de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana tomen acciones contra su propio gobierno, a raíz de esta enunciada
crisis. Un plan que ha fracasado pero que no deja de ser peligroso, cuyo hilo más
visible fue el atentado frustrado contra el presidente Nicolás Maduro.