Después que el
fujimorismo y las otras fuerzas parlamentarias de derecha decidieran juramentar
a Mercedes Aráoz como “nueva presidenta de la república”, las fuerzas armadas y
policiales reconocieron a Martín Vizcarra como el verdadero presidente peruano,
con lo cual la mayoría parlamentaria pierde todo apoyo.
Por José Rojas
La crisis política se precipitó este lunes cuando,
en una medida desesperada y para contrarrestar la disolución parlamentaria anunciada
por el presidente Vizcarra, los parlamentarios fujimoristas y otras fuerzas
como el APRA aceptaron la cuestión de confianza solicitada por el ejecutivo
(que anteriormente rechazaron de hecho) e impusieron una medida de vacancia al
presidente, la cual, con 86 votos a favor terminó convirtiéndose en una sanción
e inhabilitación por un año al mandatario. Ello llevó a que la mayoría
parlamentaria termine designando y juramentando a la vicepresidenta, Mercedes
Aráoz, como nueva presidenta, quien muy solicita al pedido del fujimorismo y
del APRA aceptó y juramentó en horas de la noche ensayando un discurso
conciliador con sus oponentes.
Este desconocimiento de la decisión
presidencial por parte del congreso generó mucha zozobra a nivel de la
población y acrecentó la bronca contra el fujimorismo y sus aliados, ya que
ponía de manifiesto sus intenciones de aferrarse al poder parlamentario.
Martín Vizcarra convocó a una reunión urgente a palacio de gobierno
a representantes de la policía nacional y posteriormente a los altos mandos de
las fuerzas armadas peruanas, con las cuales sostuvo una reunión que duró más
de cuatro horas. Al final de la misma y pasada la media noche, los oficiales
del ejército y los asesores presidenciales hacían público su apoyo total a
Martín Vizcarra, quien horas antes había procedido a nombrar como nuevo premier
a Vicente Zevallos ya que, según la ley vigente, al darse por rechazada la
tercera cuestión de confianza, el gabinete presidido por Salvador del Solar
inmediatamente cae y amerita su cambio, como lo hizo el presidente en
funciones.
Así mismo, en horas de la noche aparecía en el diario oficial El
Peruano, el anuncio de disolución del Congreso y además se anunciaba la
convocatoria para adelanto de elecciones al parlamento para el domingo 26 de
enero del 2020. Con lo cual el presidente oficializaba su postura y ponía en
evidencia que no habría vuelta atrás. De darse las cosas de esta manera,
Vizcarra seguirá asumiendo funciones como presidente de la República y el
grueso del parlamento será reemplazado por la comisión permanente del congreso
integrada por representantes de las diversas bancadas, hasta que se den las
nuevas elecciones parlamentarias el 26 de enero del próximo año.
Los congresistas fujimoristas y sus aliados trataron de
atrincherarse en el parlamento para desde ahí batallar contra el ejecutivo, por
eso en horas de la noche enviaron a palacio de gobierno una comisión
parlamentaria acompañada de una notaria pública a entregar la notificación de
sanción al presidente, la cual no fue aceptada por los policías que custodiaban
el recinto presidencial. Esto y el rechazo popular del que goza el fujimorismo
y la mayoría parlamentaria ponen de manifiesto el aislamiento cada vez mayor de
esta fuerza política que concentra en sí misma las consecuencias de la profunda
crisis que hoy se vive en el Perú.
De esta manera y de resolverse finalmente esta crisis a favor de
Vizcarra, como se viene dando hasta ahora, el terreno quedará allanado para que
el presidente mantenga y amplié sus cuotas de poder sobre el ejecutivo y sobre
el parlamento, lo cual le hará más fácil la implementación de diversas
iniciativas políticas.
Si bien existe un gran rechazo popular al fujimorismo, el cual se
expresó ayer y hoy hasta altas horas de la madrugada en marchas y celebraciones
en diversas regiones del país, no podemos olvidar que entre el fujimorismo y el
ejecutivo - presidido por Martín Vizcarra - solo existen diferencias de forma
ya que en esencia ambos sectores representan los intereses de los empresarios y
su actual confrontación, que ha llevado a la disolución del parlamento, es en
realidad una disputa por quien controla los aparatos y los hilos del poder del
Estado, el cual esta normado por la vigente constitución de 1993, que fue
impuesta por Alberto Fujimori para reglamentar el saqueo neoliberal. Por esa
razón, y más allá de estos cambios a nivel del parlamento, no esperamos nada
del gobierno de Martín Vizcarra ni le damos la más mínima cuota de confianza,
sino más bien llamamos al pueblo y a las y los trabajadores a organizarse y
seguir luchando contra las medidas de ajuste que seguramente vendrán de la mano
de este gobierno, como ha venido ocurriendo hasta ahora.