La
Coordinadora Electoral del Pueblo, integrada por organizaciones populares y
personalidades de Panamá, entre ellas el Partido del Pueblo, Partido de los
Comunistas Panameños, pidieron al gobierno del presidente Juan Carlos Varela
acabar con la creciente criminalización de las protestas sociales y alertaron
que esta tendencia crece en toda América Latina.
Un
comunicado de esta organización alerta que “estamos en presencia de los delitos
políticos, que buscan limitar expresamente las actividades de disidencia
política y el ejercicio de las libertades ciudadanas y, en este sentido,
atentan contra el sistema democrático y contrarían la Constitución, que
preserva claramente el derecho a la protesta, a las manifestaciones o reuniones
al aire libre”.
Tras
enumerar los casos más representativos de la persecución y la criminalización,
este colectivo social y político hace “un llamado al pueblo panameño a cerrar
filas para, de manera unitaria, defender nuestros derechos y nuestras
conquistas para construir una verdadera democracia, popular, incluyente y
participativa”.
El
comunicado firmado por la Coordinadora Electoral del Pueblo y facilitado por
Radio Temblor, colectivo Voces Ecológicas, señala:
El
fenómeno de la criminalización de la protesta es una tendencia que se advierte
en toda América Latina, motivada, por un lado, por la incapacidad cada vez más
manifiesta de los gobiernos neoliberales en dar respuestas a las reclamaciones
populares frente a lo cual acuden, con mayor frecuencia, a medidas represivas
contra la población; y, por otro lado, el interés de transnacionales y grandes
capitales en las tierras que les pertenecen, los recursos naturales que poseen
y protegen, se tornan cada vez más atractivos en un país sin industrias a gran
escala, dependiente de sus sistemas de servicios.
Estamos
en presencia de los delitos políticos, que buscan limitar expresamente las
actividades de disidencia política y el ejercicio de las libertades ciudadanas
y, en este sentido, atentan contra el sistema democrático y contrarían la
Constitución, que preserva claramente el derecho a la protesta, a las
manifestaciones o reuniones al aire libre, pudiendo la autoridad sólo adoptar
medidas de policía para prevenir o reprimir abusos al ejercicio de los mismos
(Artículo, 37 y 38 de la Constitución Nacional), siendo dichas medidas de
policía, solamente de carácter administrativo y no penal.
Es
la Ley Chorizo la que ampara la brutalidad policial, agravada por la política
del gobierno de Juan Carlos Varela de criminalizar las protestas. Recordemos la
represión diaria de las protestas por la falta de agua que en campaña Varela
prometió resolver y han sido agredidos impunemente frente a las cámaras, luego
apresados, encarcelados y falsamente acusados por los policías. El objetivo es claro,
atemorizar a los ciudadanos, para que no defiendan sus derechos y así saquear
con mayor efectividad las arcas del Estado y nuestros recursos. Veamos algunos
ejemplos:
La
Toma de la Universidad, el 9 de diciembre de 1998, por miembros de la Policía Nacional.
El Presidente de turno era Pérez Balladares.
Los
estudiantes del Instituto Nacional, acusados de terroristas bajo el gobierno de
Varela, en el 2015.
El
17 de agosto del 2017 la policía detiene a los estudiantes universitarios Rita
Ramos y Gilberto Solís y los acusa ante la Fiscalía y Corregiduría
respectivamente.
No
olvidemos el caso de Felipe Cabezas, quien protestó contra el aumento de la
energía eléctrica el 26 de enero del 2018 por la empresa ENSA, en Colón.
Recientemente,
el 10 de noviembre, Marcelino Ruíz, dirigente popular, es detenido por la
policía y multado por una Jueza de Paz, porque el presidente Varela se sintió
ofendido, por algunas expresiones del compañero Marcelino.
El
4 de diciembre detienen al geólogo y ambientalista Alberto Ruíz por apoyar las
protestas de los productores, en La Villa de Los Santos.
Contra
la Coordinadora Victoriano Lorenzo y su líder, Lic. Pablo Martínez, que luchan
por el derecho del pueblo a una vivienda digna, se mantiene una persecución
permanente.
Sin
una efectiva libertad de expresión, si no se permite al pueblo protestar para
defender sus derechos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la
tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia
ciudadana, se empiezan a tornar inoperantes dando paso a los gobiernos de
hecho, poniendo en peligro las libertades y la propia vida de los ciudadanos.
La
Coordinadora Electoral del Pueblo rechaza todo tipo de limitación o persecución
contra el movimiento popular y sus líderes, exige el respeto a los derechos del
pueblo panameño de defender sus derechos, consagrados en la Constitución y
Pactos Internacionales de Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la protesta
y las diferentes formas de expresar libremente su opinión.
Hacemos
un llamado al pueblo panameño a cerrar filas para, de manera unitaria, defender
nuestros derechos y nuestras conquistas para construir una verdadera
democracia, popular, incluyente y participativa.
Coordinadora
Electoral del Pueblo