Movimientos
políticos y sociales colombianos realizaron en diferentes localidades de
Colombia y en otras ciudades de América un encendido de velas para denunciar
ante el mundo que este país no ha logrado contener la violencia contra líderes
comunitarios, campesinos, indígenas y de derechos humanos manifestada desde
hace varios años.
Los organizadores llamaron a
esta jornada “velatón” y fue seguida por multitudes que condenaron la violencia
contra líderes sociales, el creciente número de asesinatos, la ausencia de
garantías del Estado y la falta de esclarecimiento de la mayoría de ellos.
Durante
la principal concentración, en la Plaza Bolívar de Bogotá, la inspectora de
derechos humanos Lucía Sotomayor, que estudia casos de crímenes cometidos por
las fuerzas estatales, denunció delante de un micrófono que “el Estado
colombiano no hace absolutamente nada”.
La investigadora reafirmó que
la situación en Colombia es “grave” y lamentó que una parte de la sociedad y
las fuerzas del Estado no denuncian estos “crímenes de lesa humanidad”.
Siluetas hechas en cartón
recorrían la concentración para recordar a Unión Patriótica, partido político
emergente de un proceso de desmovilización guerrillera que en la década de 1980
fue prácticamente exterminado con el asesinato de unos 4.000 militantes a manos
de grupos paramilitares.
Las voces recogidas en Bogotá
y otras ciudades coincidían en que muchos de los líderes asesinados habían
denunciado amenazas a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al presidente
Juan Manuel Santos. Hay testimonios periodísticos que sostienen estas
denuncias.
En
efecto, hace años estos mismos movimientos sociales denuncian la violencia a la
que son sometidos. Cifras de la ONU y de organizaciones no gubernamentales
confirman que esas acciones se han incrementado en los últimos años, en
especial desde que comenzó el proceso de paz con la guerrilla de las Farc.
Las tierras y comunidades que
fueron liberadas desde que las Farc se desmovilizaron hace un año fueron
ocupadas violentamente por grupos ultraderechistas, paramilitares,
narcotráfico, bandas insurgentes e incluso por las propias fuerzas de seguridad.
El presidente Juan Manuel
Santos, sucesor de ocho años de paramilitarismo de Álvaro Uribe, prefirió en
estos últimos dos períodos de gobierno responsabilizar a bandas criminales en
lugar de hablar de paramilitares con el claro objetivo de quitarle la
intencionalidad política que persiguen estos crímenes.
Fin del ocultamiento
La situación se volvió
inocultable para las élites del Gobierno actual y del uribismo que lo antecedió
y que lo sucederá con las cifras de estos últimos días y meses. En apenas una
semana fueron identificadas siete víctimas en diferentes poblaciones del país.
En
lo que va del año la Fiscalía contabilizó 30 defensores asesinados y 178 desde
2016. Pero organizaciones intermedias manejan cifras superiores. La Defensoría
del Pueblo informó que entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018
fueron asesinados 311.
Las víctimas más recientes
fueron Margarita Estupiñán, asesinada en Tumaco (departamento de Nariño); Ana
María Cortés, en Cáceres (Antioquia); Felicinda Santamaría, en Quibdó (Chocó),
y Luis Barrios Machado, en Palmar de Varela (Atlántico).
La Organización de Naciones
Unidas en Colombia rechazó y condenó de manera “vehemente” esos asesinatos y
consideró que “el recrudecimiento de la violencia” dificulta las condiciones para
una paz estable y duradera.
Informes de la ONU señalan
que los asesinatos han ocurrido principalmente en los departamentos de
Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle
del Cauca, aunque alertó que “el resto del territorio también se está viendo
gravemente afectado”.
Hipocresía de las élites y
los paras
El presidente electo, Iván
Duque, condenó la violencia contra líderes sociales y políticos pero omitió que
durante la campaña presidencial junto a Álvaro Uribe alimentaba el odio contra
los ex guerrilleros de las Farc y contra los movimientos sociales, como lo
recuerdan testimonios periodísticos recientes.
Duque habló desde Washington,
donde está nuevamente de visita –la segunda en menos de 15 días- ultimando
detalles sobre el rol que ocupará para liderar la contrarrevolución venezolana.
Precisamente, en nombre de “no parecernos a Venezuela” Duque y Uribe fomentaron
la violencia contra grupos de izquierda y movimientos sociales.
Mientras la extrema derecha,
la oligarquía y los conservadores colombianos apuntan sus armas contra la
República Bolivariana, el movimiento Somos Defensores denunció que la violencia
contra los líderes sociales es una “crisis humanitaria”.
“El
tema de las agresiones contra personas que se dedican a defender de los
derechos humanos en Colombia ya está en otro nivel y el nivel en que está es
una crisis humanitaria”, afirmó el coordinador de esta ONG, Carlos Guevara.
Bogotá, Medellín, Cali,
Cartagena de Indias, entre muchas otras ciudades colombianas, sumaron su voz
ante esta tragedia anunciada y denunciada. Otras voces se escucharon en
capitales de América Latina, como Buenos Aires, o de Europa como Berlín, París
y Madrid.
El Comité de Solidaridad con
Colombia de la República Argentina se movilizó en la capital de este país y
expresó su “más firme repudio a la masacre perpetrada en Argelia, departamento
de Cauca en Colombia”.
“El hallazgo de siete
cadáveres con signos de tortura luego de la distribución de panfletos en la
zona llamando a la “limpieza social” significa un nuevo salto en los
incumplimientos por parte del estado colombiano a los Acuerdos de La Habana con
las ex FARC – EP (actual Fuerza Revolucionaria del Común)”, señaló un
comunicado.
Recordó que “este hecho se
produce a menos de un año de la Masacre de Tumaco, en un escenario alarmante de
los asesinatos a líderes y lideresas sociales, y a ex combatientes
desmovilizados/as”.