Por Garry Leech*
A
pesar de la retórica de los Estados Unidos, esta estrategia de cambio de
régimen no toma en cuenta si un gobierno es elegido democráticamente o las
consecuencias para los derechos humanos de tales intervenciones. De hecho,
prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos que Estados Unidos ha
derrocado con éxito en los últimos 65 años fueron elegidos democráticamente. Entre
los líderes elegidos democráticamente que han sido expulsados están Jacobo
Arbenz en Guatemala (1954), Salvador Allende en Chile (1973), Jean Bertrand
Aristide en Haití (2004) y Manuel Zelaya en Honduras (2009). Washington
atacó a todos estos líderes con sanciones económicas y campañas de
desestabilización que crearon el caos económico y las crisis humanitarias
necesarias para justificar una solución militar.
El
denominador común en todos esos casos no tenía nada que ver con la democracia o
los derechos humanos, era el hecho de que los gobiernos elegidos tenían la
audacia de desafiar los intereses de los Estados Unidos en la región. El
hecho de que un gobierno latinoamericano pueda priorizar los intereses de su
propio pueblo sobre las necesidades de los Estados Unidos es inaceptable en
Washington. Esta actitud fue exhibida por el director de la CIA, George
Tenet, durante una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en febrero
de 2002 cuando declaró arrogantemente que el presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, "probablemente no tiene en mente los intereses de los Estados Unidos".
Dos meses después, Washington apoyó una Golpe militar que intentó derrocar al
líder venezolano.
El
fallido golpe militar fue el primer gran intento respaldado por Estados Unidos
para derrocar al presidente Chávez después de su victoria electoral en 1998.
Después del golpe, Washington continuó sus esfuerzos para instalar un gobierno
en Venezuela que tuviera en cuenta los "intereses de los Estados
Unidos". ”Aumentó su apoyo a los grupos de oposición a través de un
aumento de la financiación para los programas de USAID en el país con el
objetivo de poner a las personas en contra del gobierno. Wikileaks publicó
un cable clasificado enviado desde la embajada de EE. UU. En Venezuela a
Washington en 2006, en el que se indicaba que el financiamiento de USAID para
programas locales busca influir en los líderes comunitarios "alejándolos
lentamente del chavismo". El cable también declaró que los objetivos más
amplios de la embajada incluyen "Aislar Chávez a nivel internacional ”.
En
2015, el presidente Obama firmó una orden presidencial que declaraba
ridículamente que Venezuela representaba una "amenaza extraordinaria para
la seguridad nacional" de los Estados Unidos. La ley de los Estados
Unidos exigía la orden para que la administración de Obama imponga sanciones. Dos
años después, el presidente Donald Trump declaró que no descartaría una
"opción militar" para Venezuela. También intensificó las
sanciones para dificultar que el gobierno aborde la crisis económica del país. Según
el economista Mark Weisbrot:
Las
sanciones causan su daño principalmente al prohibir a Venezuela pedir prestado
o vender activos en el sistema financiero de los Estados Unidos. También
prohíben a CITGO, la empresa de la industria de combustibles con sede en los
Estados Unidos que es propiedad del gobierno venezolano, a enviar dividendos o
ganancias a Venezuela. Además, si Venezuela quisiera hacer una
reestructuración de deuda para reducir el servicio de la deuda durante la
crisis actual, no podría hacerlo porque no podría emitir nuevos bonos.
Debido
a que las sanciones prohíben que la empresa estatal venezolana CITGO envíe sus
ganancias a casa, el gobierno venezolano está perdiendo $ 1 mil millones al año
en ingresos. En última instancia, las sanciones imponen mayores
dificultades para el pueblo venezolano porque, como señala Weisbrot,
"exacerban la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales,
al tiempo que limitan severamente las opciones de política disponibles para
sacar al país de una profunda depresión".
A
principios de este mes, el presidente Trump dio más vueltas al firmar una orden
ejecutiva que imponía sanciones a las exportaciones de oro de Venezuela. La
nación sudamericana contiene una de las reservas de oro más grandes del mundo y
se ha volcado a vender parte de su oro para enfrentar la crisis económica. Una
semana después de que Trump emitiera su decreto, Gran Bretaña cumplió con las
nuevas sanciones al negarse a entregar 14 toneladas de lingotes de oro por un
valor de $ 550 millones a Venezuela. Este oro pertenece a Venezuela y
simplemente se almacena en las bóvedas del Banco de Inglaterra. Como es el
caso con las ganancias de CITGO, Venezuela simplemente quiere lo que es
legítimamente propio.
El
hecho de que Estados Unidos y Gran Bretaña sientan que tienen el derecho de
decidir lo que Venezuela puede y no puede hacer con sus propios activos y
reservas ilustra la arrogancia imperialista de estas dos naciones. Estas
últimas sanciones de los Estados Unidos y la negativa de Gran Bretaña a
entregar el oro de Venezuela restringen aún más la capacidad del gobierno
venezolano para enfrentar la crisis económica del país.
Y
luego, a principios de esta semana, se reveló que el gobierno de Trump está
considerando agregar a Venezuela a la lista de Estados Unidos de patrocinadores
estatales del terrorismo, que automáticamente provocaría sanciones aún más
severas. Etiquetar a Venezuela como Estado patrocinador del terrorismo es
tan ridículo como que Obama declare que el país es una "amenaza
extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos. Un
funcionario estadounidense, hablando bajo condición de anonimato, admitió que
sería muy difícil proporcionar pruebas de que Venezuela patrocine el
terrorismo. Eso es porque no lo hace! Pero Estados Unidos nunca ha
necesitado pruebas para intervenir en otro país, con Irak y sus supuestas armas
de destrucción masiva como el ejemplo obvio. Tal movimiento también
ilustra las distancias a las que Washington está dispuesto a ir para demonizar
e intimidar a los países más débiles que se niegan a jugar según sus reglas.
Las
políticas de cambio de régimen de los Estados Unidos están siendo coordinadas
con la oposición en Venezuela, que consiste principalmente en las elites ricas
del país que dirigieron el país antes de la elección de Hugo Chávez. Las
políticas socialistas del ex presidente Chávez y el actual presidente Nicolás
Maduro han violado los privilegios que gozan estas elites nacionales y las
petroleras extranjeras. En respuesta, la rica oposición del país, que aún
domina la actividad económica, ha tratado de sabotear la economía mediante la
reducción de la producción y la exportación de necesidades básicas muy
necesarias a la vecina Colombia.
A
pesar de su riqueza y poder económico, la oposición venezolana necesita el
apoyo de la nación más poderosa del mundo porque no puede ganar en las urnas. Desde
1998, elección tras elección, los venezolanos han apoyado de manera abrumadora
a los presidentes Chávez y Maduro en las urnas. Estas elecciones han sido
monitoreadas por observadores internacionales y en repetidas ocasiones se han
considerado libres y justas. Un famoso observador de elecciones, el ex
presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, declaró: "De hecho, de las
92 elecciones que hemos supervisado, diría que el proceso electoral en Venezuela
es el mejor del mundo".
Los
principales medios de Estados Unidos están desempeñando su papel de propaganda
habitual y crucial con respecto a Venezuela al garantizar que el público solo
escuche la narrativa oficial de Washington. Esta narrativa busca demonizar
al gobierno venezolano y ha etiquetado repetidamente a Chávez y Maduro como
"antidemocrático", "autoritario" y, ridículamente, como
"dictadores". Los medios de comunicación también han centrado la
atención en la escasez de alimentos y la "crisis humanitaria" que
está resultando. en los venezolanos que abandonan el país en lugar de los
increíbles logros sociales en la reducción de la pobreza, la educación, la
vivienda para los pobres y la democracia participativa.
Mientras
tanto, el hecho de que más de cinco millones de personas en la vecina Colombia
fueron desplazados por la fuerza de sus hogares por la violencia en las últimas
dos décadas apenas registró un estallido en el radar de los principales medios
de comunicación. Tampoco el hecho de que más de 4,000 niños indígenas
Wayuu hayan muerto por desnutrición en el norte de Colombia durante la última
década. No escuchamos sobre estas crisis humanitarias porque el gobierno
colombiano es un régimen amistoso que sirve a los intereses de los Estados Unidos,
al igual que muchos otros aliados autoritarios cuyas violaciones de derechos
humanos son convenientemente ignoradas por los principales medios de
comunicación.
Como
se mencionó anteriormente, la estrategia de cambio de régimen de Washington en
Venezuela no es nada nuevo. De hecho, es prácticamente una copia al carbón
de los esfuerzos de cambio de régimen anteriores en América Latina. Un
ejemplo clásico ocurrió en Chile después de que el candidato socialista
Salvador Allende fuera elegido presidente en 1970. El Asesor de Seguridad
Nacional del gobierno de Nixon, Henry Kissinger, anticipó la arrogancia de que
el director de la CIA, Tenet, exhibiría décadas más tarde, cuando aclaró sus
pensamientos sobre la elección: "Yo no". No entiendo por qué tenemos
que quedarnos quietos y ver cómo un país se vuelve comunista debido a la
irresponsabilidad de su gente. Los temas son demasiado importantes para
que los votantes chilenos se queden con la decisión por sí mismos ". Y
así, el gobierno de Nixon se propuso desestabilizar al país con políticas que
buscaban, como dijo un miembro del gabinete," hacer que la economía
chilena grite ".
Durante
18 meses, la CIA financió clandestinamente negocios, dueños de tiendas y
conductores de camiones para cerrar e ir a la huelga, logrando que el
"grito de la economía" causara dificultades a los chilenos que tenían
que soportar una escasez masiva de necesidades básicas. Los documentos
desclasificados revelan que los Estados Unidos también proporcionaron fondos y
armas a los grupos de la oposición en Chile, mientras que los agentes de la CIA
trabajaron con los oficiales militares chilenos que estaban planeando un golpe
para derrocar al presidente Allende. Para 1973, Chile se había
desestabilizado lo suficiente como para justificar un golpe militar. Una
vez en el poder, el líder golpista, el general Augusto Pinochet, revirtió
muchas de las políticas de Allende que habían dañado los intereses de las
elites del país y las corporaciones estadounidenses.
Un
proceso similar se desarrolló en Haití luego de la elección del sacerdote
católico Jean Bertrand Aristide a la presidencia en 2000. Su partido político
Fanmi Lavalas fue, con mucho, el más popular en Haití y obtuvo una mayoría
significativa en el parlamento del país. Como líder electo del país más
empobrecido del hemisferio, Aristide implementó políticas que beneficiaron a
los pobres en las áreas de salud, educación y vivienda de bajo costo. También
duplicó el salario mínimo, lo que infringió las ganancias obtenidas por las
empresas estadounidenses, canadienses y francesas que operan en el país. Washington
y sus aliados imperialistas respondieron imponiendo sanciones económicas a
Haití y al mismo tiempo financian a los grupos de la oposición en el país. USAID
gestionó gran parte de los fondos de la oposición y realizó una campaña activa
contra el aumento del salario mínimo. Aristide también se enfrentó a una
campaña de violencia emprendida por grupos paramilitares financiados por
Francia y las élites económicas de Haití. Los documentos desclasificados
revelaron que estos grupos armados también mantenían una relación con los
Estados Unidos.
En
2004, con el país reducido al caos luego de tres años de sanciones económicas y
violencia paramilitar, Estados Unidos, Canadá y Francia desplegaron tropas en
Haití para derrocar al gobierno. Los infantes de marina estadounidenses
tomaron al presidente Aristide y a su esposa en el palacio presidencial y los
transportaron al aeropuerto internacional, que había sido asegurado por las
tropas canadienses. El presidente haitiano se vio obligado a renunciar a
su cargo y voló con su esposa a África. Luego, Estados Unidos instaló a un
empresario haitiano que vivía en Miami como el nuevo presidente no electo. Con
el país existente bajo la ocupación militar extranjera, el nuevo presidente
revirtió la mayoría de las políticas implementadas por Aristide, encarceló a
miles de opositores y prohibió a Fanmi Lavalas, el partido político más popular
del país.
La
política exterior actual de los Estados Unidos hacia Venezuela claramente
replica las políticas implementadas en las últimas décadas que derrocaron con
éxito a los gobiernos en América Latina. Desde la perspectiva de
Washington, tiene mucho sentido implementar políticas que socavan a un gobierno
elegido democráticamente para lograr un cambio de régimen cuando ese gobierno
prioriza las necesidades de su propio pueblo sobre las de la economía de los
EE. UU. Y las corporaciones multinacionales. La estrategia funcionó en
chile. Funcionó en Haití. Y también funcionó en los otros países
latinoamericanos antes mencionados. Los Estados Unidos no tienen reparos
en socavar la democracia e imponer dificultades económicas a los
latinoamericanos una vez más, esta vez con el pueblo venezolano el objetivo
para lograr un cambio de régimen en ese país. Después de todo,
*Garry
Leech es un periodista independiente y autor de numerosos libros que incluyen Ghosts Within: Journeying Through PTSD (Roseway
Publishing, Forthcoming, Spring 2019); El capitalismo: un
genocidio estructural (Zed Books, 2012); Las FARC: la insurgencia más larga (Zed
Books, 2011); y más allá de Bogotá: diario
de un periodista de la guerra contra las drogas en Colombia (Beacon
Press, 2009). También enseña política internacional en la Universidad Cape
Breton en Nueva Escocia, Canadá.