Pensilvania,
al menos 300 sacerdotes cometieron todo tipo de abusos contra más de 1000
menores
Editorial de La Jornada
La Jornada
El martes
el mundo volvió a estremecerse con las historias de abusos sexuales cometidos
por curas católicos contra niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con el
informe dado a conocer por un gran jurado en Pensilvania, durante los pasados
70 años al menos 300 sacerdotes cometieron todo tipo de ataques contra más de
mil menores, aunque los investigadores estiman que la cifra real es varias
veces mayor, debido a todas las víctimas que no se atrevieron a denunciar o
cuyos archivos se perdieron. La gran mayoría de estos casos no tendrá
consecuencias legales por la antigüedad de los crímenes o la muerte de los
perpetradores.
Estas revelaciones se suman al interminable escándalo
que desde hace décadas tiene en jaque a la Iglesia católica por la evidencia de
que virtualmente no existe una diócesis, a escala mundial, en la cual sus
ministros de culto no hayan cometido actos atroces contra los integrantes más
vulnerables de la sociedad, puestos bajo su cuidado por la confianza que los
padres de familia y las comunidades depositan en sus líderes espirituales. Sólo
en Estados Unidos, la organización no gubernamental Bishop Accountability tiene
registros de que hasta 10 mil sacerdotes católicos han sido denunciados por
acoso sexual; mientras que en México se conocen casos tan abominables como el
del difunto Marcial Maciel, fallecido en completa impunidad gracias a la
protección no sólo del Episcopado Mexicano y del Vaticano, sino de poderosos
personajes de las cúpulas política y empresarial.
Una escalofriante característica común a todos los
asaltos sexuales documentados en Pensilvania es justamente el encubrimiento
sistemático: siempre que tales episodios fueron conocidos por jerarcas
eclesiásticos, éstos optaron por encubrir a los atacantes, proteger a la
institución católica e ignorar el sufrimiento de las víctimas.
Si bien el pontificado del papa Francisco significó
un viraje en la política de cerrada negación sostenida por sus antecesores –de
manera especialmente execrable por Juan Pablo II–, la Iglesia se encuentra muy
lejos de entender la magnitud del daño causado, y más aún de dar a sus fieles
cualquier indicio de verdadera contrición y voluntad de enmienda. Para no ir más
lejos, un día después de que estallara el más reciente escándalo, el cardenal
Sergio Obeso Rivera, arzobispo emérito de Xalapa, desacreditó a quienes
denuncian los abusos sexuales cometidos por sacerdotes.
Sin importar las acciones que tome o deje de tomar
la Iglesia para poner fin a esta realidad ominosa, los estados están obligados
a investigar y llevar ante la justicia a cualquier persona que violente la
integridad física y emocional de los menores. En este sentido, es necesario
retomar las propuestas del gran jurado estadunidense que sacó a la luz lo
ocurrido en Pensilvania para impedir que estos crímenes queden impunes: alargar
el plazo de prescripción de los delitos de abuso sexual contra menores, dar más
tiempo a las víctimas para presentar demandas civiles y endurecer la
legislación que obliga a reportar los abusos.
Fuente:
http://www.jornada.com.mx/2018/08/17/opinion/002a1edi