Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz
Es
una política continuada. En lo que va del siglo, Argentina apoyó buena parte de
su modelo económico en la exportación de soja transgénica, a través de un
esquema de negocios que profundizó la concentración de tierras en el país,
expulsó a más productores y campesinos a los aglomerados urbanos y afectó otras
producciones agrícolas fundamentales.
Este proceso, que se mantuvo
inalterable durante los gobiernos kirchneristas y el tiempo que lleva de
mandato de Mauricio Macri (férreo defensor de este modelo), tiene otra
consecuencia menos visible, aunque extremadamente grave. Se trata de los
llamados pueblos fumigados: poblaciones que por su cercanía a los campos
sojeros sufren los efectos de los potentes agroquímicos utilizados en las
fumigaciones y altamente nocivos para la salud humana.
Este mas salió a la luz el
caso del pueblo cordobés de Canals, ubicado en la región de la pampa húmeda
argentina. Allí, una investigación de la Red Universitaria de Ambiente y Salud,
en conjunto con los vecinos autoconvocados de Canals, puso cifras concretas a
una realidad que el pueblo ya conocía y padecía: la causa de muerte para el 55%
de los fallecidos en un período anual (abril de 2017 – marzo de 2018) fue el
cáncer. El número contrasta fuertemente con la tasa provincial y nacional de
mortalidad por esta enfermedad, que es menor al 20%.
Los especialistas también
comprobaron que en Canals muere proporcionalmente mucha más gente que en el
resto del país: un 45% más. Para su población no hay ninguna duda de que la
causa está en las fumigaciones con agroquímicos.
Evidencias
El propio intendente
(alcalde) municipal es un productor que fumiga con glifosato cerca de viviendas
urbanas, como también lo hacen algunos funcionarios y concejales. Conscientes
de esta situación, las autoridades municipales se negaron a entregar los
certificados de defunción para poder realizar el estudio.
Además de las muertes por
cáncer, proliferan las alergias, la celiaquía, la diabetes y el hipotiroidismo,
entre otros problemas de salud que no eran comunes en el pueblo.
Otra población, ubicada a 65
kilómetros de Canals, también había registrado un aumento drástico de la
mortalidad por cáncer en 2013: 39% del total, tras una triplicación de los
casos. Es Monte Maíz, donde además se registró una tasa de abortos espontáneos
cinco veces mayor a la nacional. Allí, se tomó una muestra de suelo y polvo al
lado de una plaza, que registró una altísima concentración de glifosato, el
agroquímico utilizado en las plantaciones de maíz transgénico.
Estos son apenas dos casos
entre muchos. Decenas de pueblos agrícolas y ganaderos de todo el país están
registrando grandes diferencias de mortalidad por cáncer respecto al resto del
país, según estudios oficiales y de organizaciones especializadas.
Sin cambios
En julio, los ministros de
cuatro carteras: Salud, Ciencia y Tecnología, Ambiente y Agroindustria,
salieron al unísono a defender el uso del glifosato en una conferencia
conjunta. Un equipo de trabajo interministerial debía generar políticas
públicas sobre la aplicación de “fitosanitarios” (eufemismo para nombrar a los
agroquímicos tóxicos).
Lino Barañao, ministro de
Ciencia y Tecnología que mantuvo su cargo tras la salida del kirchnerismo,
respondió ante las evidencias de mortalidad en los pueblos fumigados que “uno también
se puede morir tomando mucha agua” ya que “no hay sustancia inocua”. Sergio
Bergman, a cargo de Ambiente, agregó que vincular el cáncer con el glifosato es
“una aseveración ideológica”, pese a los estudios existentes.
El ministro de Salud se
desentendió del tema tras no considerarlo como “una prioridad” y el ministro de
Agroindustria, Luis Etchevehere, es defensor a ultranza del modelo sojero y los
grandes terratenientes, nucleados en la Sociedad Rural Argentina. Desde ese
lugar avanza en la eliminación de todos los planes vinculados a la agricultura
familiar, que produce la mayor cantidad de alimentos para el consumo interno.
Los pueblos fumigados no
están en la agenda del Gobierno, pero las organizaciones locales que surgieron
de esta tragedia cobran cada vez más fuerza y buscan articulación a nivel
nacional.
En Estados Unidos, la
justicia acaba de dictar una sentencia clave contra la multinacional Monsanto
por considerarla responsable del cáncer terminal que padece un jardinero en San
Francisco, quien demandó y ganó el primer juicio contra la compañía. En
Argentina, la empresa domina el mercado de agrotóxicos y el paquete tecnológico
de la soja transgénica.