Por Matthew Taylor
Agentes
del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, todas las siglas en
inglés) invadieron un negocio de Allen, Texas, el miércoles por la mañana y
arrestaron a 280 trabajadores indocumentados. El negocio, CVE Technology,
emplea a 2,100 trabajadores que reparan teléfonos celulares y otros
dispositivos electrónicos. El negocio es el tercer empleador más grande en esa
ciudad.
Unos 200
agentes policiales participaron en la redada, reuniendo a todos los
trabajadores y separándolos en grupos según su condición inmigratoria. Los
agentes obligaron a los trabajadores a usar muñequeras, etiquetando a los
empleados en verde si tenían estatus legal y en amarillo si se sospechaba que
estaban indocumentados.
Yessenia
Ponce, una empleada de CVE, describió la redada a NPR: "Fue una
locura", dijo. “Estábamos trabajando como un día normal. ... Solo
escuchamos gritos, ya sabes, gente gritando y esas cosas. Salimos y un oficial
solo decía 'sigue mi voz, sigue mi voz'”.
Aquellos calificados por ICE como
indocumentados fueron transportados a centros de detención en cuatro autobuses
mientras sobrevolaban helicópteros y la policía local patrullaba el área. Todos
los arrestados ahora enfrentan deportación.
Muchos también encaran una
detención indefinida, incluidos aquellos con una condena penal previa. La Corte
Suprema de los Estados Unidos oficialmente reconoció esta forma de gobierno
autoritario en una reciente decisión de 5-4.
Cuando se difundieron las
noticias de la acción policial, se presentaron manifestantes fuera de CVE para
defender a los trabajadores inmigrantes. Según el Dallas Morning News, al menos
100 personas, incluidos algunos familiares y amigos de los arrestados, se
reunieron para exigir la liberación de los trabajadores. Los trabajadores
dentro de la instalación comenzaron a llamar y enviar mensajes de texto
frenéticamente a sus familiares mientras se desarrollaba la redada, temerosos
de ser separados de sus seres queridos para siempre.
Edgar Arrubala un ciudadano
estadounidense originario de Colombia, estaba entre los familiares preocupados.
Dijo que su prometida estaba entre los detenidos. Le indicó a Bizjournals.com:
"Estaba en casa y ella me llamó desde el celular de otra persona.
Probablemente será detenida y tratarán de deportarla. Me siento muy triste.
Tengo miedo de pensar qué le va a pasar a ella”.
Hilda Ramírez Duarte,
representante de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, describió las
condiciones bajo las cuales los trabajadores inmigrantes en CVE laboran a la
afiliada local de NBC:
“Algunas de estas personas
tienen familiares que han estado trabajando aquí durante 10 y 15 años.
Entonces, estas no son personas que acaban de llegar. Estas son personas que
han estado con esta compañía durante años y han estado en este país durante
años. Es triste porque entiendo que la mayoría de las personas aquí son mujeres
y están dejando atrás a sus hijos ... Hablé con una adolescente que me dijo:
'Mi mamá nos va a dejar, a mí, a mi hermano y dos bebés más pequeños'. Ella es
la única que mantiene la casa, así que, ¿qué será de esta familia de cuatro?
Tenemos situaciones similares para todos".
Wendy Armas, una trabajadora
de Guatemala, se encontraba entre las personas detenidas, pero más tarde fue
puesta en libertad. Le dijo a NBC, "Estas son personas trabajadoras. No
son criminales, violadores ni nada de esa naturaleza. Son personas trabajadoras
que se ganan la vida. Lo más difícil fue cuando el autobús comenzó a irse. Se
salió del estacionamiento y luego hubo un largo momento de silencio, la gente
lloraba, la gente decía: 'Voy a dejar este país y regresar al mío'”.
Un manifestante, Luis
Martínez, de 19 años, que sostenía un cartel que decía "Ningún humano es
ilegal", le dijo al Dallas Morning News: "Es simplemente algo
drástico, algo que no se ve todos los días en Allen, en el condado de Collin”.
Según reportes de los medios,
se le había informado a ICE que CVE empleaba a algunos trabajadores con
documentos I-9 fraudulentos. En el transcurso del año pasado, la agencia había
estado auditando los archivos de la compañía para buscar irregularidades.
El arresto masivo de
trabajadores el miércoles por ICE es el más grande de su tipo desde una redada
en 2008 por parte de dicha agencia en un matadero de Iowa que resultó en 398
arrestos. También sigue a una redada similar en la ciudad de Sumner, en el
noreste de Texas, en una planta de fabricación de remolques en agosto de 2018
que vio a 159 trabajadores inmigrantes arrestados.
Una declaración de ICE de
enero de 2019 presumía que las redadas masivas de trabajadores inmigrantes son
la "nueva norma”.
El WSWS informó en marzo: “El
número de empresas seleccionadas para las investigaciones en los lugares de
trabajo ha aumentado en más de 300 por ciento sólo en el último año. En 2018,
las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) abrieron 6,848 investigaciones
en lugares de trabajo en comparación con las 1,691 de 2017, según un comunicado
de prensa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Newsweek informó
que desde 2016, ha habido un aumento del 650 por ciento en los arrestos en los
lugares de trabajo por parte de ICE".
La última operación
terrorista de ICE marca una escalada del asalto del Gobierno de Trump contra la
población inmigrante. En febrero de este año, se detuvo a 77,000 personas que
intentaban cruzar la frontera sur, la mayor cantidad en cualquier mes desde
2009. La mayoría de los detenidos eran de Guatemala, Honduras y El Salvador,
incluidos muchos menores no acompañados.
Los trabajadores inmigrantes
detenidos por ICE enfrentarán un encarcelamiento sin debido proceso,
deportación a países devastados por el imperialismo estadounidense y regidos
por regímenes criminales, la separación de niños de sus padres, centros de
detención propios de campos de concentración, guardias abusivos y otras formas
arbitrarias de castigo. Este espectáculo de terror se lleva a cabo con el apoyo
de demócratas y republicanos.
La semana pasada, el
presidente Trump cortó la ayuda externa a El Salvador, Honduras y Guatemala en
represalia por el supuesto fracaso de esos países en detener la marea de
inmigración a los Estados Unidos. Esto fue seguido por una amenaza para cerrar
la frontera de Estados Unidos con México.
La Administración de Trump
está fomentando la xenofobia antiinmigrante para estimular a su base de apoyo
de extrema derecha, incluso en la policía y el ejército.
Estas fuerzas de extrema
derecha se están movilizando a tomar la infraestructura del Estado policial que
se ha erigido para aterrorizar a la población inmigrante y utilizarla para
atacar a la clase obrera mientras que los trabajadores entran cada vez más en
una lucha contra el capitalismo.