Priorizar necesidades
básicas exige la moratoria inmediata de la deuda ante el congelamiento ilegal
de fondos y activos en el exterior.
El
representante y vocero especial del gobierno de EE.UU para Venezuela, Elliot
Abrams, clarificó en los últimos días el sentido de “dejar todas las opciones
sobre la mesa”; referencia con la coinciden, no casualmente, y con las mismas
palabras, tanto Donald Trump como su dependiente y leal autoproclamado
presidente encargado, Juan Guaidó, en relación al propósito golpista en pleno
desarrollo sobre Venezuela.
En forma desembozada, Abrams
reconoció las acciones de promover, con métodos violentos e intervencionistas,
el mayor caos posible para destituir al gobierno de Nicolás Maduro. Por ese
motivo, saludó el corte eléctrico generalizado, que incluyó la carencia de
agua, transporte y telecomunicaciones, el pasado 7 de marzo (durante más de
tres días), expresando que: “el apagón va a cortar la longevidad del régimen”.
Haciendo referencia, también, a la aspiración de que continúe cayendo la
producción de petróleo “en un mes o dos estarán en menos de un millón de
barriles por día” , Celebró, así mismo, el nombramiento como representante ante
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del economista venezolano, Ricardo
Hausmann, preferido por el establishment e inspirador de la propuesta
presentada por Guaidó ( Plan País) de privatizar y extranjerizar la actividad
petrolera, objetivo central planteado por EE.UU, que pretende “trabajar con el
BID en el marco de una Venezuela pos-Maduro”.
Washington y sus aliados
invocan un pretexto humanitario para provocar las condiciones de intervención
militar en un país del que codician sus importantes recursos naturales La
maniobra es grosera y es necesario ponerla en evidencia. La denuncia es
imprescindible puesto que, deliberadamente, los medios de comunicación
promueven una propaganda sistemática cuyo objetivo es justificar una
intervención extranjera.
Es sin duda posible analizar
y debatir no sólo las enormes presiones externas, sino también reconocer las
acciones del gobierno de Maduro por las cuales Venezuela ha llegado a una
situación dramática, pero ello no debe llevar a confundir. El gobierno de
Maduro no es una dictadura: fue electo por sufragio directo con participación
de otros candidatos La oposición, lo vemos a diario, tiene la posibilidad de
expresarse y de convocar a manifestaciones de protesta (lo que no es factible
en otros países petroleros como Irak, Arabia Saudita, y Libia, con regímenes
apoyados por gobiernos de EE.UU y Europa - hoy unidos contra Venezuela-)
Hay mucho en juego
Una
victoria golpista significaría la continuación del encadenamiento de Venezuela
al sistema deuda, a favor de
los acreedores nacionales (las fracciones de la antigua burguesía que apoya a
Guaidó y las de la boliburguesía que invirtieron capitales en la compra de
títulos de la deuda interna y externa con el fin de obtener una renta a costa
del pueblo) y de los acreedores extranjeros (bancos y fondos de inversión
especulativos, que han hecho enormes negociados, también, con el manejo
cambiario y la fuga de capitales )
Las fuerzas populares en
Venezuela y en todo el mundo deben repudiar cualquier reconocimiento o apoyo a
Guaidó. Debe denunciarse, claramente, como golpista y una amenaza contra la
nación al llamar abiertamente a la intervención armada de Washington y sus
aliados. Frente a esas amenazas de intervención extranjera, que no son para
nada imaginarias, debe bregarse por la unidad y solidaridad con Venezuela de
todos quienes se oponen a un golpe de Estado y la intervención contra el
gobierno legítimo de Nicolás Maduro.
En todo caso, es preciso, por
supuesto, apoyar iniciativas para evitar una escalada del conflicto y que se
desemboque en la tragedia de una guerra civil, disgregación nacional u
ocupación militar externa. Ello no debe ser a costa de “los derechos
irrenunciables de la Nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la
inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional” (Art. 1
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Debe priorizarse
la defensa de las condiciones de vida de la población, garantizar el
sostenimiento del funcionamiento imprescindible de la sociedad y los principios
democráticos básicos del derecho internacional de no- intervención y garantía
de la autodeterminación de los pueblos
Debe
expresarse en forma contundente que el golpe no pondría fin a la corrupción, a
la fuga de capitales, a la especulación sobre
los precios de los alimentos y medicamentos, puesto que Guaidó y sus aliados se
proponen seguir el mismo plan de ajuste impuesto, hoy, por el FMI y
organismos multilaterales para gobiernos “pos-populistas”. Son ejemplificadores
los recientes casos de Argentina y Ecuador, cuyos programas fueron presentados
inicialmente como benevolentes para “atender a los que menos tienen”, pero sus
medidas y resultados son un mayúsculo aumento de la desocupación y la
indigencia. Se avalaría para Venezuela, en nombre de la “libertad de los
mercados”, las aspiraciones regresivas de las elites nacionales e
internacionales de desarticular derechos laborales y sociales para disputar la
apropiación rentista y de negocios en forma privilegiada y concentrada.
Propuestas inmediatas.
La estrategia de golpistas,
justificadores del caos y promotores de acciones violentas y/o intervenciones
militares contra Venezuela, de clamar por la “ayuda humanitaria” no debe
subestimarse.
Es una de las cartas
políticas más poderosas de la manipulación ideológica e informativa, a
disposición de fuerzas que están listas para barrer cualquier expresión de
soberanía e independencia. Quieren convencer a la población y a la opinión
pública internacional que se violan derechos humanos al impedir la entrada
violenta desde el exterior, mientras cínicamente avalan que se ahogue económica
y financieramente al país.
No debe ocultarse que la
situación social, económica y financiera de Venezuela es dramática y sigue
empeorando, velozmente. Es por ello, que se requieren acciones inmediatas, como
ser:
1.- Frente a las medidas
agresivas tomadas por las potencias extranjeras, que no dudan en apropiarse de
los bienes de la República Bolivariana de Venezuela depositados en el
extranjero y, necesarios para mantener intercambios comerciales, el gobierno
debe declarar formalmente una suspensión del pago de la deuda externa y, no
solo de hecho como ocurre en la actualidad.
El derecho internacional
avala, plenamente, el derecho de un país confrontado a una situación grave de
urgencia y/o imprevista, tal como ser amenazas externas o internas como hoy se
presentan evidentemente para Venezuela, a decretar una moratoria unilateral del
pago de la deuda (sin acumulación de intereses o de penalidades por retraso).
Si, además, el gobierno confronta medidas unilaterales de ahogo comercial,
económico y financieros como las que han tomado en Washington (contra las
empresas petroleras PDVSA y CITGO), Londres (confiscación de reservas de oro
por parte Banco de Inglaterra) y Europa (retención de pagos por parte de
Euroclear radicado en Bélgica), sin ningún tipo de acuerdo por parte de las
Naciones Unidas, es aún más justificado el acto indispensable de suspensión
unilateral del pago de la deuda.
2.- En lugar de utilizar los
limitados ingresos y reservas de divisas en el pago de una deuda que debe ser
auditada/investigada en forma completa, el gobierno debe utilizar sus reservas
para satisfacer las necesidades básicas de la población. La salud y la
alimentación del pueblo deben tener prioridad sobre el pago de la deuda
externa.
3.- La moratoria debe
acompañarse de una auditoría pública abierta y detallada que, sin ninguna duda,
aclarará las numerosas maniobras y fugas ilegales de capitales que se
produjeron bajo la protección del sistema financiero privado y de una parte de
las autoridades del país.
4.- Hay razones políticas,
económicas y un fundamento jurídico para sostener una decisión tan seria. La
declaración unilateral de la moratoria de la deuda y la realización de una
auditoría serían la prueba de una voluntad de revertir las prioridades en la
buena dirección. Los recursos de la nación no deben servir en primer lugar al
pago de la deuda, sino permitir la mejora de las condiciones de vida dramáticas
que sufre una gran parte de la población venezolana. Al suspender el pago, el
gobierno de Venezuela se encontraría en una posición de iniciativa clara en
relación a sus acreedores.
5.- La suspensión motivada
del pago de la deuda debe aplicarse a todas las deudas emitidas por el gobierno
nacional y por PDVSA (la empresa pública petrolera).
6.-
Es sin duda indispensable elaborar y poner en marcha con urgencia y, bajo un
estricto control social transparente, un plan de adquisición de alimentos y
medicamentos en beneficiode
la población. Simultáneamente, será necesario invertir medios financieros para
desarrollar la producción nacional de alimentos y de medicamentos para dar
prioridad a los productores locales.
7.- Con esta perspectiva,
sería posible poner en marcha, de forma inmediata, un plan de apoyo solidario
para la distribución de medicamentos y para tomar a cargo las personas
afectadas de enfermedades graves como la diabetes, el cáncer, la insuficiencia
renal, la enfermedad de Parkinson, el VIH/SIDA, entre otras, que deben tener un
tratamiento permanente y estable. También, lo sería para poner, sin demora, un
plan efectivo para garantizar el acceso a los medicamentos básicos que necesita
la población.
8.- El gobierno y un frente
de fuerzas que se opongan a la injerencia extranjera deben asumir esta tarea
masivamente, integrando a las personas afectadas y las organizaciones
populares. Esta estrategia inclusiva y unificadora significa romper con la
cultura paternalista, mistificadora, clientelista y electoralista que
caracteriza a muchos países y también a Venezuela. Convocar a reunirse a todas
las fuerzas, sin excepción, que se oponen a la injerencia extranjera.
9.- Las decisiones y la
movilización deben y pueden ser respaldadas por un programa que habrá
multiplicado los recursos para desenmascarar la farsa y la estafa de la “ayuda
humanitaria” por el monto miserable de 20 millones de dólares, cuando se están
usurpando al país, en lo inmediato, miles de millones de dólares de sus activos
en el exterior.
10.- En un marco de extremada
escasez de divisas, el comercio exterior y las operaciones con divisas deben
tener control público y las informaciones que estén ligadas a los diferentes
intercambios tendrán que ser transparentes.
Ante la gravedad de la situación que
vive el pueblo de Venezuela, el CADTM - AYNA se compromete a brindar su apoyo
efectivo y solidario para defender sus derechos y la soberanía nacional
venezolana y hace un llamado a impulsar, sin demora, una gran campaña unitaria
solidaria nacional e internacional.
Comité para la Abolición de las Deudas
Ilegítimas CADTM – AYNA (Abya– Yala /NUESTRA – AMÉRICA)