Desde la activación en enero del golpe
asistido internacionalmente por Estados Unidos, han venido emergiendo nuevas
denuncias sobre incitaciones a linchamientos contra la población venezolana
identificada con el chavismo.
Así lo declaró recientemente
el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, en rueda de prensa al
recibir una comisión integrada por víctimas de crímenes de odio y miembros de
la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
William Saab recibió en su
despacho a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC), Tania Díaz, y una comisión de familiares de víctimas del odio quienes
exhortaron al Ministerio Público a hacer cumplir la Ley Contra el Odio aprobada
en noviembre de 2018.
El fiscal
general expresó que ha visto con preocupación la escalada progresiva de
estos crímenes, luego de haberse aprobado en noviembre de 2017 la Ley Contra el
Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia como respuesta a la serie de
persecuciones, agresiones y asesinatos que ocurrieron durante el periodo de
violencia desatada por grupos armados durante la revolución de colores
promovida por Washington y el antichavismo local de abril a julio de
ese mismo año.
CASOS ACTUALES DE VIOLENCIA
POLÍTICA Y ACCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL
“Nos reunimos con víctimas de
violencia y con la representación de la ANC. Ellos nos hicieron el exhorto de
que se cumpla la Ley contra el Odio. Nosotros ya hemos venido trabajando en eso
y haciendo labores de inteligencia. Preparamos órdenes de captura contra los
promotores de este tipo de delitos”, expresó Tarek sobre los casos presentados.
La periodista de la Radio del
Sur, Vanessa Gutiérrez, denunció las lesiones físicas que sufrió su padre el
pasado 14 de marzo debido al ataque que recibió de vecinos que lo persiguieron
por su posición política vinculada al chavismo.
El agresor de Luis Manuel
Gutiérrez Moreno, que en un primer momento fue liberado por un tribunal,
está siendo procesado por delitos de crímenes de odio, según lo anunció el
fiscal general Saab.
Otro caso del cual el Ministerio Público
(MP) está tomando acciones, fue el incendio de la vivienda donde se encontraba
la alcaldesa del municipio San Judas Tadeo del estado Táchira, Betzabeth
Gandica, junto con sus hijos.
El hecho ocurrió en horas de
la noche del 9 de marzo y fue denunciado en su momento por el protector de
Táchira, Freddy Bernal. Un grupo de manifestantes violentos que habían tomado
la plaza Bolívar de la zona, se trasladaron hasta la residencia de Gandica,
golpearon a su madre, ingresaron en la vivienda y la incendiaron poniendo en
riesgo su vida y la de siete niños.
Los involucrados en este acto
de intimidación pública fueron detenidos más tarde por el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Además de estas violaciones
directas, el MP está investigando en coordinación con el Servicio Bolivariano
de Inteligencia (Sebin) las acciones de instigación al odio que se han desatado
en redes sociales.
La constituyentista, Tania
Díaz, mostró pruebas en su intervención de individuos con cierto alcance en
Twitter, que están utilizando sus perfiles para instigar al público a cometer
crímenes de odio, como bien lo hicieron anteriormente en 2017, oxigenando el
levantamiento de fuerzas irregulares que cometieron linchamientos a decenas de
personas.
Salta a la vista el caso de
la periodista Madeleine García, quien en su cuenta de Twitter advirtió sobre
las amenazas contra su vida hechas por usuarios de esa red que incluso
revelaron datos privados como la dirección de su vivienda.
Estos ataques ocurren en
medio de la labor periodística que desempeñó recientemente en el puente Simón
Bolívar, conexión fronteriza entre Venezuela y Colombia, que fue uno de los
puntos de conflicto en la agenda de “ayuda humanitaria” que se desplegó el
mes pasado.
García fue una de las
primeras personas que mostró en el sitio de los hechos las evidencias que
desmontaban el falso positivo mostrando que los camiones que pretendían
ingresar llevaban dentro guayas, clavos, pitos y otros materiales que nada
tenían que ver con insumos para la salud.
Recientemente
informó que, en el estado Yaracuy, militantes del chavismo fueron objeto de
mensajes extremistas. Asediaron las viviendas de dirigentes políticos locales,
grabando imágenes que claramente buscan atemorizar a los bloques del chavismo.
ANTECEDENTES
INMEDIATOS: EL RECURSO DEL ODIO PARA QUEMAR CHAVISTAS
Apenas unos meses separan a
los venezolanos del centenar de víctimas que dejó la operación de golpe suave
en 2017, con la movilización de una parte de la sociedad civil en la asignación
de sumir en el colapso general al país y proyectar una imagen de
ingobernabilidad.
De este saldo, al menos 30
personas fueron asesinadas por grupos violentos que recibieron el
beneplácito de la dirigencia opositora y de seguidores fanatizados. El grado de
aberración en los actos cometidos incluyó la quema de personas, el linchamiento
a muerte y el apedreamiento a cadáveres incinerados.
Precisamente, es ejemplo
oscuro de la línea que cruzó esa radicalización la muerte de Orlando Figuera
quemado, apuñalado y golpeado por miembros de “La Resistencia” en la
ciudad de Caracas, identificado con el chavismo únicamente por su color de
piel. A su fallecimiento le siguió el testimonio de otras 20 personas quemadas
que sobrevivieron a los ataques de estos escuadrones de la muerte.
Semejante a las acciones del
Estado Islámico y de los grupos fascistas ucranianos, ocurrió el asesinato de
Héctor Anuel a quien, al caer de su moto en una barricada ubicada en la ciudad
de Lecherías (Anzoátegui), incendiaron vivo y luego grabaron cuando apedreaban
los restos de su cuerpo en cenizas para difundirlo en las redes a modo de
advertencia contra los “colectivos”, concepto tergiversado de los movimientos
políticos del chavismo que trabajaba por la desarticulación de la violencia en
las calles.
Otros casos de asesinatos
políticos, entre ellos el linchamiento del guardia nacional bolivariano, Danny
Subero, (asesinado en el estado Lara cuando pasaba por el sepelio de una
víctima de la violencia callejera) y la muerte de la enfermera, Almelina Carrillo,
(impactada por una botella de agua congelada lanzada desde un edificio en
Caracas) fueron los motivos que dieron origen a la Ley Contra el Odio,
tipificando este tipo de agresiones como crímenes incitados por la intolerancia
política.
Tarek William Saab, hizo alusión a estos
crímenes señalando que en algunos casos se han adelantado investigaciones con
labores de inteligencia, identificando a los responsables de dirigir las turbas
violentas para ser procesados judicialmente. Denunció que uno de los que
actuaron en el asesinato de Figuera se encuentra fugitivo en Colombia.
A veintidós meses del periodo
más violento de la historia contemporánea venezolana, se activa el instrumento
legal por la convivencia y la tolerancia para erradicar a tiempo una nueva escalada.
LA VIOLENCIA EXTREMISTA EN EL
MARCO DEL PLAN GOLPISTA EN CURSO
Las crecientes amenazas de
muerte por móviles de odio que ahora están siendo denunciadas, se encuadran en
los acontecimientos detonados por los golpes de Estado de la Casa Blanca, a saber:
el montaje de ingreso de ayuda humanitaria el 23 de febrero para violar la
frontera venezolana y el ciberataque generado a la central hidroeléctrica del
Gurí, que dejó sin servicios básicos al país por varios días seguidos.
El saldo negativo de los eventos,
en el caso del 23 de febrero la puesta en escena de camiones quemados con
supuesto cargamento de medicamentos e insumos para la salud y en el del apagón
las falsas cifras de muertos por falta de energía eléctrica en hospitales; se
suman a las circunstancias económicas que atraviesa la sociedad venezolana
producto del bloqueo liderado por el Departamento del Tesoro estadounidense,
redirigiendo mediáticamente la responsabilidad al Ejecutivo Nacional.
Las molestias del
antichavismo son fuerza latente para impulsar conductas extremistas de
sabotajes y alteración del orden público que afecte directamente la
integridad física de los que se desvinculen de la agenda violenta.
Así, pequeños conatos de violencia como
los presenciados durante los días del apagón, son rápidamente capitalizados por
el autoproclamado, no bastando su reconocimiento y apoyo para que se
regularicen en todo el país.
No es la primera vez que los
líderes de la oposición legitiman las posiciones extremistas, ni tampoco es
coincidencia que resurjan en un momento donde la propaganda bélica es constante
y sonante en la política exterior estadounidense para disuadir de defender la
soberanía nacional, entre otros sectores, a funcionarios de la institución
militar venezolana.
De todos modos hay que
recordar que la Asamblea Nacional en desacato fabricó una supuesta ley de
amnistía que promete impunidad a todo aquel individuo que se someta al plan de
desestabilización en el país, resarciendo las culpas de crímenes aún no
cometidos.
Por eso tiene sentido que
coincida la reactivación de propagandas de odio con la creación de células
paramilitares reclutadas y formadas en el exterior para ingresar en el país y
realizar actos terroristas que incluyen los asesinatos selectivos y el
magnicidio del presidente Nicolás Maduro.
El desmantelamiento de la
“Operación Libertad”, empujada por el jefe de despacho de Guaidó, Roberto
Marrero, y que contemplaba el financiamiento de entre ocho a diez equipos de
sicarios centroamericanos deja también expuestos a los que preparan las
operaciones psicológicas en la población civil, nublando el razonamiento de las
mentes débiles que ante el arrebato de odio, están incapacitados para oponerse
al terrorismo descarnado.
Entendiendo que la
instauración de un gobierno paralelo en Venezuela no se va a concretar solo por
el reconocimiento de algunos gobiernos satélites de Estados Unidos y previendo
su agotamiento político, se preparan operaciones de propaganda que estimulan a
la reserva de fanáticos de la oposición venezolana, sobre todo vía redes
sociales e internet, a normalizar en el resto de la población el respaldo hacia
la células terroristas que aterricen las amenazas de guerra tantas veces
vociferadas por Bolton e inviables con el enfrentamiento directo de las fuerzas
del ejército regular estadounidense.
Pero la memoria colectiva
venezolana carece de fragilidad y los grupos extremistas han sido reducidos
desde el 2017. Los nombres de los caídos por crímenes de odio están grabados en
piedra y difícilmente pueda sostenerse un escenario parecido.
RECICLAJE DE LOS COLECTIVOS
COMO PROPAGANDA DE MIEDO
El 1 de abril, John Bolton se
dirigió al Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, para desencadenar el
falso positivo de que los colectivos están disparando y reprimiendo a las protestas
del sector opositor.
Los reportajes de medios como CNN,
justifican estas acusaciones, difundiendo imágenes donde grupos motorizados
impiden que las personas obstaculicen las vías de tránsito montando barricadas.
El efecto viral en las redes
hace que aparezcan otros tantos alegatos de “colectivos” arremetiendo contra la
“sociedad civil”. Los videos muestran a personas agredidas con armas de fuego o
golpeadas además de otras supuestamente asociadas al chavismo que serían los
agresores, sin tener evidencias contundentes que conecten los casos.
Justamente el fin de semana
anterior a la mención de los colectivos, grupos violentos trataron de impedir
el abastecimiento de agua en la ciudad capital, que por los apagones continuos
ha presentado dificultades para reactivar el suministro. La Guardia
Nacional Bolivariana coordinada con líderes comunales de cada sector, se han
encargado de trazar rutas para abastecer a la población y, en conjunto,
proteger estas iniciativas de sabotajes externos.
El tuit de Bolton movilizó el
discurso mediático transnacional, como en ocasiones anteriores, hacia un
concepto deformado de los movimientos políticos del chavismo que operan en el
país para, de esa forma, aplacar los pasos del Estado en conjunto con las comunidades
organizadas en búsqueda de solucionar los problemas derivados del ataque al
sistema eléctrico nacional, especialmente la distribución de agua potable en
zonas urbanas.
El impulso sirvió para que la
Asamblea Nacional en desacato concertara el término de “terrorismo de
Estado” a estas acciones y el de “paramilitares” a las fuerzas
organizadas del chavismo, legitimando la satanización internacional de los
colectivos.
En un sentido más amplio,
esto también corresponde a las preparaciones de la “Operación Libertad”,
anunciada para el 6 de abril y donde el aspecto central es “la movilización de
todo el país para ejercer la presión necesaria para que cese la usurpación”.
Para oxigenar los crímenes de
odio que despedacen el temple apaciguado con que la nación ha encarado los
ataques recientes, el discurso de Washington recurre al recurso fabricado de
los “colectivos” como grupos armados que atacan y diezman a la población que no
milita en el chavismo. Esta construcción proyectada en el exterior blanquearía
los episodios siguientes de violencia política en el país que ya vienen
perfilándose como amenazas.
CIERRE
La operación de cambio de
régimen en Venezuela se complementa con el exterminio del chavismo, por lo que
el brazo paramilitar de la intervención estadounidense viene a cumplir con ese
objetivo, con el asentimiento del antichavismo global intoxicado por el odio.
En el supuesto de haber
concretado el plan, deben tener garantizada la erradicación de esta fuerza no
solo en el país, sino también en la región latinoamericana, para evitar
cualquier posibilidad de resurgimiento que afecte los pujos por reconquistar el
control político en lo que consideran su patio trasero. La insistencia de la
muerte física del chavismo nace de allí.