Por Hervi Lara B.
Desde
1960, USA ha buscado la claudicación del pueblo cubano “a través del hambre y
la desesperación”, como se lee en más de un documento desclasificado en que
aparecen explicitados los intentos de derrocar a Fidel Castro.
En
1961, con apoyo de USA, exiliados cubanos vieron frustrado su intento de
invasión a la isla a través de Bahía Cochinos. Luego vino el Programa Mangosta,
consistente en propiciar una resistencia masiva; contaminar el azúcar destinada
a la exportación; hacer circular dinero falso; destrucción de instalaciones
vitales; la “ley de ajuste cubano” para estimular las salidas ilegales del
país; la “Operación Peter Pan”, cuyas víctimas aún padecen sus efectos: el
bloqueo económico que, hasta el 2015, ha significado pérdidas de US$16 mil
millones de dólares. En 1989, USA intensificó el bloqueo con la Ley Torricelli
que estableció sanciones a cualquier país que brindara asistencia a Cuba. En
1992 se prohibió la entrada a USA a todo buque que hubiera atracado en un puerto
cubano. En 1990 la ley Helms-Burton estableció sanciones a las empresas que se
instalaran en propiedades nacionalizadas por Cuba después de 1959. En 2004,
Busch limitó los viajes y envíos a Cuba.
Entre
2009 y 2014, Obama sancionó a 37 compañías por haber transgredido el bloqueo,
no obstante que el 80% de las patentes del sector salud son de farmacéuticas de
USA. También USA ha continuado ocupando el territorio de Guantánamo,
empleándolo como base naval y centro de detención y tortura. En 2006, USA decretó
el fin de la cooperación médica internacional a Cuba, lo que constituía una de
sus fuentes de divisas. Además, USA prohibió la importación a su territorio de
equipos que contuvieran níquel proveniente de Cuba, chocolate suizo fabricado
con cacao cubano, tabaco cubano incluyendo al adquirido en terceros países o en
los dutys.
En
2011, embargaron el aporte destinado a Cuba del Fondo Mundial de Lucha contra
el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Se suman miles de muertos en ataques
mercenarios a barcos y puertos cubanos; un avión civil repleto de pasajeros
hecho estallar en pleno vuelo y cuyos autores quedó en la impunidad en Miami;
múltiples actos de violencia y de fuerza y más de 600 planes de asesinatos
directos contra Fidel Castro.
En
1970, en Chile, el Dr. Salvador Allende asumió la Presidencia de la República.
Ya antes de su elección, la CIA y la ITT (Internacional Telephone and
Telegraph), “el trust más potente del mundo y del mayor tráfico de
influencias”, se habían asociado para impedir su triunfo electoral. Más tarde,
el 4 de diciembre de 1972, en Naciones Unidas, Allende señaló que “al asumir la
presidencia, mi país contaba con líneas de crédito a corto plazo de la banca
privada norteamericana, destinadas al financiamiento de nuestro comercio
exterior, por cerca de 220 millones de dólares.
En
breve plazo, se ha suspendido de estos créditos un monto de alrededor de 190
millones de dólares, suma que hemos debido pagar al no renovarse las
respectivas operaciones”. Agregando que “no sólo sufrimos el bloqueo
financiero, también somos víctimas de una clara agresión. Dos empresas que
integran el núcleo central de las grandes compañías transnacionales, que
clavaron sus garras en mi país, la International Telegraph and Telephone
Company y la Kennecott Copper Corporation, se propusieron manejar nuestra vida
política”. (…) “Se desarrollaron en Chile acciones terroristas planeadas fuera
de nuestras fronteras, en colusión con grupos fascistas internos, las que
culminaron con el asesinato del comandante en jefe del ejército”. (…) “Un nuevo
plan de acción que la misma ITT presentara al gobierno norteamericano, con el
propósito de derrocar a mi gobierno en el plazo de seis meses”. (…) “Proponía
el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, crear el pánico en la
población, el desorden social, para que al ser sobrepasado el gobierno, las
FFAA fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una
dictadura”. Con la autoridad moral que poseía, Allende dijo ante la Asamblea
General de la ONU: “Acuso ante la conciencia del mundo a la ITT de pretender
provocar en mi patria una guerra civil”.
En
la República Bolivariana de Venezuela, tras el deceso de Chávez, Nicolás Maduro
asumió la Presidencia provisional el 8 de marzo de 2013. El 14 de abril siguiente,
Maduro ganó las elecciones presidenciales por un período de seis años, esto es,
hasta el 2019. En 2017, tras cuatro meses de protestas violentas que dejaron
más de cien muertos (20 de ellos quemados vivos por tener rasgos “chavistas”),
miles de heridos, decenas de edificios públicos y negocios destruidos, el
gobierno convocó a Asamblea Nacional Constituyente el día 30 de julio. La
oposición realizó campañas de amenazas para amedrentar a la gente y no
asistiera a votar, a través del control de los edificios y el bloqueo de
avenidas con montañas de basuras y escombros. Durante las horas de votación,
atacaron a más de 200 centros electorales y destruyeron máquinas de votación,
argumentando que Maduro pretendería “perpetuarse en el poder”.
USA
ha propiciado la violencia, el sabotaje económico, la especulación de divisas y
el contrabando para provocar inestabilidad política y aislamiento
internacional. Los grandes empresarios han planteado la liberación del dólar,
un nuevo ciclo de endeudamiento internacional, retrotraer las reformas
sociales, la anulación del sistema de precios, la devolución de las plantas
estatizadas, devaluación y derogación de leyes laborales. Esto es, buscan
socavar el control estatal para recuperar la renta petrolera.
USA
ha hecho caer el precio internacional del petróleo para intensificar la
desestabilización, puesto que Venezuela obtiene al 95% de sus divisas de la
exportación de esta riqueza natural. Antes de Chávez, la riqueza petrolera era
acaparada por la oligarquía.
Por
tanto, la Revolución Bolivariana ha significado la búsqueda de la superación
del mundo unipolar que se expresa en la dictadura internacional de los
mercados. Se trata de transformar la economía mundial basada en la competencia,
por una economía basada en la solidaridad entre los pueblos a través de la
integración política, cultural y económica. Es indesmentible que se ha
extendido el derecho a la educación, el acceso a la salud, la construcción de
viviendas y se ha implementado la comunidad energética de los países del Centro
y del Cono Sur de América.
La
Constitución ha emergido desde las bases populares; y se ha desarrollado el
ALBA como alternativa al ALCA impuesto por USA, así como el Banco del Sur
frente a la opresión del BM, el FMI y la OMC. Se nacionalizó el petróleo, se
hizo una reforma agraria, se elaboraron leyes anti discriminación; se promovió
la integración con soberanía entre los países de América Latina a través de
UNASUR y CELAC; se extendieron las misiones en los barrios, con participación
ciudadana; se implementaron relaciones fraternas con los países vecinos, sobre
la base del trueque y no de transacciones comerciales tradicionales; la
Operación Milagro ha permitido recobrar la visión a miles de personas pobres
del continente, incluyendo a muchos chilenos; etc…, etc…, etc…
El
pueblo había estado abandonado y el chavismo le abrió las puertas a su
humanización. Este es el motivo de la reacción de la oligarquía apoyada por el
sistema financiero internacional en contra de la Revolución Bolivariana y han
seguido los pasos dados por la CIA frente a todos los gobiernos que ha osado
levantarse frente a la opresión. Para ello, USA y sus lacayos internos han
contado con las FFAA que continúan recibiendo adiestramiento en la Escuela de
las Américas.
Pero
como las FFAA bolivarianas han sido fieles a su compromiso de defensa de su
pueblo, el autodesignado “presidente encargado por Trump” tiene el descaro de
propiciar el ingreso a su país de ejércitos extranjeros para que derroquen al
Presidente Constitucional.
Desde
el 22 de enero de 2019, cuando Maduro asumió su mandato tras su reelección, la
oligarquía ha desatado hechos de violencia al interior de Venezuela; ha habido
amenazas y boicots de gobiernos extranjeros; han congelado activos de Venezuela
en el exterior. Trump ha designado al gánster Elliot Abrams para la
“democratización” de Venezuela, inventando un ingreso de “ayuda humanitaria” y
un permanente llamado a las FFAA a que se sumen a la traición a su patria.
Guaidó
salió de Caracas hacia Cúcuta, Colombia, donde junto a los presidentes de
Colombia, de Paraguay y de Chile, se intentó ingresar la supuesta ayuda
humanitaria, no obstante la disposición en contrario de la ONU, de la Cruz Roja
y de Cáritas Internacional. Guaidó regresó a Caracas el 4 de marzo, tras haber
visitado a Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, pidiendo ayuda a los
respectivos gobiernos ejerciendo mayor presión en contra de Maduro.
Tras
la frustrada ocupación militar extranjera a través de la “ayuda humanitaria”,
el imperialismo y sus cómplices internos han realizado atentados sobre el
Servicio Eléctrico Nacional, lo que ha paralizado al país, especialmente en lo
referente a la salud y la producción de medicamentos. Los problemas de salud se
ven incrementados por la afectación de la distribución de agua. En estas
circunstancias, la oposición fascista ha formado los “Comités de Libertad y
Ayuda”, constituidos por mercenarios, paramilitares y agentes de la CIA que
provocan focos de protestas en sectores populares e impiden el paso de camiones
repartidores de agua, además de explosar las tuberías de agua potable. Estos
grupos son fomentados por Guaidó y reciben el apoyo de la Agencia para el
Desarrollo Internacional del Departamento de Estado (USAID). Se les denomina
“socios interinstitucionales”. Con sus acciones, tienden a medir la capacidad
de respuesta del Estado y del chavismo organizado.
Tras
el fracaso de la “ayuda humanitaria” y de veinte años de sabotaje, Elliot
Abrams dijo directamente al canciller Jorge Arreaza: “estamos esperando el
colapso de su economía”. El “golpe de Estado eléctrico” es un paso más. No
obstante, el imperialismo no ha considerado que la Revolución Bolivariana se
sostiene sobre los amplios sectores populares que han sido beneficiados y el
patriotismo de las FFAA.
A
la pandilla de criminales designados por Trump para “hacerse del botín”: Elliot
Abrams, John Bolton, Mike Pence y Marco Rubio, aparte de los integrantes del
Grupo de Lima y el reciente PROSUR, hay que agregar a la siempre ambigua e
insípida Michelle Bachelet, actual Alta Comisionado de ONU para los DDHH, quien
ha abogado por la “intervención humanitaria”, aludiendo a que la situación de
Venezuela significaría un “factor desestabilizador regional”, sin hacer
referencia al sabotaje, al bloqueo, a los atentados al sistema de electricidad
y de agua, al desacato a la Constitución de parte de Guaidó y de la oposición
fascista. Bachelet tampoco ha considerado que una intervención humanitaria
exige la existencia de una causa justa; de proporcionalidad de la intervención;
de la posibilidad razonable de éxito de la misma y que puede ser implementada
sólo como un último recurso. Ninguno de estos principios se cumple en relación
a Venezuela. Al contrario: con su discurso, Bachelet está entregando a USA un
pretexto para su intervención militar.
En
los últimos días, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó terminar con la
inmunidad parlamentaria del diputado Juan Guaidó. El Tribunal Supremo debería
enjuiciarlo por no acatar sus medidas cautelares.
Tanto
para los “gusanos” cubanos y los que derrocaron a Allende, como también Guaidó
y quienes lo apoyan, se cumplen las palabras del profeta Isaías: “vuestras
manos están manchadas de sangre y vuestros dedos, de iniquidad; vuestros labios
hablan mentiras, vuestras lenguas murmuran perfidias”. (Is. 59, 3).
Santiago
de Chile, 4 de abril de 2019.
Fuente:
EL CIUDADANO on line.