Bangladesh
Por Pierre Rousset
A
finales de 2018 comenzó en Bangladesh una huelga masiva, acompañada de una
manifestación y una ocupación de la calle, prolongándose hasta el mes de enero,
particularmente en Savar, un importante polígono industrial de un suburbio de
la capital. Fue allí donde, en 2013, los edificios de Rana Plaza, que
albergaban muchos talleres de producción textil, se derrumbaron, dejando más de
1.130 personas muertas y un gran número de heridos. Hubo bloqueos de carreteras
en varias localidades: Shiurapara, Mirpur, Ashulia…
Miles de trabajadoras
textiles se movilizaron con motivo de la revisión de tabla salarial en el
sector de la confección (se lleva a cabo cada cinco años), paralizando la
producción en más de 100 fábricas, levantando barricadas (incluso en una
autopista) y atacando las instalaciones de empresas. La respuesta de la policía
fue muy violenta: balas de goma, gases lacrimógenos, cañones de agua, muchos
casos de malos tratos o torturas… Un trabajador murió, Sumon Miah, muchos otros
resultaron heridos. Los sindicatos GSAO y GSTUK organizaron sentadas para
exigir que se dijera toda la verdad sobre este asesinato.
Ya en 2016, en Ashulia, otro
suburbio de Daca, se produjo una movilización durante
toda una semana para reclamar aumentos salariales, provocando el cierre de
decenas de empresas. La represión también fue feroz: más de 1.500 trabajadores
fueron despedidos, otros treinta arrestados, y cincuenta sindicalistas tuvieron
que esconderse. Muchos líderes sindicales todavía están siendo acusados y
amenazados con la detención.
Así pues, la cuestión de los
aumentos salariales estaba pendiente. En 2018, los sindicatos exigieron un
salario mínimo de 16.000 takas (en algunos casos 18.000), pero el gobierno solo
ofreció la mitad: 8.000 takas (unos 85 euros al mes). Para algunos, el aumento
salarial fue apreciable, aunque muy limitado en vista del incremento del coste
de la vida y de los precios de la vivienda; para otros, sin embargo, ocurrió
todo lo contrario. En cuanto al pago de las horas extraordinarias, se redujo la
cuantía. El gobierno tuvo que reconocer estas graves desigualdades y creó una
comisión tripartita con la patronal y los sindicatos, sin que esta iniciativa
haya dado lugar a un cambio significativo de las decisiones originales.
La represión de las empresas
fue nuevamente muy severa, con miles de despidos y juicios contra huelguistas y
manifestantes (y desaparecidos). A petición de la Campaña de Ropa Limpia,
algunas grandes marcas de ropa han expresado el deseo de que las y los
trabajadores del textil en Bangladesh
reciban un salario mínimo digno, pero sin cifrarlo. Un voto piadoso.
En el campo, otro tanto. La
represión también golpea en el medio rural. El 12 de enero, por ejemplo, el
líder de la Federación de Agricultores de Bangladesh (BKF) en el distrito de
Bhola fue atacado violentamente
por los terratenientes locales, causándole graves lesiones internas; todavía
está ingresado en el hospital.
Seguridad en el trabajo
El país está gobernado por la
Liga Awami y Sheij Hasina, la primera ministra, que ha establecido un régimen
autocrático, habiendo obtenido 288 de los 300 escaños en el parlamento en las
últimas elecciones. La represión política y social está muy extendida. El
derecho de asociación está gravemente limitado.
El gobierno está maniobrando
actualmente ante el Tribunal Supremo para paralizar la aplicación del Acuerdo sobre
incendios y seguridad en las empresas, que se firmó tras el desastre industrial
de Rana Plaza. Está amenazada la independencia de los terceros que supervisan
la implementación de este Acuerdo. Los firmantes del Acuerdo son las
federaciones sindicales IndustriAll y Uni; las cuatro asociaciones que actúan
de testigos son la Campaña Ropa Limpia, International Labour Rights, Maquila
Solidarity Network y el Consorcio de Derechos de los Trabajadores.
El Acuerdo ha permitido
localizar (y en muchos casos subsanar) unas 100.000 vulnerabilidades de
seguridad en las fábricas. Más de dos millones de trabajadores han sido
alertados en más de un millar de compañías, según la Campaña Ropa Limpia. Sin
embargo, más del 50 % de las empresas no cuentan con sistemas adecuados de
detección de incendios y alarmas y el 40 % todavía necesitan una
renovación estructural.
Si el gobierno se sale con la
suya, todo esto estará en el alero. En efecto, es un comité dependiente del
gobierno el encargado de aprobar cualquier decisión relacionada con el Acuerdo.
Los inspectores no tendrán derecho a identificar nuevas brechas de seguridad
(como la falta de alarmas de incendio, salidas de socorro bloqueadas o grietas
en la estructura de un edificio). Ya no se podrá proceder contra las empresas
que amenacen con despedir a los trabajadores que denuncien la falta de
aplicación de las normas de seguridad. Sin embargo, ningún cuerpo en Bangladesh
puede sustituir hoy efectivamente al Acuerdo.
La economía de Bangladesh
(165 millones de habitantes) se basa en gran medida en la industria textil (que
representa el 80 % de las exportaciones). Es el segundo país productor de
ropa después de China. En este sector trabajan unos cuatro millones de obreras
y obreros en cerca de 4.500 talleres. Fabrican ropa para distribuidores
occidentales como H&M, Primark, Walmart, Tesco, Carrefour y Aldi… Nuestras empresas.
Traducción: viento sur