Migraciones y refugio
Por Danièle Lochak
En julio de 1997, por iniciativa del Gisti [Grupo de
Información y de Apoyo a los Inmigrados, asociación de defensa y ayuda jurídica
a los extranjeros en Francia, ndt], seis organizaciones 1/ firmaron una "Carta abierta a Lionel Jospin",
entonces Primer Ministro, publicada en la revista Plein droit, bajo el título:
"Todo bien pensado, la libertad de circulación" 2/ . Se trataba, ya en aquel momento, de afirmar y
demostrar que el cierre de las fronteras no podía tomar el lugar de la
política. Si bien esta política ha continuado y se ha intensificado durante los
últimos veinte años, la idea inicialmente denunciada como utópica o peligrosa
ha hecho, sin embargo, paralelamente su camino.
Lo atestigua, por basarse en
los acontecimientos más recientes, el Manifiesto adoptado en mayo de 2018 por
las 400 organizaciones reunidas para los Estados Generales de la Inmigración, que
exige la "libertad de entrada, de circulación y de instalación en el
espacio europeo para las personas de fuera de la Unión Europea", o también
el "Manifiesto para la acogida de los inmigrantes", lanzado en septiembre de 2018 por 150 personalidades y una veintena de organizaciones, que en pocos días
recogió la firma de 60.000 personas y que también afirma firmemente la libertad
de circulación como un derecho fundamental.
Hay varias razones para
abogar por la libertad de circulación, varias formas de fundamentar la
reivindicación. En el campo del derecho, en primer lugar: se trata de recordar
que el principio de la soberanía estatal no puede llevar a sacrificar los
derechos fundamentales de los inmigrantes porque debe ser reconciliado con otro
principio, proclamado solemnemente en 1948: la universalidad de los derechos
humanos. Sobre la base ética, a continuación, de una ética de convicción, por
utilizar la terminología weberiana: ¿podemos aceptar el destino infligido a los
inmigrantes hoy en día con el simple propósito de preservar nuestro confort o
nuestra idea del mismo? Finalmente, incluso si pretendemos colocarnos en el
terreno del "realismo", de una "ética de la responsabilidad",
como diría Weber, no es difícil demostrar que la política presentada como la
única practicable, cualesquiera que sean sus desperfectos colaterales, no es
justamente tan realista como pretende y está incluso destinada al fracaso.
La soberanía estatal
contra la libertad de circulación.
Es innegable que la soberanía
del estado entra directamente en conflicto con la libertad de circulación.
También se observará en este sentido una paradoja histórica: la libertad de
circulación ha sido entendida como un derecho individual que pertenece a cada
individuo que, en los tiempos modernos, desde los siglos XVI y XVII, al mismo
tiempo en que la constitución de los Estados, celosos de su soberanía, estaba
ineludiblemente conducida a restringir su alcance. La doctrina del derecho internacional,
de hecho, fue desde el principio desgarrada entre dos concepciones opuestas:
una, la heredera de Vitoria (De Indis , 1542) y Grotius (Mare
liberum, 1609), hacía prevalecer la libertad de circulación sobre las
prerrogativas de los estados; la otra, representada en particular por Vattel (El
derecho de gentes o principios de la ley natural aplicados a la conducta y los
asuntos de las naciones y de los soberanos, 1758), proclamaba por el
contrario el derecho de los Estados soberanos a defender la entrada en su
territorio de los extranjeros según sus propios intereses. Por lo tanto, en los
escritos de estos autores, considerados como los fundadores del derecho
internacional, hay problemáticas que todavía en la actualidad parecen ser
candentes.
Si recurrimos a la ley
positiva, es forzoso reconocer la primacía que otorga a la soberanía de los
estados, sabiendo que la primera prerrogativa de los estados soberanos es el
control de su territorio. Según el derecho internacional, ningún Estado está
obligado a aceptar la entrada y la presencia en su territorio de una persona
que no sea su nacional. A este respecto, es significativo el artículo 13-2 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que "Toda
persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluido el suyo, y a regresar
a su país" (subrayado por nosotros). El Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado en repetidas ocasiones que los Estados
" tienen el innegable derecho a controlar soberanamente la entrada
y residencia de extranjeros en su territorio".
Esta soberanía ni siquiera
cede cuando se trata del derecho de asilo. La Declaración de 1948 proclama que
"ante la persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y
beneficiarse del asilo en otros países" (artículo 14), pero no impone
a los Estados la obligación correspondiente de otorgar asilo. La Convención de
Ginebra tampoco exige que los Estados admitan a refugiados en su territorio,
sino que simplemente establece un principio de no devolución.
El silencio de los tratados
de derechos humanos sobre la entrada y residencia de extranjeros no se puede
interpretar en el sentido de que la inmigración sea competencia exclusiva de
los Estados: sus prerrogativas soberanas encuentran su límite, en este como en
otros temas, en los principios y normas del derecho internacional, entre los
cuales figura el disfrute de los derechos fundamentales sobre una base
universal. En consecuencia, las restricciones a la libertad de circulación
transfronteriza no deben dar lugar a la negación de estos derechos
fundamentales, a menos que se violen los principios del derecho internacional.
No consentir el sacrificio
de los derechos fundamentales
Esto es exactamente lo que
está pasando hoy. Al impedir que los inmigrantes utilicen modos de viaje
normales y legales -en particular debido a una política restrictiva de visados,
acompañada de sanciones contra los transportistas que traen extranjeros sin los
documentos requeridos a las fronteras de Europa-, se les entrega a
contrabandistas y traficantes. Al devolverlos, sobre la base de los acuerdos de
readmisión negociados con terceros Estados, incluso a países de tránsito poco
preocupados del respeto por los derechos humanos y el derecho de asilo, se les
pone en riesgo, en el mejor de los casos, de vivir en condiciones de vida
precarias en un país que no está dispuesto a acogerles, pero es más probable
que sigan languideciendo en campamentos durante un período indefinido, e
incluso para finalmente ser conducidos de regreso a países donde su vida y su integridad
física están amenazadas. Al erigir cada vez más paredes y alambres de púas en
su camino, se ven obligados a encontrar rutas de desvío peligrosas, con
consecuencias potencialmente mortales.
En resumen: la política de
cierre de fronteras conduce inevitablemente a la violación de una serie de
derechos que de hecho están garantizados por normas internacionales
vinculantes: el derecho a buscar asilo para escapar de la persecución, la
libertad individual que implica el derecho a no ser detenido arbitrariamente, e
incluso aquellos derechos considerados como "no derogables", que son
el derecho a la vida y el de no ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes.
También se olvida de paso la obligación de ayuda en el mar, también consagrada
en los textos internacionales: no solo los Estados europeos y sus agentes se
abstienen de ayudar a las personas en peligro, sino que están decididos a
impedir por todos los medios a los buques humanitarios que cumplan esta misión,
prefiriendo dejar espacio libre a los guardacostas libios. Las consecuencias
mortíferas de la política europea ahora están documentadas y reconocidas, y ya
nadie niega que miles de inmigrantes encuentran la muerte cada año al tratar de
superar los obstáculos que se encuentran en su camino. Este macabro balance
sigue haciéndose cada más pesado 3/ , hasta el punto de que François Crépeau, Relator
Especial para los Derechos de los Migrantes en las Naciones Unidas, podía, en
2014, caracterizar la actitud de los países europeos con este eslogan cínico:
" Let them die, this is a good deterrence” [Dejarlos
morir, esa es una buena disuasión, ndt].
No es posible resignarse a
estas graves y masivas violaciones de los derechos humanos por el hecho de que
serían la contrapartida, lamentable pero ineludible, del derecho
"legítimo" de los Estados a controlar sus fronteras. Pero, ¿puede
uno, de manera más general, acomodarse a la división del mundo en dos
humanidades, una de las cuales puede circular libremente, mientras que la otra
está asignada a residencia y solo puede moverse arriesgando su integridad
física y su vida? 4/
No aceptar el reparto del
mundo en dos humanidades
Reivindicar la libertad de
circulación es negar esta forma extrema de discriminación, que significa que
derechos tan fundamentales como la libertad de circulación, el derecho a
ganarse la vida, el derecho a vivir con los seres queridos, estén reservados a
los habitantes de los países ricos; rechazar que, con el fin ilusorio de
proteger la comodidad de los más favorecidos, resignarse a dejar que miles de
personas mueran de frío, sed o calor, asfixiados o ahogados, o incluso bajo las
balas del ejército o de la policía; rechazar que los gobernantes de los estados
europeos aprueben, en el marco de la famosa "política de
externalización", acuerdos con países tan irrespetuosos con los derechos
humanos como Libia, Sudán o Etiopía para subcontratar la gestión de las
fronteras. Es, positivamente, una forma también de reafirmar la libertad de
cada persona de vivir donde quiera en este planeta y de sacar todas las consecuencias
del principio de igualdad.
En esta perspectiva, varias
voces se han alzado para reclamar la consagración de un derecho a la
hospitalidad o de un deber de hospitalidad. Esto expresa la resistencia de los
ciudadanos a las políticas públicas inhospitalarias, que pueden llevar a formas
de desobediencia civil 5/ . Pero, más allá y a pesar de este aspecto
potencialmente contestatario, la hospitalidad sigue siendo un concepto ambivalente,
si no ambiguo. Si se trata de dejar entrar a los recién llegados, los que
llegan conservan su estatuto de invitados; la hospitalidad tiene un principio y
un final, es una condición provisional. "Dar hospitalidad",
"recibir al extranjero": además de que el que es recibido pone el pie
en el engranaje de la deuda, la relación sigue siendo asimétrica entre el que
acoge y el que es acogido 6/ . Aplicado a las migraciones, este "paradigma
metafórico" sugiere que efectivamente existe un "territorio"
nuestro” en el que estamos "en casa", incluso si las fronteras de
este territorio pueden o deben abrirse más ampliamente a los extranjeros 7/ . El concepto de hospitalidad parece consagrar
finalmente la fractura irreductible entre estos últimos y los ciudadanos
nacionales.
La hospitalidad también se
entiende como la expresión de un derecho cosmopolita: el derecho de la cosmópolis,
de la ciudad universal, de la sociedad de los ciudadanos del mundo, a la que
pertenecen todos los habitantes del planeta. La referencia a Kant, promotor de
la idea de un "derecho cosmopolita" que definiría las condiciones de
la "hospitalidad universal", es aquí inevitable, pero está lejos de
eliminar la ambivalencia del concepto. La hospitalidad, dice Kant,
significa "el derecho de un extranjero que llega a la tierra de otro a no
ser tratado como un enemigo por este último", siempre y cuando permanezca
pacíficamente en su lugar. Añade que el extranjero no puede invocar un derecho
a la hospitalidad -que lo haría habitante de la misma casa, sino solo
un derecho de visita, "el derecho de todo ser humano a
proponerse como miembro de una sociedad, en virtud del derecho a la posesión
común de la superficie de la tierra, [...] nadie en el origen tiene más que
otro el derecho de estar en cualquier lugar de la tierra" 8/ .
Por lo tanto, como señala
Achille Mbembe 9/ , la hospitalidad de Kant está lejos de ser
"universal": no solo es condicional, sino que se basa claramente en una
distinción entre "el derecho del habitante" y "el derecho del
visitante". Consagrar un derecho universal a la hospitalidad, es decir,
incondicional, presupone, concluye, la "des-absolutización de las
fronteras, es decir, la restitución, a todos los habitantes de la Tierra,
humanos y no humanos, del derecho inalienable a moverse libremente en este
planeta ". "La libertad de moverse, dice Michel Agier, es la
condición de la "ciudadanía del mundo" porque debemos poder cruzar
las fronteras para hacer el ejercicio del mundo y de los otros, salir […] del
perímetro asignado" 10/ .
La misma inspiración subyace
en la "Carta de Lampedusa", adoptada el 2 de febrero de 2014 11/ , en respuesta a los naufragios de la isla en octubre
de 2013, cuya repetición ha convertido al Mediterráneo en un cementerio marino.
Desafiando una política basada en la distinción entre aquellos que tienen total
libertad para moverse y aquellos que, para hacerlo, tienen que superar
innumerables obstáculos, a menudo a riesgo de sus vidas, ella proclama que
"todos nosotros, como que los humanos compartimos la tierra" y que de
esta pertenencia común debe desprenderse "la libertad de circulación de
todos"; porque es "inaceptable distinguir entre los seres humanos al
condicionar la libertad de desplazarse a su lugar de nacimiento y/o su
nacionalidad, su situación financiera, legal y social, así como a las
necesidades de los territorios de llegada".
El cosmopolitismo significa
que todos tienen derechos relacionados con su pertenencia al mundo, derechos
cuyo ejercicio no debe ser limitado por la soberanía de los estados. Implica,
dice Alain Policar 12/ , la transposición de los principios de justicia
distributiva desde la esfera estatal o nacional a la esfera global, dicho de
otra forma la deslegitimación de los privilegios del ciudadano. Precisamente,
la regulación de la inmigración basada en el principio del cierre de fronteras
dificulta el logro de la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de los
países ricos y pobres, y por lo tanto contradice el principio de igualdad moral
entre todos los habitantes del planeta.
Exponer la irrealidad de
una política
Si se abandona el campo del
respeto por los derechos humanos y de la ética por el punto de vista del
realismo político, por no decir de la Realpolitik, la política
seguida durante más de treinta años está igualmente sujeta a crítica.
El discurso dominante repite
como una verdad obvia de que no hay una alternativa al cierre de fronteras;
sería más exacto decir: a la apertura controlada de las fronteras a una
inmigración cuidadosamente clasificada en sentido ascendente. Pero esta
evidencia desprecia las consecuencias nefastas de las políticas represivas y de
las contradicciones en las que se basan. En otras palabras, el realismo no está
necesariamente del lado donde dice estar.
En primer lugar, ¿cuál es la
credibilidad de una política que construye muralla tras muralla para evitar que
los extranjeros alcancen las fronteras de Europa, si estos obstáculos permiten
que pasen cientos de miles de personas? Ningún dispositivo de control de
fronteras, ningún muro, sin importar cuán alto y protegido esté, impide o
impedirá la migración. La experiencia del alambre de púas en la frontera entre
México y Estados Unidos, las barreras de Ceuta y Melilla en el norte de
Marruecos, los dispositivos instalados en Calais y hasta el balance de Frontex
lo demuestran: se puede frenar las migraciones, hacerlas peligrosas, pro no se
puede detenerlas.
Además, la lucha contra la
inmigración irregular es costosa: para evaluar su costo, es necesario incluir
no solo los costos directos (devoluciones, servicios de acompañamiento,
construcción y operación de los centros de retención ...) sino también los costos
indirectos, que resultan, por ejemplo, de la movilización de un número cada vez
mayor de agentes administrativos, empezando por oficiales de policía, pero
también de magistrados, quienes deben abordar tareas improductivas y de poca
motivación, de resultados aleatorios. ¿No podría utilizarse mejor todo este
dinero y toda esta energía, por ejemplo, por qué no... para proteger a los
refugiados y promover la integración de la población inmigrante? Las sumas que
la Unión Europea destina a la protección de fronteras vienen a agregarse a
aquellas, cada vez más desproporcionadas, dedicadas al mismo objetivo por los
Estados, que están aumentando exponencialmente. Así, el presupuesto de la
Agencia Frontex, que en 2006 ascendió a 19 millones de euros, alcanzó los 232
millones de euros diez años más tarde; la Comisión propone aumentarlo a 1.300
millones de euros (y a 10 000 el número de sus agentes) para el período
2019-2020.
Por lo tanto, se ha
establecido un verdadero mercado de seguridad fronteriza, cuyos principales
beneficiarios son empresas aeronáuticas y de defensa como Airbus, Sagem,
Finmeccanica, Thalès o Siemens, que se benefician de contratos particularmente
lucrativos 13/ .
Inefectiva y costosa, la
política de cierre de fronteras entraña también una serie de efectos perversos.
Contribuye a mantener grandes flujos de inmigración irregular y a alimentar una
economía clandestina, ya que los empleadores tienen interés en utilizar inmigrantes
indocumentados, que son más baratos y menos reivindicativos. La prueba es que
no es raro que un extranjero regularizado pierda su trabajo una vez que sea
regularizado. Esta fuerza laboral mal pagada y explotada compite con los
ciudadanos franceses y los trabajadores extranjeros en situación regular. La
experiencia muestra que este sistema no puede ser erradicado por la represión:
es suficiente, para convencerse, comparar el impresionante arsenal de sanciones
teóricamente diseñadas para contener el fenómeno y su casi nula eficacia.
Del mismo modo, al prohibir a
los migrantes utilizar medios de transporte regulares y cruzar las fronteras
legalmente, se alienta la actividad de los contrabandistas y se favorecen sus
buenos negocios. Una vez más, el aumento de las sanciones, la única respuesta
imaginada por los Estados miembros, es impotente para eliminar estas prácticas:
su único efecto es aumentar el costo del contrabando y, por supuesto, aumentar
los riesgos asumidos por los inmigrantes para atravesar mares, montañas o
desiertos.
Y, finalmente, el cierre de
fronteras, que obstaculiza la movilidad, va en contra de sus propios objetivos:
mantiene a los extranjeros en su lugar, al disuadir a los que desean regresar a
su país a que lo hagan, por temor a perder su derecho a residencia.
En estas condiciones, es
difícil considerar como realista y racional la política en la que Europa se
está afianzando cada vez más. No es realista, simplemente porque no tiene en
cuenta la inevitabilidad de la migración. Por un lado, los desplazamientos se
ven facilitados por el progreso de los medios de comunicación que acortan las
distancias y reducen el costo del viaje. Por otro lado, la propensión a
inmigrar, que es inseparable de la globalización de los intercambios, se sustenta
en muchos factores: la brecha cada vez mayor entre países ricos y pobres, las
guerras y persecuciones que expulsan a poblaciones enteras de sus hogares-
En este contexto, las
estrategias de contención no son viables, las barricadas no son una solución
sostenible, ni una solución realista.
¿Qué apertura de
fronteras?
Por lo tanto, debemos
invertir la problemática: preguntarse no cómo frenar los flujos migratorios,
sino cómo darse los medios para acoger a los inmigrantes. Acoger a los
inmigrantes, es decir abrir las fronteras. Exigir que las fronteras se abran no
significa pedir su abolición: la frontera, antes de ser una barrera, es ante
todo la línea que delimita el territorio de los estados y su esfera de
jurisdicción territorial. No se niega una frontera "abierta", que
permita la circulación de las personas o los bienes 14/ . Lo que debe reconsiderarse son las condiciones para
su cruce, al poner como principio inicial, válido para todos, la libertad de
circulación transfronteriza. Y si esta libertad, como todas las libertades,
puede ser restringida, pero sobre una base no discriminatoria y con respeto a
los derechos fundamentales.
La libertad de circulación
implica desde el principio, como mínimo, la abolición de visados, el
desmantelamiento de los dispositivos físicos o virtuales (muros, campamentos,
vigilancia a distancia...)- que dificultan los desplazamientos. Más allá del
derecho de entrada, la libertad de circulación debe incluir el derecho a
residir y el disfrute, en el país de residencia, de todos los derechos, en
igualdad de condiciones: la "libertad de permanecer en tanto que libertad
para vivir en cualquier lugar, diferente del lugar de nacimiento y/o de ciudadanía
y construir en este lugar su propio proyecto de vida ", como proclama la
Carta de Lampedusa - una libertad que no puede en ningún caso, agrega, estar
subordinada a una actividad profesional autorizada en base a las necesidades
del mercado de trabajo del país de acogida y que implica un igual acceso a los
derecho sociales y a los derechos políticos, incluído el derecho de voto.
La mención de la igualdad de
acceso a los derechos sociales viene a recordar oportunamente que abrir las
fronteras no implica la abdicación por parte de los Estados de sus
responsabilidades. Por el contrario, deben cumplir plenamente su misión de
Estado social, teniendo en cuenta el bienestar de todos, los extranjeros y los
nacionales. Este último punto es importante, porque permite diferenciarse de
las tesis de una corriente ultraliberal, especialmente influyente en los
Estados Unidos, que exige la apertura de las fronteras y la supresión de los
controles con el único propósito de permitir que juegue la competencia, sin
preocuparse por la preservación de los derechos de los trabajadores y
trabajadoras.
Deconstruir las ideas ya
hechas
Por supuesto, queda una
pregunta central: ¿cómo puede lo que parece ser una reivindicación utópica
tenga la oportunidad de realizarse? Sin duda, es necesario establecer un
objetivo intermedio: superar los prejuicios y las fantasías que impiden
entender la inmigración de otra manera que como una amenaza, deconstruir las
ideas ya hechas sobre la inmigración que resultan del hecho de que, durante
cuarenta años - a mediados de los años 1970-, la retórica oficial ha declarado
sistemáticamente que el cierre de las fronteras y la represión eran la única
política posible.
Hay que dejar en claro a la
opinión pública europea que, en un mundo globalizado, la inmigración es un
hecho inevitable. Al recordar al mismo tiempo que los países del Norte no son
el destino exclusivo o incluso mayoritario de las migraciones, ya que los
flujos migratorios Sur-Norte representan menos de la mitad de estos flujos.
Esta observación debería ayudar a deshacerse de una visión de Europa como una
fortaleza asediada. Cruzando varias disciplinas: sociología, historia,
demografía, biología, etnología, antropología, el reciente Manifiesto de
Investigación del Museo Nacional de Historia Natural, después de recordar que
la movilidad es parte de historia de las sociedades humanas, socava, con el
apoyo de las cifras, la idea de una potencial marejada migratoria de los países
pobres 15/ .
En resumen, es necesario a la
vez tomar conciencia de los callejones sin salida de una política basada en el
"todo represivo" y sembrar las semillas de otra reflexión. Una
reflexión que tome en cuenta la realidad y las consecuencias de la
globalización, que no disocie el tema de la migración de la de las relaciones
Norte-Sur, como tampoco las amenazas al equilibrio ecológico del planeta. Una
reflexión que debería llevar a la constatación de que, contrariamente a la
creencia popular, no hay alternativa a la apertura de fronteras.
Danièle Lochak es profesora emérita de Derecho Público
en la Universidad París-Nanterre y miembro del GISTI.
Traducción: viento
sur
Notas
3/ Según
el HCR, 2262 personas – una cifra evidentemente muy sub-evaluada-, encontraron
la muerte en el Mediterráneo en el 2018, y al menos el doble en el desierto,
antes de alcanzar las costas.
4/ Un
pasaporte emitido en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en Finlandia, en
Francia o en Alemania da acceso sin visa a más de 170 países en el mundo; con
un pasaporte somalí, afgano, pakistaní o sudanés, se puede acceder sin visado a
menos de 30 países.
5/ Étienne
Balibar, “Pour un droit international de l’hospitalité”, Le Monde,
16 de agosto de 2018 ; Benjamin Boudou, “Au nom de l’hospitalité, les enjeux
d’une rhétorique morale en politique”, Cités, 2016/4, n° 68.
6/ Michel
Agier, L’étranger qui vient. Repenser l’hospitalité, Seuil, 2018,
p. 34. Michel Agier hace especialmente referencia a los trabajos de Anne Gotman
(ver por ejemplo Le Sens de l’hospitalité. Essai sur les fondements
sociaux de l’accueil de l’autre, PUF, 2001).
7/ Magali
Bessone, “Le vocabulaire de l’hospitalité est-il républicain ?”, Éthique
publique, vol. 17, n° 1 (2015).
8/ Emmanuel
Kant, Pour la paix perpétuelle (1795), trad. fr. Le Livre de
Poche, n° 4669, p. 62-64 [Sobre la paz perpetua, Akal, 2012].
9/ Discurso
pronunciado con ocasión de la recepción del Premio Ernst Bloch (2018),
reproducido sobre AOC-Media, con el título “Pour un droit universel
à l’hospitalité”, 16 de noviembre de 2018.
11/ Fue
firmado por centenares de personas, miembros de asociaciones, militantes,
investigadores, “ciudadanos” e “inmigrantes”. Ver Alessandra Sciurba y Filippo
Furri, “Au-delà de la frontière : la Charte de Lampedusa, un exemple de
réécriture des droits contre la logique de l’enfermement”, Éthique
publique, vol. 17, n°1/2015.
14/ En
este sentido, ver Louis Lourme, “L’usage des frontières d’un point de vue
cosmopolitique”, Éthique publique, Vol. 17, n° 1/2015. El
cosmopolitismo político, precisa el autor, no implica la negación de las
fronteras, sino más bien su apertura bajo ciertas condiciones; ya que quien
dice apertura dice también mantenimiento y reconocimiento.
15/ Manifeste
du Museum : Migrations, Coedición Reliefs / Muséum national d’Histoire
naturelle, noviembre de 2018.