Resumen Latinoamericano / Misión Verdad
El autonombrado “Tribunal Supremo de Justicia legítimo” de
Venezuela, que actúa sin asidero legal y usurpando funciones desde su sede
accidental en Bogotá, ha fraguado la decisión de que hay elementos para detonar
un “juicio” contra el presidente Nicolás Maduro. Esta decisión ha repercutido
negativamente en una dividida oposición venezolana, dejando en segundo plano el
propio origen de la maniobra: golpear la legitimidad internacional del Estado
venezolano.
En decisión exprés y sin
el uso al derecho legítimo de la defensa del presidente en una pantomima de
“antejuicio” que se desarrolló en apenas dos sesiones, un grupo de juristas
venezolanos autodenominados “magistrados en el exilio”, resolvieron que el
“antejuicio” planteado contra Maduro tiene lugar, y con ello el “inmediato”
encarcelamiento del jefe del Estado.
Además, han delegado el
devenir de la decisión en la Asamblea Nacional venezolana, en manos del
antichavismo pero inhabilitada por desacato, para que efectúe su
pronunciamiento sobre el “dictámen” emitido desde Colombia.
El parlamento omite -de momento- debatir el tema
Son sabidas las severas
fracturas tácticas del antichavismo venezolano. No obstante, las incongruencias
se aprecian a niveles inéditos. Justo ahora coinciden en simultáneo como actos
políticos consecuentes de estrategias erradas, un candidato presidencial
acusado por otros opositores de “colaboracionista” del chavismo (Henri Falcón),
partidos como Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática llamando
a la abstención, un “presidente” de la transición en el exilio que es Antonio
Ledezma (prófugo de la justicia venezolana) y un “Tribunal Supremo en el exilio”
al margen de toda legalidad.
Las incongruencias que
meses antes colocaron a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) en el desarrollo de
agendas improvisadas y decisiones para complacer intereses de facciones y
grupos de presión interna y externa, se traducen hoy en el terreno en un
conjunto de artilugios desperdigados sin ninguna conexión táctica, empujando en
diversas direcciones claramente incongruentes.
La decisión de enjuiciar
al presidente Maduro desde Bogotá, una acción claramente aupada por sectores de
la ultra, promovidos por Antonio Ledezma, Diego Arria y María Corina Machado,
ha colocado a la actual directiva de Un Nuevo Tiempo en el parlamento en la
posición incómoda de tener que violar la Constitución venezolana para dar
cuerpo a decisiones, que, si bien no son efectivas o vinculantes, pueden ser en
efecto actos de sedición institucional.
Declarar la remoción del
cargo del presidente y “ordenar” su encarcelamiento por un “juicio” realizado
en el extranjero por “magistrados” sin facultades, pasaría a la historia de la
República como un adefesio con el que pocos quieren lidiar y que además puede
devenir en responsabilidades penales para los parlamentarios ejecutores.
Es por ello que este 10 de
abril en la sesión parlamentaria no se debatió el tema. Por el contrario, se
debatieron en la agenda temas relacionados al Día del Agua. Un muy mal mensaje
para los promotores del “juicio” a Maduro.
La decisión del parlamento
-por ahora- de desestimar el debate del “juicio” al presidente, según el
presidente de la Asamblea, obedece a la ausencia de formalidades, al declarar
que de acuerdo a la Constitución, el parlamento debe ser debidamente notificado
por el “Tribunal” y esto no ha ocurrido, según Barboza, quien insistió en
“apegarse” a la Constitución. Es probable que la presión sobre Barboza hará el
suficiente efecto para que el tema, aun con sus inconsistencias, entre en la
agenda del parlamento en desacato.
La componenda efectuada en
Bogotá tiene un claro matiz de ser elaborada con fines de presión externa a Venezuela
y el elemento distintivo de ello es resolver que se proceda a solicitar a
Interpol la captura del presidente. A lo interno de Venezuela el propósito es
propiciar una nueva etapa de confrontación de poderes y los sectores que hoy
dirigen el parlamento deben estar considerándolo aún.
La fracción antichavista
del “16 de julio” (en referencia a la fractura de la MUD en esa fecha del año
2017), dominada por María Corina Machado y Antonio Ledezma, parece hoy
claramente posicionada junto a factores externos que ejercen mecanismos de
sanciones y presiones a Venezuela. Ahora esa sinergia parece ir en contra de
los responsables del parlamento para que procedan. En la fallida sesión del
parlamento el 10 de abril, Richard Blanco fue uno de los diputados más caldeados,
fustigó a Barboza por no poner el “juicio” a Maduro como punto de orden.
Previo a la fallida
sesión, el diputado de Primero Justicia Marco Bozo declaró el “juicio” como
inconstitucional, ante el medio PanAmPost: “Si nosotros queremos restablecer la
institucionalidad del país debemos actuar en consecuencia y debemos actuar en
lo que se debe al marco jurídico y constitucional (…) Nosotros no podemos ser
cómplices de esto”. A lo cual agregó: “Nosotros no podemos actuar rompiendo las
reglas pasando por encima de la Constitución”.
Bozo, por otro lado, se
refirió a las condiciones del “juicio” a Maduro: “En ese proceso, ¿dónde está
la representación de la otra parte que defendiera a Maduro? Es que ni siquiera
se está cumpliendo con el debido proceso”.
Las fragmentaciones
antichavistas son apreciables, si consideramos que del llamado G-4 (Primero
Justicia, Voluntad popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) sólo Voluntad
Popular ha sido proclive hasta ahora a avalar públicamente la maniobra. Los
dirigentes de los demás partidos han guardado sumo silencio.
Algunas claves de fondo
Desde la fracción “16 de
julio”, los sectores de la ultra opositora han determinado que el
acompañamiento a las instancias extranjeras que asedian Venezuela es el mejor
portaaviones político. Son factores que respaldan una intervención, pasando por
la creación de instancias paralelas en el exilio que, presumen, puedan
capitalizarse en un escenario de deposición del chavismo. ¿Son estos recursos
algo necesariamente nuevos en la política mundial? No lo son. El ejemplo más
reciente viene de Libia, asediada por la intervención de la OTAN y con tres
facciones otrora opositoras a Gadaffi autoproclamadas como “gobierno legítimo”
en el exilio sobre algunos territorios clave de la nación africana.
Por otro lado, las
posiciones públicas de Julio Borges por un lado y por otro del autoproclamado “presidente
en el exilio” Ledezma sobre el “juicio”, no clarifican la posición real del
planteamiento táctico de EEUU en su ruta de asedio a Venezuela. ¿A quién le
apuesta EEUU? Esto es indeterminado. No obstante, para la agenda geopolítica de
caos promovida por la Casa Blanca, estos elementos son claramente accesorios.
La gendarmería real del asedio a Venezuela recorre los pasillos de la Casa
Blanca y ninguno de ellos es venezolano.
Los sectores llamemos
“moderados” del antichavismo parecen jugar a varias bandas. Unos coquetean
desde la campaña de Henri Falcón con capitalizarse en espacios políticos a los
cuales no habrían accedido por designios del G-4. Otros son fervientes de las
diatribas electorales. Otros en el parlamento están ahora bajo presiones para
legitimar las aventuras de un “juicio” promovido desde el extranjero. Estos
diputados se debaten entre romper la ley y con ello quedar sujetos a las
agendas de “líderes” en el extranjero.
El silencio de Julio
Borges sobre este tema es sumamente curioso. Hasta ahora su espacio de
interlocución política se mantiene en el extranjero. Como presidente del
parlamento asumió una posición privilegiada junto a lobbys externos que han
fraguado las sanciones y asfixia al país y no se ha deslindado de esa función,
cuestión que desarrolla ahora de manera ambigua y como operador político y
figura mediática. ¿A quién responde Julio Borges? ¿Es ahora Ledezma el
articulador del asedio?
Una duda que se cierne en
este sentido es la dimensión del apoyo internacional a la medida políticamente
incongruente y abiertamente inconstitucional del llamado “Tribunal en el
exilio” contra Maduro. Pero las circunstancias políticas en Latinoamérica son
inéditas, ahora en una etapa de complicada judicialización de la política en
todos los niveles y en varios países en simultáneo, con procesos contra Lula y
Rafael Correa.
Esto último infiere que la
geopolítica regional de caos, la ausencia de gobernanza efectiva para los
factores de la derecha regional y la creación de un marco de inestabilidad
política, jurídica e institucional a gran escala, suponen espacios para lo
indecible, en otras palabras, para llevar a un nuevo episodio de escalamiento
el asedio contra Venezuela.
La posibilidad de
enjuiciar a Maduro para proscribirlo y propiciar una eventual orden de cacería
en su contra es posible en un mundo donde la política exterior norteamericana
está siendo promovida por Donald Trump y sus vasallos, quienes en simultáneo
están llevando todos sus frentes internacionales a situaciones de alta
peligrosidad. La maniobra contra el presidente venezolano debe considerarse
como peligrosa.
En el preámbulo de las
elecciones presidenciales venezolanas, este nuevo episodio de incongruencia
táctica antichavista desmejora la situación del candidato Henri Falcón, pues
lidia contra el chavismo incluso a contracorriente de otras agendas en las
fuerzas opositoras, estando además excluido del llamado “Frente Amplio” creado
por la oposición y que sigue hasta la fecha sin operar.
El único frente
antichavista sólido, en plena actividad y con gran notoriedad y protagonismo,
es el frente externo, pues allí coinciden todas las inercias que hoy se
articulan rigurosamente para destruir al chavismo. Es de donde deviene el poder
fáctico que ha sido efectivo, tanto en lo político y lo económico, como
entramados claves de la ruta de asedio a Venezuela.
Aunque el episodio del
enjuiciamiento a Maduro tiene un fragmento ahora en el parlamento venezolano,
lo que devenga del mismo es irrelevante en términos prácticos. Es en el
extranjero donde se resolverá la efectividad política de esta afrenta contra la
Constitución venezolana y las instancias legítimas del poder en el país.