Publicado por Pedro
Santander
La prensa mundial dedica a diario extensos espacios
(de preferencia titulares y columnas de opinión) para resaltar todas las
dificultades por las que atraviesa el pueblo venezolano. Al hacerlo, siempre
culpa de ello a la gestión del presidente, Nicolás Maduro. Periodistas,
opinólogos, cantantes, actores, académicos y políticos opinan con fruición en
los principales medios del mundo acerca de Venezuela. Pero esa obsesión
mediática con el país caribeño siempre oculta una variable clave para cualquier
análisis mínimamente riguroso: el bloqueo.
Al igual que ha ocurrido por décadas con Cuba, se
juzga y critica el proceso político y la situación venezolana como si no
existiera esa tremenda variable. No es novedad que un país cuyo Gobierno
intenta hacer una política interior y exterior de manera independiente y que,
además, plantea una crítica al sistema capitalista sea bloqueado brutalmente.
Le ocurre a Cuba desde hace más de 50 años. Le ocurrió al Gobierno de Salvador
Allende quien, desde el inicio de su mandato, tuvo que lidiar con un bloqueo
económico internacional que impulsó el congelamiento de las ventas del cobre en
el exterior. De hecho, en su discurso de diciembre de 1972 ante las Naciones
Unidas, Allende denunció “el bloqueo financiero y económico ejercido por los
Estados Unidos”. Lo mismo hizo este año el presidente Maduro en las 73a Asamblea General de las Naciones Unidas.
La estrategia es la misma: bloquear política y
económicamente a los países disidentes (o sea, soberanos) y ocultar
mediáticamente el bloqueo, así como sus consecuencias, ante la opinión pública
mundial. Le ha pasado a Cuba, le ocurrió a Chile y le sucede a Venezuela.
Sin embargo, en cada caso el bloqueo adquiere
expresiones y modalidades particulares. Para el caso de Venezuela podemos
distinguir cuatro: 1) bloqueo a través de decretos extraterritoriales, 2)
bloqueo a través de intermediarios, 3) bloqueo mediante agencias de calificación
de riesgo y, 4) bloqueo informativo impulsado por las corporaciones mediáticas.
La primera modalidad se formalizó
el 9 de marzo de 2015, cuando Barack Obama firmó un decreto ejecutivo que
declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”. Literalmente,
este decreto dice: “Por medio de la presente, informo que he
emitido una Orden Ejecutiva declarando una emergencia nacional con respecto a
la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política
exterior de Estados Unidos representada por la situación en Venezuela”.
Esa orden ejecutiva se ha ido extendiendo en el tiempo y ampliando en sus
efectos. En mayo de 2018, Donald Trump, en respuesta a la insolencia chavista
de convocar (una vez más) a elecciones, decretó sanciones del Departamento del
Tesoro para prohibir la compra, por parte de ciudadanos estadounidenses, de
cualquier deuda del Gobierno de Venezuela, incluidas las cuentas por cobrar.
Estas sanciones incluyen al Banco Central y a la estatal petrolera PDVSA. Al día
de hoy, Venezuela no puede hacer uso del Dólar como moneda internacional, ni
puede negociar ninguna transacción internacional a través de dicha divisa. Esto
implica la imposibilidad de negociar la deuda externa, ya que la mayoría de los
contratos de deuda pertenecen a jurisdicción estadounidense.
En esa línea, gran parte del sistema financiero
internacional ha venido propiciando, en los últimos años, un esquema de bloqueo
hacia las operaciones financieras de Venezuela. Se han sucedido cancelaciones
unilaterales de contratos de corresponsalía bancaria del Citibank, Comerzbank,
Deutsche Bank, etc. Desde julio de 2017, el agente de pago de los bonos
emitidos por PDVSA, Delaware, informó que su banco corresponsal (PNC Bank) en
Estados Unidos se negaba a recibir fondos provenientes de la estatal petrolera.
La segunda forma, el bloqueo mediante
intermediarios, es una expresión propia de estos tiempos. El objetivo es evitar
que cualquier intermediario que realiza transacciones con Venezuela las lleve a
cabo, impidiendo toda interacción y relacionamiento de Venezuela con empresas
de los Estados Unidos. Y no sólo de allí: el Novo Banco (Portugal) notificó en
agosto de 2017 la imposibilidad de realizar operaciones en dólares con
instituciones públicas venezolanas por bloqueo de intermediarios. Se impide,
así, que los intermediarios de pago actúen, bloqueando cualquier acción de
pago. Esta modalidad ha tenido consecuencias humanitarias en tanto se han visto
afectadas, por ejemplo, las compras de medicamentos y de alimentos.
En 2017, 300 mil dosis de insulina pagadas por el
Estado venezolano no llegaron al país porque el Citibank boicoteó la compra de
este insumo. El banco estadounidense se negó a recibir los fondos que Venezuela
estaba depositando para pagar la importación de este inmenso cargamento,
necesario para los pacientes con diabetes. En consecuencia, la insulina quedó
paralizada en un puerto internacional, a pesar de que existían los recursos
para adquirir el medicamento. A eso se suma que el laboratorio colombiano BSN
Medical impidió la llegada de un cargamento de Primaquina, medicina usada para
tratar la malaria. Un total de 23 operaciones en el sistema financiero
internacional fueron devueltas (entre ellas 39 millones de dólares para
alimentos, insumos básicos y medicamentos). Finalmente, desde noviembre del año
pasado, 1.650 millones de dólares de Venezuela destinados a la compra de
alimentos y medicinas están secuestrados por parte de la empresa de servicios
financieros Euroclear, en cumplimiento de las sanciones del Departamento del
Tesoro de EE. UU.
El bloqueo de intermediarios no sólo apunta a las
operaciones financieras. También afecta la movilidad de los venezolanos en los
más diversos ámbitos. Desde 2014 se han ido de Venezuela Air Canada, Tiara Air,
Alitalia, Gol, Lufthansa, Latam Airlines Aero México, United Airlines, Avianca,
Delta Airlines, Aerolíneas Argentinas, etc. Es cada vez mas difícil llegar por
aire a Venezuela.
También las agencias de viaje se unen al cerco. Por
ejemplo: 15 boxeadores venezolanos no pudieron presentarse al evento
clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 (CAC), debido
a la imposibilidad de llegar a un acuerdo con las agencias, las cuales pusieron
varias limitaciones, entre ellas, el precio del pasaje: éste pasó de 300 a
2.100 dólares por persona al enterarse la empresa que se trataba del traslado
de la Federación Venezolana de Boxeo. Cuando, luego, un privado ofreció un
vuelo chárter para trasladar al equipo, Colombia y Panamá no autorizaron el uso
de sus espacios aéreos, por lo que México también decidió negarse a ceder su
espacio para el vuelo. Antes había ocurrido una situación similar con la
selección femenina de voleibol. Este año, Guatemala negó visados a la selección
de rugby venezolana para participar en el Sudamericano 4 Naciones B y, también,
a la selección nacional de lucha para el Campeonato Panamericano.
También se bloquea las expresiones culturales: a
principios de año, el banco italiano Intensa Sanpaolo bloqueó los recursos para
la participación del pabellón de Venezuela en la XVI Bienal de Arquitectura de
Venecia. Como un “crimen cultural” lo calificó el Ministro Ernesto Villegas
quien logró, tras arduas gestiones y denuncias, romper ese cerco.
Y no sólo vemos trabas para que manifestaciones
culturales y deportivas venezolanas salgan al exterior y representen a sus países,
puesto que el boicot también opera a la inversa: artistas y deportistas de
otros países se niegan a ir a Venezuela y, con desparpajo, hablan acerca del
Gobierno venezolano y del chavismo. Tal vez Miguel Bosé y Jaime Bayly son los
ejemplos más esperpénticos en ese sentido. Este boicot cultural y deportivo es
muy efectivo a la hora de incidir en la opinión pública mundial y una poderosa
herramienta para la construcción de un sentido común negativo hacia Venezuela,
debido a la popularidad de quienes como Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Kevin
Spacey, Gloria Stefan o Francisco Cervelli (receptor de los Pittsburg Pirates)
diseminan propaganda negativa, en un contexto de bloqueo multidimensional.
La tercera modalidad se expresa a través de la
arbitraria e injusta calificación de riesgo que hacen las agencias. El riesgo
país (RP) otorgado por las agencias de calificación es improcedente si
observamos el cumplimiento de Venezuela con el pago de la deuda externa. En los
últimos 4 años la República ha honrado sus compromisos de pago por un total de
73.359 millones de dólares. No obstante, el RP ha seguido subiendo. Como
denuncia el economista Alfredo Serrano, “van 32 meses en los últimos 14 años en
los que el RP contra Venezuela ha subido, a pesar del incremento del precio del
petróleo. En la actualidad, el RP, dado por JP Morgan (EMBI +), se encuentra en
4.820 puntos, es decir, 38 veces más de lo que le asignan a Chile, aun cuando
este país tiene una ratio de deuda/PIB similar al venezolano. Todo esto
encarece y prácticamente impide cualquier posibilidad de obtención de
créditos”.
Estos tres bloqueos están teñidos de cinismo y
paradojas: mientras que, por un lado, la prensa mundial denuncia ‘hambruna y
crisis humanitaria’ en Venezuela, por otro, en acción coordinada, países e
instituciones pro-estadounidenses bloquean el ingreso de medicamentos y
alimentos al país. Mientras el Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea
muestran consternación por la emigración venezolana, las líneas aéreas de esos
mismos países abandonan el territorio. Y, en tanto se cumplen los compromisos
de pago, aumenta el riesgo país.
Es una absurda inversión de la realidad. Sin
embargo, por muy absurda que sea se sostiene ideológicamente gracias a la
cuarta modalidad de bloqueo: el mediático. Este bloqueo también es muy
paradojal pues Venezuela es el país del que más hablan los medios de las
corporaciones internacionales. Se trata, pues, de un ‘bloqueo ruidoso’,
diferente, por ejemplo, al bloqueo silencioso que hay respecto de Guantánamo,
de las masacres en Yemen y Palestina o de los constantes asesinatos de
periodistas en México. Por el contrario, con Venezuela hay profusión
informativa, continuidad de agenda escandalera y festín verborrágico.
Efectivamente, durante el 2017, sobre una muestra
de 90 medios estadounidenses, se contabilizaron 3.880 noticias negativas sobre
Venezuela, es decir, una media de 11 diarias, encabezadas por Bloomberg y el
Miami Herald. En cuanto a las agencias, Reuters y AFP juntas reúnen el 91% de
las noticias negativas. A su vez, el diario El País de España mencionó a
Venezuela en ¡249! de las 365 ediciones del 2017, casi a diario y siempre
negativamente. Y si eso parece una exageración, falta el adjetivo adecuado para
calificar lo de la cadena alemana Deutsche Welle (DW): ésta publicó 630
noticias sobre el presidente Maduro… ¡casi 2 diarias! Para el caso de la prensa
latinoamericana son los medios de México, Colombia y Chile (es decir, los
principales integrantes de la Alianza del Pacífico), los que más y con menor
rigor periodístico informan: 4.200 noticias negativas aparecieron en México el
2017, 3.188 en Colombia y 3.133 en Chile.
¡Ninguna mencionó el bloqueo!
El cerco mediático opera generando inmenso ruido y,
a la vez, invisibilizando tanto al bloqueo como al pueblo chavista. Ambos no
existen en los medios de las corporaciones y, al no existir ambos, la opinión
pública mundial, que mayoritariamente accede a información sobre Venezuela a
través de la agenda informativa hegemónica, es proclive a formarse una visión
sesgada de la realidad.
Esa es la fórmula del bloqueo actual, impulsado a
modo de política exterior por los Estados Unidos contra los países periféricos
que, como Venezuela, buscan construir con soberanía sus propios caminos.
Podemos ver una continuidad con los casos de Cuba y Chile durante el siglo 20,
pero también vemos rasgos característicos del siglo 21 y de esta etapa del
imperialismo.
Periodista y Dr. en Lingüística. Actualmente es
Director del Observatorio de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, Chile
Profesor
titular Escuela de Periodismo de esa universidad, donde está a cargo de las
cátedras de Teoría del Lenguaje y Metodología de la Investigación. Sus áreas de
especialización son el análisis de medios y análisis de políticas públicas de
comunicación en América Latina
La prensa mundial dedica a diario extensos espacios
(de preferencia titulares y columnas de opinión) para resaltar todas las
dificultades por las que atraviesa el pueblo venezolano. Al hacerlo, siempre
culpa de ello a la gestión del presidente, Nicolás Maduro. Periodistas,
opinólogos, cantantes, actores, académicos y políticos opinan con fruición en
los principales medios del mundo acerca de Venezuela. Pero esa obsesión
mediática con el país caribeño siempre oculta una variable clave para cualquier
análisis mínimamente riguroso: el bloqueo.
Al igual que ha ocurrido por
décadas con Cuba, se juzga y critica el proceso político y la situación
venezolana como si no existiera esa tremenda variable. No es novedad que un
país cuyo Gobierno intenta hacer una política interior y exterior de manera
independiente y que, además, plantea una crítica al sistema capitalista sea
bloqueado brutalmente. Le ocurre a Cuba desde hace mas de 50 años. Le ocurrió
al Gobierno de Salvador Allende quien, desde el inicio de su mandato, tuvo que
lidiar con un bloqueo económico internacional que impulsó el congelamiento de las
ventas del cobre en el exterior. De hecho, en su discurso de diciembre de 1972
ante las Naciones Unidas, Allende denunció “el bloqueo financiero y económico
ejercido por los Estados Unidos”. Lo mismo hizo este año el presidente Maduro
en las 73a Asamblea General de las Naciones Unidas.
La estrategia es la misma: bloquear política y
económicamente a los países disidentes (o sea, soberanos) y ocultar
mediáticamente el bloqueo, así como sus consecuencias, ante la opinión publica
mundial. Le ha pasado a Cuba, le ocurrió a Chile y le sucede a Venezuela.
Sin embargo, en cada caso el bloqueo adquiere
expresiones y modalidades particulares. Para el caso de Venezuela podemos
distinguir cuatro: 1) bloqueo a través de decretos extraterritoriales, 2)
bloqueo a través de intermediarios, 3) bloqueo mediante agencias de
calificación de riesgo y, 4) bloqueo informativo impulsado por las
corporaciones mediáticas.
La primera modalidad se formalizó
el 9 de marzo de 2015, cuando Barack Obama firmó un decreto ejecutivo que
declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”. Literalmente,
este decreto dice: “Por medio de la presente, informo que he
emitido una Orden Ejecutiva declarando una emergencia nacional con respecto a
la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política
exterior de Estados Unidos representada por la situación en Venezuela”.
Esa orden ejecutiva se ha ido extendiendo en el tiempo y ampliando en sus
efectos. En mayo de 2018, Donald Trump, en respuesta a la insolencia chavista
de convocar (una vez más) a elecciones, decretó sanciones del Departamento del
Tesoro para prohibir la compra, por parte de ciudadanos estadounidenses, de
cualquier deuda del Gobierno de Venezuela, incluidas las cuentas por cobrar.
Estas sanciones incluyen al Banco Central y a la estatal petrolera PDVSA. Al
día de hoy, Venezuela no puede hacer uso del Dólar como moneda internacional,
ni puede negociar ninguna transacción internacional a través de dicha divisa.
Esto implica la imposibilidad de negociar la deuda externa, ya que la mayoría
de los contratos de deuda pertenecen a jurisdicción estadounidense.
En esa línea, gran parte del sistema financiero
internacional ha venido propiciando, en los últimos años, un esquema de bloqueo
hacia las operaciones financieras de Venezuela. Se han sucedido cancelaciones
unilaterales de contratos de corresponsalía bancaria del Citibank, Comerzbank,
Deutsche Bank, etc. Desde julio de 2017, el agente de pago de los bonos
emitidos por PDVSA, Delaware, informó que su banco corresponsal (PNC Bank) en
Estados Unidos se negaba a recibir fondos provenientes de la estatal petrolera.
La segunda forma, el bloqueo mediante intermediarios,
es una expresión propia de estos tiempos. El objetivo es evitar que cualquier
intermediario que realiza transacciones con Venezuela las lleve a cabo,
impidiendo toda interacción y relacionamiento de Venezuela con empresas de los
Estados Unidos. Y no sólo de allí: el Novo Banco (Portugal) notificó en agosto
de 2017 la imposibilidad de realizar operaciones en dólares con instituciones
públicas venezolanas por bloqueo de intermediarios. Se impide, así, que los
intermediarios de pago actúen, bloqueando cualquier acción de pago. Esta
modalidad ha tenido consecuencias humanitarias en tanto se han visto afectadas,
por ejemplo, las compras de medicamentos y de alimentos.
En 2017, 300 mil dosis de insulina pagadas por el
Estado venezolano no llegaron al país porque el Citibank boicoteó la compra de
este insumo. El banco estadounidense se negó a recibir los fondos que Venezuela
estaba depositando para pagar la importación de este inmenso cargamento,
necesario para los pacientes con diabetes. En consecuencia, la insulina quedó
paralizada en un puerto internacional, a pesar de que existían los recursos
para adquirir el medicamento. A eso se suma que el laboratorio colombiano BSN
Medical impidió la llegada de un cargamento de Primaquina, medicina usada para tratar
la malaria. Un total de 23 operaciones en el sistema financiero internacional
fueron devueltas (entre ellas 39 millones de dólares para alimentos, insumos
básicos y medicamentos). Finalmente, desde noviembre del año pasado, 1.650
millones de dólares de Venezuela destinados a la compra de alimentos y
medicinas están secuestrados por parte de la empresa de servicios financieros
Euroclear, en cumplimiento de las sanciones del Departamento del Tesoro de EE.
UU.
El bloqueo de intermediarios no sólo apunta a las
operaciones financieras. También afecta la movilidad de los venezolanos en los
más diversos ámbitos. Desde 2014 se han ido de Venezuela Air Canada, Tiara Air,
Alitalia, Gol, Lufthansa, Latam Airlines Aero México, United Airlines, Avianca,
Delta Airlines, Aerolíneas Argentinas, etc. Es cada vez mas difícil llegar por
aire a Venezuela.
También las agencias de viaje se unen al cerco. Por
ejemplo: 15 boxeadores venezolanos no pudieron presentarse al evento
clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 (CAC), debido
a la imposibilidad de llegar a un acuerdo con las agencias, las cuales pusieron
varias limitaciones, entre ellas, el precio del pasaje: éste pasó de 300 a
2.100 dólares por persona al enterarse la empresa que se trataba del traslado
de la Federación Venezolana de Boxeo. Cuando, luego, un privado ofreció un
vuelo chárter para trasladar al equipo, Colombia y Panamá no autorizaron el uso
de sus espacios aéreos, por lo que México también decidió negarse a ceder su
espacio para el vuelo. Antes había ocurrido una situación similar con la
selección femenina de voleibol. Este año, Guatemala negó visados a la selección
de rugby venezolana para participar en el Sudamericano 4 Naciones B y, también,
a la selección nacional de lucha para el Campeonato Panamericano.
También se bloquea las expresiones culturales: a
principios de año, el banco italiano Intensa Sanpaolo bloqueó los recursos para
la participación del pabellón de Venezuela en la XVI Bienal de Arquitectura de
Venecia. Como un “crimen cultural” lo calificó el Ministro Ernesto Villegas
quien logró, tras arduas gestiones y denuncias, romper ese cerco.
Y no sólo vemos trabas para que manifestaciones
culturales y deportivas venezolanas salgan al exterior y representen a sus
país, puesto que el boicot también opera a la inversa: artistas y deportistas
de otros países se niegan a ir a Venezuela y, con desparpajo, hablan acerca del
Gobierno venezolano y del chavismo. Tal vez Miguel Bosé y Jaime Bayly son los
ejemplos más esperpénticos en ese sentido. Este boicot cultural y deportivo es
muy efectivo a la hora de incidir en la opinión pública mundial y una poderosa
herramienta para la construcción de un sentido común negativo hacia Venezuela,
debido a la popularidad de quienes como Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Kevin
Spacey, Gloria Stefan o Francisco Cervelli (receptor de los Pittsburg Pirates)
diseminan propaganda negativa, en un contexto de bloqueo multidimensional.
La tercera modalidad se expresa a través de la
arbitraria e injusta calificación de riesgo que hacen las agencias. El riesgo
país (RP) otorgado por las agencias de calificación es improcedente si
observamos el cumplimiento de Venezuela con el pago de la deuda externa. En los
últimos 4 años la República ha honrado sus compromisos de pago por un total de
73.359 millones de dólares. No obstante, el RP ha seguido subiendo. Como
denuncia el economista Alfredo Serrano, “van 32 meses en los últimos 14 años en
los que el RP contra Venezuela ha subido, a pesar del incremento del precio del
petróleo. En la actualidad, el RP, dado por JP Morgan (EMBI +), se encuentra en
4.820 puntos, es decir, 38 veces más de lo que le asignan a Chile, aun cuando
este país tiene una ratio de deuda/PIB similar al venezolano. Todo esto
encarece y prácticamente impide cualquier posibilidad de obtención de
créditos”.
Estos tres bloqueos están teñidos de cinismo y
paradojas: mientras que, por un lado, la prensa mundial denuncia ‘hambruna y
crisis humanitaria’ en Venezuela, por otro, en acción coordinada, países e instituciones
proestadounidenses bloquean el ingreso de medicamentos y alimentos al país.
Mientras el Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea muestran
consternación por la emigración venezolana, las lineas aéreas de esos mismos
países abandonan el territorio. Y, en tanto se cumplen los compromisos de pago,
aumenta el riesgo país.
Es una absurda inversión de la realidad. Sin
embargo, por muy absurda que sea se sostiene ideológicamente gracias a la
cuarta modalidad de bloqueo: el mediático. Este bloqueo también es muy
paradojal pues Venezuela es el país del que más hablan los medios de las
corporaciones internacionales. Se trata, pues, de un ‘bloqueo ruidoso’,
diferente, por ejemplo, al bloqueo silencioso que hay respecto de Guantánamo,
de las masacres en Yemen y Palestina o de los constantes asesinatos de
periodistas en México. Por el contrario, con Venezuela hay profusión
informativa, continuidad de agenda escandalera y festín verborrágico .
Efectivamente, durante el 2017, sobre una muestra
de 90 medios estadounidenses, se contabilizaron 3.880 noticias negativas sobre
Venezuela, es decir, una media de 11 diarias, encabezadas por Bloomberg y el
Miami Herald. En cuanto a las agencias, Reuters y AFP juntas reúnen el 91% de
las noticias negativas. A su vez, el diario El País de España mencionó a
Venezuela en ¡249! de las 365 ediciones del 2017, casi a diario y siempre
negativamente. Y si eso parece una exageración, falta el adjetivo adecuado para
calificar lo de la cadena alemana Deutsche Welle (DW): ésta publicó 630
noticias sobre el presidente Maduro…¡casi 2 diarias! Para el caso de la prensa
latinoamericana son los medios de México, Colombia y Chile (es decir, los
principales integrantes de la Alianza del Pacífico), los que más y con menor
rigor periodístico informan: 4.200 noticias negativas aparecieron en México el
2017, 3.188 en Colombia y 3.133 en Chile.
¡Ninguna mencionó el bloqueo!
El cerco mediático opera generando inmenso ruido y,
a la vez, invisibilizando tanto al bloqueo como al pueblo chavista. Ambos no
existen en los medios de las corporaciones y, al no existir ambos, la opinión
pública mundial, que mayoritariamente accede a información sobre Venezuela a
través de la agenda informativa hegemónica, es proclive a formarse una visión
sesgada de la realidad.
Esa es la fórmula del bloqueo actual, impulsado a
modo de política exterior por los Estados Unidos contra los países periféricos
que, como Venezuela, buscan construir con soberanía sus propios caminos.
Podemos ver una continuidad con los casos de Cuba y Chile durante el siglo 20,
pero también vemos rasgos característicos del siglo 21 y de esta etapa del
imperialismo.
Periodista y Dr. en Lingüística. Actualmente es
Director del Observatorio de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, Chile
Profesor
titular Escuela de Periodismo de esa universidad, donde está a cargo de las
cátedras de Teoría del Lenguaje y Metodología de la Investigación. Sus áreas de
especialización son el análisis de medios y análisis de políticas públicas de
comunicación en América Latina