Por: Luís Brito García
Repitamos cosas sabidas sólo para saber
que las sabemos.
La victoria del 20 de mayo es
el cuarto cheque en blanco que el pueblo le expide al sistema político para que
haga lo que debe hacer.
Es generoso cheque, con
5.823.728 votos a favor de Maduro y 47 puntos de ventaja sobre el más cercano
contendor.
Pero es un cheque que rebaja
el elevado cociente de participación de anteriores elecciones a 53,9%, señal de
que el talonario puede ser limitado.
Es voto de confianza,
expedido en duras y amargas condiciones de escasez e inseguridad, suscrito para
que se las resuelva, y no para que se las ignore o sirvan como promesas de la
próxima campaña.
El pacto de Punto Fijo se
hundió con los partidos que lo suscribieron en 1958, porque pretendió reducir
el debate político a candidaturas y planchas.
Ya tenemos bastante de planchas
y candidaturas: queremos soluciones.
Urgimos la aniquilación de la
legión de bachaqueros multimillonarios, medianos y artesanales que trafican a
la luz pública con bienes subsidiados y necesidades populares.
Queremos que de una vez por
todas se cierre o por lo menos se controle exhaustivamente una frontera por
donde se desangra el 40% de lo que Venezuela produce o importa.
Urgimos que se aplaste el
aparato paramilitar que desde principios de siglo perpetra el terrorismo y la
Guerra de Cuarta Generación.
Solicitamos que se establezca
constitucionalmente para aquellos que tienen varias nacionalidades la lealtad
exclusiva hacia Venezuela y que las acciones contra ella sean penalizadas como
traición a la Patria.
Aspiramos a que se publique
la lista de empresarios y empresas que desaparecieron 60.000 millones de
dólares preferenciales en importaciones fantasmas e impulsan la guerra
económica, o el nombre de quien oculta el listado y sus motivos.
Anhelamos que se impida la
multiplicación fantasiosa de los precios, imponiendo un sistema universal
digitalizado de contabilidad que obligue a las empresas a revelar costos de
producción y márgenes de ganancia.
Exigimos un control
informatizado previo, concomitante y posterior del ingreso y el gasto público,
que fiscalice el cumplimiento de las metas y programas previstos para
ministerios, institutos autónomos, fundaciones, empresas y propiedades del
Estado, estados, municipios, alcaldías y consejos comunales, y establezca
responsabilidades administrativas, civiles y penales por su incumplimiento
injustificado.
Impetramos que la explotación
de los recursos naturales se realice en lo posible con recursos propios o
empresas donde Venezuela conserve mayoría decisiva; que los contratos sobre la
materia sean objeto de publicidad exhaustiva en todas sus fases; que se
realicen sólo con empresas que hayan demostrado sobrada capacidad técnica y
financiera y presenten expedientes irreprochables de relaciones con el Estado;
y que en los acuerdos con empresas extranjeras no se concedan privilegios,
beneficios, ventajas, exenciones de impuestos, regímenes de estabilidad
tributaria o de sometimiento a tribunales extranjeros ni créditos ni
otorgamientos de recursos que no rigen para las nacionales.
Demandamos que se respete
rigurosamente el artículo 301 de la Constitución, según el cual “No se podrá
otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regímenes más
beneficiosos que los establecidos para los nacionales”, o que en homenaje al
irrenunciable nacionalismo bolivariano se sancione una norma más exigente
todavía.
Reclamamos que se aplique el
principio de territorialidad de la renta y que se denuncien los infames
Tratados contra la Doble Tributación, en virtud de los cuales empresas y
personas extranjeras dejan de pagar 17.800 millones de dólares anuales en
impuestos, mientras que los venezolanos sí debemos pagar impuestos para
facilitarles su gestión económica.
Demandamos la expulsión
inmediata del sector público de quien intente sancionar normas o medidas
neoliberales.
Reclamamos que las
reivindicaciones anteriores no figuren como promesas para elecciones venideras,
ya que deberían estar resueltas con el sólido piso político de la plenitud de
poderes constitucionales y jurídicos que le ha conferido el pueblo al gobierno
en las últimas consultas.
Señalamos que el repunte del
crudo venezolano a 67,15 $ por barril vuelve a dotar al bolivarianismo de piso
económico para recuperar la producción, y de medios para asegurarnos un
presente tolerable y un espléndido futuro.
Recordamos que cuando el
gobierno se muestra incapaz de atender las demandas de los gobernados, la
crisis económica y social deviene crisis política.