Por Osvaldo León
El tema de la corrupción, un problema
permanente a lo largo de la historia de la humanidad nuevamente está en escena.
Obviamente gravita la exposición mediática que ha adquirido ante la magnitud y
extensión con que hoy se manifiesta, pero como de por medio priman cálculos
políticos, poco se habla de las causas estructurales y sus expresiones tangibles,
como los intocables paraísos fiscales, por ejemplo.
Por cierto, que es un problema serio e
ineludible a enfrentar, aunque en el juego político su tratamiento se ha
convertido en un discurso de ocasión para sacar réditos inmediatos. Al punto
que, por ejemplo, hay quienes pregonan que de llegar al gobierno o desde éste
van a “acabar” (milagrosamente, de seguro) con dicho flagelo. Es más, en
América Latina se ha transformado en un eje de la geopolítica del vecino del
norte.
En este contexto, capitalizando la
justa causa del combate a la corrupción, el conglomerado mediático hegemónico
viene desplegando una campaña sincronizada como adalid de esta lucha, no para
informar y mucho menos con un sentido educativo de rescate de valores, de la
ética en la política, sino como estrategia política selectiva (e incluso con
tintes partidarios) para acorralar contrincantes, por lo general con discursos
moralistas no exentos de procedimientos y recursos poco éticos, como la
manipulación.
Vale tener presente que, en tanto
espacio clave de la mediación política y social, el poder mediático tiene un
peso gravitante en la conformación de la opinión pública, no solo porque ello
le permite influir en la configuración de actores sino también por el margen de
maniobra que disponen para establecer los temas de debate, en tanto tienen el
poder de decidir a quiénes dan visibilidad y a quiénes no, qué relatos
refuerzan y a cuáles desfiguran o acanallan, entre otras prerrogativas.
Para muestra dos botones
En Colombia, Octavio Quintero, Director
del Grupo Editorial El Satélite, comenta1:
“La Corte Suprema de Justicia de
Colombia ha resuelto abrir investigación preliminar contra todos los
congresistas de la Unidad Nacional (senadores y representantes) bajo la
sindicación de varios delitos: cohecho, colusión, peculado, celebración
indebida de contratos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito:
¡Hágame el favor!
“Y semejante noticia ni siquiera
abrió los noticieros de TV y radio, ni las primeras planas de los diarios
nacionales en sus ediciones digitales. Es más, la indagación habría sido ordenada desde diciembre pasado
por el magistrado, Eyder Patiño, en virtud de una denuncia presentada en el
2013… Según la denuncia, los congresistas, ‘a cambio de puestos de trabajo para
sus familiares, cupos indicativos y adjudicaciones a dedo de contratos, habrían
aprobado proyectos de ley relacionados con los acuerdos de paz sin el debido
estudio’.
“Bueno, que al cabo de los años
se decida adelantar la investigación, y que la noticia no tenga el impacto
mediático que se supone, lo que indica es que esas cosas, ‘por lo sabido se
callan’ o se les otorga poca importancia”.
Mientras tanto, en Brasil, el
protagonismo mediático, particularmente del grupo O Globo, aparece como un
componente clave en el desenvolvimiento de la Operación Lava Jato. Impulsada
por el gobierno de Dilma Rousseff para combatir la corrupción, en el transcurso
ésta se torna en un operativo que gravita en su destitución, sin prueba alguna,
y en el evidente intento de sacar del juego político al Partido de los
Trabajadores (PT) y sus dirigentes, por la colusión entre segmentos del
Ministerio Público, la Policía Federal, el sistema Judicial y los grandes
medios.
En efecto, a finales de 2014, se
impulsa una cruzada de combate a la corrupción focalizada en el gobierno y el
PT, pues los medios hegemónicos blindan a figuras opositoras gravemente
comprometidas, tal el caso del entonces presidente de la Cámara de Diputados,
Eduardo Cunha, con cuentas secretas en Suiza que fueron reveladas por ese país;
Aecio Neves, excandidato presidencial del opositor PSDB, denunciado por recibir
jugosas propinas de Furnas; Geraldo Alckim, gobernador de Sao Paulo, acusado de
desvío de fondos para la merienda estudiantil. De hecho, el 52% de quienes
votaron en diputados para el juicio a Dilma, estaba involucrado en actos de
corrupción.
En el marco de esta cruzada, con una
serie de hechos montados artificialmente, los medios actúan como principales
propiciadores de las cuatro movilizaciones golpistas que se realizan en 2015.
La revista Veja (01-11-2015) coloca en la portada un montaje con la cara del
expresidente Lula da Silva vestido con ropa de presidiario, siendo que para
entonces no existía acción penal alguna. Cuando la presidenta Rousseff invita a
Lula para que se integre a su gobierno, el juez de primera instancia Sergio
Moro, intercepta ilegalmente una llamada telefónica que es editada y
amplificada por la Globo; y un largo etcétera.
De los diversos análisis realizados
sobre el tratamiento mediático de estos acontecimientos podemos señalar: una
cobertura parcializada, adosada a una virtual censura privada; una gran espectacularización
de las detenciones (muchas de ellas arbitrarias), de las delaciones premiadas y
premeditadas, de las fugas selectivas de información bajo sigilo, para condenar
a personas e instituciones en proceso de investigación, mucho antes de que exista
decisiones judiciales; complicidad con métodos ilegales utilizados por el juez
Moro (interferencias telefónicas); ocultamiento de información, como los actos
de violencia contra locales del PT, entre otros.
Periodisjueces
A medida que se torna evidente que el
campo de la comunicación adquiere una mayor predominancia, desplazando a otras
entidades como las educativas, las iglesias, los partidos políticos, etc.,
comienzan a sonar alarmas sobre las implicaciones que podría alcanzar esta
dinámica. Y una de ellas se refiere al terreno judicial. En este punto, Gérard
Leblanc de la Universidad de Sorbonne-Nouvelle, alertaba2:
“Lo que está en juego no es solamente la verdad (el poder de discernir lo
verdadero de lo falso que se arrogan ocasionalmente los medios) sino también la
sanción, es decir, el derecho de castigar, aunque sea simbólicamente”.
Y bien, resulta que ya es una realidad
la existencia de periodisjueces. Es un término acuñado por Adalid Contreras,
quien al analizar el proceso contra el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge
Glas, señala3:
“ahora, medios y periodistas aspiran a cumplir los roles de jueces
y fiscales enjuiciando, juzgando y condenando en los sets, lenguajes, estilos,
alcances, levedades y ritmos mediatizados. Resulta paradójico (por decirlo de
algún modo) ver cómo algunas autoridades de las entidades públicas, y también
de la justicia, son puestas en el banquillo de los acusados, rindiéndoles
cuentas a las ciudadanías a través de sus respuestas y explicaciones a sus
eventuales inquisidores, los/las periodisjueces, quienes con un nivel de
conocimientos de la extensión de una laguna y un dedo de profundidad sobre los
temas en cuestión, provocan una suerte de espacios educativos, por las cátedras
que los implicados dictan en sus respuestas a las acusaciones.
“Se trata de típicos esquemas de
posverdad con primicia informativa en los que atrás quedó el recurso
periodístico de la noticiabilidad, mientras que en su manejo está bien presente
lo que la Ley Orgánica de Comunicación llama linchamiento mediático. Recordemos
que la posverdad construye realidades a partir de indicios que sin ser
necesariamente verificados ganan validez en los imaginarios, moviéndose en el
mundo de las apariencias y de las emociones y abriendo caminos para la
especulación con culebrones que saben convocar pasiones sin responsabilizarse
de sus consecuencias. Como dice David Roberts, son productos de la pospolítica
desconectada de las reglas de la política pública, que se generan en tiempos de
desorden, levedad informativa y de redes”.
Moralismo impúdico
Aunque la corrupción engloba todo acto
fraudulento contra la comunidad, por lo general lo que prevalece es un
tratamiento periodístico focalizado en los indecentes implicados en la
sustracción de dinero público. De ahí que, en esas “cruzadas” está ausente o es
mínima la referencia a cuestiones como el enriquecimiento de políticos sobre la
base de información privilegiada en el ejercicio de alguna función pública
(compra y especulación de tierras en áreas previstas para construir
infraestructura, por ejemplo), los conflictos de interés de empresarios en puestos
de decisión política, el financiamiento poco transparente a partidos políticos
por parte de negocios lícitos o ilícitos, la evasión fiscal, las cuentas de
nacionales en paraísos fiscales, entre otras.
Es más, figuras públicas involucradas
en alguna o varias de las cuestiones antes señaladas suelen tener espacios
estelares como apóstoles de la moral. Y es que la tónica discursiva que
galvaniza estos operativos es el moralismo, esa expresión que supone una
sobrevaloración y exageración de la moral para convertirla en la única medida
del comportamiento humano, ignorando la relativa independencia de los diversos
ámbitos de la vida, como la política y el derecho4.
Por lo general como discurso, no necesariamente como práctica consecuente.
En esta línea, no solo que no se
plantea interrogante alguna respecto a la intromisión de Estados Unidos en el
contencioso interno en causas ligadas a la corrupción -por más que ese país
explícitamente haya señalado que se trata de uno de sus principales ejes
geopolíticos-, sino que se la glorifica… a nombre de la moral.
Anexo
¿Hay corrupción en Estados Unidos? Sí,
tiene mucha y es legal
Con este título, André Araújo presenta
un análisis5 donde
sostiene: “Estados Unidos siempre tuvo la pretensión de ser la policía moral
del mundo y, después del surgimiento de la cultura de lo políticamente
correcto, el tono moralista subió”, precisando que en ese país “resolvieron el
problema de la corrupción de una forma lógica: legalizándola. Donde todo es
legal no hay procesos por corrupción”.
En tal sentido, hace referencia a los
PAC-Political Action Committees, pseudo comités por una causa, que se ocupan de
intermediar en las donaciones de empresas contratistas a determinado candidato
con el compromiso de que éste les asegure un contrato futuro; los lobbies, un
mega sector de negocios al servicio de empresas y países, para incidir en las
decisiones políticas en Washington; la “planificación tributaria” de las
grandes corporaciones para evadir o pagar lo mínimo de impuestos; el mercado
financiero donde es común la falsificación de balances, el mecanismo de tapar
un fraude con otro y así por el estilo; y el nido mayor de corrupción: la
industria bélica.
“Con base en esta supuesta superioridad
moral –señala– Estados Unidos, a través de su Departamento de Justicia, lanzó
sobre el planeta una gran red de pesca de ilícitos sobre los que cobra peaje a
través de multas e indemnizaciones, convirtiéndose así en ‘socio’ de toda
corrupción que ocurre en el planeta”.
“Se extiende esa red bajo el pretexto
de que los corruptos y corruptores usaron el dólar como moneda o usaron el sistema
bancario estadounidense o, si no encuentran nada que los ligue a Estados
Unidos, porque usaron Internet, que es una red basada en Estados Unidos. Buscan
un vínculo con Estados Unidos para justificar un proceso en el Departamento de
Justicia y así cobrar una indemnización muchas veces mayor que el valor de la
propina, un negocio formidable”, añade. (O.L.)
Notas
Artículo
publicado en la Revista América Latina en Movimiento: La corrupción:
Más allá de la moralina 06/03/2018
|
https://www.alainet.org/es/articulo/191605