Por
Silvia Ribeiro
La propuesta de una nueva ley de ciencia y
tecnología presentada por la senadora Ana Lilia Rivera ha
causado un revuelo mediático, el cual sin embargo está lejos de tocar el
verdadero fondo de la controversia: durante casi dos décadas el sistema público
de ciencia y tecnología en México ha sido modelado para convertirse en una
fuente de jugosos subsidios a enormes empresas trasnacionales y nacionales, que
sólo ha abonado a sus ganancias privadas, sin dejar nada al país.
Los que más airadamente
opinan en este debate mediático son quienes han construido y defienden ese statu quo, un
sistema de ciencia y tecnología drenado por el huachicoleo científico legalizado, con
líneas de trabajo que favorecen a las élites y que no responden a las
necesidades de la mayoría de la población.
No sólo se han entregado
enormes cantidades dinero a grandes empresas sin casi ninguna contraprestación,
el sistema también cobijó el desarrollo de actividades nocivas y contaminantes
de esas empresas en varios rubros industriales.
Un ejemplo de este sistema
perverso lo vemos con los subsidios del Programa de Estímulos a la Innovación
(PEI) del Conacyt y las acciones complementarias de la Comisión
Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados
(Cibiogem)
Como reporté anteriormente,
del 2009 a 2017 el PEI entregó a las mayores trasnacionales globales de
transgénicos, Monsanto, PHI México (propiedad de DuPont), Dow y Bayer cerca de
50 millones de pesos para sus investigaciones sobre maíz y agrotóxicos. Al
mismo tiempo, la Cibiogem, con Sol Ortiz como Secretaria Ejecutiva, autorizó a
las mismas empresas decenas de experimentos de campo con maíz transgénico en
varios estados del país, así como cientos de miles de hectáreas de plantación
de algodón y soya transgénica, con graves impactos ambientales y sociales. Todo
ello contra las opiniones mayoritarias vertidas en consultas públicas y pese a
que en muchos casos hubo dictámenes negativos de otras instituciones oficiales
(Conabio, Conanp, Inecc). Paralelamente, el PEI entregó más de un millón de
pesos a Dow, para “evaluar sus primeros eventos biotecnológicos”, un costo que
las empresas deben asumir como parte de los requerimientos legales de
bioseguridad. En todo el mundo es problema que sean las propias empresas
interesadas quienes “evalúan” los cultivos transgénicos que solicitan liberar.
A este cuestionamiento reponden argumentando que así la evaluación no se paga
con fondos públicos. Salvo en México, donde se les entrega dinero público para
eso mismo a través de otro brazo del sector de ciencia y tecnología.
La modificación de las leyes
y normativas en ciencia y tecnología en los tres sexenios pasados, ha estado
mayoritariamente centrada en favorecer a las empresas, por lo que aunque muchas
de estas acciones sean legales, de ninguna manera son legítimas. Estos cambios
se han acompañado además de la proliferación de nuevas instituciones y oficinas
sobre ciencia y tecnología adjuntas a la presidencia y Estados, que duplicaron
innecesariamente las tareas asignadas al Conacyt, pero han sido canales para
lograr aún más influencia de proyectos e intereses particulares. Por ello, la
iniciativa de ley plantea terminar con algunas de estas instancias.
Otro aspecto clave ha sido el
simulacro de consulta sobre estas modificaciones y políticas. La participación
plural y efectiva de toda la comunidad científica, se sustituyó por la
integración al sistema de la asociación civil “Foro Consultivo de Científico y
Tecnológico” (FCCyT). Aunque esta organización nominalmente agrupa a la
dirección de importantes instituciones de investigación y educación nacionales
–no así a toda la comunidad de esas instituciones– también integran su
directiva cuatro grandes asociaciones industriales: la Confederación de Cámaras
Industriales, (Concamin), el Consejo Nacional Agropecuario, (CNA), la Confederación
Patronal de la República Mexicana, (Coparmex) y la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación (Canacintra), en las cuales son miembros las
empresas beneficiadas por el sistema de apoyos y subsidios en ciencia y
tecnología. Como resultado, el FCCyT ha sido el principal órgano de cabildeo de
los intereses empresariales y de investigación elitista en las políticas
públicas. La iniciativa de ley plantea abrir las consultas a muchos más
sectores científicos y sociales que antes no podían expresarse.
En efecto, el mecanismo
actual no solo sustituyó la participación real de gran parte de la comunidad
científica, también obvió que el resto de la población del país tiene derecho a
participar en la definición de políticas públicas sobre ciencia y tecnología y
su orientación, y especialmente las comunidades que serán potencialmente
afectadas. Por todo ello es fundamental que sean éstos quienes ahora conozcan y
participen en la discusión de una nueva ley de ciencia y tecnología que
ciertamente tiene aspectos a debatir .
No son los que crearon y se han beneficiado del sistema perverso los que
propondrán su cambio.
Silvia
Ribeiro
Investigadora
del Grupo ETC