EL DERECHO AL EMPLEO
EMIR SADER
Las constituciones suelen ser, todas o
casi todas, de carácter liberal. Empiezan por el tradicional “Todos son iguales
frente a la ley”, antes de todos los otros preceptos tradicionales.
Entre
estos, el derecho a la propiedad tiene un lugar especial. Si, originariamente,
siguiendo a Locke, ese derecho estaba limitado al uso propio de la propiedad,
después se ha trasformado en el derecho a la propiedad lisa y llanamente. Ni la
limitación del uso social suele estar presente. El derecho a la propiedad se ha
vuelto un fetiche, sin que importen las consecuencias de su existencia.
Se
trata de un derecho que tiene sus dispositivos concretos de garantía. Si una
tierra improductiva es ocupada por trabajadores rurales sin tierra, aunque la
vuelven productiva trabajando en ella, el propietario “legal” llama a la policía,
que rápidamente manda tropas para desalojar a los trabajadores y hacer respetar
el derecho a la propiedad privada. Y, en caso de que haya resistencia, se usará
de la fuerza, se tomarán presos a los trabajadores, para hacer valer el derecho
a la propiedad privada. Se someterá a esos trabajadores a procesos y a
condenas, “garantizando el derecho constitucional a la propiedad privada.
Un
derecho de una ínfima minoría de propietarios privados de medios de producción
importantes, que tiene formas de garantizar sus privilegios. Porque el derecho de pocos no es derecho,
es privilegio.
Por
otra parte, una actividad desarrollada por la mayoría aplastante de la población,
el trabajo y el empleo correspondiente, no tiene destaque, a veces ni siquiera
referencias en las constituciones y, menos todavía, garantías de su respeto. Si
alguien pierde el empleo, no tiene a quien apelar. A lo sumo recibirá un seguro
desempleo por algún tempo. Pero la sociedad lo condena al abandono.
Si,
en la concepción liberal, el mercado define el valor de cada caso, cuando
alguien se queda sin empleo, el mercado le está diciendo que, aun con los bajos
salarios que podría recibir, nadie está dispuesto a contratarlo porque él no
vale nada.
Un
derecho que corresponde a la gran mayoría o a la casi totalidad de la
población, la clase trabajadora, como es el derecho al empleo, para que una
persona pueda vivir de manera mínimamente digna, manteniéndose y manteniendo a
su familia, con un contrato formal de trabajo que le dé garantías básicas, de
ninguna manera está garantizado para parte de la sociedad.
Si
el trabajador pierde el empleo, tiene que arreglárselas solo, salir tempranito
para buscar cualquier actividad, volviendo desmoralizado por la noche cuando no
lo logra. Una sociedad justa requiere que el derecho al empleo sea considerado
como un derecho humano inalienable, junto a los otros derechos, porque sin él,
el ser humano no puede sobrevivir con un mínimo de dignidad.
No se trata de ningún favor que la
sociedad le hace al trabajador, porque es él quien produce todas las riquezas
de la sociedad, sin poder, tantas veces, siquiera compartir los bienes que
produce. El derecho al empleo y al trabajo debe ser incorporado a los derechos
humanos esenciales de nuestro tiempo.
Este artículo de Emir Sader tiene
una vigencia descomunal. Pero tratemos de extrapolarlo a los trabajadores de la administración pública, los cuales tienen los mismos derechos a trabajar en
condiciones adecuadas y dignas que cualquier otro.
Sabemos que los trabajadores de
la administración pública son empleados cuyos salarios son literalmente pagados
por los impuestos y la producción del resto de la fuerza de trabajo, es decir,
es la clase trabajadora fuera de la administración pública la que genera esto.
Los que están al servicio de esta
administración tienen una labor que va más allá del interés personal o
individual y estos deben tener una moral y una ética firme en cuanto al papel
de servicio que deben prestar. Esta tarea no es sencilla ya que estos
trabajadores de la administración pública tienen las mismas necesidades del
resto de la población trabajadora, es muy complicado que un trabajador de una
inspectoría, por ejemplo, entienda las necesidades de la clase trabajadora que
viene a ampararse para que se les defiendan sus derechos violados por el
empresario, más cuando las condiciones en que labora son realmente deprimentes,
agregando a esto los bajos salarios y las condiciones de salud y seguridad en
que se encuentran.
Tratar de romper esos esquemas
cuando nuestra formación por años ha sido la individualista, la de sálvese
quien pueda, la de no me den pónganme donde hay y así el mismo ritmo de trabajo
los ha transformado en sujetos indolentes y desinteresados por el dolor ajeno;
la mayoría de los servidores públicos padecen del síndrome de burnout o
síndrome del quemado y no lo saben.
Esta aseveración no es a la
ligera, si nos fijamos con atención el trato que se le da a las personas que
acuden a las instituciones nos daremos cuenta. ¿Qué causa esto?
El
principal detonante del síndrome de burnout es
el entorno laboral y las condiciones de trabajo.
El
empleado que está expuesto de manera continua a, entre otros, altos niveles de estrés, carga de trabajo excesiva, poca autonomía, malas relaciones en el
trabajo y ausencia de apoyo en su entorno, falta de formación para desempeñar las tareas, condiciones
inadecuadas de trabajo, bajos salarios, entre otros, puede llegar a padecer un
estrés crónico que acabe provocando el burnout. Por ese motivo, el vínculo entre el estrés y el burnout es muy fuerte.
Las
causas suelen ser exigencias excesivas que originan tensiones. Sin embargo,
existen una serie de factores de riesgo, una es La organización, situaciones
como el exceso de burocratización sin apoyo específico, falta de tiempo para organizar las tareas (que
llevan a que el trabajador nunca salga a su hora y tenga que llevarse trabajo a
casa), así como no contemplar las sustituciones por bajas temporales pueden
elevar los niveles de estrés y, a la larga, propiciar el burnout. La no
consulta para la toma de decisiones, los bajos salarios, las malas condiciones
de trabajo, la falta de herramientas para desarrollar el trabajo, la
supervisión rígida, el maltrato por parte de los superiores, entre muchas
otras.
Acá
hay que agregar los permanentes cambios en las políticas de la administración
lo que no permite desarrollar los planes de trabajo, los permanentes y seguidos
cambios de gestión, la falta de planificación, la dispersión en la unidad de
criterios, entre otras.
La solución a esto
forma parte de la solución del cambio de Estado que tan necesario es hoy, pero
esta es una tarea titánica que requiere del concurso de muchas personas con
consciencia clara de hacia donde debemos avanzar, no es una tarea de hoy para
mañana, es una tarea de años en un proceso revolucionario permanente bajo el
control de la clase trabajadora.