Prensa
PROVEA
Gregorio
Mirabal, coordinador general de la Organización Regional de Pueblos
Indígenas del Amazonas (ORPIA) expresó el rechazo y la preocupación
de las organizaciones y comunidades indígenas de la Amazonía
venezolana ante la reactivación del plan Arco Minero del Orinoco, y
la entrega de concesiones a empresas nacionales y transnacionales
para la exploración y explotación de oro, coltán, bauxita y otros
minerales, en territorios habitados ancestralmente por los pueblos
originarios, violando el derecho a la consulta previa, libre e
informada y amenazando el hábitat, la cultura y los modos de vida de
los pueblos indígenas.
“Nos
afecta el pronunciamiento del Presidente de la República Nicolás
Maduro, cuando expresó ante el país la reactivación del Arco
Minero que afecta a toda la región de Guayana y ahí estamos los
pueblos indígenas de la Amazonía venezolana. Nos afecta porque se
está hablando de una explotación minera, de extractivismo, de la
búsqueda de recursos a un alto costo para nosotros. ¿Por qué?,
porque significa la destrucción de los bosques, de las cuencas
hidrográficas de los ríos más importantes de la Amazonía
venezolana”, manifestó Mirabal.
El
Ejecutivo venezolano anunció el pasado 24.02.2016 la reactivación
del Plan Arco Minero del Orinoco, para hacer frente a la caída de
los ingresos provenientes de la renta petrolera, profundizando el
modelo extractivista y contradiciendo las propias afirmaciones del
Presidente Nicolás Maduro sobre la construcción de un “nuevo
modelo productivo en el país”. El plan contempla la explotación
de alrededor de 200 millones de toneladas de bauxita y un aproximado
de 44 mil toneladas de oro y diamante, entre otros minerales como el
coltán. En un evento realizado en la sede del Banco Central de
Venezuela, el ente y la estatal petrolera PDVSA, junto al al
Ministerio de Petróleo y Minería, presentaron un plan de inversión
a 150 empresas transnacionales y nacionales para la exploración en
el llamado Arco Minero del Orinoco ubicado en la zona norte del
estado Bolívar y noreste del estado Amazonas, entidades en las que
habitan la mayor cantidad de pueblos indígenas del país.
Además
el Presidente Maduro firmó el decreto del Plan de Cuantificación y
Certificación de Reservas de los principales minerales que se
encuentran en el Arco y que prevé certificar tres áreas de ese eje
estratégico de 111 mil kilómetros cuadrados, donde existen
yacimientos de oro, niquel, coltán, piedras preciosas, hierro,
bauxita y otros minerales. Según informó el Ejecutivo el Arco
Minero del Orinoco está dividido en cuatro bloques: Área 1, de
24.717 kilómetros cuadrados (km2), limitada por el río Cuchivero
(coltán y diamante); Área 2, de 17.246 km2, limitada por los ríos
Cuchivero y Aro, (minerales no metálicos y oro aluvional); Área 3,
de 29.730 km2, limitada con el río Aro (hierro y bauxita); Área 4,
de 40.152 km2 (oro). A ellas se suma el Bloque Especial Icabarú, con
superficie de 1.754 km2, con abundante presencia de diamante y oro.
El
Programa de la Patria, oferta electoral del fallecido presidente Hugo
Chávez, contempla entre sus objetivos estratégicos el impulso del
plan Arco Minero del Orinoco, un proyecto que, de la mano de las
transnacionales, está orientado a “duplicar las reservas minerales
de bauxita, hierro, coltán…”, en los estados Bolívar y
Amazonas, y con el que se pretende explotar minerales en territorios
habitados por comunidades Baniva, Piaroa, Yekuana y Jivi, quienes ya
sufren amenazas a su modo de vida debido al auge de la minería
ilegal, la militarización de sus territorios y la presencia de
grupos irregulares armados en sus hábitats. Cabe recordar que en
septiembre de 2012, el gobierno venezolano y la empresa china Citic
Group suscribieron un acuerdo en el que se contemplaba la instalación
de 27 campamentos geológicos en todo el país, para elaborar el mapa
geológico de la nación y “…ubicar los nuevos yacimientos
minerales en el Escudo de Guayana, Sistema Montañoso del Caribe,
Cordillera de los Andes y Sierra de Perijá…”, así como
planificar la política minera nacional, un hecho violatorio de la
soberanía nacional, al entregar a manos de empresas extranjeras una
labor propia del Estado Venezolano.
En
marzo de 2013 la Coordinadora de Organizaciones Indígenas del
Amazonas (COIAM) difundió un comunicado expresando su preocupación
por los planes y proyectos de desarrollo minero anunciados por
el Gobierno Nacional basados en la activación del Arco Minero y en
el acuerdo suscrito con la transnacional Citic Group. La COIAM
rechazó la implementación inconsulta del Arco Minero del Orinoco, y
denunció estos planes como la continuidad de una política
desarrollista y extractivista con “marcados matices
capitalistas y contraria a nuestra concepción sobre la vida y la
madre naturaleza como bien primordial para el sustento colectivo”.
Las organizaciones indígenas que conforman la Coordinadora señalaron
además la violación del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo y el artículo 120 de la Carta Magna y
exigieron la revisión inmediata de los proyectos y el respeto al
derecho a la consulta previa, libre e informada, debido al impacto
destructivo en términos ambientales y socioculturales del Arco
Minero del Orinoco.
En
sus Observaciones Finales sobre el examen periódico realizado en
2015 al Estado venezolano por el cumplimiento de sus obligaciones
derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité
DESC) y el Comité de Derechos Civiles y Políticos (Comité DCyP)
afirmaron que ante la profundización del modelo extractivista en el
país, el Estado tiene la obligación de garantizar todas las medidas
que sean necesarias para que los pueblos indígenas ejerzan su
derecho a ser consultados de manera libre, previa e informada antes
de la implementación de proyectos que afecten sus territorios, su
modo de vida y su cultura: “Particularmente en los procesos de
concesión de exploración y explotación de recursos mineros e
hidrocarburos”. Estos órganos de Naciones Unidas recomendaron al
Estado la necesidad de aprobar un reglamento de Consulta Previa Libre
e Informada, que asegure la participación activa de las propias
comunidades en su elaboración.
Los Comités ONU también se pronunciaron sobre el proceso de demarcación y titulación de territorios, que como han denunciado las propias organizaciones indígenas se encuentra estancado y con menos del 15% de realización, a pesar que la Constitución Nacional establecía un período de dos años para ser llevado a cabo en su totalidad. Según la ONU se deben adoptar “las medidas necesarias para completar la demarcación y titulación de tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas, a fin de garantizar el derecho que tienen a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”.
Los Comités ONU también se pronunciaron sobre el proceso de demarcación y titulación de territorios, que como han denunciado las propias organizaciones indígenas se encuentra estancado y con menos del 15% de realización, a pesar que la Constitución Nacional establecía un período de dos años para ser llevado a cabo en su totalidad. Según la ONU se deben adoptar “las medidas necesarias para completar la demarcación y titulación de tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas, a fin de garantizar el derecho que tienen a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”.
“Necesitamos
urgentemente la reactivación de la comisión nacional de demarcación
de los territorios indígenas, porque en Amazonas está paralizada.
Hay muchos expedientes de los hermanos indígenas, el pueblo
yanomami, el pueblo arawaco, el pueblo yekuana, el pueblo hoti, el
pueblo sanema, que están esperando por la reivindicación de sus
territorios para garantizar la vida los pueblos indígenas”, dijo
Mirabal.
Finalmente
Gregorio Mirabal lamentó que nuevamente los proyectos extractivos en
el país se pretendan imponer a las comunidades indígenas, violando
la garantía del derecho a la consulta previa. “Lo que más nos
preocupa es que no hay la consulta previa como dice la Constitución.
Tiene que haber una consulta con las personas que van a ser afectadas
o beneficiadas por un proyecto, en este caso un proyecto
extractivista que realmente afectaría, no solamente en lo económico,
sino más que todo en la salud, en el ambiente, en el cambio
climático. Nosotros queremos, desde este espacio, a todo el pueblo
venezolano, al Gobierno Nacional, a buscar un diálogo, a aperturar
una consulta previa porque los pueblos indígenas estamos realmente
preocupados por esta situación. Para nosotros la minería no es
progreso, para nosotros la minería es destrucción, es la muerte de
los ríos, de los bosques, de los pueblos indígenas.”
Provea,
junto a las comunidades y organizaciones indígenas, promoverá la
articulación de esfuerzos para denunciar y declarar la
inconstitucional imposición del plan Arco Minero del Orinoco, y
exigir la garantía del derecho a la consulta previa y el
incumplimiento de la obligación estatal de avanzar en el proceso
definitivo de demarcación de tierras indígenas, elemento
imprescindible para el pleno disfrute de los derechos de los pueblos
originarios del país.
[Tomado de http://www.derechos.org.ve/2016/03/02/lideres-indigenas-rechazan-activacion-del-arco-minero-del-orinoco.]
[Tomado de http://www.derechos.org.ve/2016/03/02/lideres-indigenas-rechazan-activacion-del-arco-minero-del-orinoco.]