De
un tiempo a esta parte se ha puesto de moda la idea de salir del
rentismo e ir hacia un país
productivo:
“Estamos en el momento de tomar un nuevo impulso hacia los
objetivos fundamentales de un país productivo”, declaró
recientemente el Presidente Maduro en una elocución que encuentra
eco diario en las declaraciones del tren ejecutivo. Más allá de la
incógnita a despejar sobre si el nuevo país productivo sería
capitalista
o socialista
--y sólo la segunda opción cuadra con el Plan de la Patria--, esta
consigna relega a segundo plano tareas que son más urgentes y que
condicionan la construcción de un país productivo a mediano o largo
plazo.
Empleemos
una metáfora. Levantar la bandera de la productividad hoy, en frío,
en abstracto, equivale a decir que “vamos a llenar el tanque”
antes de sellar el agujero. En la actualidad, nuestra consigna debe
ser “eliminar la fuga”. Hablar de llenar el tanque sin eliminar
la fuga representa, intencional o involuntariamente, un engaño
discursivo al pueblo.
Es
cierto que la economía venezolana tiene un fuerte sesgo rentístico.
Esto quiere decir que el país capta en el mercado internacional una
gran cantidad de valor no producido en Venezuela a través de la
explotación del petróleo y su comercialización en el exterior.
Actualmente, con el crudo venezolano alrededor de 25 dólares/barril,
el costo promedio de su producción en 20 dólares/barril, y la
colocación en el mercado internacional de 1.5 millones de
barriles/día, el ingreso petrolero neto ronda los 7.5 millones de
dólares/día.
Aun
siendo menor que antes, este ingreso representa una suma
considerable. Es lógico entonces que en tiempos de crisis el primer
paso de un gobierno popular debe ser racionalizar
el uso del ingreso
para asegurar la subsistencia digna del pueblo trabajador y para
garantizar que los más humildes no caigan en la pobreza extrema.
Esto es imprescindible porque generar nuevas formas de ingreso a
través del incremento y diversificación de la producción
--construir un país productivo-- tardaría años en dar resultados.
Racionalizar
el uso de la renta petrolera implica: (1) planificar las
importaciones, priorizando rubros que aseguren la supervivencia del
pueblo --alimentos y medicamentos que no se pueden producir en
Venezuela en este momento, materias primas, etc,--, y poner fin a la
importación de, por ejemplo, carros privados e institucionales,
etc.; (2) eliminar formas de parasitismo de la clase burguesa y
grupos privilegiados (burguesía emergente) que son una carga
demasiado pesada en tiempos de crisis; y (3) asumir la necesidad de
impago o postergación de pagos de la deuda externa.
En
referencia al primer punto, la única forma de racionalizar las
importaciones es centralizar y estatizar el proceso y crear un órgano
de supervisión popular directa. En cuanto a la segunda meta,
eliminar el parasitismo, es imprescindible nacionalizar y centralizar
la banca, que no cumple ningún rol productivo y ha tenido ganancias
multimillonarias durante la crisis. Así mismo es impostergable la
nacionalización de sectores estratégicos de la producción como
Alimentos Polar, cuyas enormes ganancias cabalgan sobre importaciones
de materias primas fuertemente subsidiadas por el Estado venezolano.
Controlar
la renta a través de estas medidas (“eliminar la fuga”) es la
única forma de asegurar que el pueblo pueda vivir dignamente durante
los próximos meses… y cuando esté asegurada la continuidad de la
vida, entonces podremos pensar en desarrollar un nuevo modelo
productivo usando como base el excedente recuperado. Coincidiendo con
esta perspectiva, el economista uruguayo Rodrigo Alonso argumenta
que, en el caso venezolano, “el control del grueso del excedente
económico y la renta petrolera en su destino es clave para el
impulso de las fuerzas productivas. Solo así será posible orientar
el conjunto de los recursos nacionales al desarrollo, sin dilapidar
riqueza en el consumo suntuario de la burguesía”.
Todo
esto parece cuestión de sentido común y lo es. Sin embargo hay
quienes proponen la construcción de un país productivo --con
inversión extranjera y con la vieja burguesía estafadora-- sin
poner orden en la casa. Este mito se derrumba recordando el Fondo
Chino y el desfalco multimillonario que se “escapó por el hueco”
en 2012, y la Mesa Económica de 2014, en la que se acordó el
otorgamiento de subsidios extraordinarios en divisas y se aprobaron
condiciones ventajosas para la producción nacional, con los
resultados que todos conocemos.
En
la historia de Venezuela encontramos múltiples intentos de estafar
al pueblo en lo que atañe a la renta petrolera. Se ha dicho que el
petróleo es “de la humanidad”, que es el “excremento del
diablo”, que un país “normal” no se enfoca en eso, y, más
recientemente, que “todo extractivismo es malo”... todo para
restarle importancia, para distraer a los venezolanos, para
enajenarles de la riqueza más importante que tienen en lo inmediato.
La
consigna “construyamos un país productivo” sin plantear un uso
de la renta más justo, más racional, más humano, sería un
capítulo adicional en una larga historia que ha separado al pueblo
de una riqueza extraordinaria que es suya. Asegurar el control
popular real de la renta y del excedente es cuestión de vida o
muerte en el futuro próximo del pueblo venezolano y, en
consecuencia, es imprescindible para construir un futuro socialista.
1
Según cifras del BCV, en 2014 el 98% de las divisas que entraron a
Venezuela fueron producto de la exportación petrolera.
2
La deuda a pagar en 2016 (intereses y capitales), es de
aproximadamente 14000 millones de dólares, mientras que los
vencimientos de la deuda de PDVSA (deuda que sí se debe pagar, ya
que de no hacerse se corre el riesgo de incautación de los activos
de la petrolera en el exterior) rondan los 4000 millones de dólares.
3
Por supuesto, cualquier medida contra la corrupción ayudaría, pero
“luchar contra la corrupción” en abstracto, sin golpear la banca
privada y sin poner fin al caos en el proceso de importaciones que
hoy gestiona la burguesía, es también un espejismo.
Chris
Gilbert y Cira Pascual Marquina son profesores de estudios políticos
en la Universidad Bolivariana de Venezuela.