Sabino
Romero Izarra: “Si me matan, los indígenas se van a alzar en la Sierra de
Perijá"
15/02/2012
El
cacique Yukpa Sabino Romero, de la comunidad Chaktapa en la Sierra de Perijá en
el estado Zulia, fue asesinado por sicarios el domingo 3 de marzo de los
corrientes cuando en compañía de su compañera Lucía se dirigía hacia El Tukuko
a una asamblea que elegiría al cacique mayor de la comunidad. Lucía se
encuentra herida de gravedad.
Sabino
Romero ha representado el accionar directo de los pueblos indígenas Yukpas por
los derechos conculcados por el Estado respecto a la delimitación de tierras
que por propiedad ancestral les otorgaba la constitución de la república de
1999. Tras una larga lucha que se remonta a los años 50 del siglo pasado, los
Yukpas han exigido la titularidad de sus tierras ancestrales. Los propietarios
latifundistas siempre han constituido fuerzas de choque paramilitares y de
sicarios para enfrentar la radicalidad indígena, inclusive han favorecido la
migración hacia sus fundos de otra etnia indígena como la Wayú. Con lo
contemplado en la CRBV de 1999, Sabino Romero consiguió motivos de derecho para
exigir la delimitación de las tierras indígenas ancestrales Yukpas, lo que fue
siempre negado o subvertido por latifundistas y empresas de minería del carbón
con la anuencia de la GNB y el ministerio para los pueblos indígenas de la mano
de Nicia Maldonado.
Desde el
año 2006 los intentos de acallar al pueblo Yukpa han sido cotidianos además de
permisivos respecto a latifundistas y empresarios de la minería del carbón.
Sabino Romero ha vivido en carne propia los desmanes provenientes de sus
sicarios y paramilitares con la complicidad del Estado con el apoyo que les
brinda al permanecer en las tierras ancestrales Yukpas la GNB. El padre y uno
de los hijos de Sabino Romero fueron asesinados igualmente. En 2010 la Fiscalía
imputó a PROVEA y a la Sociedad Homo et Natura de llevar niños Yukpas a una
toma que hicieron los indígenas de la comunidad de Chaktapa a la entrada del
Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. En febrero de este año se inició el
juicio que demuestra muy claramente la intensión de criminalizar la solidaridad
de organizaciones y colectivos sociales hacia el pueblo Yukpa. Que los Yukpas
se movilicen para reclamar por sus derechos como colectivos sociales con sus
ancianos, mujeres y niños resulta incomprensible para la justicia burguesa,
como no pueden atentar de manera obvia hacia ellos entonces se enfila con la
criminalización la solidaridad prestada por los colectivos mencionados.
El año
pasado el gobierno bolivariano tuvo que ceder en el tema de la delimitación de
las tierras Yukpas. Terminaron reconociéndoles las zonas escarpadas de la
Sierra de Perijá y no los valles ancestrales ocupados recientemente por los
latifundistas o aledaños a las zonas de concesión de la minería de carbón. Con
todo y lo precario de la zona delimitada, los Yukpas debieron esperar más de 8
meses para proceder a asentarse en sus territorios haciéndolo a la fuerza con
la toma de dos haciendas que quedaban dentro del perímetro y a las cuales sus
dueños latifundistas alegaban su permanencia todavía porque el Estado no les
había pagado “sus” bienhechurías. A los Yukpas solo se les decía que el trámite
estaba en proceso, mientras la GNB colocaba soldados para proteger a los
“criollos” de las haciendas.
La guinda
del “postre” la terminó representando Vanessa Davies, cuando en “vivo” desde el
estudio de VTV en la Plaza Bolívar de Caracas, procedió a tapar con una cortina
“roja” la ventana desde la que se veía la manifestación que por lo motivos
anteriores hacía de nuevo el pueblo Yukpa en noviembre del año pasado en
Caracas. El intento de nuevamente “invisibilizar” al pueblo Yukpa y sus
demandas por sus derechos ancestrales consagrados en la CRBV pero negados por
el Estado y sus instituciones, desde el Sistema Nacional de Medios Públicos,
generó el repudio colectivo de sectores chavistas y no chavistas del país. Se
terminaba demostrando mediáticamente lo que Sabino Romero y el pueblo Yukpa no
se cansaron de denunciar: la complicidad de las instituciones civiles del
Estado junto a las militares, el poder de los latifundistas y los monopolios
extranjeros de la minería del carbón, en negarles sus derechos.
Es imprescindible
conquistar en las calles el juicio y el castigo a los autores materiales e
intelectuales del asesinato de Sabino Romero porque de seguro se intentará
tapar el hecho como un conflicto entre indígenas como en otras veces ha
ocurrido. A Sabino Romero lo mandaron a matar los dueños del capital por la
afectación que les ocasionaba la lucha transcendental y colectiva que como
pueblo los Yukpas con tenacidad y perseverancia han demostrado dar recuperando
sus tierras y desalojando a los latifundistas. El vil “pase de factura” con la
complacencia del Estado, y por tanto de su administrador de turno, el gobierno
bolivariano, resulta obvio.
Con la
misma acción hay que denunciar la abierta criminalización a la que están
sometidos dos de las organizaciones sociales que les han brindado solidaridad
al pueblo Yukpa, PROVEA y Sociedad Homo et Natura. Dejar pasar ese juicio es
aceptar como jurisprudencia asentada la imposibilidad de prestar solidaridad
concreta de colectivos y organizaciones por los que luchan con su acción
directa porque igualmente se les podría llevar a juicio por iniciativa
gubernamental.
No solo
los indígenas de Perijá deben alzarse ante el asesinato de Sabino Romero, los
explotados deben acompañarlos masivamente para que se dé el juicio y el castigo
ejemplar a sus autores materiales pero más aún por los autores intelectuales
que se esconden tras los dueños del gran capital.
EL ESTADO
ES CÓMPLICE EN EL ASESINATO DE SABINO ROMERO
JUICIO Y
CASTIGO EJEMPLAR A SUS ASESINOS MATERIALES E INTELECTUALES
POR UNA
CONVOCATORIA MASIVA EN REPUDIO AL ASESINATO DE SABINO ROMERO
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