Aunque es una práctica común de
los empleadores y sus cancerberos, últimamente se ha intensificado este
mecanismo en las empresas públicas y privadas.
Dada la “inamovilidad” decretada
por el gobierno y como parte de la guerra económica, los empresarios están
retomando la metodología del acoso, hostigamiento y amenaza para que los
trabajadores renuncien a sus puestos de trabajo.
El mecanismo legal de calificar
al trabajador ante las inspectorías para que esta tome la decisión con lugar o
sin lugar no es confiable para los empresarios, no solo porque generalmente no
tienen pruebas que evacuar sino porque las inspectorías, producto de la falta
de personal (la mayoría) lo que genera ineficiencia aunque exista mucha
voluntad; esto siempre ha existido y por ende no se les da respuesta oportuna
ni a ellos ni a los trabajadores.
En Vargas esto ha venido siendo
una práctica que prolifera de manera preocupante, más aún cuando a esto le
agregamos que la empresa utiliza a algunos trabajadores en contra de otros
trabajadores para que testifiquen en las inspectorías, tal es el caso de
Almacenadora La Guaira. En Avifértiles Caribe cuentan tres trabajadores que
fueron amenazados a punta de pistola para que hicieran y firmaran su renuncia,
en el Hotel Eurobuilding el gerente de seguridad acosa y amenaza a los
trabajadores, en Rutaca el viernes 2 de diciembre renunciaron masivamente 29
trabajadores por desmejoras salariales y por acoso laboral. En Supermercado
Roca Azul utilizan el mecanismo de negarle a los trabajadores el suministro de
alimentos como parte del hostigamiento, Polar que aún mantiene a los
trabajadores en la calle, en Avior que despiden a diestra y siniestra inclusive
a los Delegados de Prevención, Santa Bárbara, Aserca, Bolipuertos, IAIM, Venseaerinca,
Ocamar, Gobernación, Alcaldía, Agequip, Seayt 211, etc., etc.
Esto lo saben en el Ministerio
del Trabajo y en las inspectorías y hasta ahora no se han tomado medidas para
frenar estos “despidos justificados”. Cuando el trabajador firma su renuncia y
de paso la hace con su puño y letra bajo coacción y/o amenaza no hay manera de
ampararlo, esto es lo que manifiestan en las inspectorías, ahora bien, se
supone que en estos casos debe actuar la Fiscalía pero esta los envía a las
inspectorías, el INPSASEL también debe actuar, pero le dicen al trabajador que
no pueden hacer nada porque no está activo en la empresa, entonces los
trabajadores se quedan total y absolutamente desamparados.
Dentro del seno de la clase
trabajadora hay un desconocimiento terrible de sus derechos; los “servidores”
públicos no son quien para juzgar a un trabajador que sienta temor o miedo
cuando lo amenazan y producto de esto renuncian. Esa frase trillada de “el que
no la debe no la teme” es lo que aplica de manera implacable para “sacudirse”
de encima a un trabajador que viene a solicitar apoyo de las instituciones.
La crisis política, la situación
económica, la dispersión en el seno de la clase trabajadora, el movimiento
sindical reformista repleto de aristócratas corruptos, son los que empujan a
esta realidad que hoy se suma al atropello de nuestros hermanos de clase.
Por estas razones, entre otras, la lucha debe
ser liderizada por la misma clase trabajadora, organizada, unida, formada y
movilizada, no podemos sembrar nuestras esperanzas en las instituciones del
estado, ni en los sindicatos a menos que asumamos el control de estos, la
corruptela, la ineficiencia e ineficacia de las instituciones, solo puede ser
eliminada bajo el control de la clase trabajadora, si esto no ocurre la
arremetida de los empresarios será cada vez más feroz.