Elita Barroso
Fueron despedidos injustificadamente de Orinoco Iron en el mes de febrero de este año, por lo que la Inspectoría del Trabajo emanó el pasado jueves el auto donde se exige sus reenganches, pero este fue ignorado por la directiva de la empresa.
De acuerdo a trabajadores de la briquetera, 31 trabajadores, incluídos
delegados de prevención, tienen el salario y sus beneficios retenidos, lo que
se considera un despido.
“Existe un terrorismo patronal por parte de la gerente de recursos
humanos, Dalila Marrero. Hay un terrorismo patronal porque Marrero funge como
parte del sindicato de Sintraori”, comentó Rona Figueredo, delegado de
prevención de Orinoco Iron, despedido en febrero.
Conspiración
El presidente encargado de la empresa, Andrés Viera, fue notificado de
los reenganches y según Figueredo, este giró instrucciones al Comité de
Transición de la empresa, para que acataran la medida, pero que por diferencias
entre las partes no se ha cumplido con la ordenanza.
Los delegados de prevención aseguran que Marrero y Sintraori “conspiran”
en contra de la gestión de Viera, por lo que exigen que el presidente de la
Corporación Venezolana de Guayana, Rafael Gil Barrios, intervega lo más pronto
posible. “Que llame a las partes y subsane la situación”, indicó Figueredo.
Trabajo inseguro
Quienes denuncian la situación aseguran que los despidos son para
“silenciarlos”, ya que han denunciado ante el Inpsasel las numerosas
condiciones inseguras que se presentan en la planta, que colocan en riesgo a la
seguridad y salud de los trabajadores.