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La cercana conmemoración del 1º de mayo, invita a realizar estas notas sobre políticas públicas en materia laboral y de seguridad social, como aporte en el debate siempre comprometido con la profundización de la revolución socialista, en la orientación dada por el Presidente de la República , comandante Hugo Chávez Frías, en estos tiempos de reimpulso bicentenario.
Se trata, pues, de acompañar con propuestas los planteamientos y reivindicaciones presentes en el movimiento obrero y popular, como factor organizativo y protagonista fundamental del proceso de transformación que vive el país en la transición hacia el socialismo y en la superación del sistema capitalista.
RETOS Y DESAFÍOS PARA AVANZAR EN LA REVOLUCIÓN.
1. Asegurar la conformación de una Asamblea Nacional Revolucionaria.
El 1º de mayo de este año se desarrolla en una coyuntura electoral definitoria y dilemática sobre los proyectos nacionales que el pueblo desea darle al país. Coyunturas como la actual no han estado ausente a lo largo de estos años, pero resulta evidente que hoy se define con mayor claridad el rumbo por la construcción del socialismo y la lucha antiimperialista como alternativa a la crisis capitalista y a la imposición neoliberal y oligárquica. La clase obrera debe tener claro que el avance en la transformación de la realidad, incluyendo los logros y beneficios alcanzados durante estos años de Revolución Bolivariana, pasan por la presencia de diputados y diputadas que aseguren la ampliación de los derechos del pueblo históricamente excluido y explotado. Siendo lo más importante la organización y unidad del movimiento de la clase trabajadora en constante movilización.
Se trata de asegurar que quienes ocupen los cargos de diputados y diputadas sean las expresión del Poder Popular, de los Consejos Obreros, Sindicatos Clasistas y de los Consejos Comunales, estrechamente vinculados al ejercicio a fondo de la democracia revolucionaria; luchadores y luchadoras sociales comprometidos con la derrota y desmontaje del viejo Estado burgués, ineficiente, corrupto e indolente; militantes comprometidos y “resteados” con la profundización y expansión de la propiedad social de los medios de producción y con la distribución socialista de lo producido; comprometidos con el carácter público, universal y solidario de los servicios públicos y con la reversión de la privatización de los mismos; con la igualdad de género y la recuperación ambiental frente a la depredación y al consumo irracional de los recursos naturales; comprometidos con la construcción de una patria soberana, independiente y socialista, pero integrada a los gobiernos y, sobre todo, a los pueblos de la América Latina
No por casualidad, sino como consecuencia de la historia de lucha, la elección para quienes representarán estos planteamientos, como candidatos y candidatas a la Asamblea Nacionalla Revolución ), se realizará al día siguiente de la marcha del 1º de mayo, esto es, la consulta por primarias en todo el país y en todos sus circuitos en el PSUV. Ambas fechas constituyen capítulos contiguos en la construcción del socialismo, junto con el camino que tracemos para la victoria electoral revolucionaria en septiembre próximo.
2. Conformar los Consejos Obreros y la dirección socialista para asegurar la gestión revolucionaria de las empresas y la victoria de la propiedad social.
Este 1º de mayo se presenta, además, en una coyuntura programática sobre el destino y el papel de las empresas bajo propiedad social, particularmente sobre el carácter revolucionario en la gestión de las empresas del Estado, ampliado su número y extensión en el aparato productivo a consecuencia de la acertada decisión en estos años de avanzar en nacionalización de los medios de producción estratégicos.
Sin embargo, el carácter social-estatal de la propiedad, como se ha demostrado en este tiempo, no asegura por sí su planificación, dirección y conducción socialista. Tampoco es garantía automática para asegurar victorias sostenidas y definitivas en la distribución socialista de la producción, en el combate a la privatización de los servicios, en la incorporación de los trabajadores tercerizados y en el combate a la precarización laboral. Ha habido avances y logros por crear las condiciones, pero aún queda una agenda de importantes retos por ser cumplida.
De allí, que este 1º de mayo sea una fecha oportuna para recordar que el reimpulso bicentenario de la independencia nacional, también es el reimpulso por la liberación de la explotación del trabajo y por asegurar el destino socialista de la distribución de lo producido para la satisfacción de las necesidades populares. Ello sólo será posible si las empresas del Estado se liberan del dominio de las tecnoburocracias y pasan a ser dirigidas por cuadros revolucionarios organizados en Consejos Obreros y sindicatos. Se trata de crear las condiciones y las estructuras políticas internas que permitan el triunfo del programa de transición socialista en cada centro de producción, derrotando los principios, valores y factores que hoy se encuentran presentes y que retrasan gravemente la construcción de un modelo económico dirigido a la independencia nacional y a la superación de la subordinación a los centros imperiales de la economía.
Sin instancias políticas internas en las empresas, conscientes y comprometidas -más allá del discurso- con el programa socialista, articuladas en forma permanente a las instancias de planificación centralizada y del poder comunal en sus áreas de influencia, no habrá transición posible hacia una nueva sociedad, no se impactará en la transformación de las relaciones de producción y se asistirá a la situación de paralización técnica de alguna de estas empresas estratégicas, con graves consecuencias sobre la viabilidad económica de ellas.
La derrota de la desesperanza, el desaliento y el desconcierto en las bases del movimiento obrero revolucionario pasa por la participación directa de los trabajadores y trabajadoras en la dirección de las empresas, en el reemplazo de las gerencias actuales o en su subordinación incuestionable al programa socialista, en la incorporación de los trabajadores y trabajadoras a la juntas de transición de las empresas en proceso de nacionalización, de expropiación u ocupación.
Una señal en el sentido de la profundización de la Revolución este 1º de mayo es anunciar un plan sostenido de conformación de nuevas direcciones revolucionarias en las empresas del Estado, asegurando la incorporación de los trabajadores y trabajadoras en las direcciones y su articulación permanente a las instancias de planificación centralizada y a los Consejos Comunales como expresión de las comunidades organizadas, para hacer que la propiedad social se transforme en el motor del nuevo modelo económico dirigido a las satisfacción de las necesidades populares y a la justa distribución del ingreso nacional. Pero, igualmente, este anuncio evidente en las empresas del Estado, debe acompañarse de un plan dirigido a la conformación de los Consejos Obreros en las empresas privadas con más de 100 trabajadores y trabajadoras, empezando por las empresas directamente vinculadas a la satisfacción de necesidades fundamentales del pueblo, obligándolas a que produzcan y distribuyan en coherencia el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
3. Fortalecer la planificación centralizada como instrumento de la clase obrera en la transición socialista.
La gestión obrera de las empresas y de las comunidades organizadas debe responder a un plan nacional que requiere la existencia y funcionamiento de unidades centrales de planificación, que permitan la determinación concensuada de las necesidades populares fundamentales, califique las expectativas conforme a los principios y valores socialistas y distribuya en forma justa y adecuada los recursos nacionales, a partir de una política laboral y de seguridad social centralizada que se dirija a disminuir las diferencias e injusticias presentes. A través de estas instancias e instrumentos, incluyendo la orientación socialista de las negociaciones colectivas, se elevará el nivel de compromiso y de conciencia del pueblo organizado, brindando triunfos y moralizando los esfuerzos en la transición hacia una nueva sociedad que supere el clientelismo, el burocratismo, el corporativismo y el rentismo.
Se trata, entonces, de que Consejos Obreros, Sindicatos y los Consejos Comunales, como organizaciones del Poder Popular, coincidan en instancias permanentes de planificación centralizada a niveles locales, regionales y nacionales, para asegurar que el plan nacional y sus expresiones específicas se cumplan, permita que se respete la rendición de cuentas con todas sus consecuencias y que las direcciones (aún las revolucionarias) tengan conciencia de su carácter delegado en el ejercicio de sus funciones y atribuciones por el pueblo organizado. El impulso del Consejo Federal de Gobierno en esta dirección, debe complementarse a su nivel y en su ámbito de acción con el reimpulso y reactivación de la Comisión Central de Planificación, prácticamente inactiva desde su creación en junio de 2007, con graves efectos sobre el avance conceptual y político del proceso de transición y la garantía sostenida de la gobernabilidad revolucionaria para la transformación de la estructura institucional, económica y social del país.
Son estas instancias políticas de planificación centralizada, con funcionamiento en cada centro de trabajo y en cada comunidad, articuladas a las existentes a nivel local, regional y nacional, una garantía de que la propiedad social jugará su papel, de la derrota de la privatización de los servicios y de la consolidación de la nueva institucionalidad que brinda el acceso universal y solidario al pueblo para el ejercicio de sus derechos humanos, en materia de salud, educación, seguridad social, vivienda, cultura, recreación, turismo, entre otras, como expresión del denominado salario social.
4. Lucha por la igualación de las remuneraciones y beneficios sociales en las Instituciones del Estado.
Resulta impostergable la definición de una estrategia para darle coherencia a las remuneraciones y a los beneficios que perciben los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado, empezando por quienes desempeñan altos cargos y funciones.
Los sueldos y salarios, jubilaciones y pensiones sobreestimadas y privilegiadas constituyen una grave incoherencia y contradicción con los principios y valores que sostiene el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Son
La gobernabilidad revolucionaria debe asegurar que las graves diferencias y las groseras evidencias de desgobierno en este terreno, sean superadas a partir de regulaciones y de medidas como la Ley de Emolumentos y la puesta en funcionamiento de una comisión central de salarios y beneficios, como instrumentos dirigidos a la definición, ejecución y control de una política laboral y de seguridad social coherente en el Estado, dirigida hacia la igualación, permitiendo una justa distribución de los recursos públicos, superando la lógica del privilegio que poco tiene que ver con el socialismo.
5. Incremento general de los sueldos y salarios, ordenando la política salarial y de beneficios en la Administración Pública
El gobierno tiene entre sus logros haber estabilizado de la tasa de desocupación y en el avance en la línea de mejorar la calidad del empleo, con niveles de formalidad superiores a los registrados en los años noventa. Ello, además, se ha logrado en un contexto de recuperación de la capacidad de compra del salario y su extensión al sistema pensional y jubilatorio, así como en un contexto de inamovilidad laboral.
Frente a los efectos de la crisis mundial, la respuesta bolivariana fue preservar los empleos, mientras en países centrales del capitalismo se sucedían cierres y quiebras empresariales emblemáticas y una sostenida ola de despidos que aún no ha culminado. Igualmente, las medidas anticrisis del gobierno bolivariano incluyeron incrementos del salario mínimo nacional en los años 2009 y 2010.
Sin embargo, frente a los esfuerzos por controlar la inflación y las consecuencias del ajuste cambiario de enero pasado, resulta necesario también recuperar la capacidad de compra de importantes contingentes de trabajadores y trabajadoras. En la Administración Pública
Esta medida salarial, en el caso de la Administración Pública
Finalmente, con ocasión de estos incrementos en la escala de sueldos de los funcionarios y funcionarias y del tabulador de salarios de los obreros y obreras, resulta propicia la ocasión para sincerar y ordenar las incoherencias y desajustes presentes en las remuneraciones del personal de alto nivel, de dirección y de confianza. No se trataría necesariamente de su incremento o aumento (dado que en algunos casos más bien deben ser congelados o disminuidos en sus montos), sino de actualizar los instrumentos que impiden y obstaculizan ordenar la política salarial y de remuneración del Estado frente a este personal de dirección y de confianza. Los valores de los sueldos y salarios básicos de este personal en la Administración Pública
Estos puntos constituyen elementos del programa del movimiento de los trabajadores y trabajadoras, que justifica la profundización de la organización y de los niveles de conciencia en el avance sin regresos hacia el triunfo revolucionario por la construcción de una nueva sociedad, la socialista.
Anónimo
